TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR (IMCP), de este domicilio con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Municipal, creado según Ordenanza Municipal de fecha 14 de noviembre de 1946, publicada en Gaceta Municipal Nro. 6.601 de la misma fecha, posteriormente modificada su Ordenanza en fecha 4 de diciembre de 1947, publicada en Gaceta Municipal Nro. 6 Extraordinaria, de fecha: A) 9 de diciembre de 1947, B) 7 de junio de 1971, publicada en la Gaceta Municipal Nro. 272 de fecha 18 de agosto de 1971, C) 18 de diciembre de 1972, publicada en la Gaceta Municipal Nro. 13.935 de fecha 23 de enero de 1973, D) 28 de diciembre de 1989, publicada en la Gaceta Municipal Nro. 885 Extraordinaria, de fecha 31 de diciembre de 1989 y últimamente modificada su Ordenanza Municipal en fecha 9 de junio 1994, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Nro. 1464 de fecha 13 de junio de 1994, tal como consta en documento poder debidamente protocolizado por ante el Registro Público Segundo Circuito del Municipio Libertador Distrito Capital, de fecha 9 de octubre de 2012, anotado bajo el número 20, Tomo 43, de los libros de protocolización llevados por ese Registro. APODERADOS JUDICIALES: GEIMY BRITO, HECTOR ANDRES OBREGON PÉREZ, ADA MARINA RAMIREZ, MARÍA DEL VALLE MARCANO MOTA, HENRY JOSÉ PERDOMO, SORAYA DEL CARMEN GONZALEZ MORET, FRANCISCO SAVERIO LEPORE GIRON y ADA IRIS BENITEZ HERNÁNDEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 92.989, 124.290, 24.053, 112.388, 86.333, 57.040, 39.093 y 92.732, respectivamente.
PARTE DEMANDADA
Ciudadanas SUSANA ALEXANDRA DA SILVA CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 14.407.089 y ROMMY CAROLINA DA SILVA CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 12.500.178, quien se constituyó como fiadora solidaria y principal pagadora en forma ilimitada de la obligaciones de la ciudadana antes identificada. No consta en autos apoderado judicial.

MOTIVO
COBRO DE BOLÍVARES (VÍA DE INTIMACIÓN)

TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva.

MATERIA: Mercantil.

EXPEDIENTE: AP31-M-2013-000201.

-I-
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES
Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda presentado por los Abogados GEIMY BRITO, ADA RAMIREZ, SORAYA GONZALEZ, ADA BENITEZ Y FRANCISCO SAVERIO LEPORE GIRON, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 92.989, 24.053, 57.040, 92.732, 39.093, respectivamente, apoderados judiciales del INSTITUTO MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR (IMCP), por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en los Cortijos, en fecha 13 de agosto de 2013, el cual previa distribución de Ley, fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado, siendo recibido en fecha 16 de agosto de 2013.
Mediante auto dictado en fecha 30 de Septiembre de 2013, este Juzgado admitió la presente demanda por el procedimiento intimatorio, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada y aperturándose el respectivo cuaderno de medidas.
En fecha 17 de octubre de 2013 la abogada Ada Ramírez, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora consignó los fotostátos necesarios a los fines de que se libraran las boletas de intimación; siendo libradas las mismas mediante auto dictado en fecha 25/10/2013. Posteriormente en fecha 18/11/2013, la representación judicial de la parte actora dejó constancia de haber suministrado los medios o recaudos necesarios a los fines de que se llevara a cabo la práctica de las intimaciones ordenadas.

-II-
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 1º, establece lo siguiente:
“....Omissis…
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”.

Asimismo, el artículo 269 eiusdem, señala:

“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”.

En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso de la citación por más treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación del demandado.
En ese sentido, respecto a la perención breve, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 22/05/2008, Exp. AA20-C-2007-000815 (caso: MARIOLGA QUINTERO TIRADO y NILYAN SANTANA LONGA), ratificando su criterio sentando por decisión N° 537 del 6 de julio de 2004, estableció lo siguiente:
“…En otras palabras, las obligaciones de la parte demandante o intimante a los efectos de generar la citación o intimación de su contraparte, son precisamente: la facilitación de vehículo para el traslado del alguacil, los gastos de manutención y el hospedaje; lo que se traduce en la obligación de proporcionar al alguacil los emolumentos necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada.
De modo que, el accionante tiene la obligación de presentar diligencia dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, en la cual ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes para la consecución de la citación.
Dicho lo anterior, esta suprema jurisdicción concluye y reitera su doctrina en el sentido de dejar sentado que el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, es decir, no proporcionar al alguacil los medios y recursos necesarios para la práctica de la citación, acarreará la perención de la instancia…” (Sentencia Nº 00293 del 22/05/2008, Exp. Nº AA20-C-2007-000815). (subrayado del Tribunal)

De acuerdo al criterio precedentemente citado, una vez admitida la demanda, la parte actora tiene la carga de impulsar la intimación, carga ésta que se circunscribe a su obligación de proporcionar dentro del lapso de treinta (30) días siguientes a la admisión, los emolumentos al Alguacil a los fines del traslado para la práctica de la intimación de la demandada, siempre y cuando la dirección a la cual se ha de trasladar el Alguacil diste a más quinientos metros (500 M.) de la sede del Tribunal.
El incumplimiento de la mencionada obligación, opera cuando la actora no facilita la labor del Alguacil del Tribunal en cuanto a su traslado al domicilio del demandado y fundamentalmente al producirse la falta de consignación de los emolumentos respectivos, pasados los treinta (30) días continuos una vez admitida la demanda, lo cual acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbre los derechos privados.
Ahora bien, en el caso sub examine la demanda fue admitida el día 30 de septiembre de 2013, y es hasta el 18 de noviembre de 2013 que la parte actora compareció a consignar los emolumentos relativos a la intimación de su contraparte, transcurriendo más de treinta días (30), es por ello que en el presente caso se ha verificado el supuesto de hecho contenido en el ordinal 1° del artículo 267 de nuestra norma Adjetiva Civil, dando lugar a la perención breve de la instancia.
En consecuencia, de acuerdo con el criterio jurisprudencial precedentemente citado en concordancia con el ordinal 1º del artículo 267 eiusdem y el artículo 269 ibídem, resulta forzoso para este Tribunal declarar de oficio consumada la perención breve de la instancia por haber transcurrido más de treinta (30) días de inactividad de la parte actora en cuanto al impulso de la citación, advirtiendo quien suscribe que no se podrá intentar de nuevo la presente demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después verificada la perención.
-III-
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara consumada LA PERENCION BREVE DE LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar desde el 30 de septiembre de 2013, oportunidad en la cual se admitió la presente demandad, hasta el 18 de noviembre de 2013, oportunidad en la cual la representación judicial de la parte actora compareció y consigno los emolumentos para la práctica de las intimaciones de su contraparte, procediendo el supuesto de hecho contenido en el ordinal 1° del artículo 267 y el artículo 269, ambos del Código de Procedimiento Civil.
Debido, a la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. En la ciudad de Caracas, a los Veintiséis (26) días del mes de Noviembre de dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la federación.
LA JUEZA,

Abg. DAYANA ORTÍZ RUBIO

LA SECRETARIA,

BLENDY BARRIOS.
En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.).
LA SECRETARIA,

BLENDY BARRIOS.

DOR/BB/damalys.-
AP31-V-2013-00201.-