TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DÉCIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS EN FUNCIÓN ITINERANTE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Años 202° y 154°

PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil “T.S., MULTIMODAL LTDA. DE VENEZUELA, S.R.L”, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha siete (07) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), bajo el N° 32, Tomo 49-A Segundo.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: GLADYS MARINA ARIZA SALCEDO y ISAAC RAFAEL LEWIS CASTILLO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 47.170 y 13.277, respectivamente.
PARTES DEMANDADAS: Sociedad Mercantil CORPORACIÓN INSTALEX, C.A., anteriormente denominada Diseño 3, C.A.), inscrita en el Registro Mercantil II de esta Circunscripción Judicial bajo el N° 78, tomo 48-A-Pro, de fecha veintidós (22) de marzo de mil novecientos ochenta y dos (1982), y sus reformas del veintiocho (28) de mayo de mil novecientos ochenta y seis (1986), bajo el N° 3, tomo: 252-A- Sgdo; del trece (13) de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), bajo el N° 43, tomo 48-A-Sgdo, del catorce (14) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), bajo el N° 24, tomo 20-A-Sgdo, del veintidós (22) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), bajo el N° 35, tomo 639-A-Sgdo, del quince (15) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997), bajo el N° 3, tomo 252-A-Sgdo, y los ciudadanos GONZALO PÉREZ BLANCO e IVELISE BLANCO DE PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 5.3058.800 y V- 1.340.586, respectivamente.
DEFENSORA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: JUDITH MENDOZA, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 64.153.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.

Exp N° Tribunal de la Causa (AH11-M-2001-000016)
Exp N° Tribunal Itinerante (12- 0257).

-I-
SÍNTESIS DEL PROCESO

Se inició el presente juicio por COBRO DE BOLÍVARES, mediante demanda interpuesta en fecha cuatro (04) de junio de dos mil uno (2001), por la ciudadana GLADYS MARINA ARIZA SALCEDO, quien actuando en su carácter de Gerente y Representante Legal de la Sociedad Mercantil “T.S., MULTIMODAL LTDA. DE VENEZUELA, S.R.L”, parte actora en este proceso contra la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN INSTALEX, C.A., en su carácter de deudora de los cheques y los ciudadanos IVELISE BLANCO DE PÉREZ y GONZALO PÉREZ BLANCO, en su carácter de Libradores de los cheques. Dicha demanda correspondió ser conocida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de ésta Circunscripción Judicial, el cual procedió a admitirla en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil uno (2001), ordenando así la citación mediante compulsa a la parte demandada.

En fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dos (2002), se repuso la causa al estado de ordenar el emplazamiento de los Co-demandados ciudadanos GONZALO PÉREZ BLANCO e EVELISE BLANCO DE PÉREZ, en virtud de que en el auto de admisión se ordenó emplazar solo a la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN INSTALEX, C.A.

En fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil dos (2002), se libraron las compulsas de citación a las partes demandadas.

El día veintidós (22) de febrero de dos mil dos (2002) se abrió cuaderno de medidas.

Mediante auto de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil dos (2002), el Tribunal de origen Negó la solicitud de medida realizada por la parte actora, en virtud de que los documentos que acompañan el libelo de demanda no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

