TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, Trece (13) de Agosto de Dos Mil Catorce (2014)
204º y 155º
RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO
ASUNTO: AN3A-X-2013-000009
CUADERNO DE MEDIDAS.-
ASUNTO PRINCIPAL: AP31-V-2013-001192

-I-
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS JUDICIALES
De conformidad con lo previsto en el ordinal segundo (2°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Juzgado a determinar a las partes y sus apoderados judiciales que intervienen en la presente causa, a cuyo objeto, se observa:
-PARTE ACTORA: Constituida por la SOCIEDAD MERCANTIL DISEÑOS BEATRIZ C.A, Inscrita en el R egistro Mercantil I, de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nro. 92, Tomo 34 A-Sgdo, de fecha 20/03/1984, expediente Nro. 166.855, reformados sus estatutos sociales en varias oportunidades siendo la ultima según consta de acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 31/03/1998, la cual quedó protocolizada en el citado Registro Mercantil en fecha 21 de octubre de 1998, bajo el Nro.58, Tomo 232-A-Pro. Representada por los abogados ALEJANDRO R. YEMES, MARIA ALEJANDRA YEMES y ALEJANDRO YEMES NAVAS, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 37.117, 173.054 y 77.209, respectivamente, según consta de poder autenticado en fecha 20 de Junio de 2013, por ante la Notaria Publica Segunda del Municipio Sucre del Estado Miranda, quedando anotado bajo el Nro. 11, Tomo 99, folios 39 al 41 de los libros de autenticaciones llevados por la antes referida Notaria, el cual cursa a los folios cuarenta (40) al Cuarenta y uno (41); y la última de las co-demandadas sin apoderado judicial constituido en autos.
-PARTE DEMANDADA: Constituida por los ciudadanos FABIO SANDRIN GURIAN, CAROLINA ISABEL SANDRÍN BERTORELLI, LAURA ELENA SANDRÍN DE CASANOVA y MARINA GABRIELA SANDRIN DE FERRAGUTI, venezolanos, mayores de edad y portadores de las Cédulas de Identidad Nros° V-2.136.808, V-14.689.686 y V-14.689.686, 14.667.888 y V-2.136.807 respectivamente. Los tres primeros de los nombrados representados por los abogados JOSE SALCEDO VIVAS, MARTIN ANTONIO MANZANILLA, JOHANA SALCEDO MADONADO y JUAN LEONARDO MONTILLA GONZALEZ, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 21.612, 32.478, 105.542 y 66.653, respectivamente, según consta de poder autenticado en fecha 04 de Noviembre de 2013, por ante la Notaria Publica Octava del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, quedando anotado bajo el Nro. 09, Tomo 141 de los libros de autenticaciones llevados por la antes referida Notaria, el cual cursa a los folios Trescientos Ochenta y Ocho (388) al Trescientos Noventa (390) y vuelto, y la última de las co-demandadas sin apoderado judicial constituido en autos. -II- -SINTESIS DE LA CONTROVERSIA
Conoce la presenta causa este Juzgado Décimo de Municipio en virtud de solicitud de Medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar, formulada por la parte actora en su escrito presentado en fecha 07/07/2014, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hizo en los siguientes términos:
(SIC)…“ MEDIDAS PREVENTIVAS, A fin de asegurar las resultas de la acción intentada, y evitar quede o se haga ilusoria la pretensión del actor y la ejecución del fallo, solicitamos de conformidad con lo previsto en los Artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, se acuerde y decrete MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el inmueble antes descrito propiedad de la demandada.. …” (Fin de la cita textual).

En estos términos fue solicitada la medida cautelar bajo análisis.
-III-
- MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR-
De conformidad con lo previsto en el ordinal Cuarto (4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Juzgado a establecer los motivos de hecho y de derecho en los cuales fundamentará la presente decisión, a cuyo efecto, tiene:
El artículo 588 del Código de Procedimiento Civil regula las medidas cautelares en dos grandes clases: las medidas preventivas típicas de embargo sobre bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles y secuestro de bienes determinados. Y las medidas atípicas o innominadas que pretenden precaver un daño mediante la ejecución o prohibición de ciertos actos que determinará el Juez, según lo previsto en el Parágrafo Segundo de dicho artículo; cuyo texto, ad pedem litterae, el siguiente:
ARTÍCULO 588.- En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar de bienes inmuebles.
