Asunto: AH16-V-2006-000094 Asistente: JFG (04).- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 5 de junio de 2013.- Años 203º y 154º.- PARTE ACTORA: sociedad mercantil TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA C.A. inscrita ante el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 03 de octubre de 2001, bajo el Nº 25, Tomo 223-A-VII. REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogados RAIZA COROMOTO BATISTA, NAHIR GILLY DE NAVAS y PALMIRA HENRIQUEZ GRAFFE, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 39.617, 43.095 y 23.178, respectivamente. PARTE DEMANDADA: ciudadano LUÍS FELIPE CAMACHO RIVAS Venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-12.892.686.-. REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDA: no tiene apoderados judiciales constituidos en autos. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO.- -I- Se inicia el presente juicio mediante libelo de la demanda, presentado ante el Juzgado Distribuidor de Turno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 06 de noviembre de 2006 y previo sorteo correspondiente le correspondió conocer de la presente causa a este Juzgado. En fecha 17 de noviembre de 2006, este Juzgado dicto auto mediante el cual el cual se admite la presente demanda y se ordeno el emplazamiento de la parte demandada en la presente causa. En fecha 09 de noviembre de 2006, este Juzgado ordeno comisionar al Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Maracaibo, a fin de que el mismo se sirva practicar la citación de la parte demandada en la presente causa, siendo en esa misma fecha librado despacho de comisión y oficio. En fecha 24 de mayo de 2007, este Juzgado decreta medida de Secuestro sobre un vehiculo que se encuentra identificado en autos, librándose oficio a las autoridades correspondientes en esa misma fecha, siendo que posteriormente en fecha 30 de mayo de 2007, la parte accionante retira dicho oficio. En fecha 29 de septiembre de 2010, este Juzgado niega la devolución de los documentos originales, solicitada por la parte accionante en fecha 08 de abril de 2010 y 23 de septiembre de 2010. -II- Ahora bien, vistas las actuaciones que anteceden contenidas en el expediente y por cuanto no existen elementos sobre los cuales amerite el pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de visa la causa, no producirá la perención”. Igualmente, señala el artículo 269 ejusdem: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente”. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: “(…) Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer(…)”. La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso. Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales. El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. Ahora bien, se desprende del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que el legislador ha previsto con la misma sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía procesal, que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas. En el caso que nos ocupa, de una revisión realizada de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que desde el día 29 de septiembre de 2010, fecha en la cual este Juzgado negó la devolución de originales, la parte actora en la presente causa, no ha impulsado de manera alguna la continuación del proceso. En consecuencia y en virtud de las circunstancias antes señaladas, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio se ha producido la perención anual en razón de no haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en el transcurso de un año y así se decide.- -III- Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia se extingue la presente instancia. Todo de conformidad con lo establecido en artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido por haber transcurrido mas de un (1) año de inactividad entre las partes. No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Se acuerda la devolución de los documentos originales solicitados. Se suspende la medida de secuestro decretada por este Juzgado en fecha 24 de mayo de 2007. Publíquese, Regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los cinco (05) días del mes de junio del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación. EL JUEZ, Dr. LUÍS TOMAS LEÓN SANDOVAL EL SECRETARIO, Abg. MUNIR SOUKI URBANO En esta misma fecha, siendo las 9:03 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia. EL SECRETARIO, Abg. MUNIR SOUKI URBANO Asunto: AH16-V-2006-000094