TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, Trece (13) de noviembre de dos mil doce (2012)
202° y 153°

Asunto Principal: AP21-N-2012-000346
Cuaderno Separado: AH22-X-2012-000178

RECURRENTE: MUDANZAS INTERNACIONALES GLOBAL, C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 27 de julio de 1988, bajo el número 42, Tomo 37-A.
APODERADOS JUDICIALES DE LA RECURRENTE: JUSTO OSWALDO PAEZ PUMAR, ROSA AMALIA PAEZ PUMAR DE PARDO, MANUEL ACEDO SUCRE, CARLOS E. ACEDO SUCRE, ROSEMARY THOMAS, ALFONSO GRATEROL JATAR, JOSE MAUEL LANDER CARPILES, CARLOS BELLO ASELMI, ESTEBAN PALACIOS LOZADA, JULIO IGNACIO PAEZ PUMAR, CARLOS IGNACIO PAEZ PUMAR, CRISTHIAN ZAMBRANO, DIEGO LEPERVANCHE ACEDO, VICTORIA CÁRDENAS, DAILYNG AYSTERDAN, RITZA QUINTERO, MARÍA MERCEDES MALDONADO PAEZ PUMAR, TERESITA ACEDO BETANCOURT y ALFREDO INGNACIO BORJAS MENESES, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 644, 610, 18.913, 19.654, 21.177, 26.429, 6.286, 18.274, 53.899, 73.353, 72.029, 79.492, 18.939, 85.558, 90.812, 118.753, 124.619, 129.814, 130.749, 139.860, 146.814 y 146.815, respectivamente.
RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD de Acto Administrativo de Efectos Particulares de fecha 17 de mayo de 2012, dictado en el expediente número 027-2012-01-02076.

Vista la solicitud de Mediada Cautelar de Suspensión de los efectos formulada por la parte recurrente contra el de Acto Administrativo de Efectos Particulares de fecha 17 de mayo de 2012, dictado en el expediente número 027-2012-01-02076, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Area Metropolitana de Caracas, a través del cual se ordenó el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Marcos Flores, identificado con la cédula de identidad número 12.502.235, solicitando la desincorporación del mismo hasta tanto sea resuelto el presente asunto; este Juzgado estando dentro de la oportunidad prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pasa a pronunciarse sobre la misma en los términos que a continuación se exponen:

Solicita la representación judicial de la parte actora, la suspensión de los efectos de la providencia administrativa antes señalada, argumentando en cuanto a la presunción de buen derecho ó fumus boni iurius, los vicios de los que adolece el acto administrativo impugnado y la arbitrariedad en la que incurrió el Inspector del Trabajo, que declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Marcos Flores, sin haberse realizado mayores verificaciones sobre las afirmaciones realizadas por el mencionado ciudadano, en su denuncia, apreciando los hechos que de forma vaga y escura fueron narrados, estableciendo una responsabilidad solidaria entre la firma personal Diego Rodríguez Moya y Mudanzas Internacionales Global, c.a., y la posterior ejecución de la obligación derivada de una erróneamente valorada responsabilidad solidaria en cabeza de quien no es ni fue el patrono directo del solicitante. Que el acto impugnado modificó el régimen de responsabilidad solidaria en Venezuela, no sólo porque estableció su aplicación de pleno derecho, esto es, sin razonamientos jurídicos ni verificación probatoria alguna, sino porque hizo absurdamente extensible la obligación de reenganche, que por su propia naturaleza sólo es procedente frente al patrono directo del respectivo trabajador, es decir, frente a la firma personal Diego Rodríguez Moya, lo que a decir de la recurrente, hace que la ejecución del acto sea ilegal.

En cuanto al periculum in mora o peligro en la mora, fundamenta la representación judicial de la recurrente su petición, en el hecho que existe un alto riesgo que no se recupere las sumas de dinero que se han pagado al ciudadano Marcos Flores por concepto de salarios caídos, salario y demás beneficios laborales; que no existe garantía alguna de la devolución por parte del reclamante de dichas cantidades, y los que se sigan realizando por virtud del reenganche del mencionado ciudadano.

Respecto de lo solicitado por la Recurrente, considera pertinente este Tribunal señalar, lo que respecto de la solicitud de medidas cautelares de suspensión de efectos de los actos administrativos ha establecido la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 16 de junio de 2010 (caso: J. R. García en apelación):
…. La medida preventiva de suspensión de efectos procede únicamente cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal será favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado.
…. Que no basta con alegar la existencia de un peligro inminente en la producción de un daño, sino que, contrario a lo señalado por el apoderado judicial del contribuyente, el mismo debe probarse a través de instrumentos idóneos, a saber, balances contables o un informe contable auditado sobre la situación económica y financiera del recurrente, que lleven al sentenciador a la firme convicción de que la ejecución del acto administrativo causaría al peticionante un daño irreparable. (Resaltados del Tribunal).

