REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
202º y 153º
ASUNTO: AH1C-X-2013-000038
PARTE DEMANDANTE: CARLOS EDUARDO GUARDIA PINO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-6.023.002.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: NELSON FIGALLO, PRISCA MALAVE DE FIGALLO y JESSIKA ARCIA PEREZ, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nrosº 823, 21.555 y 97.210, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: MARITZA CASTRO ALVARADO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V- 6.398.965.
MOTIVO: ACCION MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO. (Pronunciamiento sobre Medida Cautelar)
I
DE LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS
La parte actora en su escrito libelar, específicamente del folio 13 al folio 17, ambos inclusive, solicitó la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar del inmueble que pertenece a la comunidad proveniente de la supuesta relación estable de hecho.
-II-
DE LAS MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Planteada en los términos antes expuestos la petición cautelar interpuesta por la accionante, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la misma, con base a las siguientes consideraciones:
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Énfasis del Tribunal).
De la norma transcrita ut supra, se evidencia la instrumentalidad como característica esencial de las medidas preventivas, destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio, y la existencia de dos (2) requisitos para su procedibilidad, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama o fumus bonis iuris y, la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo denominado periculum in mora.
Por otra parte, solo se hace imperativo decretar la medida solicitada si se encontrasen satisfechos los extremos exigidos en el mencionado artículo 585, acción esta que se encuentra respaldada por la norma contenida en el artículo 601 ejusdem, el cual establece lo siguiente:
“Artículo 601: Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución...” (énfasis añadido)
Conforme a las normas antes citadas se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo), que es la posibilidad de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que aún cuando esta pueda verificarse, no obstante el transcurso del tiempo se imponga al accionante una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva, lo que sería, en esencia, una razón justificable de la protección cautelar basada en la tardanza o dilación en administración de justicia, aún en los casos en que la misma sea alcanzada en los lapsos procesales preestablecidos o haciendo uso de procesos cuya duración sea breve y expedita y fummus bonis iuris (presunción de existencia del derecho), se encuentra constituido por una apreciación apriorística que debe efectuar el Juzgador sobre la pretensión deducida por el solicitante en base a lo alegado y a los documentos traídos a los autos.
En consecuencia por las razones antes expuestas, observa este Juzgado que si bien es cierto, las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medida, no es menos cierto que, para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos por la parte actora se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.
Atendiendo a lo antes razonado, vistos los alegatos esgrimidos por la parte actora y la documentación consignada por ésta, considera este Órgano Jurisdiccional que los extremos legales antes analizados se encuentran cubiertos, por ello es forzoso decretar la medida cautelar solicitada por la parte accionante y así se establecerá en el dispositivo del presente fallo. ASÍ SE DECLARA.-
-III-
DE LA DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Duodècimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le otorga la Ley, ha decidido:
Primero: DECRETAR MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el inmueble que a continuación se detalla:
“Una casa Quinta marcada “B”, construida sobre una parcela de terreno señalada con el No. 53, ubicada en la manzana “N” de la zona “R” de la urbanización el llanito, situado en el conjunto residencial denominado conjunto residencial “PARAMACAY”, Jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Miranda, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones consta suficientemente en el documento de condominio, protocolizada ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 16 de Octubre de 1978, bajo el no.06, tomo 23, protocolo primero. Dicho inmueble tiene una superficie aproximada de terreno de ciento setenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros (175,50 mts2) y un área de construcción de doscientos trece metros cuadrados con veintiséis decímetros (213,26 mts2) y consta de las siguientes dependencias. Planta baja: recibo, sala, comedor, cocina, dormitorio y baño de servicio, lavandero, patio y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: en once metros (11mts) con la esquina A del mismo conjunto; SUR: en once metros (11mts) con la quinta C del mismo conjunto; ESTE: en catorce metros (14 mts) con la parcela numero 52 de la urbanización el llanito; y OESTE: que es su frente, en catorce metros (14 mts), con callejón común del conjunto residencial PARAMACAY. Al mencionado inmueble le corresponde un porcentaje de condominio de treinta y tres por ciento (33%).-”
El inmueble antes descrito pertenece a la ciudadana MARITZA CASTRO ALVARADO, según consta en documento protocolizado ante el Registro Publico del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 16 de Mayo de 2007, anotado bajo el No. 45, tomo 19, del protocolo primero.
Segundo: A los fines de la práctica de la medida se ordena oficiar a la mencionada Oficina de Registro conforme a lo establecido en el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil. Provéase lo conducente.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.
Regístrese, Publíquese incluso en la página Web de este Juzgado, y Déjese Copia Certificada del Presente Fallo de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada, y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de La Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana De Caracas, en Caracas a los veintidós (22) días del mes de Julio de Dos Mil Trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación
LA JUEZ TEMPORAL
DRA. MILENA MARQUEZ CAICAGUARE.-
LA SECRETARIA ACC,
ABG. ARELYS DEPABLOS.-
En esta misma fecha, siendo las 10:30 a.m, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. Asimismo se deja constancia que fue librado el respectivo oficio, dando cumplimiento así a lo ordenado en el presente decreto.
LA SECRETARIA ACC,
ABG. ARELYS DEPABLOS.-
BDSJ/JV/FB-04
Asunto Principal: AH1C-X-2013-000038
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