En horas de despacho del día tres (03) de junio de dos mil dos (2002), el apoderado judicial de la parte actora apeló del auto librado en fecha veintidós (22) de junio de ese mismo año, siendo escuchada dicha apelación en un solo efecto, ordenándose la remisión inmediata del presente expediente al Juzgado Distribuidor de turno.
Por medio sorteo correspondió al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito conocer de la apelación, dándole entrada al mismo en fecha quince (15) de noviembre de dos mil (2002), fijando el décimo (10°) día de despacho siguiente al de esa fecha, a fin de que las partes presentaran informes.
Por auto de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil dos (2002), habiendo precluido el lapso procesal para que tuviera lugar el acto de presentación de informe, el Juzgado Superior dijo “visto” y entro en el termino para dictar sentencia a partir de esa fecha.
Por escrito de fecha ocho (08) de enero de dos mil tres (2003), la representación judicial de la parte actora presento Informes.
En fecha veintisiete (27) de enero de dos mil tres (2003), el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial dictó Sentencia Interlocutoria mediante la cual declaro SIN LUGAR el recurso de apelación del auto librado en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil dos (2002), interpuesto por la representación judicial de la parte actora.
Mediante auto de fecha veintiséis (26) febrero de dos mil tres (2003), se ordenó la remisión del presente expediente al Tribunal de la causa, siendo recibido en fecha siete (07) de marzo de dos mil tres (2003).
Siendo infructuosa la citación de las partes Co-demandadas en el presente juicio, a solicitud de la parte actora el Tribunal de la causa en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil tres (2003), ordenó la citación personal de las partes mediante cartel.
En fecha dos (02) de julio de dos mil tres (2003), la representación judicial de la parte actora consignó los ejemplares de la publicación de los carteles.
En horas de despacho del día doce (12) de agosto de dos mil tres (2003), el secretario de ese Juzgado dejó expresa constancia de haber cumplido con la formalidad establecida en el artículo 223 del Código de procedimiento Civil.
Por auto de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil tres (2003), se le designó defensor judicial a los demandados, aceptando dicho cargo en fecha trece (13) de octubre de ese mismo año.
En fecha primero (1°) de diciembre de dos mil tres (2003), la defensora judicial de los demandados procedió a contestar la demanda incoada en contra de sus defendidos.
Mediante diligencia de fecha ocho (08) de enero de dos mil cuatro (2004), la representación judicial de la parte actora presentó escrito de promoción de pruebas, siendo agregados a los autos en fecha veintiocho (28) de enero de ese mismo año.
Por auto de fecha nueve (09) de febrero de dos mil cuatro (2004), fueron admitidas las pruebas presentadas por la apoderada judicial de la parte actora.
En fecha trece (13) de febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió la presente causa, en virtud de la Resolución Nº 2011-0062, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha treinta (30) de Noviembre de dos mil once (2011), correspondiendo a este Juzgado el conocimiento de la presente causa.
En fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012), este Tribunal le da entrada al presente expediente y en fecha veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013), el Juez CESAR HUMBERTO BELLO, se abocó al conocimiento de la presente causa al estado en que se encontraba.
Mediante Resolución N° 2012-0033, de fecha veintiocho (28) de Noviembre de dos mil doce (2012), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, prorrogó por un (01) año, la competencia atribuida a estos Juzgados Itinerantes.
Estando todas las partes debidamente notificadas del abocamiento de quien aquí decide, y transcurridos los lapsos legales pertinentes, este Tribunal pasa a decidir el mérito de este asunto, previas las siguientes consideraciones:

-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión de la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al instituto procesal que se ha denominado “extinción o decaimiento de la acción”. En tal sentido, ha establecido la Sala Constitucional en sentencia Nº 956 del 1 de junio de 2001 (Caso: Fran Valero González), lo siguiente:
“…La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que le sentencien, por ello ni incoa un amparo a este fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.
(…)
No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella siga vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor.
En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación?
A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de ocurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor.
(…)
De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado en término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción…”.

De otra parte, observa este Tribunal que la pretensión deducida por el accionante se refiere propiamente a una acción personal, específicamente a un Cobro de Bolívares (cheques). Vale decir, que el derecho controvertido está sometido al lapso de prescripción de tres (03) años, a partir de la fecha de vencimiento del mismo, así como lo estable el artículo 479 del Código de Comercio concatenado con el 491 ejusdem, que establecen lo siguiente:

Artículo 479…“Todas las acciones derivadas de la letra de cambio contra el aceptante, prescriben a los tres años, contados desde la fecha de vencimiento. (Negrita y Cursiva de este Juzgado).

Las acciones del portador contra los endosantes y el librador prescriben al año a partir de la fecha del protesto sacado en tiempo útil, o de la del vencimiento en caso de cláusula de resaca sin gastos.
Las acciones de endosantes los unos contra los otros y contra el librador, prescriben a los seis meses, a contar desde el día en que el endosante ha reembolsado la letra o desde el día en que el mismo ha sido demandado...”
Artículo 491… “Son aplicables al cheque todas las disposiciones acerca de la letra de cambio sobre:
El endoso, el aval, la firma de personas incapaces, las firmas falsas o falsificadas, el vencimiento y el pago, el protesto, las acciones contra el librador y los endosantes, las letras de cambio extraviadas.

De los razonamientos precedentes expuestos, concluye este Juzgador que en esta acción ha decaído el interés de las partes, lo que se pone de manifiesto tras apreciar su inactividad procesal por un lapso holgadamente superior al de la prescripción del derecho deducido, toda vez que evidencia la falta de interés de la parte actora en que se le administre justicia, igualmente se verificó que la última actuación de la parte accionante fue efectuada el día quince (15) de noviembre de dos mil cinco (2005), mediante la cual solicito el abocamiento del Juez en la presente causa. Y así se decide.

-III-
DISPOSITIVA

Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara DECAÍDA LA APELACION que originó este proceso judicial.

Por aplicación analógica de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas en esta decisión.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas en Función Itinerante de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los Doce (12) días del mes de Abril del año dos mil trece (2013).
EL JUEZ,

CESAR HUMBERTO BELLO

EL SECRETARIO

ENRIQUE GUERRA

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las
EL SECRETARIO,

ENRIQUE GUERRA

Exp N° Tribunal de la Causa (AH11-M-2001-000016)
Exp N° Tribunal Itinerante (12- 0257).
CHB/EG/Anggi.