REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de
Adopción Internacional
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio
202° y 153°
ASUNTO: AP51-V-2011-002352
PARTE ACTORA: JUAN CARLOS ESCOBAR, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-10.473.524.
SUS APODERADOS JUDICIALES: Abogados JENNY ROSALES y JUVENCIA SIFONTES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 58.775 y 50.361, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: HEIDY DIANIRA ALFARO PACHECO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-11.733.591.
SUS APODERADOS JUDICIALES: Abogados ADRIANA ORTIZ, ILDEMAR GARCÍA, RAMON YZARRA y YANETH QUINTANA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 49.254, 193.192, 195.129 y 194.049, respectivamente.
NIÑA Y ADOLESCENTE: SE OMITEN DATOS CONFORME AL ART. 65 DE LOPNNA
MOTIVO: Modificación de Custodia
Por recibido de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, el presente asunto proveniente del Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación, verifíquense los registros, anótese en los libros respectivos, acéptese y désele entrada.
Ahora bien, revisadas como han sido las actas procesales que conforman el presente asunto, este Tribunal de Juicio observa lo siguiente:
PRIMERO: En fecha 24/02/2011, el Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la presente demanda de Modificación de Custodia, incoada por JUAN CARLOS ESCOBAR, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-10.473.524 representado por los Abogados JENNY ROSALES y JUVENCIA SIFONTES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 58.775 y 50.361, respectivamente, contra la ciudadana HEIDY DIANIRA ALFARO PACHECO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-11.733.591, representada por los Abogados ADRIANA ORTIZ, ILDEMAR GARCÍA, RAMON YZARRA y YANETH QUINTANA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 49.254, 193.192, 195.129 y 194.049, respectivamente, ordenando únicamente la notificación de la demandada, obviando la designación de un Defensor de Protección a la niña y el adolescente de autos, y la notificación del Ministerio Público.
Así las cosas, atendiendo a lo antes señalado, este Tribunal hace las siguientes consideraciones.
El principio de legalidad o Primacía de la ley es un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. el Estado sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho Público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. Bajo este fundamento la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal en sentencia N° 493 de fecha 12-4- 2011, dispuso un criterio vinculante, sobre la violación del Principio de legalidad, cuyo fragmento se trae a colación:
“En tal sentido, de lo precedentemente expuesto se desprende que no sólo viola el principio de legalidad y, por ende, el debido proceso (artículo 49.6 constitucional) y la tutela judicial efectiva (artículo 26 eiusdem) reconocer la existencia de una norma que realmente no está prevista en el ordenamiento jurídico, sino también desconocer una norma jurídica que sí forma parte de él…” (Negritas y Subrayado del Tribunal).
La Garantía Judicial del Juicio previo y debido proceso reconocida en el articulo 49 de la Carta Magna, tiene como finalidad garantizar un conjunto de derechos y garantías que deben regir un juicio justo, y asimismo se han creado mecanismos de saneamiento y depuración del proceso que deben ser ordenados por el Juez o Jueza como Director del Proceso, destinados a salvaguardar la tutela judicial efectiva (art. 26 constitucional) a los justiciables que conduzca a lograr una sentencia que resuelva lo planteado a través de un juicio como un instrumento para la justicia (art. 257 constitucional), rodeado de garantías y libre de vicios que afecten la eficacia de la misma, debido a la vulneración de principios y garantías constitucionales, bien sea por acción u omisión de formalidades esenciales.
En este orden de ideas, los jueces deben garantizar un procedimiento impecable y respetuoso de los derechos y garantías de las partes y al incurrirse un “error in procedendo”, -porque existe desviación de los medios señalados por el derecho procesal para la dirección del juicio, que acarrearían como consecuencias jurídicas la declaración de nulidad de la sentencia que resuelve el conflicto planteado-, circunstancia que debe evitarse en la medida de lo posible, pero en caso que se presente, debe subsanarse para garantizar una sentencia libre de vicios, y así se establece.
Así las cosas, no consta en autos que el Tribunal de Mediación y Sustanciación ordenara la notificación del Representante del Ministerio Público, ni le designara un Defensor de Protección a la niña y adolescente de autos, y declaró concluida la fase de Sustanciación, y aún cuando este Tribunal de Juicio sustenta la misma jerarquía que los Tribunales de Mediación y Sustanciación, -por cuanto, ambos de Primera Instancia, en razón de la funcionalidad otorgada a cada uno de los órganos jurisdiccionales, tras la implantación de la reforma procesal de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes-, sería contrariar el espíritu y propósito de la Ley, violentar el orden público procesal y usurpar competencias atribuidas al Juez de Mediación y Sustanciación, esta Juzgadora prepare las pruebas llegada como ha sido la fase de juicio, sin que se hubiera notificado debidamente al Fiscal del Ministerio Público, ni designado un Defensor a la niña y adolescente de autos; y así se declara.
En merito a las anteriores consideraciones, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ordena remitir el presente asunto al Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de este Circuito Judicial de Protección, a los fines de proveer lo conducente respecto a la designación de un Defensor de Protección a la niña y adolescente de autos, y a la notificación del Fiscal del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en los artículo 170 y 172 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en consecuencia, salve las omisiones que hubiere lugar; una vez sea notificado el Fiscal del Ministerio Público y designado el Defensor de Protección a los niños de autos, el Tribunal de Mediación y Sustanciación deberá declarar finalizada la Fase de Sustanciación de la Audiencia Preliminar; ofíciese a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a fin que sea itinerado el presente asunto. Cúmplase.-
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE
Dado, firmado y sellado en la sala de despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niña y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZ,
BETILDE ARAQUE GRANADILLO
EL SECRETARIO,
ENDER PÉREZ
En esta misma fecha y previo el anuncio de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, déjese copia de la misma en el copiador de sentencias de este Tribunal, dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO,
ENDER PÉREZ
BAG/EP/
MOD. CUSTODIA
AP51-V-2011-002352
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