Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas Caracas, 20 de diciembre de 2013 203º y 154º SENTENCIA DEFINITIVA Nº 1690 Asunto antiguo: 1926 Asunto nuevo: AF47-U-2003-000007 En fecha 28 de agosto de 2002, el ciudadano Yeudis Farias, titular de la cédula de identidad N° V-11.519.959, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 82.183, actuando en el carácter de apoderado judicial de la contribuyente INVERSIONES PARKIMUNDO, C.A. inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de septiembre de 1995, bajo el N° 44, tomo 427-A, interpuso recurso contencioso tributario, contra el Sumario Administrativo contenido en la Resolución N° DAT230-08/02, de fecha 16 de agosto de 2002, emanada de la Dirección de Hacienda de la Alcaldía del Municipio Turístico el Morro (Municipio Urbaneja Estado Anzoátegui), la cual sancionó a la empresa recurrente con la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 7.501.299,73). El 10 de septiembre de 2002, se recibió la presente causa del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, y en fecha 23 de septiembre de 2002, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el N° 1926, ordenándose notificar a los ciudadanos Procurador, Contralor y Fiscal General de la República, Alcalde y Síndico Procurador Municipal de la Alcaldía del Municipio Turístico el Morro (Municipio Urbaneja Estado Anzoátegui) asimismo se libró comisión al ciudadano Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los fines de la notificación de la recurrente. Así, los ciudadanos Procurador, Contralor y Fiscal General de la República, fueron notificados en fechas 1º, 12 y 14 de noviembre de 2002, respectivamente, siendo consignadas las respectivas boletas de notificación en fechas 15 de enero de 2003. En fecha 31 de julio de 2003, el abogado Yeudis Farias, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 82.183, actuando en el carácter de apoderado judicial de la contribuyente INVERSIONES PARKIMUNDO, C.A., mediante diligencia solicitó se recabe la comisión. En fecha 31 de julio de 2002, se recibió comisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a través de la cual se remite la boleta de notificación del Alcalde y Síndico Procurador Municipal de la Alcaldía del Municipio Turístico el Morro (Municipio Urbaneja del Estado Anzoátegui). En fecha 21 de octubre de 2004, el abogado Yeudis Farias, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 82.183, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente INVERSIONES PARKIMUNDO, C.A., mediante diligencia solicitó se practique la notificación del Alcalde y Síndico Procurador Municipal de la Alcaldía del Municipio Turístico el Morro (Municipio Urbaneja del Estado Anzoátegui). II MOTIVACIONES PARA DECIDIR Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente INVERSIONES PARKIMUNDO, C.A., contra Resolución N° DAT230-08/02, de fecha 16 de agosto de 2002, emanada de la Dirección de Hacienda de la Alcaldía del Municipio Turístico el Morro (Municipio Urbaneja del estado Anzoátegui), la cual sancionó a la empresa recurrente con la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 7.501.299,73), no obstante, se observa que desde el día 21 de octubre de 2004, fecha en la cual la representación de la contribuyente solicitó mediante diligencia recabar la comisión (folios 60 al 61 del expediente judicial), hasta el día de hoy 20 de diciembre de 2013, la contribuyente accionante no realizó acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso. En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en el cual se estableció lo siguiente: “…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”). El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente: “(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal). Siendo así, en el presente caso se observa que desde el día 21 de octubre de 2004, fecha en la cual la representación de la contribuyente solicitó mediante diligencia recabar la comisión (folios 60 al 61 del expediente judicial) hasta el día de hoy 20 de diciembre de 2013, la contribuyente accionante no realizó acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso, durante nueve (09) años, un (01) diecisiete (17) días, por lo que indudablemente, conforme al criterio precedentemente transcrito, se presume la pérdida del interés procesal por parte de la INVERSIONES PARKIMUNDO, C.A., en que se dicte sentencia, quedando así extinguida la presente causa. Así se declara. Como consecuencia de la declaratoria anterior, este Tribunal no entra a pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DEL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al jerárquico por el la ciudadano Yeudis Farias, titular de la cédula de identidad N° V-11.519.959, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 82.183, actuando en el carácter de apoderado judicial de la contribuyente INVERSIONES PARKIMUNDO, C.A.. Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. De igual forma notifíquese a la Fiscal General de la República, al Alcalde y Sindico Procurador Municipal de la Alcaldía del Municipio Turístico el Morro (Municipio Urbaneja del Estado Anzoátegui) y a la accionante INVERSIONES PARKIMUNDO, C.A., de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 277 del Código Orgánico Tributario. Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro máximo Tribunal de Justicia (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación. La Juez, Lilia María Casado Balbás El Secretario, José Luis Gómez Rodríguez En el día de despacho de hoy veinte (20) del mes de diciembre de dos mil trece (2013), siendo las once y veintiocho minutos de la mañana (11:28 am), se publicó la anterior sentencia. El Secretario, José Luis Gómez Rodríguez Asunto antiguo: 1926 Asunto nuevo: AF47-U-2002-000007 LMCB/JLGR/gr.