TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, seis (06) de agosto de dos mil trece (2013)
Años 203° y 154°

No. DE EXPEDIENTE: AP21-N-2012-000094
RECURRENTE: LABORATORIOS BEHRENS, C.A., Sociedad Mercantil inscrita en el Registro de Comercio que lleva el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal en fecha 06 de agosto de 1945, bajo el número 834, Tomo 4-B.
APODERADOS JUDICIALES DE LOS DEMANDANTES: RENE PLAZ BRUZUAL, ENRIQUE ITRIAGO ALFONZO, ALFREDO DE ARMAS, PEDRO VICENTE RAMOS, LUIS ORTIZ ALVAREZ, NOEMI FISBACH, JOSÉ G. FEREIRA VILLAFRANCA, CARLOS CASTRO BAUZA, MANUEL ALFREDO RINCÓN, CARLOS URBINA F., ANGELO CUTOLO ALVARADO, BERNARDO PISANI y JANET SIMÓN, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 2.097, 7.515, 22.804, 31.602, 55.570, 52.236, 77.227, 52.985, 71.805, 83.863, 91.872, 107.463 y 112.762, respectivamente.
RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL, SEDE NORTE, MUNICIPIO LIBERTADOR.
APODERADOS JUDICIALES DE LA RECURRIDA: No hay apoderados constituidos en juicio
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD de Providencia Administrativa No. 522-2011 de fecha 26 de septiembre de 2011 emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Sede Norte, Municipio Libertador.

I. ANTECEDENTES
Se inicia el presente procedimiento, con ocasión al recurso de nulidad de acto administrativo de efectos particulares interpuesto por la Sociedad Mercantil Laboratorios Behrens, C.A. contra la Providencia Administrativa signada con el No. 522-2011 de fecha 26 de septiembre de 2011 emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Sede Norte, Municipio Libertador, presentado en fecha 23 de marzo de 2012 por el abogado Carlos Castro Bauza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 52.985, en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de esta Circunscripción Judicial; la cual previa distribución le correspondió su conocimiento a este Juzgado, dictando auto de recibo en fecha 29 de marzo de 2012 siendo admitida la misma mediante auto de fecha 02 de abril de 2012 y ordenándose la notificación de la Procuraduría General de la República, Fiscal del Ministerio Público en Materia Contencioso Administrativo, Inspector del Trabajo en el Distrito Capital, Sede Norte, Municipio Libertador y al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.

Gestionadas las notificaciones pertinentes, en fecha 10 de mayo de 2012, este Juzgado dictó auto en el cual se ordena la notificación del beneficiario de la Providencia Administrativa, cuya resulta fue negativa, razón por la cual se dictó auto en el cual 08 de junio de 2012, en el cual se instó a la representación judicial de la parte recurrente a los fines que se sirva consignar la dirección exacta del beneficiario de la Providencia Administrativa.

Luego, en fecha 10 de junio de 2013, la representación del Ministerio Público, consignó escrito en el cual solicita que este Juzgado declare la perención de la instancia.

Establecida la anterior secuencia procesal, este Tribunal se pronuncia al respecto, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

II. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente bajo análisis, observa esta Juzgadora que la ultima actuación de la parte recurrente se realizó el día 23 de marzo de 2012, oportunidad en la cual interpuso el presente recurso de nulidad tal y como se evidencia al folio veintitrés (23) del expediente, igualmente se observa que la ultima actuación procesal del Tribunal consta inserta al folio cuarenta y ocho (48) del expediente y es de fecha 08 de junio de 2012, razón por la cual este Tribunal considera que desde la última actuación de impulso procesal de las partes hasta la presente fecha, ha transcurrido un lapso superior a un año sin que ninguna de las partes realizara acto de procedimiento alguno que denotare su interés en la continuación del curso normal de la causa. En este sentido, resulta pertinente destacar lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, relacionado con la Perención de la Instancia, que al respecto dispone:
Artículo 41 “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después del a declaratoria.”

Asimismo, es necesario señalar que en cuanto a la forma como debe realizarse el cómputo del lapso de perención de la instancia, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 1724, de fecha 30 de junio de 2010, caso: Yaritza Del Carmen Acosta Contra Companía Anónima Nacional Teléfonos De Venezuela (C.A.N.T.V.), estableció que se deben excluir los lapsos en los cuales haya estado suspendida la causa y no sea imputable a las partes así como los lapsos correspondientes a vacaciones judiciales, vacaciones decembrinas, al respecto la mencionada sentencia señal:
“…Así las cosas, se observa que en el presente caso la última actuación de las partes antes de la suspensión de la causa por las razones antes señaladas, se verificó el 13 de agosto de 2002 y ciertamente es el 14 de enero de 2004 cuando se practica una nueva actuación de las partes en el expediente, es decir, transcurrió 1 año y 5 meses de inactividad. Sin embargo, a este período deben descontársele los aludidos plazos muertos o inactivos y aquellos en los que la causa estuvo suspendida por causas legales no imputables a las partes.

