REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 18 de octubre de 2013 203º y 154º ASUNTO: AH13-V-2007-000006 PARTE DEMANDANTE: sociedad mercantil Banco Federal C.A., domiciliada en coro, Estado Falcón, inscrita en el Registro Mercantil que se llevaba por ante la Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 23 de abril de 1982, bajo el Nº 64, folio 269 al 313 tomo III, posteriormente modificado su documento constitutivo y estatutos sociales, según consta de documento inscrito ante la Secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Agrario, Transito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 4 de junio de 1990, bajo el Nº 163, tomo X. APODERADO JUDICIAL: Franklin Torcat y Luís Fuenmayor abogados en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo los Nros. 97.331 y 121.824. respectivamente. PARTE DEMANDADA: ciudadano Luís Adolfo Méndez, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 12.109.653 APODERADO JUDICIAL: No constituyó apoderado judicial a los autos. MOTIVO: Resolución de Contrato. - I - Se inició la demanda por libelo presentado, por ante el Juzgado Distribuidor de turno, en fecha 18 de abril de 2007, correspondiéndole su conocimiento a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En auto de fecha 26 de febrero de 2008, se admitió la presente demanda y se ordenó la citación de la parte demandada, ciudadano Luís Adolfo Méndez Martínez, para que comparecieran por ante este Tribunal al segundo (2do) día de despacho siguiente a su citación, mas (2) dos días que se concedió como término de la distancia, a fin de que diera contestación a la demanda. Igualmente, se ordenó compulsar el libelo de la demanda y el auto de admisión a fin de que se practicara la citación. Por auto de fecha 18 de junio de 2008, se aboco al conocimiento de la presente causa el Dr. Juan Carlos Varela Ramos, se comisiono amplia y suficientemente al Juzgado Segundo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, para la practica de la citación. En fecha 12 de diciembre de 2008, se recibieron resultas provenientes del Juzgado Quinto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Por auto de fecha 26 de marzo de 2009, se observa que las resultas provenientes del Juzgado Quinto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, resulto imposible la citación personal de la parte demandada, razón por lo que este Tribunal acordó la citación por carteles del ciudadano Luís Adolfo Méndez Martínez. En esta misma fecha se libro el respectivo cartel de citación. En fecha 14 de mayo de 2009, consigno dos ejemplares del cartel publicado en el diario El Universal de fecha 24 de abril de 2009, y uno del diario El Carabobeño, de fecha 28 de abril de 2009. Por auto de fecha 22 de mayo de 2009, se comisiono amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los fines de que la Secretaria de ese Juzgado proceda a dar cumplimiento con la fijación del cartel. Por auto de fecha 17 de mayo de 2011, se ordeno la notificación de la Procuraduría General de la República, acompañado copias certificadas. En fecha 3 de noviembre de 2011, se dio cumplimiento al auto de fecha 17 de mayo de 2011 que ordeno oficiar a la Procuraduría General de la Republica. - II - Ahora bien, en virtud de lo antes trascrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico: Que desde el día 03 de noviembre de 2011, fecha en que se libro el oficio a la Procuraduría General de la República., hasta la presente fecha, ha trascurrido más de un (01) año sin que se haya impulsado la citación de la parte demandada ni se haya realizado algún acto del procedimiento, por lo que este Juzgado observa que no existe interés alguno por la parte actora, para impulsar o gestionarla citación acordada, evidenciándose así la falta de interés del actor en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, y por cuanto ha transcurrido en el presente procedimiento más de un (01) año, sin que se haya perfeccionado la citación, y sin que se le haya dado impulso procesal al presente juicio, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado la perención a la que hace referencia el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente: ...”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” En este sentido ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino aquel que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, la Sala de Casación Civil, como la Sala Político- Administrativa han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación en el proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. En el caso de autos, se evidenció que desde el 22 de mayo de 2009, no ha sido gestionada la practica de la citación, aunado a que la actora no ha realizado ningún acto de procedimiento y por cuanto ha transcurrido mas de un (01) año, sin que se haya ejecutado ningún acto de procedimiento y evidenciándose que no consta en autos que se haya practicado la citación personal ordenada, a los efectos de trabar la litis, por la falta de actividad de la parte actora, quien tiene la carga procesal de gestionar que la citación se cumpla efectivamente. Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor tendiente a que el órgano jurisdiccional pueda citar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente a la aceptación de que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso. Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de la o de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda. Por tanto siendo que, la demanda debidamente admitida es el acto que da inicio al proceso, que ella contiene la pretensión cuya satisfacción pide el actor al órgano jurisdiccional, y que la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y el establecimiento de la relación jurídico procesal. Realizadas como ha sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgador concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y el primero de ellos consistía en cumplir con las cargas procesales tendiente a lograr la citación de la parte demandada, y en virtud que desde que el día 2 de noviembre de 2011, fecha de la última actuación realizada por parte de la representación de la parte actora hasta la presente fecha, no se ha tramitado la citación ordenada, transcurriendo por ante este Despacho más de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento para la continuación de la causa, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara. - III - Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo estatuido en el artículo 267, en concordancia con lo previsto en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Dieciocho (18) de Octubre de dos mil trece (2013). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación. EL JUEZ, DR. JUAN CARLOS VARELA RAMOS LA SECRETARIA Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO En la misma fecha, siendo las 12: 33 de la tarde, se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.- LA SECRETARIA, Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO Asunto: AH13-V-2007-000006.- JCVR/DPB/ Jhoseling