REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 31 de octubre de 2013
203º y 154º

ASUNTO: AH1B-V-2002-000102
De una minuciosa revisión de las actas procesales que conforman el presente asunto este Juzgador tiene a bien hacer las siguientes consideraciones:
Versa la presente acción sobre COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION), presentada por los Profesional del Derecho JORGE DARIO VEGAS CARDENAS VEGA e ILSE COROMOTO CONTRERAS HIDALGO, abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 42.125 y 23.312 respectivamente, actuando en su carácter de Endosatarios en Procuración del ciudadano MIGUEL ANGEL QUIJADA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº 14.993.845, contra el ciudadano JOSE GREGORIO JIMENEZ, Venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 12.198.755, del cual conoce este Juzgado por haberle correspondido el conocimiento de la presente causa por distribución.
Mediante auto de fecha 22 de Marzo de 2002, este Tribunal procedió admitir la presente demanda, ordenándose la intimación de la parte demandada.-
En fecha 24 de Mayo de 2002, los Apoderados Judiciales de la parte actora, solicitaron Medida de Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar y consignaron resultas de comisión de intimación debidamente practicada.-
Por auto de fecha 19 de Mayo de 2003, este Tribunal ordenó agregar a los autos escrito de promoción de pruebas.
En fecha 23 de Mayo de 2003, este Juzgado dicto sentencia definitiva declarando con lugar la presente demanda, asimismo en fecha 04 de Junio de 2003, se libro boleta de notificación de la sentencia a la parte demandada y comisión de notificación respectiva.-
Notificada como fue la parte demandada, y como quiera que no dio cumplimiento voluntario a la sentencia de fecha 23 de Mayo de 2003, este Tribunal Decretó la ejecución forzosa de la sentencia de dicha sentencia decretando Medida de Embargo Ejecutivo en fecha 03 de diciembre de 2004.
En fecha 07 de Julio de 2009 el Dr. Ángel Vargas Rodríguez, se aboco al conocimiento de la presente causa.
Practicado como fue el Avaluó del inmueble propiedad de la parte perdidosa en el presente juicio, los apoderados Judiciales de la parte actora solicitaron se librara cartel de remate en la presente causa.
Este Tribunal mediante auto de fecha 19 de Diciembre de 2013, ordeno librar Primero, Segundo y Tercer Cartel de Remate los cuales fueron librados en esa misma fecha.
Mediante diligencias de fecha 19 de Julio de 2013, y 16 de Octubre de 2013, los apoderados judiciales de la parte actora solicitaron la corrección de los carteles de remate librados.
El presente juicio se encuentra en estado de Ejecución sin embargo de la revisión del libelo de la demanda que encabeza las presentes actuaciones, observa este Órgano Jurisdiccional, que el bien objeto del Remate que pretende la parte actora, es un inmueble constituido por: “Un apartamento destinado a vivienda, distinguido con las siglas B-84 de la octava (8º) Planta de la Torre “B” del Conjunto Residencial El Castillo, ubicado frente a la Avenida Los Próceres (antigua Avenida Perimetral) de la Población de Cúa Sector Marín I, en la Jurisdicción del antiguo Distrito (hoy Municipio) Urdaneta del Estado Miranda, por lo que este Juzgador considera prudente traer a colación lo siguiente:
En fecha cinco (05) de mayo de dos mil once (2011), fue dictado por la Presidencia de la República, en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1, literales “a” y “c” del artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan en Consejo de Ministros; mediante Decreto Nº 8.190, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en Gaceta Oficial Nro. 39.668, de fecha 06 de mayo de 2011, el cual establece en sus artículos 1, 2, 3 y 4 respectivamente, lo siguiente:

Objeto
Articulo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto la protección de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legitima que ejercieren, o cuya practica material comporte la perdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda.

Sujetos objeto de protección.
Articulo 2º. Serán objeto de protección especial, mediante la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las personas naturales y sus grupos familiares, que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias o arrendatarios, comodatarias o comodatarios, así como aquellas personas que ocupen de manera legitima dichos inmuebles como vivienda principal.
El presente Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley deberá aplicarse además con protección de las adquirientes y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, cuando sobre dichos inmuebles, destinados a vivienda principal, se hubiere constituido garantía real, siendo susceptible de ejecución judicial que comporte la perdida de la posesión o tenencia.

Ámbito de aplicación.
Articulo 3º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley será de aplicación en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela de manera preferente a todas aquellas situaciones en las cuales, por cualquier medio, actuación administrativa o decisión judicial, alguno de los sujetos protegidos por este Decreto Ley, sea susceptible de una medida cuya practica material comporte la perdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal.

Restricción de los desalojos y desocupaciones forzosas de viviendas.
Articulo 4º. A partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de los desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos, en el presente Decreto-Ley.
Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto-Ley independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso. (Negrillas y subrayado del Tribunal).

Ahora bien, se observa que el caso de marras se subsume a los supuestos de hecho establecidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley parcialmente transcrito, por ser el inmueble dado en Arrendamiento, un inmueble destinado a vivienda, razón por la cual, este órgano administrador de justicia y, siendo que el Juez de conformidad con lo establecido en el articulo 14 del Código de Procedimiento Civil, es el director del proceso, en estricto apego al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, dictado en fecha 05 de mayo de 2011, el cual entró en vigencia con su respectiva publicación en Gaceta Oficial Nº 39.668, en fecha 06 de mayo de 2011, dispone lo siguiente:
PRIMERO: Se SUSPENDE el presente juicio hasta tanto las partes que en el intervienen, acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.
SEGUNDO: Luego de lo anterior, según las resultas obtenidas, el presente proceso continuara su curso.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA ACC,

DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ.
ABG. ELIZABETH LOPEZ.

ASUNTO: AH1B-V-2002-000102.
Asunto antiguo: 18556
AVR/EL/Ana*-