REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional Tribunal Noveno de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Caracas, 28 de Noviembre de 2013 203º y 154º ASUNTO: AP51-J-2013-022565 Vista la anterior solicitud de JUSTIFICATIVO DE TESTIGOS (CARGA FAMILIAR), presentada por la adolescente SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN, titular de la cédula de identidad Nº V-26.334.370, en su carácter de madre del niño SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN, de cinco (05) meses de nacido, asistida por la Abogada CARMEN ALEXANDRA MACIAS HERNANDEZ, en su carácter de Defensora Publica Décima Quinta (15°) de Protección de Niños Niñas y adolescentes del Área Metropolitana de Caracas; vistas y analizadas las declaraciones de los testigos, ciudadanos: PEDRO JOSE VILLARUEL MOROS y JUAN CARLOS PETTERSON venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.866.926 y V-15.612.412 respectivamente, este Despacho observa: La presente causa, la pasa a conocer este Tribunal especial, en base a lo expuesto en el artículo 177 Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, parágrafo Segundo en su Literal “k”, en concordancia con lo establecido en el artículo 517 Ejusdem. Igualmente es necesario indicar que el artículo 78 de nuestra Carta Magna, consagra que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, que deben ser protegidos y que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, tomando en cuenta su interés superior en la toma de decisiones que les conciernan. En esta misma sintonía, el Artículo 5 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, impone obligaciones generales a la familia, al establecer que: “…Las familias son responsable de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías…”. En las mencionadas normas tanto constitucional, como especiales se acoge la Doctrina de la Protección Integral, como la competencia del Tribunal para conocer de las causas en las cuales se vean involucrados los niños, niñas y adolescentes, evidenciándose igualmente, los principios del niño, niña y adolescentes, como sujetos plenos de derechos y su interés superior. En este orden de ideas, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene como objetivo fundamental garantizar a los niños, niñas y adolescentes el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías consagrados en la Ley, a través de la protección integral que el Estado, las familias y la sociedad les deben brindar a los menores de edad. Como lo es el derecho a un nivel adecuado, el derecho a la Salud y a Servicios de Salud y derecho a la educación, entre otros. En el caso de autos, resulta innegable que todos los niños, niñas y adolescentes, tienen todo el derecho de percibir un nivel adecuado de salud y servicios de salud, a la educación, entre otros derechos, por sólo mencionar algunos y la debida protección de estos derechos humanos fundamentales, imperando sin discusión alguna que corresponde al Estado, a la Familia y a la Sociedad; velar porque sean recibidos y protegidos de una manera acorde tales derechos, sin embargo, por ser la familia el espacio primigenio de crecimiento, cuidado y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, desde su nacimiento, es práctico que la familia acuda en base a la obligación de la protección de los derechos de los niños que forman parte de la familia, así como exigir el cumplimiento de deberes, correspondiéndole principalmente a los padres, representantes o responsables, el deber inmediato e indeclinable de garantizarlos. En ese sentido, se observa del proceso que fueron cubiertos todos los extremos establecidos en la Ley, y en consecuencia, este Tribunal Noveno (9º) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, sin perjuicios de terceros de iguales o mejores derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara como CARGA FAMILIAR del ciudadano IVAN ANTONIO FERRAZ VERA venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-4.806.186, al niño SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN, de cinco (05) meses de nacido Expídanse por secretaría las copias certificadas que sean necesarias a la parte interesada con inserción de la presente sentencia, ello de conformidad con lo establecido en los Artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, una vez la parte interesada consigne los fotostatos necesarios. Asimismo se ordena el cierre y archivo del presente asunto. Cúmplase.- LA JUEZ, ABG. DANIA RAMIREZ CONTRERAS LA SECRETARIA, ABG. DAYANNA ESTABA DR/DE/FERNANDO AP51-J-2013-022565