TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 24 de septiembre de 2013
203º y 154º

SENTENCIA N°: PJ002013000179
ASUNTO Nº: AF48-U-1997-000084.
ASUNTO ANTIGUO Nº: 1997-977.

Recurso Contencioso Tributario
Vistos: Con informes de ambas partes.

RECURRENTE: DISTRIBUIDORA BENEDETTI, C.A. BARQUISIMETO, inscrita en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito del Estado Lara, en fecha 20 de marzo de 1972, bajo el Nº 93, del Libro de Comercio Nº 2.
APODERADO DE LA RECURRENTE: Abogada Gladys Millan Pérez, titular de la cédula de identidad Nº 2.768.401 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 17.206.
ACTO RECURRIDO: La Resolución Nº 335-97 de fecha 01 de marzo de 1997, emanada de la Alcaldía de Iribarren del Estado Lara.
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RECURRIDA: Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara.
Representación del Fisco: Abogada Carmen Campo de Martínez, titular de la cédula de identidad Nº 4.250.078 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 28.580.
Impuesto: Impuesto Sobre Patente de Industria y Comercio.

I
RELACIÓN CRONOLÓGICA
Se inicia el presente proceso mediante distribución efectuada por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha 08 de octubre de 1997, por la Abogada Gladys Millan Pérez, titular de la cédula de identidad Nº 2.768.401 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 17.206, actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente DISTRIBUIDORA BENEDETTI, C.A. BARQUISIMETO, contra la Resolución Nº 335-97 de fecha 01 de marzo de 1997, emanada de la Alcaldía de Iribarren del Estado Lara, mediante la cual se declaró Sin Lugar el Recurso de Reconsideración ejercido por la contribuyente en fecha 29 de mayo de 1997, contra la Resolución Nº 123-97 de fecha 16 de abril de 1997 que impuso a la recurrente el pago de cinco millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho bolívares con noventa y seis céntimos (Bs. 5.136.438,96) equivalente actualmente a cinco mil ciento treinta y seis bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 5.136,44) en concepto de Impuesto sobre patente de industria y comercio y la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve bolívares con setenta y dos céntimos (Bs. 1.448.109,72) equivalente actualmente a la cantidad de un mil cuatrocientos cuarenta y ocho bolívares con once céntimos (Bs. 1.448,11) en concepto de Intereses Moratorios.
En fecha 20 de octubre de 1997, este Tribunal le dio entrada al asunto bajo el N° 977, ordenando la notificación de la Administración Tributaria (Síndico Procurador Municipal del Municipio Iribarren del Estado Lara) a quien además se solicitó el expediente administrativo de la contribuyente y al Contralor General de la República.
A los fines de la notificación de la Administración Tributaria, en fecha 24 de octubre de 1997, se comisionó al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
En fecha 29 de Enero de 1998, se recibió el Oficio Nº 0360-231 de fecha 15 de diciembre de 1997, mediante el cual el Juzgado comisionado remitió las resultas de la comisión conferida por este Tribunal para la notificación de la Administración Tributaria.
La boleta de notificación librada al Contralor General de la República fue consignada a los autos en fecha 16 de febrero de 1998.
Mediante auto de fecha 06 de marzo de 1998, el Tribunal admitió el recurso ordenando su tramitación y sustanciación correspondiente.
