Expediente No. AP31-V-2011-001334 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO QUINTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA IBIZA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 24 de agosto de 1.990, bajo el Nro. 37, Tomo 78-A-Sgdo.. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Ciudadano LEOPOLDO MICETT CABELLO, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 50.974. PARTE DEMANDADA: Ciudadano LIBIA MARGARITA SUAREZ PABUENCE, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-5.666.706. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: (Sin representación judicial acreditada en autos). MOTIVO: Cobro de Bolívares. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (Perención) - I - Se inició el presente juicio mediante libelo de demanda presentado en fecha 18 de mayo de 2.011, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en los Cortijos, relativo al juicio que por COBRO DE BOLIVARES, sigue ante este Juzgado la sociedad mercantil ADMINISTRADORA IBIZA C.A., contra la ciudadana LIBIA MARGARITA SUAREZ PABUENCE, previamente identificadas. Por auto de fecha 17 de junio de 2.011, este Tribunal admitió la demanda y ordenó la citación de la parte demandada, para que compareciera por ante este Juzgado al segundo (2do) día de despacho siguiente a la constancia en autos de su citación, a fin de dar contestación a la demanda. En fecha 12 de julio de 2.011, compareció la parte actora y mediante diligencia consignó escrito de reforma de la demanda; la cual fue admitida por este Tribunal en fecha 15 de julio de 2.011, ordenándose la citación de la parte demandada. En fecha 26 de julio de 2.011, compareció la representación judicial de la parte actora y mediante diligencia dejó constancia de haber cancelado los emolumentos al Alguacil encargado de practicar la citación de la parte demandada. Asimismo, consignó los fotostatos respectivos para que se libre la compulsa de citación. Por auto de fecha 01 de agosto de 2.011, este Juzgado libró la respectiva compulsa de citación. En fecha 11 de agosto de 2.011, compareció el ciudadano Alguacil Douglas Vejar, encargado de practicar la citación de la parte demandada, y mediante diligencia consignó la compulsa sin firmar, toda vez que no pudo ser atendido por persona alguna en la dirección suministrada. - II MOTIVACIONES PARA DECIDIR El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la cusa, no producirá la perención. (Subrayado y resaltado del Tribunal) Igualmente, establece el artículo 269 eiusdem: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente”.- Al respecto, el Dr. Rengel Romberg ha manifestado su criterio, al señalar: “La perención de la Instancia es una figura que extingue el proceso no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo” Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: “…Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”. En este sentido, quien aquí sentencia observa que en el proceso civil rige el Principio Dispositivo, por medio del cual la Ley atribuye a las partes cargas y obligaciones que se reflejan en la realización de determinados actos que conllevan a satisfacer su pretensión, y la no realización de los mismos trae como consecuencia la paralización y extinción de la causa, materializándose así, una sanción a todo aquel que a través de una demanda, ponga en movimiento el aparato jurisdiccional y luego se abstenga de impulsar el proceso. Asimismo, la figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso. Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales. Ahora bien, de una revisión efectuada a los autos, se pudo constatar la existencia de los requisitos indispensables para considerar que una causa está extinguida, siendo que desde el día 11 de agosto de 2.011, exclusive, fecha en que el Alguacil encargado de practicar la citación de la parte demandada consignó las resultas de la misma, hasta la presente fecha, inclusive, ha transcurrido más de un (01) año sin que la parte actora haya ejecutado ningún acto del proceso, razón por la que se han cumplidos los lapsos de ley y se ha verificado de derecho la perención de la instancia por haber transcurrido evidentemente más de un (01) año, conforme a lo dispuesto en el citado Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Y ASI EXPRESAMENTE SE DECLARA.- - III - DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el presente juicio que, por COBRO DE BOLIVARES, siguió ante este Juzgado la sociedad mercantil ADMINISTRADORA IBIZA C.A., contra la ciudadana LIBIA MARGARITA SUAREZ PABUENCE, ambas suficientemente identificadas en el texto del presente fallo. SEGUNDO: de conformidad con lo previsto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay lugar a costas. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente Decisión en el copiador de sentencias correspondiente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO QUINTO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil trece (2.013). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. LA JUEZ, YECZI PASTORA FARÍA DURÁN EL SECRETARIO, AILANGER FIGUEROA CORDOVA. En esta misma fecha siendo las 3:15 p.m., se publicó y registró la anterior Decisión. EL SECRETARIO, AILANGER FIGUEROA CORDOVA. YPFD/AFC/JuanC. Exp. AP31-V-2011-001334