Podrá también el juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero.-Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere infundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar a prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
Parágrafo Segundo. Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este Artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 602, 603 y 604 de este Código.
Parágrafo Tercero. El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución de las establecidas en el artículo 590. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del artículo 589.- (fin de la cita).-

Así las cosas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece que sólo serán decretadas medidas cautelares, cuando estén presentes el Periculum in mora, y Fumus Bonis Iuris, el cual dispone implícito la tardanza o la morosidad que presupone un proceso judicial, así como la presunción del buen derecho, cuyo texto, ad pedem litterae, es el siguiente:
“ARTÍCULO 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. (Subrayado del Tribunal).

En este sentido, nos indica el autor RAFAEL ORTIZ ORTIZ (“Las Medidas Cautelares” Tomo I) en torno al Poder Cautelar, que éste implica la potestad y el deber que tienen los jueces para evitar para cualquier daño que se presente como probable, concreto e inminente en el marco de un proceso en perjuicio de las partes y, por supuesto, en detrimento de la administración de justicia.
Así sostiene el citado autor que el poder cautelar de los jueces, puede entenderse “…como la potestad otorgada a los jueces y dimanante de la voluntad del legislador para dictar las decisiones cautelares que sean adecuadas y pertinentes en el marco de un proceso jurisdiccional y con la finalidad de evitar el acaecimiento de un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes y a la majestad de la justicia…”; en el cual se enmarca su actuación en un poder-deber, en el entendido que el juez si bien normativamente tiene la competencia para dictar cautelas en el proceso, este impretermitiblemente debe dictarlas en los supuestos en que se encuentren llenos los requisitos esenciales a su dictamen, evitando con ello la discrecionalidad del sentenciador. Es a su vez un poder preventivo más no satisfactivo de la pretensión debatida, pues no busca restablecer la situación de los litigantes como en el caso del Amparo, sino que busca la protección de la ejecución futura del fallo, garantizando con ellos las resultas del proceso.
Pero no siempre ello es así, pues lo anterior sólo se aplica a las cautelas nominadas, es decir, aquellas típicas dispuestas en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 588, por ser éstas garantistas de la ejecución del fallo, diferenciándose en consecuencia de las cautelares innominadas o atípicas que dispone el Primer Parágrafo del artículo 588 antes citado, que buscan en definitiva conservar o garantizar en el proceso que uno de los litigantes no cause daño a los derechos e intereses del otro, al agregar en el articulado que la dispone, lo siguiente: “…cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra…”, lo que ha sido denominado como el Periculum Damni.
Es así que puede conceptualizarse estas cautelas como: “Un tipo de medidas preventivas de carácter cautelar cuyo contenido no esta expresamente determinado en la ley sino que constituye el producto del poder cautelar general de los jueces, quienes a solicitud de parte, pueden decretar y ejecutar las medidas adecuadas y pertinentes para evitar cualquier lesión o daño que una de las partes amenace infringir en el derecho de la otra y con la finalidad tanto de garantizar la eficacia como la efectividad de la sentencia definitiva y de la función jurisdiccional misma…”. (RAFAEL ORTIZ ORTIZ; Obra ya citada).
Desprendiéndose de tales conceptos, los caracteres esenciales a la misma (medida cautelar), cuales son:
A).- Idoneidad: Adecuación y pertinencia, para cumplir finalidad preventiva.
B).- Jurisdiccionalidad: a los efectos de ser dictadas únicamente por los órganos jurisdiccionales con competencia para ello y en un proceso en conocimiento.
C).- Instrumentalidad: como la existencia del requisito de juicio previo a su decreto (Instrumentalidad inmediata) o fuera de el (Instrumentalidad mediata) como excepción a la regla.
