REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, diez (10) de diciembre de 2014. Años: 204º y 155º. ASUNTO: AP11-M-2013-000817. Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva. PARTE ACTORA: • GABRIEL JOSÉ GORRÍN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-15.832.790; actuando en su carácter de accionista de la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, en fecha 08 de marzo de 2010, bajo el Nro. 15, Tomo 40-A, de los Libros llevados por esa oficina de Registro. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: • ROMULO MONCADA YEPEZ, AYSKEL ANDREINA CELIS, DAHIANYS YRASI ARVELO MATA, MARIAM VERONICA LEBLANC SANCHEZ y ADA VANESSA GRILLET CASUSO, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 18.666, 124.390, 146.350, 141.664 y 117.173, respectivamente. PARTE DEMANDADA: • EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-13.284.626. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDA: • CARLOS JOSÉ LANDAETA CIPRIANY, FRANCISCO JOSÉ GADEA LOVERA y CARLOS FEDERICO LANDAETA CIPRIANY, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 79.374, 79.373 y 103.409, respectivamente. I NARRATIVA Se inició el presente juicio en virtud de demanda por NULIDAD DE ASAMBLEA, incoada por el ciudadano GABRIEL JOSÉ GORRÍN GONZÁLEZ; venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-15.832.790; actuando en su carácter de accionista de la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, en fecha 08 de marzo de 2010, bajo el Nro. 15, Tomo 40-A, de los Libros llevados por esa oficina de Registro; contra el ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-13.284.626; siendo presentado el libelo contentivo de la demanda con sus recaudos, por el prenombrado accionante debidamente asistido por la Abogada Dahianys Yrasi Arvelo Mata, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 146.350; en fecha 05 de diciembre de 2013, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por auto dictado en fecha 9 de diciembre de 2013, este Tribunal admitió cuanto ha lugar en derecho la presente demanda, ordenándose en consecuencia, el emplazamiento de la parte demandada ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, a fin de que compareciera ante este Juzgado en el lapso de ley y diera contestación a la demanda. Cumplidos los tramites previos relativos a la citación personal de la parte demandada, el funcionario Julio Arrivillaga, Alguacil adscrito a la Unidad de Actos de Comunicación del Circuito Judicial al cual pertenece este Juzgado, en fecha 17 de marzo de 2014, consignó compulsa librada a la parte demandada, ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, dejando constancia de la imposibilidad de lograr la citación personal del prenombrado ciudadano. En virtud de lo antes señalado, en fecha 10 de abril de 2014, la representación judicial de la parte actora solicitó la citación del demandado por Carteles; por lo que este Tribunal mediante auto dictado en fecha 14 de abril de 2014, ordenó librar el respectivo Cartel de Citación a la parte demandada, el cual ordenó publicar en los diarios El Nacional y El Universal, conforme a lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 03 de junio de 2014, la representación judicial de la parte actora consignó dos ejemplares del Cartel de Citación librado a la parte demandada, publicados en los diarios El Universal y El Nacional, respectivamente. Asimismo, en fecha 11 de julio de 2014, la Secretaria de este Juzgado dejó constancia de la fijación del Cartel de Citación en el domicilio procesal de la parte demandada, así como del cumplimiento de las formalidades exigidas en la Ley. Mediante diligencia presentada en fecha 29 de julio de 2014, los Abogados Carlos Landaeta Cipriany y Francisco Gadea Lovera, ambos plenamente identificados en el exordio del presente fallo, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, consignaron instrumento poder a fin de acreditar la representación que ostentan, y asimismo, en nombre de su representado se dieron por citados para la contestación de la demanda. En fecha 30 de julio de 2014, la representación judicial de la parte demandada consignó escrito de contestación a la demandada. DE LA DEMANDA Alegó la representación judicial de la parte actora en el libelo de demanda lo siguiente: Que su representado es accionista de la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., siendo emprendida dicha empresa por el actor y el demandado, ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, con una visión integral. Que el Capital Social de la empresa mencionada inicialmente fue de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), representado en cien (100) acciones de MIL BOLIVARES (Bs. 1000,00), cada acción. Que la Sociedad Mercantil quedo conformada de la siguiente manera: GABRIEL JOSÉ GORRÍN GONZÁLEZ, suscribió y pagó cuarenta (40) acciones, EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA suscribió y pagó cuarenta (40) acciones; y el ciudadano, RAFFAELE D`AGOSTINO, italiano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. E- 