REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Décimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veintitrés (23) de octubre de dos mil doce 202º y 153º ASUNTO: AP31-M-2010-000317 PARTE ACTORA: sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL CA., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 13/06/1977, bajo el N° 1, Tomo 16-A.- APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogado en ejercicio LUIS ALBERTO ALBARRAN TORRES, inscrito en el IPSA bajo el N° 15.511 PARTE DEMANDADA: ciudadana CONSUELO SALINAS MONTES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 23.228.968, y el ciudadano JOSÉ LUIS PONTE RINCON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 22.756.160 MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA -I- -NARRACION DE LOS HECHOS- Se inició la presente controversia mediante escrito libelar presentado y consignado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), por el abogado LUIS ALBERTO ALBARRAN TORRES, inscrito en el IPSA bajo el N° 15.511, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL CA. por COBRO DE BOLIVARES, contra los ciudadanos CONSUELO SALINAS MONTES y JOSÉ LUIS PONTE RINCON, antes identificados En fecha 14/04/2010, este Juzgado dicto auto mediante el cual admitió la presente demandada, ordenando emplazar a la parte demandada los ciudadanos CONSUELO SALINAS MONTES y JOSÉ LUIS PONTE RINCON, a los fines de que comparezcan ante éste órgano jurisdiccional al segundo (2°) día de despacho siguiente a que conste su citación en autos, con el objeto de dar contestación a la demanda. Posteriormente una vez cumplida las formalidades de ley por la actora a los fines de librar la compulsa se procedió a realizar dicha actuación en fecha 14/05/2010. Luego de gestionada las citaciones personales, siendo sus resultados negativos, de acuerdo a las consignaciones realizadas por los alguaciles encargados, en fecha 03/06/2010, la parte actora en fecha 25/05/2011 solicitó se librara oficio al Servicio Administrativo de Migración y Extranjería a los fines de que remitieran información sobre el último domicilio de los codemandados con el objeto de practicar la citaciones personales de aquellos. En fecha 30/05/2011, este Juzgado dicto auto mediante la cual acordó librar oficio al SAIME, requiriendo la información peticionada por la actora. Así las cosas, en fecha 06/06/2011, el alguacil encargado consignó las resultas de la entrega del oficio librado al mencionado ente administrativo. -II- -PUNTO PREVIO- -DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA- Dada la importancia de la administración de justicia y siguiendo la reiterada opinión doctrinaria que advierte la existencia de un modo atípico de extinción de la relación procesal, que deviene de la inactividad de las partes en un lapso establecido taxativamente por la ley; dichas partes han creado una presunción de renuncia a la causa que habían iniciado, obstaculizando con su conducta omisiva el efectivo desarrollo de la actividad judicial ya que impide que el proceso llegue a su natural desenvolvimiento: la sentencia. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la falta de estímulo procesal dado por el desinterés de las partes en accionar, coloca al órgano judicial en una pendencia indefinida a una relación procesal aparentemente paralizada, además de situar al demandado en un estado de indefensión, ya que éste continuará en su calidad de demandado por tiempo indeterminado. En respuesta de lo anterior nuestros legisladores crearon la institución de LA PERENCIÓN, figura con la cual se busca sancionar la conducta omisiva de las partes y con la correlativa función de cooperar al exigir el efectivo y oportuno actuar de los litigantes. Por cuanto el desenvolvimiento de un proceso no tiene sentido sin la necesidad de las partes en acudir a los órganos jurisdiccionales para dirimir sus controversias. La Teología del proceso responde a la prosecución de la justicia a través de la elaboración de la sentencia que resuelve el caso planteado. La ausencia del interés de las partes en la obtención del fallo convierte el proceso en una sujeción injustificada de fases. En éste sentido la Doctrina procesalista fundamenta la figura de la perención de la instancia consagrada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes: ARTICULO 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. Con la reforma legislativa producida en 1.986 se establecieron los parámetros descriptivos de la institución jurídica denominada perención, puesto que se dispuso que esta no es renunciable a las partes, debe ser declarada de oficio por el juez y opera de pleno derecho, es decir, la sentencia cumple la función de declarar un hecho jurídico que ya se había consumado por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes y que tuvo como efecto la extinción del proceso. Criterios que fueron reiterados por parte de la Sala de Casación Civil del Tribunal Suremo de Justicia, cuando en sentencia N° RH-00095 de fecha 29 de julio de 2.003, con ponencia del magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, recaída en el expediente N° 036119, dispuso expresamente: (SIC)”…Ahora bien, en razón de la naturaleza de las “sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, que tienen las decisiones que declaran la Perención de la instancia, la Sala, en sentencia N° 156, de fecha 10 de Agosta de 2.000 (Caso: Banco Latino, C.A., S.A.C.A. contra COLIMODIO S.A. y Distribuidora COLIMODIO S.A.), expediente N° 00-128, estableció lo siguiente: “…Es evidente que la decisión recurrida en casación pertenece a las llamadas sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, que según la Doctrina de éste Alto Tribunal, son susceptibles del recurso ordinario de apelación y del extraordinario de Casación (…). La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil… …Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aún de Oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…” Así se reitera. Sentado todo lo anterior y teniendo como premisa principal que desde el día 06 de julio de 2011, fecha en la cual el alguacil consignó copia del oficio dirigido al SAIME, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que parte alguna haya dado impulso procesal a la causa, es concluyente para éste Juzgado declarar consumada la PERENCIÓN de la instancia en los términos dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, tal y como será determinada en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide: -IV- -DISPOSITIVA- Con base a todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE: -PRIMERO: Se declara consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por COBRO DE BOLIVARES, incoara la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL CA. contra los ciudadanos CONSUELO SALINAS MONTES y JOSE LUIS PONTE RINCON, antes identificados, ambas partes plenamente identificadas en el presente fallo. -SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, se declara EXTINGUIDO el presente proceso.- -TERCERO: Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas, ello de conformidad en lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. -PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE- Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este JUZGADO DUODECIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los Veintitrés(23) días del mes de Octubre del año DOS MIL DOCE (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. LA JUEZ, DRA. ANABEL GONZALEZ GONZALEZ LA SECRETARIA, ABG. MARIA ELIZABETH NAVAS En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, ABG. MARIA ELIZABETH NAVAS AGG/AP/C.R.O.C.-