REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 17 de Abril de 2013 202º y 154º ASUNTO: AP11-M-2012-000064 PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil C.A CERVECERIA REGIONAL, domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, inscrita en el Registro de Comercio que llevo la secretaria del antiguo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y de Comercio del Estado Zulia el 14 de mayo de 1929, bajo el Nº 320, Folios 407 al 410 vto, posteriormente reformados sus estatutos como se evidencia del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista del 22 de marzo de 2011, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia el 30 de mayo de 2011, bajo el Nº 13, Tomo 31-A-RM1. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadano YAEL DE JESÚS BELLO TORO, abogado en ejercicio e inscrito en el inpreabogado bajo el número 99.306. PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil YORSIM C.A., domiciliada en el Estado Lara, debidamente inscrita el 03 de octubre de 2008, ante el Registro Mercantil Segundo de l Estado Lara, bajo el nº 42, Tomo 65-A, representada por el ciudadano YORBY DARIO GARCIA RODRIGUEZ, venezolano , mayor de edad, domicilio EN Barquisimeto, Estado Lara, titular de la cédula de identidad Nº V-13.268.330. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyo apoderado judicial a los autos. MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES. -I- Se inicia la actual pretensión mediante libelo presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 08 de febrero de 2012, y previo el sorteo respectivo le correspondió conocer a este Tribunal de la demanda de COBRO DE BOLÍVARES, interpuesta por la Sociedad Mercantil C.A CERVECERIA REGIONAL, en contra de la Sociedad Mercantil YORSIM C.A. En fecha 17 de febrero de 2012, este Juzgado admitió la demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada. En fecha 27 de febrero de 2012, la representación de la parte actora cancelo los emolumentos para la práctica de la citación. En esa misma fecha la referida parte consigno también los fotostátos para la elaboración de la compulsa. En fecha 07 de marzo de 2012, se dejó constancia por secretaria de haberse librado la comulga a la parte demandada. En fecha 15 de marzo de 2012, este Juzgado dejo sin efecto la compulsa librada el 07 de febrero y se libró nuevamente. En fecha 29 de marzo de 2012, este Tribunal dejo sin efecto la comisión y compulsa librada el 15 de marzo de 2012 y se procedió a librarla nuevamente En fecha 16 de abril de 2012, el alguacil adscrito a este Circuito consignó a los autos oficio anexo a planilla de guía de envió de la comisión librada al Juzgado Primero de Iribarren de la Circunscripción del Estado Lara. -II- Ahora bien, vistas las actuaciones que anteceden contenidas en el expediente y por cuanto no existen elementos sobre los cuales amerite el pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Igualmente, establece el artículo 269 ejusdem: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: (…) Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer(…). Asimismo, la figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso. Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales. El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “(…)La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil(…)”. Ahora bien, se desprende del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que el legislador ha previsto con la misma sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía procesal, que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas. En el caso que nos ocupa, de una revisión realizada de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que, desde la fecha 29 de marzo de 2012, fecha en la cual el Tribunal dejo constancia de haber librado la compulsa y comisión para que se llevará a cabo la citación de la parte demandada, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año, sin que conste en autos que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia y en virtud de las circunstancias antes señaladas, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio se ha producido la perención anual en razón de no haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en el transcurso de un año y así se decide. DISPOSITIVA Por fuerza de los anteriores razonamientos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. SEGUNDO: NO SE CAUSARON costas en este asunto dada la naturaleza del fallo, a tenor de lo establecido en el Artículo 283 del Código Adjetivo Civil. Publíquese, Regístrese, y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los Diecisiete (17) días del mes de Abril del año dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación. EL JUEZ Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL EL SECRETARIO ABG. MUNIR SOUKI URBANO En la misma fecha se publicó y registró el presente fallo siendo las 12:59 p.m. EL SECRETARIO ABG. MUNIR SOUKI URBANO