REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de La Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio 203° y 154° ASUNTO: AP51-V-2013-000743 DEMANDANTE: FRANCIS JOSEFINA HERNÁNDEZ ASTUDILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.166.997, debidamente asistida por la abogada SANDRA ARELIS ANATO inscrita en el Inpreabogado bajo el N°37.793. DEMANDADO: ANTONIO LEONARDO BONADIES MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.115.725. NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES: SE OMITEN DATOS CONFORME AL ART. 65 DE LOPNNA MOTIVO: Revisión de la Obligación de Manutención. De conformidad con el artículo 485 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la ciudadana Juez del Tribunal Tercero (3°) de Juicio, Abg. BETILDE ARAQUE GRANADILLO, procede a reproducir el presente fallo, en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni transcripciones de actas, ni documentos que consten en el expediente. -I- DE LA DEMANDA Se inicia la presente causa por demanda presentada en fecha 17 de enero de 2013, por la ciudadana FRANCIS HERNÁNDEZ ASTUDILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.166.997; a favor de su hijo, el joven SE OMITEN DATOS CONFORME AL ART. 65 DE LOPNNA; contra el ciudadano ANTONIO LEONARDO BONADIES MORENO, La parte accionante alega en su escrito libelar: que en fecha 10/01/2008 fue dictada por la extinta Sala de Juicio 15 en sentencia, acordó una manutención por la cantidad de TRESCIENTOS BOLÍVARES (300,00.), cantidad esta que no es suficiente para cubrir los gastos de manutención de su hijo, siendo ella la que ha tenido que afrontar toda esa carga familiar que es común de ambos padres. -II- DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Siendo la oportunidad para que la parte demandada diera contestación a la demanda, pudo verificarse de las actas procesales que conforman el presente asunto, que el mismo no compareció ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno a ejercer su legitimo derecho a la defensa, de la misma forma pudo evidenciarse que el accionado mantuvo una actitud contumaz durante el iter procesal, no asistiendo a las audiencias celebradas en etapa de juicio. -III- DEL ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA En relación a las pruebas promovidas por la parte actora, quien suscribe observa, que en el lapso legal para promoverlas y evacuarlas, siendo la Audiencia de Juicio, la parte actora se valió de los siguientes instrumentos probatorios: DOCUMENTALES 1.- Copia simple del Acta de Nacimiento, del joven de marras, expedida por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia xxxxxxxx, Municipio Libertador del Distrito Capital , según consta en acta N° xxxxx, del joven de autos, la cual riela al folio (10); este Tribunal le otorga merito probatorio en razón de no haber sido impugnada, teniéndose como fidedigno su contenido, de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 1357 y 1359 del Código Civil y el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, al ser demostrativa de la filiación entre el joven y el demandado, y así se declara. 2.- Copia certificada de la sentencia dictada en fecha 10/01/2008, en el expediente No. AP51-S-2007-020219, dictada por la extinta Sala de Juicio, Juez Unipersonal 15 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. (f. 07 y 08). Este Tribunal la valora en razón de no haber sido impugnada, teniéndose como fidedigno su contenido, por ser un documento público expedido por un funcionario competente, con arreglo a las leyes y que no ha sido desconocido por la vía de la tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 1357, 1359 y 1360, del Código Civil, y el encabezamiento del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual le otorga pleno valor probatorio , y así se declara. DE LA PRUEBA DE INFORMES 1.- Oficio emanado de la Corporación de Servicios donde informan el monto mensual y demás beneficios que percibe el demandado, esta prueba fue promovida con el objeto de demostrar la capacidad económica del obligado manuntencionista. Se le otorga el valor probatorio que merece conforme a lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, en este sentido, observa esta juzgadora que la misma es pertinente, necesaria e indispensablea objeto de decidir el presente expediente a favor del joven de marras, y así se decide. DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA En relación a las pruebas promovidas por la parte demandada, quien suscribe observa, que en el lapso legal para promover las pruebas el accionado no hizo uso de este derecho. DE LA AUSENCIA DE LA OPINIÓN DEL JOVEN DE AUTOS En virtud del mandato legal establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco del derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes a opinar y ser oídos, se dejó constancia