D).- Provisionalidad y Revocabilidad: como cautela son provisionales mientras existan las circunstancias que le dieron origen, pudiendo ser revocados al cesar las mismas o al cambiar los hechos que la sustentan.
E).- Inaudita Alteram Parte: no se requiere la concurrencia de la parte contra la cual se solicita para su decreto más si la solicitud del interesado, en el entendido de no poderse dictar de Oficio por el Juzgador.
F).- Homogeneidad y No identidad con el derecho sustancial: no debe buscarse con la misma la satisfacción de la pretensión del fondo del litigio, pues dejaría de ser cautelar preventiva para convertirse en ejecutiva.
Así, se trata de un “poder-deber” (Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de Junio de 2.005, Exp. Nº AA20-C-2004-000805) de carácter preventivo y nunca “satisfactivo” de la petición de fondo. El poder cautelar se vincula con la protección de la futura ejecución del fallo y la efectividad del proceso y, por ello mismo, no tiene nunca un carácter restablecedor sino estrictamente preventivo.
Se tiene entonces, que las medidas cautelares son aquellas mediante las cuales el poder jurisdiccional satisface el interés particular de asegurar un derecho aun no declarado, o en palabras de Mario Pesci Feltri Martínez, en su obra “Estudios de Derecho procesal Civil, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1999”, son las que tienen (SIC)”.. Como finalidad asegurar al demandante el resultado que se ha propuesto obtener al requerir la intervención del órgano Jurisdiccional…” (Fin de la cita). Siendo en consecuencia que para su viabilidad, deben concurrir los requisitos de verosimilitud de derecho y peligro en la demora (periculum in mora), y adicionarse en las cautelas innominadas el denominado Periculum in Damni, es decir, el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.
Por su parte, refiere el autor RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE (“Código de Procedimiento Civil” Tomo IV), que la naturaleza de las medidas cautelares es su instrumentalidad, su definición ha de buscarse más que sobre la base de criterio ontológico, en un criterio teleológico: no en la cualidad -declarativa e ejecutiva- de sus efectos, sino en el fin –anticipación- de los efectos de una providencia principal – al que su eficacia está preordenada. A renglón seguido, sostiene el autor: “La característica esencial de las providencias cautelares es su instrumentalidad en el sentido que ellas no son nunca fines en si mismas ni pueden aspirar a convertirse en definitivas; instrumentalizada también en el sentido de ayuda y auxilio a la providencia principal”, o como lo explica en su obra “Medidas Cautelares Según el Código de Procedimiento Civil”:
(Sic)”…El proceso cautelar existe, “cuando, en vez de ser autónomo, sirve para garantizar (constituye una cautela para el buen fin de otro proceso (definitivo)”. Cautelar puede ser no solo un proceso sino un acto, una providencia, contenida en el proceso definitivo. “La función mediata del proceso cautelar implica, la existencia de dos procesos respecto de la misma litis o del mismo asunto; el proceso cautelar, a diferencia del proceso definitivo, no puede ser autónomo; el proceso definitivo no presupone el proceso cautelar, pero el proceso cautelar presupone el proceso definitivo. No se excluye, naturalmente que el proceso cautelar no acompañe el proceso definitivo, pero ello solo puede ocurrir si antes del cumplimiento de este se extingue la litis o se ventila el negocio; si así no ocurre, la composición de la litis y el desenvolvimiento del asunto exige el proceso definitivo…
…Como quiera que el proceso cautelar nunca es autónomo, en el sentido que necesariamente esta referido a otro proceso, presenta igualmente un carácter provisional, agregamos nosotros, y siendo provisional en su existencia no puede decirse con propiedad que sus efectos produzcan cosa Juzgada, como no sea en un sentido meramente formal…
…A nuestro modo de ver, existe un elemento fundamental común en el concepto de ambos procesos. El proceso voluntario previene de la actualización de una litis, tutelando el interés determinado anticipadamente. El Proceso cautelar garantiza el resultado de otro proceso al cual sirve, y es lógico que tal garantía deba ser, también anticipada. El Término prevención que usa el autor al explicar el concepto de proceso voluntario, y el término cautelar, que utiliza en cuanto al proceso del mismo nombre, son dicciones sinónimas y que implican a su vez el acto de prever. En ambos la función jurisdiccional va dirigida a la solución apriorística de un interés legítimo, con el propósito de evitar soslayar un resultado perjudicial para el sujeto que propulsa la actividad judicial. Este elemento, a nuestro juicio, es el esencial en la definición de ambos casos de tutela jurisdiccional; y es accidental la circunstancia de que sea definitiva o provisional la vigencia de los resultados que produce (cosa Juzgada)-
…La Tutela Jurisdiccional cautelar comprende todos los actos judiciales que persiguen un fin preventivo…”. (Fin de la cita).
