REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, (29) de ABRIL de dos mil (2014)
204º y 155º
ASUNTO: AP21-L-2013-000407

PARTE ACTORA: LORENZO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.946.614

APODERADO JUDICIAL DEL ACTOR: ANASTACIA RODRIGUEZ, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 88.222

PARTE DEMANDADA: CORPORACION INTERNACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL C.A. (CORINPROINCA) de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 23- 05-1985 quedando anotada bajo el No. 67, Tomo35-A Sgdo.

APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDADA: ANNA VENDITTELI, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 40.307

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

ANNA VENDITTELI IPSA N° 40.307, quien dice ser apoderado judicial de la parte demandada y por la otra parte el ciudadano LORENZO GONZALEZ C.I V- 4.946.614 debidamente asistido por la abogada ANASTACIA RODRIGUEZ IPSA N° 88.222,

En el juicio que por motivo de Cobro de Prestaciones Sociales, incoara por el ciudadano LORENZO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.946.614, en contra de la entidad de trabajo, CORPORACION INTERNACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL C.A. (CORINPROINCA) la parte accionante presentó su demanda por concepto de Cobro de Prestaciones Sociales en fecha (31) de enero de 2014, en este Circuito Judicial estimando su pretensión en la suma de (Bs. 156.735,01)

Ahora bien visto que las partes de mutuo y común acuerdo, libres de coacción, apremio y en plena clarividencia en el querer presentaron escrito de transacción, detallado mediante la cual deciden poner fin al asunto mediante el acto alternativo, en la cual fijaron como monto para satisfacer las pretensiones la suma de (Bs. 26.000,00) pagaderos mediante cheque y solicitan su homologación.


CONSIDERACIONES PARA DECIDIR


En el mismo orden de ideas, y en concordancia con lo expuesto anteriormente, este Juzgador, al revisar los requisitos de la transacción observa lo siguiente: el artículo 19 de La Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores, anteriormente el artículo 3, Parágrafo Único, de la Ley Orgánica del Trabajo (derogada), expresa clara y sencillamente que cuando se lleva a cabo una transacción laboral ante la autoridad competente del trabajo, vale decir, Inspector del Trabajo o Juez laboral, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada, porque al ser presentada ante él, éste verificará si la misma cumple o no con los requerimientos para que sea homologada y tenga validez y carácter de cosa juzgada.

Al respecto, debe iniciarse un examen atendiendo a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece como principio, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, en su artículo 89 numeral 2°, empero permite la transacción y convencimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

En este orden de ideas conviene precisar que la transacción tiene una doble naturaleza: a) La transacción es un contrato, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1159 del Código Civil, tiene fuerza de ley entre las partes; y, b) La transacción es un mecanismo de autocomposición procesal, en el que las partes, mediante recíprocas concesiones, determinan los límites de las situaciones jurídicas controvertidas, y de allí que fundamentalmente tenga efectos declarativos, con carácter de cosa juzgada.

Además, la transacción produce efectos que no sólo se concretan respecto al proceso en cuanto pone fin al mismo y extingue la relación procesal, sino también respecto de la relación jurídica material que se afirma en la pretensión que es objeto del proceso y que las partes componen mediante las recíprocas concesiones. Esto es lo que la doctrina ha denominado los efectos materiales y los procesales de la transacción.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1631 del 31 de octubre de 2008, indicó lo siguiente:

“En este sentido, debe destacarse que conforme a los artículos 1.713 a 1.723 del Código Civil, la transacción es un contrato bilateral por medio del cual las partes ponen fin al juicio y tiene entre las partes la fuerza de la cosa juzgada (artículos 255 del Código de Procedimiento Civil y 1.718 del Código Civil).


Igualmente, en cuanto a la validez de la transacción, la Sala Constitucional en sentencia número 1400 del 4 de julio de 2007, expresó lo siguiente:
En este sentido, se debe hacer referencia a los artículos 255 y 256 del Código Procedimiento Civil, los cuales establecen lo siguiente:
‘Artículo 255
La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada.
Artículo 256: Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución’.
De lo anterior se deduce que si bien la transacción -entendida como contrato- tiene fuerza de ley entre las partes, los efectos de la cosa juzgada que le atribuye el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil -relativos a su ejecutoriedad- no le son otorgados, sino hasta que el Juez dicte la respectiva homologación, pues es necesario que la legalidad de la misma sea verificada por el Juez y avalada por el respectivo auto.”

La referida transacción es voluntad expresada por las partes en la oportunidad fijada por el Tribunal antes de la celebración para la Audiencia oral de Juicio correspondiente y constituye libre manifestación de las mutuas concesiones a las cuales las partes han arribado, a los fines de evitar en forma definitiva futuras reclamaciones laborales o de cualquier índole.

En este orden de ideas, corresponde al Tribunal verificar los términos del acuerdo suscrito por las partes, el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma del artículo 19 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, y artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente.

Examinados los términos del acta transaccional, y visto que la parte actora actuó asistida de abogado, cumpliéndose con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso; que en la manifestación escrita del acuerdo, actuó en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno y, que la voluntad expresada por ante este Juzgado en la fecha mencionada ut supra, se encuentra debidamente circunstanciada en cuanto a la motivación de la transacción (hechos que la motivan) y derechos comprendidos, por lo que, se acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso y el pase en autoridad de Cosa Juzgada. ASÍ SE DECIDE.


En este sentido, encuentra este Juzgador que el acuerdo en el cual las partes manifiestan haber hecho recíprocas concesiones, a los fines de dar por terminado el juicio cumple con los requisitos exigidos para su validez y eficacia, pues el acuerdo contiene una relación circunstanciada de los hechos y versa sobre los derechos litigiosos en la presente causa ante un funcionario competente quien verificó que las partes actúan libre de constreñimiento, es decir, en forma voluntaria y que aceptan conforme la transacción antes indicada con fundamento en los artículos 26, 257 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 6 de la Orgánica Procesal del Trabajo e igualmente los artículos 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y 10 y 11 de su Reglamento. Así se decide.-


D E C I S I Ó N

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley de conformidad con las normas de los Artículos 1713 y 1718 del Código Civil, 255, 256, 261 del Código de Procedimiento Civil, 3 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras y por aplicación extensiva del Artículo 133 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como el artículo 62 de eiusdem; declara: 1) se HOMOLOGA la transacción suscrita entre el ciudadano LORENZO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.946.614y la sociedad mercantil CORPORACION INTERNACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL C.A. (CORINPROINCA) en los mismos términos y condiciones en ella establecidos, pasándola en autoridad de cosa juzgada. Así se establece.-

Finalmente ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/ . CÚMPLASE.
El JUEZ,


CARLOS ACHIQUEZ MEZA

El SECRETARIO,

ABG. CARLOS MENDEZ