REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Décimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veintiseis de noviembre de dos mil trece 203º y 154º ASUNTO: AP31-V-2013-000329 PARTE ACTORA: Ciudadano GEORGES AL AGHA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-14.277.318. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: GRETTY LAFFEE FERNANDEZ y JOSE ANGEL SISO RUIZ, abogados en ejercicio, inscritos en el IPSA bajo los Nros. 81.740 y 59.517, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Ciudadana GLORIA LEONIDAS RETUERTO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-27.314.828. MOTIVO: DESALOJO. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA -I- -NARRACION DE LOS HECHOS- Se inició la presente controversia mediante escrito libelar presentado y consignado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), por los abogados GRETTY LAFFEE FERNANDEZ y JOSE ANGEL SISO RUIZ, inscritos en el IPSA bajo los Nros. 81.740 y 59.517, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano GEORGES AL AGHA, contra la ciudadana GLORIA LEONIDAS RETUERTO, antes identificados por DESALOJO. En fecha 11 de Marzo de 2013, este Juzgado dicto auto mediante el cual admitió la presente demandada, ordenando emplazar a la parte demandada, a los fines de que comparezca ante éste órgano jurisdiccional al segundo (2°) día de despacho siguiente a que conste en autos su citación.- -II- -PUNTO PREVIO- -DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA- Dada la importancia de la administración de justicia y siguiendo la reiterada opinión doctrinaria que advierte la existencia de un modo atípico de extinción de la relación procesal, que deviene de la inactividad de las partes en un lapso establecido taxativamente por la ley; obstaculizando con su conducta omisiva el efectivo desarrollo de la actividad judicial ya que impide que el proceso llegue a su natural desenvolvimiento: la sentencia. Este Tribunal a los efectos de pronunciarse sobre la Perención de la Instancia, cree oportuno citar la Sentencia de fecha Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Cuatro (2004), dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Dr. Tulio Alvarez Ledo, y la cual señala lo siguiente: “(…) Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaría que previó la ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deber ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación (…)”.- (Negrita y Subrayado del Tribunal) Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la falta de estímulo procesal dado por el desinterés de la parte actora en accionar, coloca al órgano judicial en una pendencia indefinida a una relación procesal aparentemente paralizada. En respuesta de lo anterior nuestros legisladores crearon la institución de LA PERENCIÓN, figura con la cual se busca sancionar la conducta omisiva de las partes y con la correlativa función de cooperar al exigir el efectivo y oportuno actuar de los litigantes. Con la reforma legislativa producida en 1.986 se establecieron los parámetros descriptivos de la institución jurídica denominada perención, puesto que se dispuso que esta no es renunciable a las partes, debe ser declarada de oficio por el juez y opera de pleno derecho, es decir, la sentencia cumple la función de declarar un hecho jurídico que ya se había consumado por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes y que tuvo como efecto la extinción del proceso. Al respecto señala, el autor CARLOS MORALES PUENTES, en su obra “De Las CITACIONES Y NOTIFICACIONES en el Procedimiento Civil Ordinario Venezolano. Págs 438 y 439, el cual señala lo siguiente: “las obligaciones que permanecen vigentes según el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en las que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de quinientos metros de la sede del Tribunal; de otro modo, su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la Citación.-” Del análisis del concepto anterior surgen dos supuestos para procedencia de la Perención de la Instancia. El primer presupuesto consiste en la inactividad procesal, entendiéndose por tal, la actitud omisiva y negligente del demandante, única y específicamente; y, el segundo presupuesto, hace necesario que la dicha inactividad ocurra por lo menos durante treinta días continuos, y dicho plazo se computa desde el día de la admisión de la demanda o de su reforma hasta la fecha en que la parte demandante mediante la presentación de diligencias pone a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado. De todo conforme con el criterio antes señalado, esta sentenciadora observa, que de la revisión detallada de las actuaciones realizadas en este proceso, se evidencia que la presente demandada fue admitida el 11 de marzo de 2013. Así las cosas, observa esta sentenciadora que desde la fecha 11 de marzo de 2013, día éste en que fue admitida la presente demanda, han trascurrido más de 30 días consecutivos, sin que la parte actora cumpliera con la obligación que le impone la Ley, es decir, consignar las copias simples del libelo de demanda y auto de admisión para librar la correspondiente compulsa y mucho menos a cumplido en suministrar al alguacil los recursos y medios necesarios para el logro de la citación personal del demandado, por lo que es concluyente para este Juzgado declarar consumada la Perención de la Instancia en los términos dispuestos en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.- -IV- -DISPOSITIVA- Con base a todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE: -PRIMERO: Se declara consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por DESALOJO incoara los abogados GRETTY LAFFEE FERNANDEZ y JOSE ANGEL SISO RUIZ, inscritos en el IPSA bajo los Nros. 81.740 y 59.517, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano GEORGES AL AGHA, contra la ciudadana GLORIA LEONIDAS RETUERTO por DESALOJO, ambas partes plenamente identificadas en el presente fallo. -SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, se declara EXTINGUIDO el presente proceso.- -TERCERO: Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas, ello de conformidad en lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. -PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE- Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este JUZGADO DUODECIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Veintiseis (26) de Noviembre del año DOS MIL TRECE (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación. LA JUEZ, DRA. ANABEL GONZALEZ GONZALEZ LA SECRETARIA, ABG. ARLENE PADILLA REYES En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, ABG. ARLENE PADILLA REYES AGG/AP/gr*-