que no se oyó al joven porque se negó a venir a la Audiencia de Juicio, según lo referido por su madre; en este sentido es importante lo dictaminado por la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 900 de fecha 30 de mayo de 2008, con ponencia de la Magistrado Dra. Carmen Zuleta de Merchan, la cual es del siguiente tenor: Así las cosas, es preciso examinar si en efecto se infringió el referido derecho fundamental, es decir, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a opinar y a ser oídos en los procedimientos judiciales: En tal sentido, advierte la Sala que el mismo, garantizado mediante el artículo 78 constitucional, consiste en una garantía reconocida en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989, posteriormente aprobada por Ley del Congreso de la República de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial número 34.451 del 29 de agosto de 1990, en cuyo contenido se dispone: “Artículo 12. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”. Dicha disposición otrora desarrollada en el artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, vigente, asimismo, en la novísima Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en los mismos términos, establece: Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes, entre ellos: al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreacional. Parágrafo Primero. Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal y directo de este derecho, especialmente en todo procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una decisión que afecte sus derechos, garantías e intereses, sin más límites que los derivados de su interés superior. Parágrafo Segundo. En los procedimientos administrativos o judiciales, la comparecencia del niño, niña o adolescente se realizará de la forma más adecuada a su situación personal y desarrollo. En los casos de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales o discapacidad se debe garantizar la asistencia de personas que, por su profesión o relación especial de confianza, puedan transmitir objetivamente su opinión. Parágrafo Tercero. Cuando el ejercicio personal de este derecho no resulte conveniente al interés superior del niño, niña o adolescente, éste se ejercerá por medio de su padre, madre, representantes o responsables, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del niño, niña o adolescente, o a través de otras personas que, por su profesión o relación especial de confianza puedan transmitir objetivamente su opinión. Parágrafo Cuarto. La opinión del niño, niña o adolescente sólo será vinculante cuando la ley así lo establezca. Nadie puede constreñir a los niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión, especialmente en los procedimientos administrativos y judiciales”. …(Omisis)… Al respecto, resulta oportuno hacer mención a la Exposición de Motivos de la citada Ley Orgánica (hoy reformada), que con ocasión de la novedosa inclusión de este derecho en nuestra legislación expresó: “Este derecho garantiza a todos los niños y adolescentes la facultad de opinar en todos los asuntos que les conciernan y, adicionalmente, obliga a todas las personas a tomar en cuenta sus opiniones de acuerdo a su desarrollo. Por tanto, tienen derecho a expresar su forma de ver las cosas en todos los ámbitos de la vida, y a que las opiniones que han expresado sean consideradas por las demás personas, nunca desechadas de antemano. Este derecho no intenta en modo alguno establecer que sus opiniones sean de obligatorio acatamiento o imperativas para las demás personas, si no más bien asegurar que los niños y adolescentes sean respetados como sujetos en desarrollo y que como tales tienen algo que decir y un lugar de nuestra sociedad. Este derecho se considera un medio idóneo para la formación de personas con capacidad y responsabilidad para ejercer sus derechos y cumplir son sus deberes… (Negritas de este Tribunal). …(Omisis)… Tal omisión del juzgador constituye no sólo una violación al derecho de los niños, niñas y adolescentes de opinar en los asuntos que les interesan, sino que además, constituye una violación a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa, por cuanto, si el juez consideraba que su opinión no era precisa para resolver el caso, pudo haberlo manifestado de forma expresa, de tal manera que el solicitante tuviera conocimiento de los motivos que tenía para prescindir de una actuación que de suyo es primordial. (Negritas y subrayado de este Tribunal). En efecto, en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de juicio, se dejó constancia de la no comparecencia del niño de autos, por encontrarse cumpliendo con sus actividades académicas, en consecuencia este Tribunal dio continuidad a la mencionada audiencia, con fundamento en el artículo 486 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; eximió