REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DUODECIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Caracas, Doce (12) de marzo de 2013 202° y 153° ASUNTO: N° AP21-N-2011-000318 SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA PARTE RECURRENTE: TRAKI PKM PLUS C.A sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, bajo el Nro. 3, Tomo 28-A-Pro, de fecha 06 de julio de 2004. APODERADOS JUDICIALES: NATHALIA ISABEL CASTRO LEDEZMA y JOSÉ J AMARO PEÑA abogados en ejercicio, inscritos en el Inpre-abogado bajo los Nros. 99.160 y 64.255 respectivamente. PARTE RECURRIDA: (Providencia administrativa N° 290-11 de fecha 31 de mayo de 2011, emanada de la Inspectoría Norte del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD.- ANTECEDENTES 1.- Fue recibido ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos expediente recurso Contencioso Administrativo incoado por la ciudadana NATALIA CASTRO LEDEZMA en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil TRAKI PKM PLUS C.A, contra la Inspectoría del Trabajo del Este del Área Metropolitana de Caracas, específicamente de la providencia administrativa N° 290-11, expediente Nro. 023-2010-01-02689, de fecha 31 de mayo de 2011. Verificado el trámite de insaculación de causa le correspondiente conocer a este Tribunal conocer el presente expediente, quien por auto de fecha 12 de enero de 2012 lo dio por recibido. Por auto de fecha 17 de enero de 2012 este Juzgado lo admitió en consecuencia se ordenó la notificación al Procurador General de la República, Fiscal General de la República, Ministra del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, Inspectoría del Trabajo del Municipio Capital y a el ciudadano SIMON BAUTISTA. Mediante auto de fecha 28 de febrero de 2012 este Tribunal instó a la parte recurrente a que consigne nuevo domicilio del referido beneficiario. MOTIVACIONES DEL FALLO Ahora bien este tribunal considera pertinente realizar las siguientes consideraciones: Se observa que la figura procesal de la perención se entiende como el abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la perención de carácter objetivo, basta para su declaratoria, que se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye por la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. La Perención de la Instancia, es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los diversos supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual a la luz de la Jurisprudencia patria constante, pacifica y reiterada, tiene su fundamento y concepción, en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas, entraña una renuncia a continuar la instancia. En tal sentido, la norma del artículo 41 de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que señala lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas” Del dispositivo antes expuesto, este Juzgador puede dilucidar que la institución de la perención de instancia tendrá lugar por la inactividad de las partes dentro de un proceso, en el lapso de un año, a menos que verse sobre actuaciones inherentes al tribunal tales como admisión de demanda, fijación de audiencia y admisión de las pruebas. Como corolario de lo antes expresado, este Juzgador destaca la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nro. 2.148, de fecha 14 de septiembre de 2004, caso Franklin Hoet-Linares, el cual señala lo siguiente: “…Omissis… La norma que se transcribió persigue que, de oficio, el tribunal sancione procesalmente la inactividad de las partes, sanción que se verifica de pleno derecho una vez que se comprueba el supuesto de hecho que la sustenta, esto es, el transcurso del tiempo. Ahora bien, los confusos términos de la norma jurídica que se transcribió llevaron a esta Sala, mediante decisión n° 1466 de 5 de agosto de 2004, a desaplicarla por inintelegible y, en consecuencia, según la observancia supletoria que permite el artículo 19, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicar el Código de Procedimiento Civil a los casos en que opere la perención de la instancia en los juicios que se siguen ante el Tribunal Supremo de Justicia. En concreto, es el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la norma que debe aplicarse en estos casos, el cual establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”). En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1270, de fecha 09 de diciembre de 2010, estableció lo siguiente: “Determinada la competencia para decidir, esta Sala observa que de las actas que conforman el expediente, se verifica que desde la interposición del escrito contentivo de la acción de nulidad -28 de octubre de 2009- ha existido una total inactividad en el presente procedimiento de nulidad, previo a la admisión de la demanda, situación que evidencia ausencia de actividad procesal por más de un año. Así las cosas, tomando en cuenta la sentencia de la Sala y los dispositivos antes descrito, aplicables al caso sub iudice, quien decide observa que la última actuación fue el 28 de febrero de 2012 donde este Tribunal insta a la parte recurrente a consignar nueva dirección del ciudadano SIMON BAUTISTA, cuya acción no fue impulsada por la parte interesada, tras no haber la parte recurrente consignado el referido domicilio procesal a los fines que se haga efectivo la notificación, sin constar en autos ninguna otra actuación demostrativa de su interés de continuación del juicio, transcurriendo sobradamente más de un (1) año sin el debido impulso procesal, motivo por el cual este Tribunal debe declarar forzosamente la perención de la instancia, establecida en los artículos 41 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en concordancia con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra la perención de la instancia de pleno derecho Así se establece.- DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos este JUZGADO DUODECIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA del Recurso de Nulidad interpuesto por la abogada NATHALIA CASTRO LEDEZMA, apoderada judicial de la sociedad mercantil TRAKI PKM PLUS C.A., contra la Inspectoría del Trabajo del Este del Área Metropolitana de Caracas, específicamente de la providencia administrativa N° 290-11, expediente Nro. 023-2010-01-02689, de fecha 31 de mayo de 2011. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en virtud de la disposición contemplada en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil..- TERCERO: Se ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/. Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Duodécimo (12º) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en esta ciudad de Caracas, a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil trece (2013). Año 202º de la Independencia y 153º de la Federación. Publíquese y Regístrese.- Abg. RONALD FLORES EL JUEZ Abg. HECTOR RODRÍGUEZ EL SECRETARIO AP21-N-2011-000318 RF/rfm