REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS EN FUNCION ITINERANTE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Años 202° y 153º PARTE DEMANDANTE: PEDRO ALCANTARA SIFONTES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 4.361.716. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ELIZABETH MELENDEZ y MANUEL BARRETO venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 28.554 y 53.340, respectivamente. PARTE DEMANDADA: REBECA LUNA SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-3.241.167. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: CARLOS JOSE OSUNA MEDINA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, abogado e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 28.033. MOTIVO: INTERDICTO CIVIL. EXPEDIENTE Nº: (AH13-V-1998-000071 CAUSA) (12-0067 ITINERANTE). -I- ANTECEDENTES Se inició el presente procedimiento de interdicto civil, por solicitud interpuesta por los abogados ELIZABETH MELENDEZ y MANUEL BARRETO, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano PEDRO ALCANTARA SIFONTES, la cual en fecha 01 de Abril de 1998, fue recibida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y ordenó comprobar los extremos de Ley, a los fines de proveer lo conducente. En fecha 06 de abril de 1998, (f.35) se constituyó el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en donde fue evacuada la Inspección judicial promovida por el solicitante. En fecha 21 de abril de 1998, (f.38) el referido Juzgado decretó Amparo Provisional sobre la posesión del derecho de acceso a la tercera planta de la casa ubicada en la Calle Coromoto N° 52-A, Sector Los Frailes de Catia, de conformidad con lo establecido en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil, y ordenó la remoción de parte de la construcción. En fecha 08 de agosto de 1998, (f.49) compareció el ciudadano abogado CARLOS JOSE OSUNA MEDINA, y consignó instrumento poder que acredita la representación de la ciudadana REBECA LUNA SANCHEZ FLORES. La Representación Judicial de la parte demandada consignó en fecha 11 de mayo de 1998, (f.52 al 54) escrito de contestación a la demanda. En fecha 21 de mayo de 1.998, (f.67 al 69) la Representación judicial de la parte demandada consignó nuevamente escrito de contestación a la demanda, y alegó entre otras defensas la falta de cualidad o la falta de interés en el actor. Mediante diligencia de fecha 21 de mayo de 1.998, (f.87) la representación judicial de la parte actora consignó escrito de promoción de pruebas. Por auto de fecha 26 de mayo de 1.998, (f.89) el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió escrito de pruebas presentado por la parte actora. Por auto de fecha 27 de mayo de 1.998, (f.90) el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió escrito de pruebas presentado por la parte demandada. En fecha 01 de junio de 1.998, (f.109) la representación judicial de la parte demandada consignó escrito en el cual promovió testimonial. Por auto de fecha 02 de junio de 1.998, (f.114) el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió escrito de pruebas presentado por la parte demandada. Mediante diligencia de fecha 04 de junio de 1.998, (f.120) la representación judicial de la parte actora consignó escrito de alegatos. En fecha 17 de junio de 1.998, (f.131 al 132) la representación judicial de la parte demandada consignó escrito en el cual solicitó desecharan la prueba de justificativo de testigo, entre otras observaciones. Mediante diligencia de fecha 17 de junio de 1.998, (f.133) la representación judicial de la parte demandada solicitó, la devolución de originales de documentos consignados en el expediente. Por auto de fecha 16 de septiembre de 1.998, (f.134) el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas acordó lo solicitado en fecha 17 de junio de 1.998 por la parte demandada. Por último, debe establecerse que en virtud de la resolución No 2011-0062, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 Noviembre de 2011 correspondió a este Juzgado el conocimiento de la presente causa, el cual procedió a abocarse al conocimiento de éste asunto. Estando todas las partes debidamente notificadas del abocamiento de quien aquí decide y transcurridos los lapsos legales pertinentes, esta Alzada pasa a decidir el mérito de este asunto, previas las siguientes consideraciones. -II- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Planteados los hechos y luego de haberse efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, el tribunal observa: 1.) La causa se encuentra paralizada en estado de sentencia desde el día 17 de Junio de 1998, sin actividad procesal de las partes. 2.) La pretensión trata de una acción personal por interdicto de Amparo planteada por el ciudadano PEDRO ALCANTARA SIFONTES, contra REBECA LUNA SANCHEZ. En razón de la dilación procesal en este juicio, el Tribunal observa, que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se materializa mediante el ejercicio de la acción con la demanda. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Al respecto señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, en sentencia de fecha 25 de marzo de 2008, Exp. Nº 05-1998, que: “… respecto a la pérdida de interés procesal, esta Sala mediante fallo Nº 2673/2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos”), señaló lo siguiente: “… En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. En resumen, se aprecia que esta Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o; ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, si rebasa los términos de prescripción del derecho objetivo. Negrita, subrayado y cursiva de este Tribunal. En línea con lo expuesto señaló el maestro italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.” Del precedente jurisprudencial y de la doctrina citada se colige que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. En razón de ello ha de manifestarse de la demanda, solicitud o recurso y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe. En el presente caso, aprecia este jurisdicente que ha transcurrido un lapso de más de trece (13) años, desde que el apoderado judicial de la parte querellante, compareció por última vez a la causa, esto fue el 17 de junio de 1998, sin que las partes instaran la continuación del procedimiento, ni mucho menos insistir en sus pretensiones. Asimismo, se constata que las partes no instaron para que el pronunciamiento ocurriese, pues desde que el apoderado judicial de la parte querellante, compareció a la causa, no se realizó acto alguno en el proceso que demostrara interés en la decisión del mismo, lo que denota una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado. De acuerdo con lo expuesto, y visto que la pérdida del interés procesal se produjo en la etapa de sentencia, rebasando el término de prescripción del derecho subjetivo a tenor de las previsiones del artículo 1977 del Código Civil, resulta forzoso para este Tribunal declarar la PÉRDIDA DEL INTERÉS EN PROSEGUIR CON EL RECURSO, y por ende, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO. De los razonamientos precedentes expuestos, concluye este Juzgador que en este proceso ha decaído el interés del accionante, lo que se pone de manifiesto tras apreciar su inactividad procesal por un lapso holgadamente superior al de la prescripción del derecho deducido, y así se decide. -III- DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DECAIDA LA ACCIÓN que originó este proceso judicial. Por aplicación analógica de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas en esta decisión. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas en Función Itinerante de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de Febrero del Año Dos mil Trece (2013). EL JUEZ, CESAR HUMBERTO BELLO EL SECRETARIO ENRIQUE GUERRA En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (02:40 p.m.).- EL SECRETARIO, ENRIQUE GUERRA Exp. 12-0067 (Itinerante) Exp. AH13-V-1998-000071 CHB/EG/.