81.673.354, suscribió y pagó veinte (20) acciones. Que luego de la constitución de la Sociedad Mercantil, el socio RAFFAELE D`AGOSTINO, vendió la totalidad de sus veinte (20) acciones, a los accionistas GABRIEL JOSÉ GORRÍN GONZÁLEZ y EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, quienes decidieron comprar en partes iguales las acciones ofrecidas en venta, es decir, diez (10) acciones para cada uno; lo cual quedo en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 03 de septiembre de 2010, protocolizada por ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, en fecha 15 de octubre de 2010, bajo el Nº 01, Tomo 238-A, de los Libros llevados por esa oficina de Registro; modificándose la Cláusula Quinta de los estatutos, y la conformación del Capital Social, quedando distribuido de la siguiente manera: GABRIEL JOSÉ GORRÍN GONZÁLEZ, con un total de cincuenta (50) acciones, y EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA con un total de cincuenta (50) acciones. Que aún y cuando no se estableció en los estatutos de la compañía el Derecho de Preferencia para la enajenación de acciones, la conducta desplegada por los accionistas hace presumir la voluntad inequívoca de los socios de mantener la paridad accionaría, lo cual se traduce en un porcentaje equivalente de voz, voto, derechos y responsabilidades dentro de la sociedad. Que en fecha 26 de septiembre de 2012, fue celebrada Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., la cual fue inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, el 06 de diciembre de 2012, bajo el N° 2, Tomo 251-A. Dicha Asamblea Extraordinaria de Accionistas fue convocada con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- Consideración de Balance de Comprobación (estado financiero intermedio) con corte al 26 de septiembre de 2012; 2.- Aumento de Capital; no obstante, fue declarada desierta y no constituida válidamente, en virtud de no haber quórum suficiente, por encontrarse representado en dicha reunión un número de accionistas titular de acciones equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del Capital Social; por lo cual el Director de dicha Sociedad Mercantil, ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, dispuso proceder a convocar nueva Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con objeto idéntico a tratarse en dicha sesión, cuya convocatoria se haría a tenor de lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Comercio. En consecuencia, en fecha 09 de octubre de 2012, fue celebrada en segunda convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., la cual fue inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, el 06 de diciembre de 2012, bajo el N° 1, Tomo 251-A. Dicha Asamblea Extraordinaria de Accionistas, según lo señalado por representación judicial de la parte accionante, fue celebrada sin la presencia de su único socio, en la cual se resolvió aumentar el Capital Social de la compañía de la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00), hasta la cantidad de DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,00), mediante la emisión de Mil Novecientas (1900) acciones comunes nominativas con un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs. 1000,00), cada una; siendo suscritas dichas acciones en su totalidad por el accionista EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA; en perjuicio de su cliente, disminuyendo su capital de una forma abismal y grotesca, quedando su participación de la siguiente manera: GABRIEL JOSÉ GORRÍN GONZÁLEZ, con cincuenta (50) acciones que representan el dos coma cinco por ciento (2,5%) del Capital Social; y EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, con mil novecientas cincuenta (1950) acciones que representan el noventa y siete coma cinco por ciento (97,5%) del Capital Social. Que el ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, convocó a una tercera Asamblea de Accionistas celebrada en fecha 28 de diciembre de 2012, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 17 de abril de 2013, bajo el N° 22, Tomo-61-A; en la cual se ratificó el contenido de lo discutido y aprobado en la asamblea de fecha 09 de octubre de 2012. Que desde la fecha de constitución de la sociedad mercantil, el 09 de marzo de 2010, hasta la actualidad, no había sido celebrada Asamblea Ordinaria de Accionista. Que se concluye que aún y cuando para el 09 de octubre de 2012, fecha de celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se encontraba pendiente la aprobación del balance general al cierre del ejercicio económico de la empresa para el periodo 2010-2011, el demandado priorizó la celebración de una Asamblea, cuyo objeto no era otro sino despojar a su representado de su participación accionaría en la empresa, en detrimento de los acuerdos societarios inicialmente plateados. Que la asamblea fue convocada por el demandado, por prensa, aún cuando si bien es cierto se agotó el procedimiento previsto en los estatutos y el Código de Comercio, el demandado no comunicó su intención de