REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 22 de julio de 2013
203º y 154º

ASUNTO: AH18-M-2005-000019

DEMANDANTE: El ciudadano MAURICE ADJIMAN KUPER, mayor de edad, venezolano, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-13.945.917.

DEMANDADO: La ciudadana LUCIEL LICENIA ALTUVE GARCÍA, mayor de edad, venezolana, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-16.023.362.

APODERADOS: Por la parte actora los abogados ejercicio Maurice Adjiman Kuper y Alfredo Adjiman Almosny, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nºs 97.643 y 10.218 respectivamente. La parte demandada no tiene apoderado judicial constituido en autos se le designó Defensor Judicial en la persona del abogada Marcos Colan, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 36.039.

MOTIVO: Cobro de Bolívares (Intimación).

– I –
Antecedentes

Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda presentado en fecha 09 de Agosto de 2005, ante el Juzgado distribuidor de Primera Instancia, por el abogado Maurice Adjiman Kuper, quien actuando en su propio nombre y representación, demanda a la ciudadana Luciel Licenia Altuve García, por Cobro de Bolívares por el procedimiento de Intimación establecido en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 05 de Octubre de 2005, previa la consignación de los instrumentos fundamentales de la presente causa, se Admitió la presente Demanda, y de conformidad con lo establecido en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil se acordó la intimación de la parte demandada.

En fecha 02 de Noviembre de 2005, se acordó el resguardo en la caja fuerte de este Tribunal del documento fundamental de la presente demanda, asimismo se libró boleta de intimación.

Previa la consignación de los emolumentos respectivos, el ciudadano Alguacil de este tribunal fecha 01 de Marzo de 2006, dejó constancia de su imposibilidad de practicar la intimación personal de la parte demandada, a cuyo efecto consigno la boleta de intimación sin firmar.

Por auto de fecha 04 de Abril de 2006, a solicitud de la parte actora, se acordó la intimación de la parte demandada mediante cartel, librándose en esa misma fecha el respectivo cartel de intimación todo de conformidad con el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil.

Efectuada la publicación y consignación del referido cartel. En fecha 29 de Junio de 2006 el Secretario de este Tribunal, dejó constancia que se trasladado al domicilio de la demandada a fin de fijar el cartel de intimación, dejando constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante auto de fecha 16 de Mayo de 2007, se designo como Defensor Judicial de la parte demandada al abogado en ejercicio Marcos Colan, a quien se acordó notificar de su designación aceptara el cargo y prestara el juramento de ley y en caso contrario manifestara su excusa, librándose al efecto la respectiva Boleta de Notificación.

Efectuada la notificación del defensor judicial designado, este en fecha 27 de Junio de 2007, aceptó el cargo recaído en su persona y presto el juramento de ley correspondiente.

Por auto de fecha 17 de Septiembre de 2007, se acordó la intimación de la parte demandada en la persona del Defensor Judicial designado, librándose para ello la respectiva boleta. Así, mediante diligencia de fecha 24 de Octubre de 2007, el ciudadano Alguacil de este tribunal, consigno recibo de intimación debidamente firmado por el referido Defensor Judicial.

Mediante escrito de fecha 6 de Noviembre de 2007, suscrita por el abogado en ejercicio Marcos Colan, en su carácter de Defensor Judicial, consignó escrito de oposición al decreto intimatorio. Posteriormente, por escrito presentado en fecha 19 de Noviembre de 2007, el referido Abogado procedió a dar contestación al fondo a la demanda.

Por auto de fecha 09 de Enero de 2008, se agregó a los autos el escrito de Promoción de Pruebas, consignado en fecha 12/12/2007, por el apoderado judicial de la parte actora. Pruebas estas que fueron admitidas en fecha 11 de Enero de 2008.

Por auto de fecha 21 de Septiembre de 2009, quien suscribe se avocó al conocimiento de la presente causa.

En fecha 22 de marzo de 2010 la representación judicial de la parte demandada solicitó el avocamiento y posteriormente se dictara sentencia.

Después de esta última actuación, no se han observado en el expediente diligencia alguna por parte del demandante tendiente a seguir impulsado el decurso de la presente causa.

– II –

Efectuado como ha sido el examen de las actas que conforman el presente expediente, y con el objeto de verificar el estado del procedimiento, este Tribunal pudo constatar que la parte demandante no ha comparecido a objeto de gestionar los trámites tendientes a la continuación de la causa.

Así las cosas, resulta oportuno indicar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 956, de fecha 1º de junio de 2.001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), estableció en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna lo siguiente:

“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. (...) Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. (...). Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.(...) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.). La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. (...). La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído. ...(omisis)... (…)¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación? A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor... (..Omisis)..., tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción.” (Lo subrayado es de este Juzgado).

De igual manera, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2.009, expresó lo siguiente:

“…En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.”

Conforme a los criterios jurisprudenciales antes citados, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.

En el presente caso observó este Tribunal que una vez el ciudadano Juez de éste despacho se avocara al conocimiento de la presente causa en fecha 21 de septiembre de 2009, la parte actora en fecha 22 de marzo de 2010 solicitó el avocamiento y posteriormente se dictara sentencia, evidenciándose que hasta la presente fecha ha transcurrido por ante este despacho más de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento para la continuación del juicio, objetivamente, ello se traduce en la posibilidad de apreciar que el postulante ya no está interesado en activar el procedimiento o en impulsarlo hasta el estado en que haya de dictarse alguna resolución. Conducta omisiva que depende naturalmente de la voluntad de los justiciables, pero que afecta, sin duda, el normal desarrollo del servicio público de administración de justicia, por congestionar innecesariamente la actividad del Tribunal y distraer la atención del Juez sobre otros asuntos que sí la requieren, por lo que resulta forzoso para este Juzgado declarar el DECAIMIENTO de la acción por pérdida del interés procesal. En consecuencia, y de acuerdo con los postulados jurisprudenciales anteriormente citados, se declara terminado el presente procedimiento. Así se decide.

– III –
DECISIÓN

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

ÚNICO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN por pérdida del interés procesal, en el juicio que por Cobro de Bolívares (Intimación) intentó el ciudadano MAURICE ADJIMAN KUPER, contra la ciudadana LUCIEL LICENIA ALTUVE GARCÍA, todos ya identificados, y como consecuencia de ello, se da por terminado el presente procedimiento.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los veintidós (22) días del mes de julio del año 2013. Años: 203º y 154º.
El Juez,

Abg. César A. Mata Rengifo
La Secretaria

Abg. Inés Belisario Gavazut




En esta misma fecha, siendo las 1:23 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria

Abg. Inés Belisario Gavazut

CAMR/IBG/JAP