REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 24 de septiembre de 2012 202º y 152º ASUNTO: AP11-O-2011-000132 PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: ciudadana SORANGEL FAJARDO, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.277.975. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: abogada ANA MARINA RODRÍGUEZ MONTERO, en su carácter de Defensor Público Provisorio Primera con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda. PARTES PRESUNTAMENTES CO-AGRAVIANTES: ciudadanos ROBERTO ALEXANDER GARCÍA PINTO y SILVIA CRISTINA GARCÍA PINTO, titulares de las cédulas de Identidad Nos. 17.706.434 y 16.368.975, respectivamente. APODERADO JUDICIAL DE LOS CO-AGRAVIANTES: no tienen apoderados constituidos en autos. MOTIVO: Acción de Amparo Constitucional. TIPO DE SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA I Se inició la presente acción de Amparo Constitucional, en fecha 6 de septiembre de 2011, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, por la ciudadana SORANGEL FAJARDO, asistida por el abogado ANA MARINA RODRÍGUEZ MONTERO, antes identificados, contra los ciudadanos ROBERTO ALEXANDER GARCÍA PINTO y SILVIA CRISTINA GARCÍA PINTO. En fecha 7 de septiembre de 2011, el Tribunal admitió la acción de amparo, ordenando la notificación del presunto agraviante, a los fines de que se sirviera concurrir a este Juzgado, a objeto de que tuviera conocimiento sobre el día y la hora en que se celebraría la audiencia oral y pública en la Acción de Amparo, la cual tendría lugar tanto en su fijación como para su celebración dentro de las Noventa y Seis horas (96), computadas a partir de la notificación al Ministerio Público, para lo cual se ordenó librar boletas de notificación y oficio al Director en lo Constitucional Contencioso Administrativo del Ministerio Público. El 20 de septiembre de 2011, el Tribunal libró la notificación de las partes presuntamente co-agraviantes y de la representación del Ministerio Público. En fecha 29 de septiembre de 2011, el Alguacil José D. Reyes, dejó constancia que practicó la notificación del Ministerio Público, asimismo, en la misma fecha el Alguacil Miguel Ricardo Peña, manifestó que no pudo localizar a los presuntos co-agraviantes. El 9 de febrero de 2012, Defensora Pública, asistiendo a la presunta agraviada, solicitó que se librarán las boletas de notificaciones de los co-agraviantes, y el 17 de febrero de 2012, la Secretaria del Tribunal desglosó las compulsas en cumplimiento del auto de la misma fecha, que las acordará. En fecha 17 de septiembre de 2012, se recibió escrito del Fiscal Octogésimo Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual solicitó la terminación del procedimiento por haber constatado una inactividad procesal imputable al presunto agraviante, que supera los seis (6) meses, lo cual encuadra en el fallo de la Sala Constitucional del más Alto Tribunal de la República ( que transcribió) y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Actuando este Tribunal en sede constitucional, pasa a emitir pronunciamiento de la manera siguiente: La Sala Constitucional en fecha 6 de junio de 2001, mediante sentencia Nº 982 (caso José Arenas Cáceres), fijó con carácter vinculante, en qué casos opera el abandono del trámite en el juicio de amparo, y en este sentido se trascribe parcialmente el fallo: “…de conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por la falta de impulso de la accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia…” Asimismo, en fecha 21 de junio de 2004 la referida Sala señaló: “…el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse -entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos -el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes. Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo -al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél. …la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y,.con ello, la extinción de la instancia. Así se declara. … (Subrayado y negrillas del Tribunal) …Siendo así, como la conducta pasiva de la parte accionante en amparo, quien afirmó requerir la tutela urgente y preferente del amparo en virtud de las presuntas violaciones constitucionales denunciadas, donde se evidencia el transcurso de más de seis meses de absoluta inactividad en las actas del expediente, tiempo establecido como plazo de caducidad para intentar la acción de amparo, encuadra en la calificación de abandono de trámite establecida por esta Sala ya en reiteradas decisiones” De las jurisprudencias, parcialmente transcritas, debe concluirse, que la inactividad de la parte presuntamente agraviada en la acción de Amparo Constitucional, esto es, que no corra inserto a las actas procesales que conforman el expediente, actos que impulsen el proceso, o en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, debe ser sancionada como ABANDONO DEL TRÁMITE, y consecuencialmente la extinción de la acción. Así se precisa. En el caso de marras se evidencia que el presunto agraviado el 9 de febrero de 2012, con la asistencia de la representanta de la Defensa Pública, solicitó que se librarán las boletas de notificaciones de los co-agraviantes, y posteriormente a ello, no ha realizado actuación alguna en la presente causa, por lo que ha transcurrido más de seis (6) meses desde la fecha en que se libró la respectiva notificación, configurándose uno de los supuestos a los que alude el fallo parcialmente transcrito ut supra, razón por la cual resulta impretermitible para este Tribunal, declarar el ABANDONO DE TRÁMITE, en la presente acción de amparo constitucional. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara el ABANDONO DE TRÁMITE, en la acción de Amparo Constitucional, presentada por la ciudadana SORANGEL FAJARDO, contra los ciudadanos ROBERTO ALEXANDER GARCÍA PINTO y SILVIA CRISTINA GARCÍA PINTO, todos plenamente identificados en el presente fallo. Dada la naturaleza del fallo no ha lugar a costas; asimismo se ordena el archivo del expediente. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 24 días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012).- Años 202º de la Independencia y 152º de la Federación. La Juez, Sarita Martínez Castrillo. La Secretaria, Abg. Arelis Falcón. En la misma fecha de hoy, previo el anuncio de ley, se publicó y registró la anterior sentencia. La Secretaria, Abg. Arelis Falcón.