TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA
Ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-6.931.436 y V-12.627.213, respectivamente. APODERADA JUDICIAL: LILI ZUTA PEREDA, letrada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 84.576.

PARTE DEMANDADA
Ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V-2.157.652. APODERADA JUDICIAL: ELBA IRAIDA OSORIO, letrada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 75.438.

MOTIVO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA

OBJETO DE LA PRETENSIÓN: un inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nº 103, ubicado en la planta Décima (10ma.) de las “Residencias Clavel”, situada en la Avenida José Antonio Páez de la Urbanización El Paraíso, Parroquia Santa Teresa, Municipio Libertador del Distrito Capital.

I

Se recibió la presente causa en fecha 24 de marzo de 2014 de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso de apelación interpuesto el 11 de marzo de 2014 por la abogada Lili Zuta Pereda, apoderada judicial de la parte actora, contra la decisión dictada el 26 de febrero de 2014 por el Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA incoaran los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS en contra del ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ, y con lugar la reconvención que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OPCIÓN COMPRA-VENTA sigue el ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ contra los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS.

Por oficio Nº 14.0125 de fecha 24 de marzo de 2014 se remitió el presente expediente al Juzgado a-quo, a los fines de que subsanara por Secretaría las tachaduras que contenía el mismo. Las actas procesales fueron devueltas a esta Superioridad el 28 de abril de 2014.

II
Visto el recurso de apelación interpuesto el 11 de marzo de 2014 por la abogada Lili Zuta Pereda, apoderada judicial de los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS (parte actora), en contra de la decisión dictada el 26 de febrero de 2014 por el Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el ciudadano Juez Titular de este Despacho Judicial se aboca al conocimiento y revisión de la presente causa. Asimismo, esta Superioridad considera menester hacer las siguientes consideraciones:
• Que el presente proceso se inició por demanda de Cumplimiento de Contrato de Opción de Compra-Venta, incoada por los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS contra el ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ, admitida el 16 de julio de 2013 por el Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual ordenó el respectivo emplazamiento;

• Que mediante nota de secretaría el a-quo en fecha 31 de julio de 2013, libró compulsa de citación a la parte demandada;

• Que por escrito del 04 de octubre de 2013, el abogado Xavier Enrique Pulgar Márquez, apoderado judicial del ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ (accionado), opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1º y 5º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil;

• Que a través de escrito de fecha 07 de octubre de 2013, la representación de la parte demandada peticionó se oficiara al SAIME para que suministrara el movimiento migratorio de los demandantes, lo cual fue acordado por el Tribunal de la Causa mediante auto del 18 de octubre de 2013;

• Que por diligencia del 29 de octubre de 2013, el Alguacil de la Unidad de Alguacilazgo del Circuito Judicial del Edificio José María Vargas manifestó que fue infructuosa la citación personal de la parte demandada, por lo que consignó la respectiva compulsa;

• Que mediante diligencia de fecha 29 de octubre de 2013, la apoderada judicial de la parte accionante solicitó al a-quo que el Alguacil consignará en el expediente las resultas de la citación de la parte demandada, con la finalidad de saber con exactitud el lapso de contestación de la demanda;

• Que a través de auto del 18 de noviembre de 2013, el Tribunal de la Causa estableció que cursaba en autos citación tácita de la parte accionada en fecha 04/10/2013;

• Que por decisión de fecha 19 de noviembre de 2013, el mencionado Juzgado de Municipio declaró sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, declarándose competente para conocer de la causa de marras;

• Que mediante sentencia del 06 de diciembre de 2013, el a-quo declaró sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 5º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con lo previsto en el artículo 36 del Código Civil;

• Que a través de escrito de fecha 09 de enero de 2014, la representación judicial de la parte demandada dio contestación a la demanda y propuso reconvención;

• Que por auto del 13 de enero de 2014, el Tribunal de la Causa admitió la referida reconvención y fijó para el quinto (5º) día de despacho siguiente a dicha data, para que tuviera lugar el acto de contestación a la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código de Procedimiento Civil;

