REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS EN FUNCION ITINERANTE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Año 203° y 154º PARTE DEMANDANTE: GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION DE VENEZUELA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 15 de Diciembre de 1987, bajo el N° 53, Tomo 80-A. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogados HENRY TORREALBA LEDESMA y GABRIEL DE JESUS GONCALVES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 11.568 y 71.182, respectivamente. PARTE DEMANDADA: META DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS, S.A., domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 19 de Marzo de 1981, bajo el N° 66, Tomo 19-A-Pro. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados ALBERTO SUZIN Y ROSSANA CORDARO CASTILLO inscritos en el inpreabogado bajo los números 249 y 81.368, respectivamente. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO (APELACIÓN) EXPEDIENTE Nº: 12-0712 -I- SINTESIS DEL PROCESO Se inicia el presente proceso por RESOLUCIÓN DE CONTRATO incoado por los abogados HENRY TORREALBA LEDESMA y GABRIEL DE JESUS GONCALVES, apoderados judiciales de la sociedad mercantil GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION DE VENEZUELA, C.A., en contra de la Sociedad Mercantil META DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS S.A., la cual fue debidamente admitida en fecha 22 de febrero de 2000, por el Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Mediante diligencia de fecha 22 de febrero de 2001, el apoderado judicial de la parte actora consignó copia del ejemplar del periódico en el cual aparece publicado el cartel de notificación. En fecha 20 de Marzo del 2001, la Secretaria dejó constancia en el expediente que se trasladó a la dirección del demandado señalada por la parte actora y fijó ejemplar del cartel de notificación publicado en prensa. Por diligencia de fecha 17 de abril de 2001, el apoderado judicial de la parte actora solicitó el nombramiento de defensor Ad Litem. En fecha 20 de abril del 2001, se le designó defensor judicial a la parte demandada. En fecha 01 de junio del 2001, compareció el Abogado FRANCISCO BRAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el N 9.851, procediendo en su carácter de Representante Judicial de la Sociedad Mercantil META DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS, S.A., parte demandada en el presente juicio, quien otorgó poder especial a los abogados ALBERTO SUZIN Y ROSANNA CORDARO CASTILLO inscritos en el inpreabogado bajo los números 249 y 81.368, respectivamente, para que representen los derechos de su representada en el presente juicio. Mediante escrito de fecha 01 de junio de 2001, la parte demandada Contesto, negó, rechazó y contradijo la demanda. Luego de Suspender y reanudar las causas en repetidas ocasiones ambas partes mediante sus apoderados Judiciales promovieron pruebas, las cuales fueron admitidas sin ninguna condición en fechas 14 y 20 de mayo del año 2001, respectivamente. En fecha 11 de junio del 2002, el Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas sentenció la causa, declarando con lugar la demanda intentada por GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION DE VENEZUELA, C.A. En fecha 13 de junio de 2002, mediante diligencia compareció la abogada Rossana Cordaro quien apelo la sentencia. En fecha 08 de julio del 2002, el Tribunal oyó en ambos efectos la apelación interpuesta, y ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor de Turno). Mediante Resolución N° 2012-0033, de fecha 28 de Noviembre de 2012, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, prorrogó por un (01) año, la competencia atribuida a estos Juzgados Itinerantes. Por auto de fecha 22 de enero de 2013, el Tribunal dejó expresa constancia de haber cumplido con las formalidades para la notificación de las partes, y pasa a dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones. -II- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión de la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al instituto procesal que se ha denominado “extinción o decaimiento de la acción”. En tal sentido, ha establecido la Sala Constitucional en sentencia Nº 956 del 1 de junio de 2001 (Caso: Fran Valero González), lo siguiente: “La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que le sentencien, por ello ni incoa un amparo a este fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda. (…) No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella siga vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación? A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de ocurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. (…) De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado en término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción.” De otra parte, observa este Tribunal que la pretensión deducida por el accionante se refiere propiamente a una acción personal, específicamente una Resolución de Contrato (Apelación). Vale decir, que el derecho controvertido está sometido al lapso de prescripción de diez (10) años, establecido en el artículo 1.977 que literalmente establece: “Artículo 1977.- Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley”. De los razonamientos precedentemente expuestos, concluye este Juzgador que en este proceso ha decaído el interés del accionante, ya que la última diligencia de parte fue el día 25 de Junio de 2002, lo que pone de manifiesto su inactividad procesal por un lapso superior al de la prescripción del derecho deducido. Y ASÍ SE DECIDE.- -III- DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DECAIDO EL RECURSO DE APELACION de fecha 25 de junio del 2002, interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 11 de junio de 2002, dictada por el Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por aplicación analógica de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas en esta decisión. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas en Función Itinerante de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013). EL JUEZ, CESAR HUMBERTO BELLO EL SECRETARIO ENRIQUE GUERRA En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20 p.m.).- EL SECRETARIO, ENRIQUE GUERRA Exp. 12-0712 (Itinerante) CHB/EG/.