convocar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a su único socio, a sabiendas de que su representado no revisa el periódico, y por cuanto no es la costumbre de los socios convocar por ese mecanismo, máxima cuando para la fecha tenían comunicación constante. Que de lo antes expuesto, existían razones suficientes para declarar la nulidad de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas celebradas en fechas 28 de diciembre de 2012, 26 de septiembre de 2012 y 09 de octubre de 2012. Que resulta de capital importancia para evidenciar la mala fe con la que ha procedido el demandado, revisar el expediente mercantil, cuya copia certificada anexó a la demanda marcada ANEXO A. Que por todos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos es por lo que acude a demandar, como en efecto demanda al ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, para que convenga o en su defecto sea declarado por este Tribunal, en lo siguiente: PRIMERO: Que los ciudadanos EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, y su representado GABRIEL JOSÉ GORRÍN GONZÁLEZ, decidieron fundar la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., y que ello se evidencia del Acta Constitutiva protocolizada ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, en fecha 08 de marzo de 2010, quedando anotado bajo el Nro. 15, Tomo 40-A. SEGUNDO: Que en fecha 03 de septiembre de 2010, se celebró Asamblea Extraordinaria de Accionistas, protocolizada por ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, en fecha 15 de octubre de 2010, bajo el Nº 01, Tomo 238-A; mediante la cual se resolvió conformar la sociedad en términos de paridad accionaría evidenciado en la compra de acciones que ofreció en venta el ciudadano RAFFAELE D`AGOSTINO, a los accionistas EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA y GABRIEL JOSÉ GORRÍN GONZÁLEZ, integrando el 50% sobre el capital accionario de la empresa para cada uno de los accionistas, es decir, diez (10) acciones para cada uno, con lo cual se cumplió por voluntad de los accionistas establecer un régimen igualitario o de paridad accionaría en la empresa por ellos constituida. TERCERO: Para que convenga o en su defecto, así sea declarado que las Asambleas se celebraban sin convocatoria previa, por prensa, dada la íntima relación de amistad y frecuencia de trato existente entre los accionistas, tal y como se evidencia en la Asamblea Extraordinaria de fecha 03 de septiembre de 2010. CUARTO: Que la compra venta de acciones realizada en fecha 03 de septiembre de 2010, y desplegada por los accionistas demuestra la voluntad inequívoca de los socios de mantener entre ellos una paridad accionaría, dando cumplimiento a un Principio no escrito, tendente a instaurar un régimen de cincuenta-cincuenta. Que a los efectos de salvaguardar los derechos de su representada, y evitar que el demandado pueda causar daños irreparables o de difícil reparación, solicitaba respetuosamente de este Tribunal decretar Medidas Innominadas. Que a los efectos determinar la competencia del tribunal en razón de la cuantía, se estima el valor de la presente acción en la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,00), lo cual equivale a VEINTIOCHO MIL TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO UNIDADES TRIBUTARIAS (28.0037,38 U.T). Solicitó que la citación de la parte demandada, se practicase en forma personal, en la persona del ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA. Finalmente, solicitó que la demanda por Nulidad de Asamblea fuera admitida, y sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar, en la definitiva con todos sus pronunciamientos accesorios. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA En la oportunidad de dar contestación a la demanda, los apoderados judiciales de la parte demandada, ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, procedieron en los siguientes términos: Con arreglo a lo previsto por el artículo 361 (ap. 1°) del Código de Procedimiento Civil, opusieron la falta de interés o cualidad del demandado para sostener el juicio, por no haberse interpuesto la presente demanda contra la legitimada pasiva correspondiente; y erradamente, haberse incoado contra su mandante, quien carece de legitimación e interés frente a la pretensión de nulidad de asambleas. Que los actos demandados en nulidad, corresponden a las Asambleas Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., a saber: 1.- Asamblea General Extraordinaria del Accionistas de fecha 26/09/2012, inscrita ante el Registro Mercantil Primero (1º) del Distrito Capital, en fecha 06/12/2012, anotada bajo el No. 02, Tomo 251-A. 2.- Asamblea General Extraordinaria del Accionistas de fecha 09/10/2012, inscrita ante el Registro Mercantil Primero (1º) del Distrito Capital, en fecha 06/12/2012, anotada bajo el No. 01, Tomo 251-A. 3.