• Que mediante auto de fecha 21 de enero de 2014, el Juzgado Décimo Quinto de Municipio ordenó agregar a los autos oficio Nº 138208 del 14/11/2013 proveniente del SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRAJENRÍA (SAIME);

• Que a través de diligencia del 22 de enero de 2014, la abogada Lili Zuta Pereda, apoderada judicial de los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS (parte actora), ejerció recurso de apelación contra el auto de admisión de la reconvención de fecha 13/01/2014, el cual fue negado por el a-quo mediante auto de 28 de enero de 2014 (F.79), por haber sido interpuesto fuera del lapso legal establecido (extemporáneo por tardío);

• Que por auto de fecha 04 de febrero de 2014, el Tribunal de la Causa ordenó agregar a los autos, previa lectura por Secretaria, escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte actora;

• Que mediante diligencia del 21 de febrero de 2014, la apoderada judicial del demandado solicitó la confesión ficta de la parte actora-reconvenida, al no haber dado contestación a la demanda y no haber probado nada que la favoreciera;

• Que a través de decisión de fecha 26 de febrero de 2014, el Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA incoaran los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS en contra del ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ, y con lugar la demanda de reconvención que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OPCIÓN COMPRA-VENTA sigue el ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ contra los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS;

• Que por diligencia del 11 de marzo de 2014, la abogada Lili Zuta Pereda, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS (parte actora), ejerció recurso apelación contra la sentencia de fecha 26 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal a-quo, siendo oído en ambos efectos el 12 de marzo de 2014.

Esta Alzada observa:

El Ejecutivo Nacional o los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial, en diferentes épocas, han proferido numerosas resoluciones y/o decretos que aluden a la competencia de los tribunales de la República y que en gran medida han influido en la actividad jurisdiccional, ya sea atendiendo razones de política judicial, de facilitación del acceso a la justicia, o fundándose en causas administrativas.

En relación con la mencionada temática, el profesor uruguayo ENRIQUE VESCOVI (1984), señala:
“La distribución de la competencia responde, a la necesidad práctica de una mejor y eficiente administración de la justicia. Se atiende a la mayor facilidad de administrarla, preferentemente, y al mejor acceso a ella de quienes, como partes, deben acudir o están sometidos a la misma.
La división obedece a diferentes razones y criterios. Hay, por sobre todo, una de carácter institucional, que se funda en el orden jerárquico de los tribunales y también en la especialización de la magistratura (por materias). También existe un criterio práctico consistente en la necesaria aproximación del tribunal al lugar del hecho, así como a aquel en el cual están situadas las partes (domicilio). Lo que, de otra manera, refiere a la centralización o descentralización (territorial). Otras veces el criterio es puramente objetivo, relacionado con la índole de la causa de que se trata (si es un delito más o menos grave, si es un asunto patrimonial de más razones o menos valor, …división por turnos).” (Teoría General del Proceso, P.156)

Durante la vigencia de la Constitución de 1961 y desde la promulgación de la actual Carta Magna, tanto el Consejo de la Judicatura, otrora; como el Tribunal Supremo de Justicia, actualmente, han venido estableciendo pautas, regulaciones y/o modificaciones cuánticas, con la finalidad de distribuir la competencia y adaptarla a los nuevos tiempos en beneficio de los justiciables.

En ese sentido, el 18 de marzo de 2009 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó Resolución Nº 2009-0006, en la que establece:
“Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto.

Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas o adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro asunto de semejante naturaleza…”

De la precitada resolución se desprende, meridianamente, que aquellos litigios cuyo conocimiento se atribuye por una competencia objetiva cuántica que no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), serán susceptibles de atendibilidad, trámite y decisión por los Juzgados de Municipio de la correspondiente Circunscripción Judicial.

Asimismo, se atribuye a dichos juzgados el conocimiento exclusivo de los asuntos propios de la Jurisdicción Voluntaria, exceptuando los casos en los que participen niñas, niños o adolescentes.

