REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Trigésimo (30°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 27 de junio de 2013
203º y 154º
EXPEDIENTE N° AP21-L-2013-000906
Vista la solicitud de calificación de despido presentada en fecha 14 de marzo de 2013, por el ciudadano ANGEL JESUS BLANCO JONES contra la CORPORACIÓN DE MERCADOS SOCIALISTAS, S.A. (COMERSO), y visto el escrito de solicitud de falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración, presentado en fecha 21 de junio de 2013 por la apoderada judicial de la empresa accionada, este Tribunal a los fines de pronunciarse al respecto de lo solicitado observa:
PRIMERO: Señala la parte accionante en su Solicitud de Calificación de Despido, Reenganche y Pago de Salarios caídos, entre otras cosas, que en fecha 09 de abril de 2012, comenzó a prestar sus servicios para la demandada, siendo despedido injustificadamente en fecha 28 de febrero de 2013, conforme a lo alegado; desempeñando el cargo de “Jefe de Operaciones”.
SEGUNDO: Señala la apoderada judicial de la empresa accionada, que el demandante “(…) insto paralelamente ante la Inspectoria del Trabajo Pedro Ortega Díaz, órgano administrativo del trabajo, escrito de solicitud de Reenganche y Pago de salarios caídos (…) en fecha 23 de mayo de 2013, en compañía de funcionaria del trabajo ciudadana Maritza Molina, (…) se dirigió ante la sede de la empresa ubicada en Parque Central piso 21, para que se diera lugar el procedimiento de Reenganche, conforme a lo contenido en el articulo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, donde mi representada a través del derecho a la legitima defensa, solicitó se inicie articulación probatoria (,,,)”
TERCERO: Conforme al decreto Presidencial Nº 9.322, de fecha 27 de diciembre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.079 del 27.12.2012, se estableció una Inamovilidad Laboral; entre el primero (1º) de enero de dos mil trece (2013) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), ambas fechas inclusive, existiendo en tal sentido una inamovilidad laboral. En este orden dispone el artículo 1º del referido decreto lo siguiente:
“Artículo 1°. Se establece la inamovilidad laboral a favor de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores; entre el primero (1º) de enero de dos mil trece (2013) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), ambas fechas inclusive, a fin de proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz…”.
Asimismo dispone el artículo 2° del referido Decreto que “Los Trabajadores y trabajadoras amparados por el presente decreto no podrán ser despedidos, despedidas, desmejorados, desmejoradas, trasladados o trasladadas sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores…”
Por otro lado se establece en el artículo 5° ejusdem, quienes gozan de la protección prevista en el decreto, independientemente del salario devengado; a saber:
a.- Los trabajadores y las trabajadoras a tiempo indeterminado a partir de un (1) mes al servicio de un patrono o patrona;
b.- Los trabajadores y las trabajadoras contratados y contratadas, por tiempo determinado, mientras no haya vencido el término establecido en el contrato;
c.- Los trabajadores y las trabajadoras contratados y contratadas para una obra determinada mientras no haya concluido la totalidad o parte de la misma que constituya su obligación.
Quedando exceptuados de la aplicación del decreto, los trabajadores y las trabajadoras que ejerzan cargos de dirección, y los trabajadores y trabajadoras de temporada y ocasionales.
CUARTO: Ahora bien, como se puede apreciar los trabajadores en general salvo las excepciones mencionadas están amparados por una Inamovilidad Laboral, que establece que gozarán de la protección prevista en el Decreto, independientemente del salario que devenguen; no pudiendo ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin que previamente el Inspector del Trabajo califique dicha situación y autorice con tal fin al patrono, conforme al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, ahora Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras. El incumplimiento de ello, dará derecho al trabajador a pedir el reenganche y pago de salarios caídos correspondientes restituyéndose a la situación jurídica infringida, quedando exceptuados de la aplicación de inamovilidad especial los siguientes trabajadores:
1. Quienes tengan menos de un (1º) mes al servicio del patrono
2. Quienes desempeñen cargos de dirección, temporeros, eventuales y ocasionales
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, el Trabajador se encontraba amparado por la inamovilidad, siendo que como se expresó al punto PRIMERO de la presente decisión, en fecha 09 de abril de 2012, comenzó a prestar sus servicios para la demandada, siendo despedido injustificadamente, en fecha 28 de febrero de 2013, según lo alegado, superando evidentemente el lapso del mes de servicios prestados; no ejerciendo cargo de dirección para la demandada, ni evidenciándose la condición de trabajador temporero, eventual u ocasional; siendo que manifiesta haberse desempeñando como “Jefe de Operaciones”, por lo cual no correspondía acudir a los Órganos Jurisdiccionales a solicitar la calificación de despido, Reenganche y Pago de Salarios Caídos, sino debió ejercer su acción por ante el Órgano Administrativo correspondiente y así se establece.
QUINTO: Conforme con los argumentos precedentes, este Juzgado Trigésimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA LA FALTA DE JURISDICCION DEL PODER JUDICIAL FRENTE A LA ADMINISTRACION PUBLICA para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, incoada por el ciudadano ANGEL JESUS BLANCO JONES contra la CORPORACIÓN DE MERCADOS SOCIALISTAS, S.A. (COMERSO). Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el último aparte del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil y 62 ejusdem, se ordena la remisión del presente expediente en consulta, a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
EL JUEZ
ABG. JUAN CARLOS MEDINA CUBILLAN
LA SECRETARIA
ABG. CARMEN ROMERO
NOTA: En el día de hoy 27/06/2013, se publicó la presente decisión.
LA SECRETARIA
ABG. CARMEN ROMERO
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