oír al joven y así se declara. -IV- MOTIVA Cumplidos los requisitos y el procedimiento de Fijación de Obligación de Manutención, en el marco de las normas adjetivas establecidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a los fines de decidir, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio observa: En primer lugar, se constata que la acción aducida por la accionante, no está prohibida por la Ley, sino que por el contrario está amparada por ella, pues la actora pretende la Fijación de Obligación de Manutención, cuyo fundamento legal se encuentra en el literal d) del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; en tal sentido y antes de pasar a determinar el quantum alimentario en beneficio del niño de marras, es necesario atender las disposiciones contenidas en el Código Civil y en los artículos 366 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las cuales consagran el derecho irrenunciable que tiene todo niño y adolescente a recibir de parte de sus padres una prestación para su sustento, lo cual ha sido definido por el Legislador Patrio como Obligación de Manutención, que garantice su derecho a un nivel de vida adecuado, y al mismo tiempo establecido como el compromiso irrenunciable por parte de éstos de proporcionarla. En este sentido, el artículo 366 de la Ley Especial establece: “…. La Obligación de Manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y adolescente...”. Vale precisar que por la edad del joven de autos, el mismo se encuentra incapacitado para abastecerse por si solo su propio sustento, requiriendo evidentemente la ayuda de sus progenitores; es pertinente señalar que la madre por su parte de conformidad con lo previsto en el artículo 282 del Código Civil, en concordancia con el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, esta obligada conjuntamente con el padre a contribuir en igualdad de condiciones con los gastos de manutención de sus hijos, para lo cual se considera y reconoce igualmente, el trabajo domestico como actividad económica que genera valor agregado y que produce riqueza, a tenor de lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el in fine del encabezamiento del artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y así se declara. Resulta útil a fines pedagógicos señalar, lo que expresan los diferentes autores en relación a la institución de la Obligación de Manutención; Roberto de Ruggiero, por ejemplo, afirma: "La obligación legal de alimentos reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros del consorcio familiar y en la comunidad de intereses, causa de que las personas pertenecientes a un mismo grupo se deban recíproca asistencia…" En el mismo orden de ideas, el Dr. Aníbal Dominici, quien comenta el Código Civil venezolano refiriéndose al artículo 262, el cual hacía recaer la obligación de manutención en el padre y la madre, lo siguiente: “ En defecto de uno de los dos, la obligación recae íntegra sobre el que existe y no está imposibilitado de cumplirla. Es decir, que la ley llama al padre y a la madre, conjuntamente, y sin preferencia, a satisfacer los deberes que a los dos impone". Por su lado la jurista Isabel Grisanti Aveledo de Luigi, define la obligación como: “ El deber que tiene una persona de suministrar a otra los recursos que ésta requiera para subsistir”. Finalmente, haciendo énfasis la Dra. Patricia Alzate Monroy, nos indica que: “ Hablar de los alimentos en derecho de familia es referirse a los medios indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas de la familia, de acuerdo con su concreta posición socio-económica. Comprende no sólo los alimentos sino también la educación, vivienda, asistencia medica, esparcimiento, etc. La obligación de procurar estos alimentos recae normalmente en los padres respecto de los hijos, pero también puede ser los hijos hacia los padres si las circunstancias de justicia lo exigen”. De lo anteriormente expuesto, se deriva que la Obligación de Manutención no comprende sólo las sustancias nutritivas propiamente dichas, sino que abarca los aspectos más amplios de la vida de los niños, niñas y adolescentes, como son: salud, vestido, educación, vivienda, y hasta la recreación tan necesaria para el buen desarrollo físico e intelectual del mismo, sin olvidar la atención dada a él, en función de los servicios prestados; como lo son: el lavado de su ropa, el planchado de la ropa, la preparación de sus alimentos, la atención diaria en el cumplimiento de sus deberes escolares, entre otros, lo cual resulta un deber de los padres hacia sus hijos; sin embargo, la determinación de esta en un quantum delimitado, se produce al momento de originarse una ruptura en las relaciones familiares, como sucede en los casos donde los progenitores disuelven su vinculo conyugal, o simplemente viven en residencias separadas, allí surge