Ahora bien, en Ponencia Conjunta del 10 de diciembre de 2009 (Exp: Nº AA20-C-2008-000283) la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, hace un análisis sobre el alcance de la Resolución Nº 2009-0006 (del 18/03/2009) estableciendo lo siguiente:

“(…Omissis…)
Dada la anterior problemática, la Sala Plena de este Máximo Tribunal, consideró de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que debía hacerse una distribución equitativa y eficiente de las causas, entre los jueces ordinarios, para garantizar a los justiciables el acceso a la justicia, asegurando su eficacia y transparencia.

En consecuencia a partir de la publicación de la referida Resolución que fue en Gaceta Oficial Nº 39.152 de fecha 2 de abril de 2009, se redistribuyó a los Juzgados de Municipio la competencia para conocer en primera instancia de asuntos contenciosos que no excedan de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.); y de manera exclusiva y excluyente de todos los asuntos de la jurisdicción voluntaria y no contenciosa en materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes; todo ello, según las reglas ordinarias sobre la competencia sobre el territorio.

Por consiguiente, es evidente que el propósito y finalidad de la Resolución Nº 2009-00006, es garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las partes, para lo cual, se atribuyó a los Juzgados de Municipio competencia en ciertos asuntos que eran del conocimiento de los Juzgados de Primera Instancia, para corregir el problema ocasionado por la excesiva acumulación de causas, en consecuencia, es obvio, que los Tribunales de Municipio, en virtud del propósito que persigue la resolución, actúan como Juzgados de Primera Instancia, en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa en materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes, mencionados en la Resolución. Por ese motivo, una consecuencia indiscutible, es que las apelaciones que se propongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio.

Por otra parte, es necesario señalar que las modificaciones a las competencias de los Tribunales de la República, no afectará el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino en los asuntos nuevos que se presenten posterior a su entrada en vigencia, es decir, esta Resolución Nº 2009-0006 da ultraactividad (transitoria) a la normativa anterior en relación a los procesos en curso, por ello, tal Resolución es aplicable a los juicios iniciados posterior a la publicación de la referida Resolución en Gaceta Oficial Nº 39.153 de fecha 2 de abril de 2009.

En virtud de los antes expuesto, la Resolución Nº 2009-0006…no es aplicable al presente caso, pues el presente juicio de desalojo se inició en fecha…antes de su entrada en vigencia. (…)”

Igualmente, en sentencia del 10 de marzo de 2010 (Exp: Nº AA20-C-2009-000673) la Sala Civil del Alto Tribunal de la República, en la resolución de un conflicto de competencia, sentó lo siguiente:

“(…) Ahora bien, de la lectura de las actas que integran el expediente, específicamente en el folio noventa y siete (97) se encuentra inserto auto proferido en fecha 20 de abril de 2009, por el Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el cual indica: “…Visto el anterior libelo de demanda y sus recaudos, referente al juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRA VENTA, sigue la ciudadana MILAGRO DEL VALLE HERNÁNDEZ GÓMEZ, (…), contra la ciudadana NORATCY ELENA SEMPRUN OCANDO (…). Por cuanto la demanda no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal la ADMITE en cuanto a lugar en derecho”.
De lo anterior, se evidencia que el presente juicio por cumplimiento de contrato opción de compra-venta, fue interpuesto en fecha posterior a la entrada en vigencia de la Resolución emanada de este Máximo Tribunal, lo que determina en el sub iudice la aplicabilidad de la misma. Así se decide.
Por consiguiente, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala determina que el órgano jurisdiccional competente en este caso, para conocer del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el fallo proferido en fecha 21 de julio de 2009, por el Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, es el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial y sede. Así se decide.
No obstante ante la declaratoria de competencia, esta Sala insta a la abogada Imelda Rincón Ocando, Juez Provisoria del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, para que en lo sucesivo, de estricto cumplimiento y atienda con verdadero empeño lo ordenado en la Resolución N° 2009-0006, proferida por la Sala Plena de este Alto Tribunal, en el sentido de que realice interpretaciones que vayan en favor de la celeridad y la expedita administración de la justicia, ello con el fin de evitar desgastes jurisdiccionales innecesarios.
Siendo que, la mencionada profesional del derecho le otorgó a la mencionada Resolución, una interpretación errónea como fue: “…siendo que la Resolución (…), únicamente modifica “a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, y de los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial”; sin hacer mención alguna a los Tribunales Superiores o de Categoría “A”; resulta a todas luces improcedente en derecho, inferir que la competencia vertical o jerárquica funcional ha sido modificada implícitamente.
En consecuencia, y por los fundamentos antes expuestos se declara la incompetencia de este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, para conocer la presente causas (sic), pues proviene de un Tribunal de Municipio o de la categoría “C”, y su superior jerárquico es el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de Categoría “B”, a quien le corresponde conocer, una vez distribuida la causa por la Oficina correspondiente, sobre el recurso de apelación formulado, como Juzgado de Segunda Instancia…”. Pues, tal interpretación otorgada contraría el espíritu, propósito y razón de la Resolución emanada de la Sala Plena de este Máximo Tribunal, tal y como quedó expuesto en la presente decisión. Así queda establecido.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara competente al JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a fin de que conozca y resuelva la apelación ejercida en el presente juicio.(…)”

