REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUADRAGÉSIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Caracas, 07 de Mayo de 2013 Año 203° y 154° Asunto: AH21-X-2013-000040 Asunto Principal: AP21-L-2013-001345 Vista la solicitud de medida preventiva de embargo, formulada mediante escrito presentado en fecha 29 de abril de 2013, por el abogado MAXIMINO ANTONIO PERNIA GUERRERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 186.850, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadanos LINO ANTONIO PANZA LAMON, LUIS GREGORIO RODRIGUEZ TENIA, VICTOR JOSE SILVA PATERNINA, HYSNALDO ARMANDO PAEZ SANCHEZ y JOEL JOSE CASTILLO, en la demanda incoada contra de la sociedad mercantil POWER CLEANING O.J., C.A., este Tribunal para proveer sobre lo solicitado, observa: La solicitud formulada se apoya de conformidad con los artículos 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de llenar los extremos concurrentes exigidos en las normas adjetivas antes mencionadas, señalándose los aspectos inherentes a la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y del peligro en la mora (periculum in mora) o peligro inminente de daño (periculum in damni). En tal sentido, las normas adjetivas señaladas establecen: Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Artículo 137. A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que reclama. Contra dicha decisión se admitirá recurso de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del acto que impugna la misma será decidida en forma oral e inmediata y previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes por el Tribunal Superior del Trabajo, sin admitirse recurso de casación contra dicho fallo. (Resaltados añadidos) Por su parte el Código de Procedimiento Civil, establece: Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. (Resaltados añadidos) Es importante destacar que, la norma de la ley de la materia adjetiva laboral, en primer lugar, aparentemente no contempla la exigencia del peligro en la mora, sin embargo, la naturaleza de las medidas cautelares allí previstas tienen por finalidad “evitar que se haga ilusoria la pretensión” como textualmente se señala; y, en segundo lugar, no exige un medio de prueba “que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”, no obstante, la forma idónea para que el juzgador emita el juicio de valor correspondiente, ajeno a la mera solicitud y los argumentos doctrinarios que la fundamenten, es que pueda valorar objetivamente el merito del medio de prueba que debe acompañarse, según la aplicación e interpretación conjunta de las normas procesales citadas. Ahora bien, cuando la norma del Código de Procedimiento Civil, transcrita supra, se refiere a la necesidad de que se apoye la solicitud en un documento del cual se demuestre o se presuma gravemente la existencia del “riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo”, lo que está exigiendo la norma es uno de los requisitos más comunes para acordar una medida cautelar, cual es que se acompañe prueba del peligro en la mora (periculum in mora), además de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), esto es, del derecho que se reclama; presupuestos fundamentales que, concurrente y conjuntamente, el juez debe extraer, al valorar el instrumento o instrumentos probatorios aportados, para la adopción, de acuerdo con lo solicitado, de cualquiera de las medidas cautelares a que se refiere el artículo 588, eiusdem. El elemento documental es imprescindible para justificar la solicitud que se haga, y ello no solo porque sirve para que el juez presuma mediante un razonamiento lógico que, a partir de uno o más hechos probados, el solicitante no tiene la titularidad del derecho que invoca -de ser el caso- o bien que no existe el peligro manifestado y deseche la solicitud, sin que en ningún caso ello implique la valoración del mérito probatorio destinado al fondo del asunto; sino también, para el caso en que acuerde la medida y, posteriormente, se establezca la inexistencia del derecho y por ende del crédito que se demanda o bien la inexactitud de la cuantía, tales resultados sirvan como base para demandar la responsabilidad correspondiente. Observa este Tribunal que al Capitulo IV “PRUEBAS” se acompañaron diferentes instrumentos relativos a cada uno de los trabajadores accionantes, los cuales guardan relación con el fondo de la demanda y que no tienen que ver con la justificación de la solicitud que nos ocupa como antes se analizó. En consecuencia, este Tribunal Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en fase de sustanciación preliminar, considera que no existe en autos, para la presente fecha, medio probatorio alguno aportado o destinado al fin que nos ocupa y que pueda legalmente valorar, para que, a juicio de quien decide, lleve a constituir presunción grave de las circunstancias que conforman los requisitos procesales exigidos concurrentemente por las citadas normas, por lo que NIEGA lo solicitado; y, ASÍ SE DECLARA.- LA JUEZ, SADY CARDONA MORENO LA SECRETARIA JOANNA CAPUANO