la controversia, en la cual solo uno de estos ostentara la custodia; en este caso, el padre o la madre custodio, asume directamente los gastos y servicios del niño, niña o adolescente, por lo que el progenitor no custodio es el llamado por la Ley a disponer de un monto para la manutención, conforme a su capacidad económica y las necesidades del joven, siendo estos dos últimos aspectos, considerados como elementos fundamentales para la determinación de la obligación; el primero, relacionado a las necesidades del joven; y el segunda, referido a la capacidad económica del obligado; entendiendo las necesidades del niño, niña y adolescente en un amplio sentido, ya que nuestra Ley Especial en su artículo 369 consagra: Artículo 369. Elementos para la Determinación. Para la determinación de la Obligación de Manutención, el juez o jueza debe tomar en cuenta la necesidad e interés del niño, niña o adolescente que la requiera, la capacidad económica del obligado y obligada, el principio de unidad de filiación, la equidad de genero en las relaciones familiares y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Cuando el obligado u obligada trabaje sin relación de dependencia, su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo. La cantidad a pagar por concepto de Obligación de Manutención se fijará en una suma de dinero de curso legal, para lo cual se tomara como referencia el salario mínimo mensual que haya establecido el Ejecutivo Nacional, para el momento en que se discute la decisión. En dicha sentencia podrá preverse el aumento automático de dicha cantidad, el cual procede cuando exista prueba de que el obligado u obligada de manutención recibirá un incremento de sus ingresos. Atendiendo lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico, se observa que se encuentra suficientemente probada la filiación paterna; de otro lado debemos observar que, lo que corresponde a su capacidad económica; en el caso que se analiza, el Tribunal observa: que la legitimada accionante señalo en su escrito libelar cuales eran las necesidades actuales del joven de autos, a lo que el demandado no indico nada que desvirtuara tales afirmaciones, al quedar confeso tras la constatación de los tres elementos que dan lugar a la configuración de la confesión ficta; vale decir, que el accionado no haya contestado la demanda, que no haya probado nada en el proceso que lo favoreciere y que la acción no este expresamente prohibida por la ley, de allí que, atendiendo a las máximas experiencias, como quiera que las necesidades del niño de autos, tal como se señalo anteriormente, están determinadas por cuanto que demostrada su corta edad, éste se encuentra está incapacitado para proveerse por si mismo el sustento, requiriendo lógicamente de la ayuda de sus progenitores; por cuanto de los mismos deben proveer a sus hijos de todo lo necesario para su desarrollo integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se establece. Así las cosas, como quiera que el procedimiento instaurado supone la fijación del monto específico a ser cancelado regularmente por el obligado manutencionista, atendiendo a los alegatos, a las pruebas aportadas, debe verificarse lo que corresponde a la capacidad económica del obligado; en este orden de ideas, se observa que el ciudadano ANTONIO LEONARDO BONADIES MORENO, labora para la empresa Corporación de Servicios cuestión que fue constatada mediante prueba de informe, obteniendo el detalle de las cantidades de dinero derivadas producto de su trabajo la empresa ya mencionada, y que son tomadas en cuenta a fin de establecer cuanto ha de corresponderle al joven de autos para sufragar sus necesidades, sin menoscabar el hecho que dicho ciudadano también debe amparar con este salario, su propio sustento; de otro lado, no habiendo demostrado tenerr otra carga familiar u otra responsabilidad ineludible, y de conformidad con lo establecido con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil que consagra el principio de exhaustividad, según el cual los jueces deben abstenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, pudiendo sin embargo fundar cualquier decisión en las máximas de experiencia. En tal sentido, en el presente caso se procederá a establecer el quantum proporcional, pues la parte demandante logró demostrar que el progenitor actualmente posee una capacidad económica suficiente para contribuir con la Manutención de su hijo, así se declara. Conforme al criterio anterior, por cuanto el demandado ha sido declarado confeso y al tener una capacidad económica razonable, este Tribunal debe declarar impretermitiblemente parcialmente con lugar la demanda y por consiguiente la procedencia de la fijación del monto de la obligación de manutención, incluyendo cualquier otro beneficio que contractualmente reciba el obligadoproducto de su trabajo en la