REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO UNDÉCIMO (11°) DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Caracas, tres (03) de octubre de 2012 202 º y 153º Exp. Nº AP21-N-2012-000270 Cuaderno de Medidas N° AH22-X-2012-000154 PARTE DEMANDANTE DE LA NULIDAD: SOCIEDAD MERCANTIL PANDORO C.A, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 7 de octubre de 1965, bajo el N° 43, tomo 45-A. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE DE LA NULIDAD: MARIA CAROLINA VESGA GONZÁLEZ, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°. 59.658. ACTO CUYA NULIDAD SE DEMANDA: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 00162-12 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2012, DICTADA POR LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. MOTIVO: Medida Cautelar de Suspensión de Efectos. SENTENCIA: Interlocutoria. CAPITULO I ANTECEDENTES PROCESALES En la demanda de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 00162/12, de fecha 18 de mayo de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, que ha incoado la sociedad mercantil Pandoro C.A., la parte accionante solicitó la suspensión de efectos del acto administrativo que declaró: “Infractora a la empresa “PASTELERÍA PANDORO, C.A. por haber infringido las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo. (…) Imponer Multa por la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON DIEZ CÉNTIMOS (Bs. 4.451,10) (…)”. CAPÍTULO II DE LA PRESENTE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS Alegó la representación judicial de la accionante, en el capítulo del “petitorio”, que solicita la nulidad de la providencia administrativa impugnada, así como también la mediada cautelar de suspensión de efectos. CAPITULO III DE LOS FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE DECISIÓN Este Tribunal para decidir sobre lo solicitado, observa: El artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone lo siguiente: “A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”. Así pues, la suspensión de los efectos de un acto administrativo se trata de una medida cautelar, que haciendo excepción al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, consecuencia de la presunción de legalidad de la cual están revestidos, procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, por cuanto ello podría atentar contra los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva. En tal sentido, para pronunciarse respecto a su procedencia se hace necesario analizar los requisitos indispensables para que el Juez pueda acordar una medida cautelar, como lo son el periculum in mora, el fumus boni iuris y el periculum in damni; los cuales deben ser probados por la parte solicitante con cualquier medio de prueba que se acompañe junto al libelo o solicitud y una vez acompañados, el Juez sumariamente debe evaluar y apreciar los instrumentos probatorios a los fines de decretar la medida. Verificadas las actas procesales que conforman la demanda de nulidad analizada conjuntamente con la solicitud de la medida que se analiza, se constata ausencia total de argumentos que soporten los tres requisitos anteriormente señalados, y menos aún se evidencia prueba alguna que conduzca a presumir que existen fundados motivos para acordar la presente solicitud, motivo por los cuales este Tribunal considera que la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo cuya nulidad se invoca, es totalmente improcedente. Así se establece. CAPITULO IV DISPOSITIVO Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: ÚNICO: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 00162/12, de fecha 18 de mayo de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, solicitada por la Sociedad Mercantil Pandoro C.A. Dada la naturaleza del fallo no hay expresa condenatoria en costas. Se deja constancia que el lapso de cinco días de despacho para ejercer los recursos en contra de la presente decisión, comenzará a correr a partir del día de siguiente al de hoy. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE Dado, firmado y sellado en la Sala de despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los tres (03) días del mes de octubre de dos mil doce (2012). Años: 202° y 153° LA JUEZ Abg. EDHALIS NARANJO EL SECRETARIO Abg. CARLOS MORENO NOTA: En la misma fecha y previo el cumplimiento de las formalidades legales, se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión. EL SECRETARIO Abg. CARLOS MORENO Expediente: AH22-X-2012-000154