REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Décimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veintitrés de octubre de dos mil doce 202º y 153º ASUNTO: AP31-V-2010-000468 DEMANDANTE: BANCO FEDERAL C.A., Institución Financiera domiciliada en la ciudad de Coro, Estado Falcón, constituida según consta de documento inscrito en el Registro Mercantil que se lleva por ante la Secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, bajo el No. 64, folios 260 al 313, Tomo III, el 23 de abril de 1982. ABOGADOS PARTE ACTORA: ciudadanos JOAQUÍN MORENO PAMPÓN, JESÚS RANGEL RACHADELI E INGRID FERNÁNDEZ MARCANO, abogados en ejercicio e inscritos en el I.P.S.A bajo los Nros. 26.383, 26.906 y 70.535 respectivamente. PARTE DEMANDADA: CARLOS EDUARDO QUIJADA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 10.906.246. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO ACREDITO EN AUTOS. MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA -I- -BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES- Mediante escrito presentado en fecha 10/02/2010, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, Circuito Judicial Los Cortijos, por los abogados JOAQUIN MORENO PAMPIN, JESUS RANGEL RACHADELL e INGRID FERNANDEZ MARCANO, inscritos en el I.P.S.A bajo los Nros. 26.383, 26906 y 70.535, en su carácter de apoderado judicial del Banco Federal, C.A introdujeron libelo por Resolución de Contrato en contra de CARLOS EDURSO QUIJADA. En fecha 19 de febrero de 2010, se dictó auto mediante el cual se admitió la demanda por el procedimiento breve, se ordenó emplazar a la parte demandada. En fecha 09 de marzo de 2010, se dictó auto mediante la cual se libró compulsa, despacho y oficio al Juzgado Distribuidor de Municipio del Municipio Girardot de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En fecha 08 de julio de 2010, se dictó auto mediante la cual se ordenó las resultas provenientes del Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. -II- -MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR- Dada la importancia de la administración de justicia y siguiendo la reiterada opinión doctrinaria que advierte la existencia de un modo atípico de extinción de la relación procesal, que deviene de la inactividad de las partes en un lapso establecido taxativamente por la ley; dichas partes han creado una presunción de renuncia a la causa que habían iniciado, obstaculizando con su conducta omisiva el efectivo desarrollo de la actividad judicial ya que impide que el proceso llegue a su natural desenvolvimiento: la sentencia. En respuesta de lo anterior nuestros legisladores crearon la institución de LA PERENCIÓN, figura con la cual se busca sancionar la conducta omisiva de las partes y con la correlativa función de cooperar al exigir el efectivo y oportuno actuar de los litigantes. Por cuanto el desenvolvimiento de un proceso no tiene sentido sin la necesidad de las partes en acudir a los órganos jurisdiccionales para dirimir sus controversias. La Teología del proceso responde a la prosecución de la justicia a través de la elaboración de la sentencia que resuelve el caso planteado. La ausencia del interés de las partes en la obtención del fallo convierte el proceso en una sujeción injustificada de fases. En éste sentido la Doctrina procesalista fundamenta la figura de la perención de la instancia consagrada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes: ARTICULO 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. Con la reforma legislativa producida en 1.986 se establecieron los parámetros descriptivos de la institución jurídica denominada perención, puesto que se dispuso que esta no es renunciable a las partes, debe ser declarada de oficio por el juez y opera de pleno derecho, es decir, la sentencia cumple la función de declarar un hecho jurídico que ya se había consumado por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes y que tuvo como efecto la extinción del proceso. Criterios que fueron reiterados por parte de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en sentencia N° RH-00095 de fecha 29 de julio de 2.003, con ponencia del magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, recaída en el expediente N° 036119, dispuso expresamente: (SIC)”…Ahora bien, en razón de la naturaleza de las “sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, que tienen las decisiones que declaran la Perención de la instancia, la Sala, en sentencia N° 156, de fecha 10 de Agosta de 2.000 (Caso: Banco Latino, C.A., S.A.C.A. contra COLIMODIO S.A. y Distribuidora COLIMODIO S.A.), expediente N° 00-128, estableció lo siguiente: “…Es evidente que la decisión recurrida en casación pertenece a las llamadas sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, que según la Doctrina de éste Alto Tribunal, son susceptibles del recurso ordinario de apelación y del extraordinario de Casación (…). La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil… …Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aún de Oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…” Así se reitera. Sentado todo lo anterior y teniendo como premisa principal que desde el día 08 de julio 2010, fecha en la cual el Tribunal dictó auto ordenando agregar las resultas provenientes del Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, hasta la presente fecha, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año sin que parte alguna haya dado impulso procesal a la causa, es concluyente para éste Juzgado declarar consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en los términos dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, tal y como será determinada en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide: -III- -DISPOSITIVA- En virtud de los fundamentos anteriormente expuestos, éste Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Autoridad de la Ley, DECIDE: -PRIMERO: Se declara consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente asunto que por RESOLUCION DE CONTRATO intentara la entidad financiera BANCO FECERAL C.A., contra el ciudadano CARLOS EDUARDO QUIJADA GONZALEZ. -SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, se declara EXTINGUIDO el presente proceso, con el expreso señalamiento a la parte actora, que para volver a proponer la acción que nos ocupa, deberá dejar transcurrir íntegramente el lapso previsto en el artículo 271 ejusdem. -TERCERO: No se hace especial condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo, ello de conformidad en lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. -PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE- Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de éste JUZGADO DUODECIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los Veintitrés (23) días del mes de octubre del año Dos Mil Doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. LA JUEZ DRA. ANABEL GONZALEZ GONZALEZ LA SECRETARIA ACC., ABG. MARIA ELIZABETH NAVAS En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA ACC., ABG. MARIA ELIZABETH NAVAS Nelly