- Asamblea General Extraordinaria del Accionistas de fecha 28/12/2012, inscrita ante el Registro Mercantil Primero (1º) del Distrito Capital, en fecha 17/04/2013, anotada bajo el No. 22, Tomo 61-A. Los cuales según lo afirma dicha representación judicial, están creados por un órgano societario perteneciente a la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., siendo ella una compañía anónima con personalidad jurídica autónoma y distinta a la de sus directores y/o accionistas. Que dicho órgano societario, es la Asamblea de Accionistas de la compañía; y por lo tanto, los actos impugnados son jurídica y formalmente actos de la compañía, siendo ello abiertamente distinto, como pretende el demandante, a reputárseles como actos personales de EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, confundiendo con ello a una persona natural con una persona jurídica, no sólo de forma indebida e ilegal, sino desconociendo toda la teoría de la personalidad jurídica, vigente en el orden legal universal. Que en virtud de lo expuesto, la demanda incurre en el vicio de falta de cualidad pasiva, al haberse interpuesto contra quien no es legitimado pasivo de la impugnación de Asambleas formulada, puesto que la única legitimada para responder y defenderse, valga decir: la única con interés jurídico actual y directo para sostener este juicio, es la compañía anónima GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., la cual no fue demandada, ni aún emplazada; cuando es sobre dicha Sociedad Mercantil sobre la cual recae la condición de originadora exclusiva y excluyente de las Asambleas de Accionistas impugnadas. A fin de fundamentar lo expuesto, señala que de forma pacífica y reiterada sostiene el criterio de carácter vinculante, dispensado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desde su sentencia de Revisión Constitucional del 24/05/2010 (Exp. 10-0221), caso Promociones Olimpo vs. Seguros La Previsora, C.A., al rechazar el antiguo criterio del litis consorcio necesario; criterio el cual en virtud de su carácter vinculante, es el actualmente aplicado por la Sala de Casación Civil del mismo Tribunal Supremo. De tal forma, de conformidad con lo previsto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, solicitan se declare con lugar la defensa de fondo y falta de cualidad. Seguidamente, señalan que en el caso de no acoger el Tribunal el criterio de la Sala Constitucional, referido up supra; o que este Tribunal retomare el criterio previo que exigía la conformación de litis consorcio pasivo necesario para la impugnación de Asamblea de Accionistas, oponen la Falta de Cualidad Pasiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, por omitirse la constitución del litis consorcio necesario, Que según el criterio imperante en la doctrina de Casación Civil (hasta la sentencia de la Sala Constitucional del 24/05/2010, citada supra), la admisibilidad de las acciones de Nulidad de Asamblea de Accionistas de Sociedades Mercantiles, se condiciona a la constitución de un Litis Consorcio Pasivo Necesario, en atención del cual, el accionante debe interponer la demanda de forma conjunta contra la Sociedad Mercantil de la cual emana el acto; y copulativamente, contra los accionistas de la compañía. Que bajo la vigencia del anterior criterio de Casación, la demanda incurre en vicio de Falta de Cualidad Pasiva, al haberse interpuesto sin constituir el Litis Consorcio Necesario que incluyera entre los demandados a la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., como imanadora de las Asambleas de Accionistas impugnadas; por lo que a su decir, la demanda interpuesta es inadmisible, incluso en caso de retomarse el criterio jurisprudencial anterior; en razón de lo cual solicitaron que con base a lo previsto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, fuere declarada con lugar la defensa y oposición de Falta de Cualidad, declarándose Sin Lugar la demanda incoada contra su representado. Posteriormente, contestaron el fondo de la demanda, por lo cual negaron y rechazaron en todas y cada una de sus partes la demanda interpuesta por carecer de fundamento jurídico válido, indicando pormenorizadamente las razones que le asisten para contradecir lo señalado por la parte actora en su libelo de demanda. Finalmente, solicitó la representación judicial de la parte demandada, que la demanda interpuesta en su fondo, se declarase Sin Lugar en Derecho. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA Narrado como fue el íter procesal seguido en el presente juicio; y asimismo, expuestos como fueron los alegatos esgrimidos tanto por la parte actora en su libelo de demanda, así como por la demandada, en su escrito de contestación; este Juzgador observa: El artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, establece: “En materia civil el Juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes”. Del análisis de la norma antes señalada, se desprende la facultad que tiene el Juez para revisar de oficio, sin que se requiera el impulso de las partes, a lo cual debe agregarse que el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil). Esto es lo que conocemos como el principio de conducción judicial, que no se limita sólo al establecimiento de las condiciones formales del proceso a lo largo de sus