REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 23 de enero de 2013 202º y 153º ASUNTO: AP11-V-2012-000664 PARTE ACTORA: Ciudadana ANA MIREYA MONTILLA SULBARAN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-954.470. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: OLGA BEATRIZ MENIN CARRILLO, NANCY HURTADO CONTRERAS y ORLANDO RODRÍGUEZ M., abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 5.271, 27.425 y 29.490, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Ciudadana GREGORIA JOSEFINA PIÑATE IZTURIS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad número V-6.792.692. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos que haya constituido apoderado judicial. MOTIVO: NULIDAD DE MATRIMONIO SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza de Definitiva (Perención de la Instancia). I ANTECEDENTES Vistas las actas procesales que conforman este expediente, este Juzgado pasa a hacer las siguientes consideraciones: PRIMERO: Este proceso se inició mediante libelo de demanda presentado por los abogados OLGA BEATRIZ MENIN CARRILLO, NANCY HURTADO DE RODRIGUEZ y ORLANDO RODRÍGUEZ M., inscritos en el Inpreabogado bajo los números 5.271, 27.425 y 29.490, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ANA MIREYA MONTILLA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº v-954.470, en fecha 02 de octubre de 2012, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien previo sorteo lo distribuyó a este Juzgado para su conocimiento y sustanciación. En fecha 19 de junio de 2012, este Juzgado dictó auto de admisión ordenándose la citación de la ciudadana GREGORIA JOSEFINA PIÑATE IZTURIS, antes identificada, se libró Edicto, y así mismo se instó a la parte interesada a que consigne los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa. Posteriormente a ello, no se verifica en autos el impulso procesal que merece la fase de citación en este procedimiento, aunado a que la parte actora interesada no gestionó dentro del lapso de Ley el pago de los emolumentos correspondientes para la practica de la citación, por lo que se infiere que transcurrieron mas treinta (30) días de inactividad procesal contemplada en nuestra legislación. SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- …”También se extingue la instancia : 1. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.(...).” De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de treinta días sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” Así mismo, es importante señalar el criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en la Sala de Casación Civil, en el fallo de fecha 06 de Julio de 2004, por el Magistrado Ponente CARLOS OBERTO DE VELEZ, en el caso José Ramón Barco Vásquez contra la Sociedad Mercantil Seguros Caracas Liberty Mutual, en el cual se señala que si bien es cierto que hoy en día rige el principio constitucional de la gratuidad de la justicia, también es cierto que es necesario que la parte demandante suministre al Alguacil del tribunal los recursos económicos necesarios, a los fines de que el mismo cumpla la función que por Ley le ha sido asignada, lo cual lo estableció la Sala textualmente en los términos siguientes: “...No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando esta haya de practicarse en un sitio que diste mas de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el articulo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso publico. Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia anta la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreara la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicara para las demás que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece....” .- Ahora bien, en este caso se observa que por parte del juez no se ha producido una inactividad luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la Perención de la Instancia, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE. TERCERO: Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. Y ASÍ SE DECIDE. CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 23 días del mes de enero de 2013. Años 202º y 153º. El Juez, Abg. Carlos A. Rodriguez Rodriguez El Secretario Accidental Abg. Luis Eduardo Rodriguez En esta misma fecha, siendo las 1:46 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario Accidental Abg. Luis Eduardo Rodriguez Asunto: AP11-V-2012-000664