REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL Caracas, 02 de octubre de 2012 202° y 153° Vistos los escritos de promoción de pruebas suscritos por la abogada VANESSA MATAMOROS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 170.255, actuando con el carácter de sustituta de la ciudadana PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en representación del GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL, en fecha 19 de septiembre de 2012; y por el abogado JOSÉ DEL CARMEN BLANCO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 26.495, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana YELITZA COROMOTO LEÓN ARCIA, titular de la cédula de identidad número V- 10.627.429, en fecha 20 de septiembre de 2012, pasa este Juzgado Superior a pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas en los términos siguientes: I DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE QUERELLADA A) De las pruebas documentales: Respecto a las pruebas promovidas en el capítulo I denominado “PRUEBAS DOCUMENTALES”, del escrito presentado por la abogada VANESSA MATAMOROS, antes identificada, este Juzgado las admite cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, por no ser manifiestamente ilegales o impertinentes.- II DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE QUERELLANTE A) De la prueba de exhibición de documentos: Observa este Tribunal que el abogado JOSÉ DEL CARMEN BLANCO, antes identificado, promueve en el segundo párrafo su escrito la exhibición, de conformidad con lo establecido en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, del Contrato Colectivo suscrito en 1980, alegando a favor de su representada el contenido de su cláusula número 21.- En relación a lo anterior, este Despacho observa que el documento cuya exhibición pretende el apoderado judicial de la ciudadana querellante es una contratación colectiva, vale decir un conjunto de normas jurídicas aprobadas por las partes y que rige la relación de empleo público entre el Distrito Capital y sus funcionarios. Estima el Tribunal que estas normas no constituyen prueba alguna, siendo el caso que de las mismas tiene conocimiento este Órgano Jurisdiccional en virtud del principio iura novit curia (el juez conoce el derecho) razón por la cual es forzoso para este Juzgado Superior declarar inadmisible la prueba de exhibición de documentos contenida en el segundo párrafo del referido escrito de promoción de pruebas; máxime cuando de una lectura íntegra del referido escrito se evidencia que el apoderado judicial de la ciudadana querellante manifiesta conocer que las contrataciones colectivas no son objeto de prueba al señalar lo siguiente: “(…) Distinguido Juez, a pesar de que los Contratos (sic) Colectivos (sic), no son objeto de prueba, según Jurisprudencia (sic) pacífica de la Sala de Casación Social (…)” En relación a la prueba de exhibición de documentos contenida en el tercer párrafo del escrito presentado por el apoderado judicial de la parte querellante, estima este Tribunal que la prueba promovida versa sobre “(…) aquellos documentos que contengan la creación y designación de los miembros de la Junta Calificadora Distrital (…)”; circunstancia ante la cual quien decide considerando que de la lectura de la querella se desprende que el fondo del controvertido descansa sobre la supuesta desmejora del género en cabeza de la ciudadana querellante la suspensión de la prima de titularidad asignada a los docentes, que ordenó el Gobierno del Distrito Capital; considera forzoso negar la admisión de la prueba promovida toda vez que no se evidencia la relación que existe entre ésta y la desmejora denunciada, circunstancia ante la cual es forzoso concluir que su evacuación manifiestamente impertinente y así se declara.- B) De la prueba escrita: En relación a la prueba contenida en el quinto párrafo del escrito presentado por el apoderado judicial de la ciudadana querellante, este Tribunal reitera que las contrataciones colectivas constituyen normas jurídicas aprobadas por las partes que no pueden constituir prueba alguna, de las cuales tiene conocimiento este Órgano Jurisdiccional en virtud del principio iura novit curia (el juez conoce el derecho) razón por la cual es forzoso para este Juzgado Superior declarar inadmisible la prueba escrita, advirtiendo, no obstante, que cualquier consideración sobre la aplicabilidad de dichas normas en el caso concreto será analizada en la sentencia definitiva.- C) De la solicitud del expediente administrativo: En torno a solicitud de oficiar al Gobierno del Distrito Capital para que remita el expediente administrativo relacionado con la presente causa, este Tribunal niega lo solicitado por cuanto el mismo ya fue consignado por la sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República en fecha 26 de julio de 2012.- DR. ALEJANDRO GÓMEZ EL JUEZ ABG. HERLEY PAREDES LA SECRETARIA Exp. Nº 06921 AG/HP/da:.