REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 25 de septiembre de 2012
202º y 153º
ASUNTO: AF43-U-2002-000098 Exp. Nº: 1.938
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
Se dio inicio a la presente causa mediante escrito presentado el 3 de julio de 2003 ante el Tribunal Superior Primero (Distribuidor) de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana MANUELA PUENTE GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.956.162, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 53.826 actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la empresa GRAN CASINO HOTEL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 12 de diciembre de 1977, bajo el Nº 57, Tomo 138-A, domiciliada en Los Teques, Calle Carabobo con Boyacá, Edificio Gran Casino, Estado Miranda, con Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nº J-00129352-3, mediante el cual interpuso Recurso Contencioso Tributario, contra la Resolución (Imposición de Sanción) RCA-DFL-2001-620702053 de fecha 10 de septiembre de 2001 (folios 16 al 18), dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Seniat, mediante la cual le impuso multa determinada la primera en su término medio y a la segunda en su término medio rebajada a la mitad a la mencionada contribuyente, por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS COMA VEINTICINTO UNIDADES TRIBUTARIAS (U.T. 146,25) de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 del Código Penal por Remisión del Artículo 71 del Código Orgánico Tributario.
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, actuando como repartidor único, asignó su conocimiento a este Tribunal Superior mediante auto de fecha 3 de julio de 2002, donde se recibió el 09-07-2002 (folio 9), y se le dio entrada mediante auto del 12-07-2002 (folio 10), por el que se ordenó librar las respectivas boletas de notificación.
El 05-02-2003 (folios 25 al 27), previo cumplimiento de los requisitos legales, se admite el recurso contencioso tributario y se ordena tramitar conforme al procedimiento previsto en el Código Orgánico Tributario de 2001.
Por auto de fecha 21 de mayo de 2003 (folio 29), previo computo efectuado por Secretaría, se deja expresa constancia que ninguna de las partes hizo uso del derecho de promoción de pruebas.
En esa misma fecha (folio 30), comenzó a computarse el lapso de quince (15) días de despacho para que tuviera lugar el acto de informes en el presente juicio.
El 17-07-2003 (folios 31 al 49), la ciudadana JOSEFINA DE PRATO, titular de la cédula de identidad No. 2.251.778, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 9.232, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, consigna escrito de informes, y poder que acredita su representación.
Los días 27-07-2005, 05-07-2009, 18-10-2010 y 07-10-2011 (folios 50 al 58), la Representación de la República solicita que se dicte sentencia.
El 19-09-2012 (folio 59), la ciudadana YAQUELIN ÁLVAREZ GÓMEZ, Jueza Temporal, se aboca al conocimiento de la causa.
I
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a este Tribunal Superior pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario ejercido contra la Resolución (Imposición de Sanción) RCA-DFL-2001-620702053 de fecha 10 de septiembre de 2001 (folios 16 al 18), dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Seniat, mediante la cual le impuso multa determinada la primera en su término medio y a la segunda en su término medio rebajada a la mitad a la mencionada contribuyente, por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS COMA VEINTICINTO UNIDADES TRIBUTARIAS (U.T. 146,25) de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 del Código Penal por Remisión del Artículo 71 del Código Orgánico Tributario.
Ahora bien, observa esta Juzgadora que en el curso del proceso el día 21 de mayo de 2003, el Tribunal fijó oportunidad para que las partes presenten sus informes (folio 30). Igualmente, se verificó que desde el día 13 de enero de 2003, fecha en que la ciudadana MANUELA PUENTE GÓMEZ, ya identificada, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la mencionada contribuyente, consignó original de la Resolución de Imposición de Sanción impugnada y original de la Planilla de Liquidación de Sanción a las cuales hace referencia el recurso interpuesto, hasta la presente fecha, no ha realizado acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso.
De manera que este Órgano Jurisdiccional, tomando como base el fallo Nº 416 del 28 de abril de 2009, Caso: Carlos Vecchio y otros de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, donde se ha dejado sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben:
“(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.”. (Destacado de este Tribunal).
En ese sentido, a través de Sentencia N° 1139 del 05 de agosto de 2009, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló lo siguiente:
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente se evidencia que se dijo “Vistos” el 26 de abril de 2001, y que la última actuación en el caso bajo examen se produjo el 10 de febrero de 2005, cuando la representación judicial de las asociaciones civiles solicitó a esta Alzada dictar la sentencia.
Como corolario de lo antes expuesto, concluye esta Sala que en el presente caso hay inactividad procesal, toda vez que la causa entró en estado de dictar sentencia en fecha 26 de abril de 2001 y que desde el 10 de febrero de 2005 no existe actuación alguna de la parte actora a los fines de impulsar el proceso; razón por la cual se declara extinguida la acción por pérdida del interés. Así se decide.
De los fallos parcialmente transcritos se desprende que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión o ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique entre la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia o iii) que la misma puede ser declarada de oficio, ya que el interés procesal debe mantenerse a lo largo del proceso.
En el caso concreto, de la revisión del expediente se evidencia que desde que comenzó el lapso de sesenta (60) días continuos para sentenciar en fecha 18 de julio de 2003, no ha habido actuación alguna por parte de la recurrente a los fines de impulsar el proceso, ya que su última actuación fue el día 13 de enero de 2003, cuando consignó original de la Resolución de Imposición de Sanción impugnada y original de la Planilla de Liquidación de Sanción a las cuales hace referencia el recurso interpuesto; razón por la cual considera este Tribunal Superior que en el caso bajo análisis se verificó la inactividad procesal, por lo que, en consecuencia, se declara extinguido el recurso de nulidad por pérdida del interés por parte del contribuyente GRAN CASINO HOTEL, C.A.. Así se decide.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN POR DECAIMIENTO DEL INTERÉS PROCESAL del recurso contencioso tributario interpuesto por el Representante Legal de la sociedad mercantil GRAN CASINO HOTEL, C.A., en contra de los Actos Administrativos anteriormente identificados.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Notifíquese de esta decisión a los ciudadanos (as) Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela con copia certificada de la presente decisión conforme al artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Seniat y a la contribuyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario. Líbrense boletas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, en la ciudad de Caracas, a los veinticinco (25) días de septiembre dos mil doce (2012). Año 202° de la independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL,
YAQUELIN ÁLVAREZ GÓMEZ. LA SECRETARIA
YANIBEL LÓPEZ RADA.
En esta misma fecha, se publicó la anterior Sentencia a las diez y siete de la mañana (10:07 a.m.)
LA SECRETARIA,
YANIBEL LÓPEZ RADA
YAG/Dr
|