El 15 de abril de 1998, la causa quedó abierta a prueba, iniciando el 16 de abril 1998 el lapso de promoción de pruebas, el cual venció en fecha 14 de mayo de 1998.
Mediante auto de fecha 18 de mayo de 1998, fue agregado a los autos el escrito de promoción de pruebas presentado por la recurrente en fecha 20 de abril 1998, el cual había sido reservado por secretaría.
En fecha 26 de mayo de 1998, se admitieron las pruebas promovidas por la recurrente.
Posteriormente el 22 de julio de 1998, venció el lapso probatorio en el presente asunto.
El 23 de julio de 1998, se inicio la vista de la causa y mediante auto de fecha 28 de julio de 1998, se fijó la oportunidad para informes.
En fecha 23 de septiembre de 1998, la representación judicial de ambas partes presentaron sus escritos de informes, y se fijó la oportunidad para presentar observaciones a los informes.
Luego en fecha 08 de octubre de 1998, la apoderada judicial de la contribuyente consignó su escrito de observaciones a los informes.
En la misma fecha (08 de octubre de 1998), concluyó la vista en el presente asunto.
Mediante auto de fecha 03 de abril de 2000, el ciudadano Alberto Lovera, en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal se abocó al conocimiento del asunto.
En fecha 14 de agosto de 2000, la representación del Fisco Municipal solicitó que se dictara sentencia la presente causa.
Por auto de fecha 18 de diciembre de 2002, se ordenó agregar a los autos el expediente administrativo de la contribuyente que fuera remitido por la Sindicatura Municipal.
En fecha 24 de octubre de 2011, quien suscribe la presente decisión, habiendo sido designada como Juez Superior Titular de este Órgano Jurisdiccional, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sesión del 30 de noviembre de 2005, se abocó al conocimiento de la causa, ordenando la notificación de la contribuyente mediante Cartel de Notificación fijado a las puertas del Tribunal.
Posteriormente mediante auto de fecha 14 de mayo de 2013, el Tribunal ordenó notificar a la contribuyente para que manifestara su interés procesal en el presente asunto, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de su notificación, a cuyo efecto se libró la correspondiente Boleta de Notificación.
En fecha 15 de julio de 2013, el ciudadano Alguacil Orlando Méndez, consignó a los autos la boleta de notificación libradas a la contribuyente, sin firmar, por cuanto se trasladó a la dirección procesal suministrada y en la misma le informaron que la oficina estaba desocupada.
Finalmente en fecha 17 de julio de 2013, se ordenó fijar cartel de notificación a las puertas del Tribunal, dándose el término de diez (10) días de despacho para su notificación.
Hecha la cronología anterior este Tribunal observa:
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Antes de emitir el pronunciamiento de fondo en el presente asunto, quien sentencia observa que la última actuación procesal de la recurrente DISTRIBUIDORA BENEDETTI, C.A. BARQUISIMETO, se verificó en fecha 08 de octubre de 1998, mediante escrito de observaciones a los informes, en consecuencia esta Juzgadora considera necesario analizar si se han verificado los extremos legales para declarar la pérdida del interés procesal en el presente asunto y en tal sentido observa lo siguiente:
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, ha reiterado el criterio según el cual:
“El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: ‘DHL Fletes Aéreos, C.A.’), en el que se señaló lo siguiente:

