REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 25 de enero de 2013
202º y 153º

ASUNTO: AH1C-X-2013-000005
PARTE DEMANDANTE: FÉLIX ENRIQUE VALENZUELA VELASQUEZ, mayor de edad, extranjero, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº E-81.624.252.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: NANCY BONANO y ELOISA FERNANDEZ, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 72.674 y 76.985, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: IRENE ANGELA BORTOLAZZO DE MORELLA, MARÍA RITA BORTOLAZZO DE PEREZ Y FREDDY ANTONIO BORTOLAZZO LAMBERTUCCI, todos mayores de edad, la primera extranjera y los dos siguientes venezolanos, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros. E-934.108, V-6.284.006 y V-5.305.595.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no consta en autos.

MOTIVO: NULIDAD DE CONTRATO (Pronunciamiento sobre Medida Cautelar)

I
DE LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS

La parte actora en su escrito libelar, solicitó medida cautelar en los siguientes términos:
“Así mismo solicitamos se nos acuerde y Decrete la medida Cautelar de prohibición de Enajenar y Grabar los inmuebles antes mencionado, conforme a lo establecido en el Ordinal 3º del Articulo 588, del Código de Procedimiento Civil...”

-II-
DE LAS MOTIVACIONES PARA DECIDIR


Planteada en los términos antes expuestos la petición cautelar interpuesta por la accionante, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la misma, con base a las siguientes consideraciones:
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Énfasis del Tribunal).

De la norma transcrita ut supra, se evidencia la instrumentalidad como característica esencial de las medidas preventivas, destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio, y la existencia de dos (2) requisitos para su procedibilidad, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama o fumus bonis iuris y, la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo denominado periculum in mora.

Por otra parte, solo se hace imperativo decretar la medida solicitada si se encontrasen satisfechos los extremos exigidos en el mencionado artículo 585, acción esta que se encuentra respaldada por la norma contenida en el artículo 601 ejusdem, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 601: Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución...” (énfasis añadido)
Conforme a las normas antes citadas se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo), que es la posibilidad de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que aún cuando esta pueda verificarse, no obstante el transcurso del tiempo se imponga al accionante una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva, lo que sería, en esencia, una razón justificable de la protección cautelar basada en la tardanza o dilación en administración de justicia, aún en los casos en que la misma sea alcanzada en los lapsos procesales preestablecidos o haciendo uso de procesos cuya duración sea breve y expedita y fummus bonis iuris (presunción de existencia del derecho), se encuentra constituido por una apreciación apriorística que debe efectuar el Juzgador sobre la pretensión deducida por el solicitante en base a lo alegado y a los documentos traídos a los autos.

En consecuencia por las razones antes expuestas, observa este Juzgado que si bien es cierto, las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medida, no es menos cierto que, para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos por la parte actora se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.

Atendiendo a lo antes razonado, vistos los alegatos esgrimidos por la parte actora y la documentación consignada por ésta, este Órgano Jurisdiccional observa que los extremos legales antes analizados se encuentran cubiertos, por ende, debe prosperar en derecho la medida cautelar solicitada sobre un inmueble de propiedad horizontal destinado a vivienda, que forma parte del edificio “Capiricual”, y el cual será descrito en la parte dispositiva del presente fallo. Y así expresamente se decide.-

-III-
DE LA DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le otorga la Ley, declara:

PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el inmueble que a continuación se detalla:
“Apartamento de propiedad horizontal destinado a vivienda, que forma parte del edificio “Capiricual”, construido sobre un lote de terreno situado en la Calle Este 10 Bis, Nº 89-2, El Conde, Parroquia San Agustín, del Municipio Libertador del Distrito Capital. La parcela de terreno municipal tiene una superficie aproximada de Trescientos Cuarenta y Cinco metros cuadrados (345 M2), y tiene los siguientes linderos: NORTE: Con terreno que es o fue del Centro Residencial El Conde. C.A., SUR: Con la calle este 10 bis a la cual da su frente. ESTE: Con terreno que son o fueron de la Urbanización El Conde. OESTE: Con terreno que son o fueron de la Urbanización El Conde. El referido apartamento consta de: estar-comedor, dos (02) dormitorios, cuarto de baño, cocina, cuarto de oficios. Sus linderos son los siguientes: NORTE: Fachada norte del edificio. SUR, fachada sur del edificio, ESTE: Ascensores, pasillos, escaleras, oficios, apartamento “A”. OESTE: Lindero oeste del edificio, tiene un área aproximada de sesenta metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (60,50 M2), se encuentra ubicado en el tercer piso. A dicho inmueble le corresponde un porcentaje del (5,4054 %), de las obligaciones de condominio”. Dicho inmueble le pertenece a la ciudadana ROSA LAMBERTUCCI DE BORTOLAZZO, mayor de edad, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 6.267.639, según consta de documento registrado por ante el Registro Publico del Segundo Circuito, Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 15 de Noviembre de 1978, bajo el Nº 11, Tomo 31, Folio 00, Protocolo Primero.-

SEGUNDO: A fin de practicar la medida acordada, se ordena librar oficio al Registro Publico del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital.

TERCERO: Se designa correo especial al ciudadano FÉLIX ENRIQUE VALENZUELA VELASQUEZ, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E-81.624.252.

CUARTO: Dada la naturalaza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.

Regístrese, Publíquese incluso en la página Web de este Juzgado, y Déjese Copia Certificada del Presente Fallo de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada, y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de La Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana De Caracas, en Caracas a los veinticinco (25) días del mes de Enero de Dos Mil Trece (2013). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación
LA JUEZ,


DRA. BELLA DAYANA SEVILLA JIMENEZ.
LA SECRETARIA,


ABG. JENNY VILLAMIZAR.

En esta misma fecha, siendo la 1:30 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. Asimismo se deja constancia que fue librado el respectivo oficio, dando cumplimiento así a lo ordenado en el presente decreto.

LA SECRETARIA,


ABG. JENNY VILLAMIZAR
BDSJ/JV/José (0)
Asunto: AH1C-X-2013-000005
Asunto Principal: AP11-V-2012-001340