REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL Mediante escrito presentado por ante el Juzgado Superior Distribuidor, en fecha 18 de noviembre de 2011, y recibido en este Órgano Jurisdiccional en fecha 24 del mismo mes y año, la ciudadana YSABEL CONTRERAS VALERA, titular de la cédula de identidad número de identidad número V.- 10.472.045, debidamente asistida por las abogadas LAURA CAPECCHI y LUISA GIOCONDA YASELLI PARÉS, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 32.535 y 18.205, respectivamente, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial con solicitud de medida cautelar, contra el CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA . En fecha 30 de noviembre de 2011, se dicto auto mediante el cual se ordeno REFORMULAR la presente querella. En fecha 23 de enero de 2012, se recibió la REFORMULACIÓN, ordenada mediante auto de fecha 30 de noviembre de 2011. En fecha 25 de enero de 2010, se admitió la reformulación de la querella funcionarial con solicitud de medida cautelar, interpuesta por la ciudadana YSABEL CONTRERAS VALERA, titular de la cédula de identidad número de identidad número V.- 10.472.045, debidamente asistida por la abogada LUISA GIOCONDA YASELLI PARÉS inscrita en el Inpreabogado bajo el número 18.205. Asimismo en fecha 30 de enero de 2012, se dictó auto mediante el cual se acordó emplazar mediante oficio al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, solicitándole los antecedentes administrativos del caso y el expediente personal de la ciudadana YSABEL CONTRERAS VALERA, titular de la cédula de identidad número de identidad número V.- 10.472.045, y notificar a los ciudadanos Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y al Director General o Representante Legal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a tal efecto se libraron oficios números 12-0101 y 12-0102 y 12-0103, dando cumplimiento a lo ordenado. I MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO Luego de una revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, considera necesario este órgano jurisdiccional hacer las siguientes consideraciones: Se entiende por perención de la instancia, el modo de extinguirse la relación procesal por la inactividad de las partes, durante cierto período de tiempo. Esta institución tiene por objeto, evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente en el tiempo, fundamentándose en una racional presunción deducida de la circunstancia que, correspondiendo a las partes dar vida y actividad a la demanda, la falta de impulso por parte de ellas, debe considerarse como un tácito propósito de abandonarla.- En tal sentido el maestro Borjas, en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, cita que la perención, en el derecho antiguo pudo considerarse únicamente como un remedio para poner término obligatorio a los litigios que amenazaran perpetuarse, y un castigo para la parte negligente de agitarlos, teniendo hoy por hoy su fundamento, en una presunción iuris, en el cual los litigantes han querido dejar el juicio en el estado que tenían cuando dejaron de activar su curso, renunciando, por implícito acuerdo a la instancia en que ha ocurrido la paralización.- La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone.- Con relación a esta figura jurídica, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…” En concordancia con la disposición antes transcrita, al artículo 268 eisdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso, adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.- A este respecto, la Sala Político Administrativa, en sentencia número 01855 de fecha 14 de agosto de 2001, estableció lo siguiente: El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: Falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto del procedimiento; entendido; además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. La sentencia parcialmente trascrita es clara en señalar dos condiciones objetivas que deben presentarse a fin de configurar la perención de la instancia como lo son: 1) la Falta de gestión procesal; y 2) la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo; debiendo concluirse en consecuencia que dicha figura jurídica, fue concebida por el Legislador como una sanción frente a la inactividad de los involucrados en impulsar el proceso, la cual implica el abandono del mismo y como un correctivo a la pendencia indefinida de estos, tendente a garantizar su desarrollo hasta la sentencia y su ejecución, que es una exigencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.- Ahora bien, hechas las consideraciones anteriores este Juzgado determina, que en el presente caso nos encontramos ante la consumación de lo que la doctrina llama perención ordinaria de la instancia, o más comúnmente perención de un año, en virtud que, al ser examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, se constató que el presente juicio, ha estado paralizado desde el 30 de enero de 2012, fecha en la cual se ordenó el emplazamiento mediante oficio al Procurador General de la República, solicitándole los antecedentes administrativos del caso y el expediente personal de la ciudadana YSABEL CONTRERAS VALERA, titular de la cédula de identidad número de identidad número V.- 10.472.045, así como la notificación de los ciudadanos Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y al Director General o Representante Legal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, por lo que tomando en consideración que la parte actora no ha realizado acto procesal tendiente agilizar el impulso del proceso, resulta forzoso para este Tribunal, declarar de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, por haber transcurrido un lapso superior al de un año, sin que durante ese lapso las partes hubieren realizado acto posterior alguno del procedimiento.- Por cuanto consta en el expediente domicilio procesal, se ordena notificar, mediante boleta, a la parte recurrente la presente decisión, quedando de esta forma garantizado el derecho a ejercer el recurso de apelación.- Por último, se dejan sin efecto los oficios números 12-0101 y 12-0102 y 12-0103, dirigidos a los ciudadanos Procurador General de la República, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Director General o Representante Legal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; se ordena anexarlo a las actas del expediente II DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del recurso contencioso administrativo funcionarial con solicitud de medida cautelar, interpuesto por la ciudadana YSABEL CONTRERAS VALERA, titular de la cédula de identidad número de identidad número V.- 10.472.045, debidamente asistida por las abogadas LAURA CAPECCHI y LUISA GIOCONDA YASELLI PARÉS, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 32.535 y 18.205, contra el Cuerpo de POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los veintisiete ( 27 ) días del mes de febrero de dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación.- DR. ALEJANDRO GÓMEZ EL JUEZ ABG. HERLEY PAREDES LA SECRETARIA En esta misma fecha, se libró boleta de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado, y siendo las se publicó la anterior decisión, quedando registrada bajo el Nº .- ABG. HERLEY PAREDES LA SECRETARIA Exp. Nº 06871. AG/HP/da.