En tal sentido, el citado autor RAFAEL ORTIZ ORTIZ, en respaldo a la anterior tesis, agrega que la instrumentalidad no debe confundirse con un aspecto que se ha llamada “pedente litis”, es decir, la existencia previa de un litigio. Por ello, vierte que la regla general es que las cautelas no pueden ser dictadas con independencia de un proceso previamente instaurado y, en todo caso, deben estar “preestablecidas a las resultas de un juicio”.
Ahora bien, se evidencia del escrito libelar presentado en fecha 23/07/2013, por el abogado ALEJANDRO RODOLFO YEMES, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 37.117, que la pretensión que se incoa la constituye el Retracto Legal Arrendaticio incoada por la Sociedad Mercantil DISEÑOS BEATRIZ C.A., en contra de los ciudadanos FABIO SANDRIN GURIAN, CAROLINA ISABEL SANDRÍN BERTORELLI, LAURA ELENA SANDRÍN DE CASANOVA y MARINA GABRIELA SANDRIN DE FERRAGUTI, ambas partes ya antes identificadas; en cuyo escrito entre otras cosas, la accionante alega que mantiene una relación arrendaticia con la demandada por mas de veinticinco años, en cuyo lapso, se suscribieron una serie de contratos de arrendamientos debidamente autenticados y otros de carácter privado, señalando a su vez que la relación arrendaticia se inició a partir del 01 de Abril de 1988, consignando a tal efecto contratos de arrendamientos de fechas 30/03/1987, con vigencia de 01/04/197 al 31/03/1990, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “C”, Contrato de Arrendamiento de fecha 30/03/1990, con vigencia de 01/04/1990 al 31/03/1992, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “D”, Contrato de Arrendamiento de fecha 27/03/1992, con vigencia de 01/04/1992 al 31/03/1995, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “E”, Contrato de Arrendamiento de fecha 24/11/1995, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro. 19, Tomo 149, con vigencia de 01/04/1995 al 31/03/1997, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “F”, Contrato de Arrendamiento de fecha 14/08/1997, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro. 54, Tomo 105, con vigencia de 01/04/1997 al 30/06/1999, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “G”, Contrato de Arrendamiento de fecha 21/10/1999, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro. 77, Tomo 81, con vigencia de 01/07/1999 al 30/06/2000, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “H”, Contrato de Arrendamiento de fecha 02/10/2000, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro. 74, Tomo 64, con vigencia de 01/07/2000 al 30/06/2001, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “I”, Contrato de Arrendamiento de fecha 12/09/2001, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro. 19, Tomo 95, con vigencia de 01/07/2001 al 30/06/2002, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “J”, Contrato de Arrendamiento de fecha 26/09/2002, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro. 80, Tomo 108, con vigencia de 01/07/2002 al 30/06/2003, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “K”, Contrato de Arrendamiento de fecha 29/01/2004, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro. 71, Tomo 03, con vigencia de 01/07/2003 al 30/06/2004, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “L”, Contrato de Arrendamiento de fecha 21/10/2004, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro. 69, Tomo 113, con vigencia de 01/07/2004 al 30/06/2005, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “M”, Contrato de Arrendamiento de fecha 09/11/2005, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro.38, Tomo 136, con vigencia de 01/07/2005 al 30/06/2006, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “N”, Contrato de Arrendamiento de fecha 01/11/2006, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro.42, Tomo 148, con vigencia de 01/07/2006 al 30/06/2007, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “Ñ”, Contrato de Arrendamiento de fecha 24/10/2007, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro.49, Tomo 145, con vigencia de 01/07/2007 al 30/06/2008, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “O”, Contrato de Arrendamiento de fecha 02/09/2008, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el Nro. 56, Tomo 108, con vigencia de 01/07/2008 al 30/06/2009, el cual se