De manera que, de acuerdo al contenido de las decisiones parcialmente precitadas, y toda vez que lo que se persigue, mutatis mutandi, es “corregir el problema ocasionado por la excesiva acumulación de causas” de los Tribunales de Primera Instancia, se colige que las apelaciones de los Juzgados de Municipio deben ser conocidas, Per Saltum, por los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial respectiva.

De tal modo que, la causa de marras, iniciada el 25 de junio de 2013, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución Nº 2009-0006 (del 18/03/2009, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.153 del 02-04-2009), y sentenciada por un Juzgado de Municipio que actuó como tribunal de causa, cuya decisión fue recurrida, debe ser conocida en segundo grado de jurisdicción por este Juzgado Superior, de acuerdo al contenido de la mencionada resolución de la Sala Plena de nuestro Supremo Órgano Judicial y a las jurisprudencias antes citadas.

De ahí, que conforme a lo antes señalado, la apelación interpuesta el 11 de marzo de 2014 por la representación judicial de la parte actora en contra de la sentencia del 26 de febrero de 2014 dictada por el Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA incoaran los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS en contra del ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ, y con lugar la demanda de reconvención que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OPCIÓN COMPRA-VENTA sigue el ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ contra los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS, este Juzgado Superior asume la competencia para conocer y resolver el recurso a que se ha hecho referencia.

En consecuencia, asumida la competencia del presente asunto por este Juzgado Superior, lo procedente es ordenar a trámite el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte actora, en el juicio de por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA incoaran los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS contra el ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ.
III

Por las motivaciones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta la siguiente sentencia:

PRIMERO: Declara su competencia para conocer y decidir la apelación interpuesta el 11 de marzo de 2014 por la representación judicial de la parte actora, en contra de la resolución judicial proferida el 26 de febrero de 2014 por el Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA incoaran los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS en contra del ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ, y con lugar la reconvención que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OPCIÓN COMPRA-VENTA sigue el ciudadano LUIS ARMANDO GASSETTE VALDEZ contra los ciudadanos SAÚL EDUARDO MORÍN ARRIOJAS y ADRIANA NARCISA AMPUEDA MEJÍAS;

SEGUNDO: Asumida la competencia por este Órgano Jurisdiccional en la causa de marras, se ordena a trámite la apelación en referencia y se fija el vigésimo (20º) día de despacho siguiente a la data de la presente decisión para la verificación del acto de informes, de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, déjese copia y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil catorce (2014).-
EL JUEZ

Dr. ALEXIS CABRERA ESPINOZA
LA SECRETARIA,

Abg. ANA MORENO V.
En esta misma fecha, siendo las tres y cinco minutos de la tarde (03:05 p.m.), se publicó y registró la presente decisión.
LA SECRETARIA,

Abg. ANA MORENO V.

EXP. N° 10801
(AP71-R-2014-000288)
AJCE/AMV/fccs
D.Int.