En tal sentido, consta en autos que en fecha 7 de mayo de 2003 el alguacil dejó constancia en autos de la notificación practicada a la Procuraduría General de la República, en el día 6 del mismo mes y año, con lo cual a partir de la referida fecha la causa estuvo suspendida durante 90 días. Previamente, y tal como consta de la certificación de cómputo que corre inserta en el expediente (folios 417 y 435), había transcurrido 1 mes (del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2002) y 14 días (del 24 de diciembre de 2002 al 6 de enero de 2003), correspondientes a las vacaciones judiciales. Igualmente, 1 mes y 12 días (del 9 de julio de 2003 al 21 de agosto de 2003), en el cual, según resolución emanada de la rectoría civil, se acordó no despachar por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así como también 14 días (del 24 de diciembre de 2003 al 6 de enero de 2004), correspondientes al período de vacaciones judiciales. Estos períodos en total suman 6 meses y 10 días, que deben ser descontados del tiempo durante el cual se materializó la inactividad de las partes…”

Por otro lado debe resaltarse que para evitar que se materialice la perención, las partes deberán impulsar el procedimiento, con actos de tal naturaleza que evidencien su interés en obtener la resolución de la controversia, tal como lo expone la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 195 del 16 de febrero de 2006, con ponencia de la Magistrado Luisa Estela Morales Lamuño, Caso Suelatex, C.A. (Ramírez & Garay, Tomo CCXXX. 2006. Pp. 395), cuando señala:
“La perención de la instancia es entonces una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, en cualquier grado de conocimiento jurisdiccional, en ausencia de actos procesales de impulso dimanados de las partes – tanto actor como demandado – en litigio, ello como principio general ante la ausencia de regulación especial”.

Luego del análisis de una serie de situaciones fácticas, la Sala Constitucional, en la misma sentencia in comento, decidió:
“El siguiente acto procesal lo constituye el auto del 29 de marzo de 2004, por el cual el Juez Cuarto Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas se avocó al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de las partes para proceder a dictar sentencia dentro de los sesenta días siguientes a la práctica de la última de éstas (…). Tal actuación no fue instada por alguna de las partes involucradas en el litigio y no consta que la misma haya sido impulsada con posterioridad por éstas, de lo cual no puede concluirse que la misma fuese idónea para interrumpir la perención por inactividad de la parte, en los términos del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”.

Concluyendo, la Sala Constitucional estableció que al no evidenciarse de las partes acto de impulso ante el órgano jurisdiccional destinado a la consecución del procedimiento, debe declararse la Perención de Oficio por el Juez de la causa. En tal sentido y del análisis de las actas que conforman el presente expediente, se observa que la última actuación de parte la recurrente fue el día 23 de marzo de 2012, la cual riela al folio veintitrés (23) del expediente contentivo de la presente causa, en tal sentido y sin que se evidencie del expediente que con posterioridad a esa fecha haya realizado actuación de impulso procesal, debe concluirse forzosamente que entre la fecha de la última actuación de las partes hasta la oportunidad en que se dicta el presente fallo ha transcurrido más de un año sin impulso procesal de parte, razón por la cual y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en consonancia con la doctrina sentada por las Salas Constitucional y Social del Tribunal Supremo de Justicia antes parcialmente transcritas, es por lo que debe declararse la Perención de Oficio en el presente procedimiento, así como la terminación del presente expediente y el cierre informático del mismo. Así se Decide.

III. DISPOSITIVO
Así las cosas, con fundamento en los artículos ut supra y en estricto acatamiento a las sentencias parcialmente trascritas, este JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el recurso de nulidad de acto administrativo de efectos particulares interpuesto por la Sociedad Mercantil Laboratorios Behrens contra la Providencia Administrativa signada con el No. 522-2011 de fecha 26 de septiembre de 2011 emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Sede Norte, Municipio Libertador, plenamente identificados en autos.

Se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, notificación a la cual se adjuntará copia debidamente certificada del presente fallo. Expídanse copias certificadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación supletoria conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se establece.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dado, Sellado y Firmado, en la Sala de Despacho del JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. En la ciudad de Caracas, a los seis (06) días del mes de agosto del año dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.-.
Abg. ALBA TORRIVILLA
LA JUEZ

Abg. CARLOS MORENO
EL SECRETARIO

ASUNTO: AP21-L-2012-000094