‘(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido’.” (Resaltado del Tribunal).

De conformidad con el criterio jurisprudencial antes transcrito, la pérdida de interés puede ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia. No obstante, se advierte que dicha pérdida de interés debe ser verificada antes de que proceda la extinción de la acción, razón por la cual, resulta imperativo notificar al recurrente concediéndole un lapso prudencial para que manifieste su interés o no en que se sustancie y decida su causa, todo en aras de resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva.
En relación a esto último la misma Sala Constitucional en sentencias Nos. 4618 y 4623, ambas del catorce (14) de Diciembre de 2005, estableció lo siguiente:
“En efecto, es jurisprudencia reiterada de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho “vistos” -como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de un recurso, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado.
Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva-, pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
En consecuencia, en virtud de que ha transcurrido un largo tiempo desde la oportunidad en que la extinta Corte Suprema de Justicia dijo “vistos”, esta Sala ordena notificar a la parte recurrente, bien en su domicilio procesal o por cartel en caso de no haberlo indicado -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia-, para que informe, en un plazo máximo de treinta (30) días continuos a partir de su notificación, si conserva el interés para continuar este proceso. De no producirse respuesta de la parte recurrente dentro del plazo fijado, la Sala considerará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes, supuesto para el cual se ORDENA el archivo del expediente, HABILITÁNDOSE al Juzgado de Sustanciación para que proceda al archivo.” (Resaltado del Tribunal)
En atención a los criterios anteriormente expuestos, le corresponde a esta sentenciadora analizar las últimas actuaciones procesales de la parte recurrente en el presente asunto, y al respecto observa que en fecha 08 de Octubre de 1998, concluyó la vista en la presente causa (folio 150), sin que conste en autos, desde esa fecha, alguna actuación procesal de la recurrente dirigida a darle impulso al juicio, lo cual denota un absoluto desinterés en que se decida la presente causa.
Así mismo, consta en el expediente que mediante auto dictado en fecha 14 de mayo de 2013 (folio 350), el Tribunal ordenó notificar a la contribuyente para que manifestara su interés procesal en continuar con el recurso, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de su notificación, a cuyo efecto se libró la boleta de notificación correspondiente.
En fecha 15 de julio de 2013, el ciudadano Alguacil Orlando Méndez, consignó a los autos la boleta de notificación, sin firmar, por cuanto se traslado a la dirección procesal suministrada y en la misma le informaron que la oficina estaba desocupada, (folio352 al folio 354), en consecuencia se ordenó fijar cartel de notificación a las puertas del Tribunal en fecha 17 de julio de 2013, dándose el término de diez (10) días de despacho para su notificación, a cuyo vencimiento comenzaría a correr el lapso de diez (10) días de despacho para manifestar su interés procesal.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación alguna en que se decida la presente causa, este Tribunal considera que se han verificado los extremos necesarios para declarar la Pérdida del Interés Procesal de la contribuyente DISTRIBUIDORA BENEDETTI, C.A. BARQUISIMETO, en continuar el presente asunto y en consecuencia da por terminado el procedimiento. ASÍ SE DECLARA.
Visto el pronunciamiento anterior, este Tribunal considera inoficioso entrar a conocer sobre el fondo de la controversia. ASÍ SE DECIDE.

III
DECISIÓN
Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL, correspondiente al Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha 08 de octubre de 1997, por la Abogada Gladys Millan Pérez, titular de la cédula de identidad Nº 2.768.401 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 17.206, actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente DISTRIBUIDORA BENEDETTI, C.A. BARQUISIMETO, contra la Resolución Nº 335-97 de fecha 01 de marzo de 1997, emanada de la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara, mediante la cual se declaró Sin Lugar el Recurso de Reconsideración ejercido por la contribuyente en fecha 29 de mayo de 1997, contra la Resolución Nº 123-97 de fecha 16 de abril de 1997 que impuso a la recurrente el pago de cinco millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho bolívares con noventa y seis céntimos (Bs. 5.136.438,96) equivalente actualmente a cinco mil ciento treinta y seis bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 5.136,44) en concepto de Impuesto sobre patente de industria y comercio y la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve bolívares con setenta y dos céntimos (Bs. 1.448.109,72) equivalente actualmente a la cantidad de un mil cuatrocientos cuarenta y ocho bolívares con once céntimos (Bs. 1.448,11) en concepto de Intereses Moratorios.
COSTAS: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese, regístrese, y notifíquese a todas las partes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veinticuatro (24)días del mes de septiembre de dos mil trece (2013). Año 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Jueza Superior Titular

Dra. Doris Isabel Gandica Andrade
La Secretaria Accidental

Abg. Abighey Carolína Díaz Gaster
En la fecha de hoy, veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013), se publicó la anterior Sentencia Definitiva N° PJ0082013000179, a las doce minutos del mediodía (12:00 p.m.)
La Secretaria Accidental

Abg. Abighey Carolína Díaz Gaster

ASUNTO: AF48-U-1997-000084.
ASUNTO ANTIGUO: 1997-977.