encuentra en las actas del expediente marcado “P”, valorados conforme a los artículos 1.363 y 1368 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, lo que condenaría concurrentemente tanto el periculum in mora como el fomus bonis iuris, requerido para la procedencia de la medida cautelar impetrada, a los fines de garantizar las resultas del juicio; pues en el caso de autos se evidencia que la pretensión que se incoa se corresponde con la de Retracto Legal Arrendaticio incoada por la Sociedad Mercantil DISEÑOS BEATRIZ C.A., en contra de los ciudadanos FABIO SANDRIN GURIAN, CAROLINA ISABEL SANDRÍN BERTORELLI, LAURA ELENA SANDRÍN DE CASANOVA y MARINA GABRIELA SANDRIN DE FERRAGUTI, ambas partes ya antes identificadas, observándose de la lectura del escrito libelar así como de los recaudos anexos al mismo, que en el caso bajo análisis se encuentra presente el temor de un daño jurídico posible, inminente o inmediato, vale decir el Periculum In Mora, donde existe el riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo, y el fomus bonis iuris, que no es otra cosa que la presunción del derecho que se reclama, lo que sin duda alguna hace ver a éste Juzgador que se encuentra la pretensión incoada dentro de las causales establecidas para decretar la medida de prohibición de enajenar y gravar planteada conforme a los artículos 585 y 588 ordinal tercero del Código de Procedimiento Civil, como demostrativos de la procedencia de la misma, es decir la presente medida se decreta a los fines de garantizar para el caso que la pretensión de Retracto Legal Arrendaticio sea declarada con lugar; que la parte demandada efectúe transacciones, cuyo objeto sea el desplazamiento de la posesión y propiedad del inmueble objeto de la controversia, afectando de esta manera el derecho a que alude la hoy actora, en su pretensión elevada ante ésta instancia, por lo que la cautelar deberá decretarse.
Razones éstas suficientes para quien decide en esta oportunidad concluya que la solicitud de Medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar formulada, sobre el siguiente bien inmueble: “Un Edificio (Industrial denominada PONS) situado en la Primera Transversal o Calle Bernardette, parcela Nrol 7, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, con una superficie de planta baja con altura libre de cinco metros con noventa centímetros (5,90 Mts), siendo el total de esta planta ochocientos metros cuadrados con seis centímetros (800,06 Mts2); una superficie del resto de la planta baja, Mezzanina y primer piso de tres mil ciento sesenta y seis metros cuadrados con seis centímetros (3.166,06) con alturas normales, una superficie del segundo piso de mil quinientos ochenta y tres metros cuadrados con treinta y cuatro centímetros, con altura minina de cuatro metros con sesenta centímetros (4,60) y máxima de ocho metros con veinte centímetros (8,20 Mts), cubierta con techo de asbesto y dos montacargas de tres mil kilogramos (3.000,00 Kgs), cada uno y equipo hidroneumático, construido sobre una parcela de terreno que tiene (6.505,29 M2), y está comprendida dentro de los siguiente linderos y medidas generales: NORTE; Primera Calle con transversal Bernardette, en una extensión de ciento veintinueve metros con cincuenta y cinco centímetros (129,55Mts); SUR: Parcela Nro. 8, en una extensión de ciento veintinueve metros con sesenta y cuatro centímetros (129,64Mts); ESTE: Parcela numero cinco (5), con callejón de la electricidad de por medio, en una extensión Cincuenta metros con diez centímetros (50,10Mts) y OESTE: en una extensión de Cincuenta metros con Cuarenta centímetros (50,40Mts) por parcela de terreno de la C.A., Sucesora de José Puig y Compañía. En parte de la parcela de seis mil quinientos cinco metros cuadrados con veintinueve centímetros (6.505,29Mts), especificada, está construida un edificio el cual también queda incluido en esta venta, construido originalmente por la Corporación Industrial Montana C.A., según consta en documento compra venta registrado en el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda en fecha 15 de Noviembre de 2011, inscrito bajo el Nro. 2011.7643, asiento registral 1, del inmueble matriculado con el Nro. 239.13.9.2.3574, correspondiente al libro de folio real del año 2011, deba ser DECRETADA por este Juzgado. Así se decide.