empresa Corporación de Servicios, y así se decide. Asimismo, con fundamento en todo lo ya expuesto, y considerando como base el Principio del Interés Superior del Niño y en beneficio del niño de autos, es por lo que este Tribunal fija por concepto de obligación de manutención, la cantidad de MIL CIEN BOLIVARES CON 00/100 cts. (Bs. 1.100,00), y establece dos (02) cuotas especiales, una en el mes de agosto por la cantidad de la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS BOLIVARES CON 00/100 cts. (Bs. 2.200,00), y otra en el mes de diciembre por la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS BOLIVARES CON 00/100 cts. (Bs. 2.200,00) es decir, que en cada uno de esos meses se cancelara la cuota adicional, a la cuota mensual establecida ya señalado; en consecuencia, debe declararse con lugar, y así se establece. V DISPOSITIVA Este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda por REVISIÓN DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, incoada por la ciudadana FRANCIS JOSEFINA HERNÁNDEZ ASTUDILLO, ya identificada, en su carácter de progenitora del adolescente SE OMITEN DATOS CONFORME AL ART. 65 DE LOPNNA contra el ciudadano ANTONIO LEONARDO BONADIES MORENO, plenamente identificado en autos; este Órgano Jurisdiccional dispone: PRIMERO: Se establece como quantum de manutención mensual a cancelar por el progenitor, ciudadano ANTONIO LEONARDO BONADIES MORENO, la cantidad de MIL CIEN BOLIVARES CON 00/100 cts. (Bs. 1.100,00), equivalente al 40,7 % del Salario Mínimo, tomando como referencia el Salario Mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional en decreto N° 30, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.157, de fecha 30/04/2013; el cual será descontado del sueldo o salario del obligado en partidas quincenales a razón del cincuenta por ciento (50%) del monto fijado como obligación de manutención, el cual asciende a la cantidad de QUNIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100 cts. (Bs. 550,00), los cuales deberán ser entregados y/o cancelados a la ciudadana FRANCIS JOSEFINA HERNÁNDEZ ASTUDILLO. SEGUNDO: Se establecen dos (02) cuotas especiales adicionales al quantum de manutención fijado; una a cancelar en el mes de agosto, por la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS BOLIVARES con 00/100 cts. (Bs.2.200,00), a fin sufragar parte de los gastos escolares, la cual es adicional al quantum de manutención fijado; y otra cuota especial en el mes de diciembre, por la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS BOLIVARES con 00/100 cts. (Bs.2.200,00), a fin de sufragar los gastos decembrinos, y la cual es adicional al quantum de manutención fijado la cual será descontada de la nomina del obligado en el mes que le paguen los aguinaldos, hasta cubrir la totalidad de la cuota. Estas cuotas deberán ser entregadas y/o canceladas a la ciudadana FRANCIS JOSEFINA HERNÁNDEZ ASTUDILLO. TERCERO: Se ordena la inclusión del joven up supra identificado, en los beneficios laborales y contractuales que posee el obligado alimentario, como personal de la Compañía CORPORACIÓN DE SERVICIOS .S.A., entiéndase seguro de vida y/o seguro HCM, PARA LO CUAL SE ORDENA OFICIAR A LA EMPRESA DONDE TRABAJA EL OBLIGADO. CUARTO: Ofíciese a la Dirección de Recursos Humanos de la Corporación de Servicios S.A. (Coordinación de Recursos Humanos), con la finalidad de que realicen el descuento de quantum fijado de la nomina del obligado alimentario, así como lo acordado en el punto primero segundo y tercero, dichos montos deberán ser cancelados y depositados a la ciudadana FRANCIS JOSEFINA HERNÁNDEZ ASTUDILLO. QUINTO: Los gastos extraordinarios serán sufragados en forma solidaria por ambos padres, es decir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los gastos que incurra el adolescente, por los siguientes conceptos: Consultas Médicas, Medicina, atención medica-odontológica, gastos vacacionales, estudios complementarios y deportivos. SEXTO: Se acuerda oficiar a la Oficina de Control de Consignaciones (O.C.C.) a los fines de que se sirva aperturar una cuenta a nombre de la ciudadana FRANCIS JOSEFINA HERNÁNDEZ ASTUDILLO, en su carácter de progenitora del joven de marras. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Juez del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en la ciudad de Caracas, a los cuatro (04) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013). Años 203° de Independencia y 154° de la Federación. LA JUEZA, EL SECRETARIO, BETILDE ARAQUE GRANADILLO ENDER PEREZ. En esta misma fecha y previo el anuncio de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, déjese copia de la misma en el copiador de sentencias de este Tribunal, dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. EL SECRETARIO, ENDER PEREZ. AP51-V-2013-000743 Revisión de la Obligación de Manutención BAG/EP/Yosoty.