REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 01 de Octubre de 2012 202º y 153º ASUNTO: AH15-S-2007-000246.- PARTE SOLICITANTE: HAIZUR YANETZI RIVAS CAMBERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.811.744, actuando en representación de la menor SELENA NAZARETH RODRIGUEZ RIVAS debidamente Representada por la Profesional del Derecho, ALICIA VARGAS MARCANO, Inpreabogado Nro. 21.462. MOTIVO: RECTIFICACIÓN DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL. TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva.- I SÍNTESIS DEL PROCESO. En fecha 01 de Octubre de 2007, Se recibió expediente de Rectificación de Acta de Defunción, proveniente del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 16, en Virtud de la Incompetencia en Razón de la Materia, para conocer de la presente solicitud formulada por la Ciudadana HAIZUR YANETZI RIVAS CAMBERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.811.744, actuando en representación de la menor SELENA NAZARETH RODRIGUEZ RIVAS debidamente Representada por la Profesional del Derecho, ALICIA VARGAS MARCANO, Inpreabogado Nro. 21.462. En fecha 29 de Octubre de 2007, este Tribunal dictó auto mediante el cual ordenó dar entrada y anotar en el libro respectivo. Asimismo, se instó a la ciudadana HAIZUR YANETZI RIVAS CAMBERO a los fines que consignara los recaudos originales necesarios para proveer dicha solicitud.- II MOTIVA. De la revisión realizada a las actas procesales que conforman el presente asunto se evidencia que desde el día 29 de Octubre de 2007, han transcurrido más de 03 años, sin que la parte interesada haya realizado actuación alguna dirigida al impulso procesal de la causa. En este contexto La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 01 de Junio de 2001 caso FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO, contra el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, expediente Nº 1.491, en Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, con relación a la falta de interés procesal, estableció: “A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice el bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita ni de indemnización (si ello no lo demandó), ni de fallo que ordene la entrega del objeto asegurado. Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional. En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento. Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.- Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida. No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción. Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse. No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial. La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin (Resaltado de este Tribunal.- Con base en el anterior Criterio Jurisprudencial, esta Juzgadora considera que en la presente causa se evidencia, fehacientemente, la falta de interés por parte de la Actora, en vista de que desde el año 2007, no se le da ningún impulso procesal al presente procedimiento, por lo que se declara: el ABANDONO DE TRÀMITE por pérdida de interés.- Así se decide.- III DISPOSITIVA Por las consideraciones antes expuestas este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial el Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: el ABANDONO DE TRÀMITE por pérdida de interés, en la Solicitud que interpusiera la ciudadana HAIZUR YANETZI RIVAS CAMBERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.811.744, actuando en representación de la menor SELENA NAZARETH RODRIGUEZ RIVAS debidamente Representada por la Profesional del Derecho, ALICIA VARGAS MARCANO, Inpreabogado Nro. 21.462. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil, Transito Y Bancario De La Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana De Caracas. En Caracas, a los 01 días del mes de Septiembre de dos mil Doce (2012).- Años 202° De la Independencia y 153° De la Federación. LA JUEZ TITULAR, DRA. AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY.- SECRETARIO ACCIDENTAL.- AMCdM/FV.-