De igual manera y en cuanto a los presupuestos necesarios para determinar la procedencia de las medidas innominadas de suspensión de efectos de las providencias administrativas, que constituyen una excepción al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos y cuyo fin es evitar que se produzcan lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse la decisión definitiva, lo cual representaría un menoscabo al derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 355 de fecha 07 de marzo de 2008 (Asesores de Seguros Asegure s.a., en solicitud de revisión):
….. que las medidas provisionales de carácter preventivo o cautelar, cualesquiera que sean su naturaleza y efectos, proceden sólo en casos de urgencia, cuando sea necesario evitar daños irreparables, siempre que haya presunción de buen derecho. En efecto, ante la solicitud de tales medidas, el artículo 585 del Código de Procedimientos Civil exige al Juez, para que los acuerde, que compruebe la existencia de dos extremos fundamentales y concurrentes: a) que existe riesgo manifiesto de quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora); y, b) que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). Estos requisitos deben cumplirse, no sólo cuanto se trata de las medidas típicas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, sino también de las que autoriza el Parágrafo Primero del artículo 588 eiusdem, que son conocidas por la doctrina como medidas innominadas y pueden acordarse cuando hubiere fundado temor de que una parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. …” (Resaltados del Tribunal)

Sobre tales requisitos ha señalado la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 00555, de fecha 07 de mayo de 2008, (caso T. Mauri en solicitud de medida cautelar) que:
…. La decisión del Juez debe fundamentarse no sobre simples alegatos de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de los hechos concretos de los cuales se desprenda la presunción de un posible perjuicio real y procesal para el accionante. ….
La suspensión de efectos procede, así, ante la concurrencia de determinados requisitos, esto es, que haya una presunción grave del buen derecho del recurrente (fumus boni iuris) y, adicionalmente que la medida sea necesaria para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o evitar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
En efecto, el fumus boni iuris se erige como el fundamento de la protección cautelar, dado que en definitiva sólo a la parte que tiene la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que sean producidos por la contraparte o que deriven de la tardanza del proceso; mientras que el periculum in mora es requerido como supuesto de procedencia de cada caso concreto. (Resaltados del Tribunal)

Siendo así, para que pueda proceder la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo objeto de impugnación, no sólo debe estar fundamentada la solicitud en las razones de hecho y de derecho que la parte afectada considere pertinente exponer, sino que “el solicitante está en el deber de explicar Con claridad la magnitud del daño que le podría producir la ejecución del acto impugnado, acompañando al efecto algún medio probatorio que permita al órgano jurisdiccional tener la convicción de que la sentencia definitiva no va a poder reparar el daño alegado” (Vid. Sentencia N° 00180, de fecha 11 de febrero de 2009, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia), y que no basta con alegar la existencia de un peligro inminente en la producción de un daño, sino que, el mismo debe probarse a través de instrumentos idóneos. Así se establece.

Respecto de lo planteado, y adminiculando los hechos con el contenido de los criterios jurisprudenciales antes parcialmente transcritos, que este Tribunal acoge, y en atención a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se evidencia de autos que la parte recurrente a través de su apoderada judicial solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo de Efectos Particulares de fecha 17 de mayo de 2012, dictado en el expediente número 027-2012-01-02076, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Area Metropolitana de Caracas, y por tanto dictado con posterioridad al 07 de mayo de 2012, fecha en la cual entró en vigencia la nueva Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, a través de la cual se ordenó el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Marcos Flores, identificado con la cédula de identidad número 12.502.235. Al respecto, evidencia el Tribunal que hubo un procedimiento, cuya pertinencia o no deberá ser resuelto en la sentencia de mérito y no en la presente etapa de juzgamiento, siendo que lo contrario equivaldría a adelantar opinión sobre la decisión que deberá proferir este Tribunal en la oportunidad legal correspondiente. Por otro lado no evidencia el Tribunal que el recurrente haya aportado elementos de convicción que demuestren el peligro de la mora que derivaría del presente procedimiento en cuanto a la posibilidad de reducción de las actividades de la recurrente por el pago de la sanción pecuniaria impuesta o la eventual disminución de la nómina de trabajadores por la misma causa. En tal sentido y al no evidenciarse de autos los extremos que harían procedente la medida cautelar solicitada, esto es, el fumus boni iuris y periculum in mora; es por la que se debe declarar la improcedencia de la medida de suspensión de efectos solicitado por la recurrente, con base a los motivos antes expuestos y así será establecido en el dispositivo del fallo. Así se decide.

Como consecuencia de lo antes expuesto, este Tribunal considera inoficioso pronunciamiento alguno sobre la fianza o caución de Ley. Así se establece.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de Medida Cautelar de Suspensión de Efectos realizada en el presente procedimiento de Nulidad de la Providencia Administrativa incoado por la sociedad mercantil MUDANZAS INTERNACIONALES GLOBAL, C.A., parte recurrente en el presente procedimiento contra acto administrativo de Efectos Particulares de fecha 17 de mayo de 2012, dictado en el expediente número 027-2012-01-02076, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Area Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE SENTENCIA.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil doce (2.012). – Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
Abg. ALBA TORRIVILLA
LA JUEZ

Abg. LEJANDRO ALEXIS
EL SECRETARIO

Asunto Principal: AP21-N-2012-000346
Cuaderno Separado: AH22-X-2012-000178