-IV-
-DISPOSITIVO-
En base a los fundamentos anteriormente expuestos este JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, DECIDE:
-PRIMERO: Se DECRETA LA MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, formulada por la representación judicial de la parte actora abogados ALEJANDRO R. YEMES y ALEJANDRO YEMES NAVA, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 37.117 y 77.209 respectivamente, sobre un inmueble: “Un Edificio (Industrial denominada PONS) situado en la Primera Transversal o Calle Bernardette, parcela Nro. 7, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, con una superficie de planta baja con altura libre de cinco metros con noventa centímetros (5,90 Mts), siendo el total de esta planta ochocientos metros cuadrados con seis centímetros (800,06 Mts2); una superficie del resto de la planta baja, Mezzanina y primer piso de res mil ciento sesenta y seis metros cuadrados con seis centímetros (3.166,06) con alturas normales, una superficie del segundo piso de mil quinientos ochenta y tres metros cuadrados con treinta y cuatro centímetros, con altura minina de cuatro metros con sesenta centímetros (4,60) y máxima de ocho metros con veinte centímetros (8,20 Mts), cubierta con techo de asbesto y dos montacargas de tres mil kilogramos (3.000,00 Kgs) cada uno y equipo hidroneumático, construido sobre una parcela de terreno que tiene (6.505,29 M2), y está comprendida dentro de los siguiente linderos y medidas generales: NORTE; Primera Calle con transversal Bernardette, en una extensión de ciento veintinueve metros con cincuenta y cinco centímetros (129,55Mts); SUR: Parcela Nro. 8, en una extensión de ciento veintinueve metros con sesenta y cuatro centímetros (129,64Mts); ESTE: Parcela numero cinco (5), con callejón de la electricidad de por medio, en una extensión Cincuenta metros con diez centímetros (50,10Mts) y OESTE: en una extensión de Cincuenta metros con Cuarenta centímetros (50,40Mts) por parcela de terreno de la C.A., Sucesora de José Puig y Compañía. En parte de la parcela de seis mil quinientos cinco metros cuadrados con veintinueve centímetros (6.505,29Mts), especificada, está construida un edificio el cual también queda incluido en esta venta, construido originalmente por la Corporación Industrial Montana C.A., según consta en documento compra venta registrado en el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda en fecha 15 de Noviembre de 2011, inscrito bajo el Nro. 2011.7643, asiento registral 1, del inmueble matriculado con el Nro. 239.13.9.2.3574, correspondiente al libro de folio real del año 2011.
-SEGUNDO: Se hace saber a la parte actora, que la falta de impulso procesal de la presente medida será motivo para su Revocatoria, dada la provisionalidad y temporalidad de la misma.
-TERCERO: No se hace especial condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.
-PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de éste JUZGADO DÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los TRECE (13) días del Mes de Agosto del año DOS MIL CATORCE (2.014). AÑOS 204° de la Independencia y 155 de la Federación.
EL JUEZ TITULAR
NELSON GUTIERREZ CORNEJO
LA SECRETARIA TEMPORAL
MAYQUIHUVYS QUINTERO
En la misma fecha, siendo las Doce y Treinta y Siete Minutos de la Tarde (12:37 p.m), se publicó y registró la anterior decisión, quedando anotada bajo el Asiento Nº_______del Libro Diario del Juzgado.
LA SECRETARIA TEMPORAL

RHAZES GUANCHE