REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
EXPEDIENTE Nº 9444
Mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 2013, el abogado ENRIQUE ARGENIS ZABALA MARTÍNEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 17.030, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ÁNGEL RAFAEL TRUJILLO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 4.461.791, interpuso por ante el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor de causas, solicitud de amparo autónomo constitucional en contra de la presunta abstención o conducta omisiva del SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA -SAIME-.
Asignado por distribución el libelo a este Juzgado Superior, consta en nota de secretaría que corre inserta al folio 18, que en fecha 19 de noviembre de 2013 se recibió el mismo formándose expediente bajo el número 9444.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 2013, el apoderado judicial de la parte accionante sustentó su pretensión en las razones de hecho y de derecho siguientes:
Que en fecha 22 de julio de 2012, la Oficina de Migración del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” le retuvo a su representado el pasaporte Nº PPTE-4.461.791 y asimismo le dio una citación para comparecer el día 27 de julio de 2012, ante la Dirección General de Migración ubicada en la sede central del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME.
Que su mandante asistió a la citación mencionada y al solicitar “…información, no se le dio ninguna razón cónsona con esta retensión (sic) y, de manera verbal, se le señaló nueva fecha para que regresara…”. Que él mismo ha cumplido varias visitas ante la Dirección antes señalada sin obtener información y sin conseguir la devolución del pasaporte mencionado, denunciando con este hecho la violación del derecho de ausentarse del país que a su entender le asiste, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 Constitucional.
Aduce que en el “…volante (…), emanado del Consejo Nacional Electoral, (CNE), además de señalarse sus datos personales y su cédula de identidad Nº V.4.461.791, se lee en el estatus: “Esta cédula de identidad presente una objeción por o que no podrá ejercer su derecho al voto”. “Descripción de objeción Acto mediante el cual la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) invalida el serial de la cédula de identidad de un ciudadano…”. Denuncia que ha tratado de averiguar en que consiste lo anterior y no ha obtenido respuesta, lo que a su decir le impide el derecho al voto contemplado en el artículo 63 Constitucional.
Afirma, “…que se encuentra sin pasaporte desde hace mas de un año y con necesidades de trabajo que le impide su cumplimiento, así como también, con la objeción de la cédula de identidad se le cercena el derecho al voto; aunado a la circunstancia de haber sido nulas todas las gestiones llevadas a cabo por ante el aludido organismo tendente en solventarlas…” Aduce que “…La omisión y conducta negligente de la administración, día a día le viene causando graves daños por las limitaciones en que se encuentra, haciéndose necesario la intervención del órgano jurisdiccional para que cese la situación…”
Con base en lo expuesto solicita que el presente amparo constitucional autónomo sea admitido, tramitado y resuelto conforme con lo que dispone nuestra legislación.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, procede este Tribunal a pronunciarse en el caso sub iudice, sobre la admisibilidad de la acción ejercida, para lo cual observa:
Ante la interposición de una acción de amparo constitucional, es obligación de todo juez revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos ordinarios, pues al no constar el cumplimiento de ese presupuesto procesal, la consecuencia lógica es declarar la inadmisibilidad de la acción. Asimismo, sólo podrá proponerse inmediatamente dicha acción, cuando de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, se desprenda que el uso de los medios judiciales ordinarios, resulta insuficiente o no idóneo para el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
Consecuentemente, al analizar las causales de inadmisibilidad en materia de amparo constitucional, se aprecia, que el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:
“(…) No se admitirá la acción de amparo:
5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24, 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.
Al respecto, estima pertinente esta instancia judicial señalar, que la norma transcrita ha sido objeto de diversas interpretaciones por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, destacando entre ellas, la establecida en la sentencia Nº 2369 de fecha 23 de noviembre de 2001 (Caso: Parabólicas Service’s Maracay C.A.):
“(…) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, (…)
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, (…). Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)”. (Subrayado de este Juzgado Superior).
De la referida interpretación se colige, que la admisibilidad de la acción de amparo constitucional está supeditada a que no exista en el ordenamiento jurídico, un medio procesal idóneo que permita reestablecer la presunta situación jurídica lesionada, pues existiendo, éste debe ser ejercido ya que la falta de agotamiento de la vía ordinaria por parte del presunto agraviado, faculta al juez que actúa en sede constitucional, para declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional.
Asimismo, en sentencia Nº 1496 del 13 de agosto de 2001 (Caso: Gloria América Rangel Ramos), se ha pronunciado la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, cuando estableció las condiciones necesarias para que operara la vía de la acción de amparo constitucional, ante la falta de agotamiento de la vía judicial previa. Al respecto dispuso que:
“(...) la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida (…)”.
Así, en aplicación de lo anteriormente señalado, debe indicarse que en el caso bajo estudio, por todo lo esbozado por el actor en su escrito libelar, éste disponían de un medio procesal acorde e idóneo dirigido a obtener la tutela constitucional solicitada, como es la demanda por abstención, prevista en el artículo 65.3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establecida por el Legislador para que a través del procedimiento breve contenido en el artículo 66 y siguientes eiusdem, se resuelvan las controversias, reclamos y solicitudes que formulen los administrados cuando consideran lesionados sus derechos por abstenciones u omisiones atribuibles a los órganos o entes de la Administración Pública.
En tal sentido, es oportuno señalar que, han sido reiteradas las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al inadmitir las acciones de amparo constitucional contra actos administrativos, hechos u omisiones emanados o dictados por la Administración Pública, cuando existe un medio ordinario que no ha sido accionado por el justiciable, estableciendo que con el ejercicio del citado mecanismo ordinario, se puede obtener también el restablecimiento de la situación jurídica vulnerada, mas aún, si se acciona conjuntamente con ejercicio de la tutela cautelar, de ser considerado necesario por el accionante.
Consecuentemente, en virtud de las consideraciones antes indicadas, este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe forzosamente declarar INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: INADMISIBLE la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el abogado ENRIQUE ARGENIS ZABALA MARTÍNEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 17.030, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ÁNGEL RAFAEL TRUJILLO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 4.461.791, en contra de la presunta abstención o conducta omisiva del SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA -SAIME-.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
EL JUEZ,
HÉCTOR SALCEDO LÓPEZ.
EL SECRETARIO ACC,
RODRIGO SAN JUAN QUIÑONES
En la misma fecha de hoy, siendo las ( ), quedó registrada bajo el Nº .
EL SECRETARIO ACC,
RODRIGO SAN JUAN QUIÑONES
Exp. Nº 9444
HSL/kae.-
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