etapas, abarcando también la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin instancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales o en la existencia del derecho de acción en el demandante; por lo que en aplicación de tal principio, conlleva a este Juzgador en el caso de marras, a efectuar un detenido estudio en lo referente a la Falta de Cualidad Pasiva alegada por la representación judicial de la parte demandada, y en tal sentido, de seguidas pasa a hacer las siguientes consideraciones: En primer término, es menester traer a colación lo que la doctrina y jurisprudencia patria han sostenido sobre esta institución de la Falta de Cualidad en cuanto a su aspecto general, así tenemos que el autor patrio Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano” (Tomo II, pp. 27-28), define la legitimación como la cualidad necesaria de las partes, agregando que el proceso no debe instaurarse indiferentemente entre cualesquiera sujetos, sino precisamente entre aquellos que se encuentran frente a la relación material o interés jurídico controvertido, en la posición subjetiva de legítimos contradictores, por afirmarse titulares activos y pasivos de dicha relación. La regla general en esta materia puede formularse así: “La persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerlo valer en juicio (legitimación activa) y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva). Acerca de la defensa de Falta de Cualidad, el Código de Procedimiento Civil, establece en su artículo 361, lo siguiente: Artículo 361: En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación y las razones, defensas y excepciones perentorias que creyere conveniente alegar. Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9 °, 10 y 11 del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas. Si el demandado quisiere proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación.” La norma contenida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, contempla la falta de cualidad como una cuestión de fondo que debe esgrimirse como defensa; no obstante, no puede obviarse el hecho de que la cualidad es uno de los presupuestos de la acción. Respecto a la indicada falta de cualidad o de interés, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 3592, de fecha 06 de diciembre de 2005, estableció: “…Para esta Sala, tal como lo ha señalado en fallo 18-5-01, (Caso: Montserrat Prato), la falta de cualidad e interés afecta a la acción, y si ella no existe, o se hace inadmisible, el Juez puede constatar de oficio tal situación, ya que el aparato jurisdiccional se mueve en base al derecho de acción. En tal sentido, la inercia de las partes, mal puede obligar al juez a realizar actos jurisdiccionales, si la acción no existe o se hizo inadmisible sobrevenidamente…” Asimismo, dicha Sala en sentencia Nº 1193, de fecha 22 de julio de 2008, apuntó: “Tal vinculación estrecha de la cualidad a la causa con respecto al derecho constitucional a la jurisdicción obliga al órgano de administración de justicia, en resguardo al orden público y a la propia Constitución (ex artículo 11 del Código de Procedimiento Civil), a la declaración, aun de oficio, de la falta de cualidad a la causa, pues, de lo contrario, se permitiría que pretensiones contrarias a la ley tuviesen una indebida tutela en desmedro de todo el ordenamiento jurídico, lo que pudiese producir lo contrario al objeto del Derecho mismo, como lo es evitar el caos social.” De los extractos de los fallos antes citados, se puede concluir que es criterio de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, que la materia de la Cualidad reviste un carácter de eminente orden público, pues constituye un presupuesto procesal de la acción, representando una formalidad esencial para la consecución de la justicia, que esta a su vez íntimamente ligada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y defensa, que reviste un especial orden público; lo que evidentemente hace indispensable su examen aun de oficio, por parte de los Jueces en aras de garantizar una sana y correcta administración de justicia, evitando que llegado el caso en el cual alguna de las partes carezca de la cualidad para actuar en juicio bien sea como actora o demandada, innecesariamente se ponga en marcha el aparato jurisdiccional. Ahora bien, examinadas las generalidades atinentes a la institución de la Falta de Cualidad, conviene efectuar un análisis de la situación presentada en el caso de marras, siendo que la representación judicial de la parte demandada encontrándose en la oportunidad correspondiente para dar contestación a la demanda, opuso la Falta de Cualidad Pasiva de su representado el ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, para actuar en el como parte demandada en el presente juicio; al haberse interpuesto la demanda contra quien no es legitimado pasivo de la impugnación de Asambleas formulada, puesto que la única legitimada para responder y defenderse; es decir, la única con interés jurídico actual y directo para sostener este juicio, es la compañía anónima GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., en su condición de originadora exclusiva y excluyente de las Asambleas de Accionistas impugnadas. En relación a la Falta de Cualidad Pasiva, en el marco de los juicio por Nulidad de Acta de Asamblea; la Sala Constitucional en sentencia N° 493, de fecha 24 de mayo de 2010, expediente N° 10-0221, caso: Seguros La Previsora vs. Promociones Olimpo, C.A., que en revisión constitucional señaló lo siguiente: “…Las violaciones denunciadas y que le fueron atribuidas a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, surgen por cuanto ésta declaró en su sentencia del 6 de mayo de 2009, luego de casar de oficio el fallo que dictó el 7 de noviembre de 2007 el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, entre otros pronunciamientos, “…INADMISIBLE LA DEMANDA, de nulidad de acta de asamblea que interpusiera la sociedad mercantil PROMOCIONES OLIMPO C.A., contra la COMPAÑÍA NACIONAL ANÓNIMA DE SEGUROS LA PREVISORA, y se ANULA el auto de admisión de la demanda, dictado en fecha 14 de agosto de 1995, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así como todas las actuaciones posteriores a dicho auto…”, al estimar dicha Sala de Casación Civil, entre otras cosas, que “…al haberse admitido la demanda y ordenado su tramite hasta la sentencia definitiva, sin la citación de los accionistas que conforman el litisconsorcio pasivo necesario, se infringieron los principios y garantías constitucionales del derecho a la defensa y debido proceso…”. Establecido el punto central de la controversia, estima conveniente la Sala realizar las siguientes consideraciones: Se aprecia que Seguros la Previsora C.A., –demandada- dio contestación a la demanda que por nulidad de asamblea intentó en su contra Promociones Olimpo C.A., el 21 de febrero de 1996, por lo que la misma quedó a derecho a partir de esa oportunidad. Siendo así, se puede observar que Seguros la Previsora C.A., demandada en el juicio primigenio quedó a derecho en la oportunidad en que se citó para la contestación a la demanda en cuestión (ver artículo 26 del Código de Procedimiento Civil), por lo que resulta un absurdo pretender que a ésta se le violentaron derechos y garantías constitucionales específicamente el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto consideró la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia que en el caso en cuestión al existir un supuesto litis consorcio necesario pasivo se debió citar a todos los accionistas, cuando dicha apreciación resulta, cuando menos, contraria a los enunciados de economía y celeridad procesal que rigen nuestro proceso. En tal sentido, al haber declarado inadmisible la demanda la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, porque no se citaron a todos los accionistas de Seguros la Previsora C.A., demandada en el juicio primigenio, constituyó una violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de Promociones Olimpo C.A., hoy solicitante, toda vez que, como se dijo, la demandada quedó a derecho en la oportunidad en que contestó la demanda, lo cual implica que todos los accionistas de Seguros la Previsora C.A., se encontraban a derecho por solidaridad, ya que, como se ha establecido en otros fallos, los accionistas constituyen una unidad tanto económica como de dirección de dichas sociedades mercantiles (ver entre otras sentencias Nos. 558 del 18 de abril de 2001 caso: Administración y Fomento Eléctrico y 903 del 14 de mayo de 2004 caso: Transporte Saet S.A). En efecto, la doctrina ha señalado que “la asamblea expresa la voluntad de la sociedad” y ese acto –la asamblea- no puede confundirse con la suma de las voluntades particulares de sus socios. En ese sentido el autor Alfredo, De Gregorio señala que: “…en la organización jurídica de las sociedades por acciones y especialmente en la concepción de éstas como personas jurídicas, su voluntad no puede confundirse con la suma de las voluntades de los accionistas singulares y es precisamente la asamblea la que tiene la función de sustituir a tales voluntades particulares, formándolas, transformándolas, reduciéndolas a una síntesis, la voluntad del ente…” (De Gregorio, Alfredo, De las sociedades y de las asociaciones comerciales, Tomo 6 del Derecho Comercial de Bolaffio, Rocco y Vivante, Ediar, Buenos Aires 1950, pág 567). Apunta el autor Brunetti que: “…El acuerdo de la asamblea es un acto colectivo que contiene la declaración unitaria y unilateral de los accionistas; unitaria, porque es la síntesis de la voluntad de todos y unilateral, porque no representa la composición de intereses contrapuestos, como el contrato, sino la voluntad del ente, expresada en el voto de unanimidad o de mayoría (…). El acto colegial es, por consiguiente, unitario, en cuanto emana del colegio como organización unitaria. El prototipo se encuentra precisamente en la asamblea de la persona jurídica…”. (Brunetti, Antonio, Tratado del derecho de las sociedades, traducido del italiana por Felipe de Solá Cañizares, Tomo III; Uteha Argentina, Buenos Aires 1960, pág. 407). De ahí, que cuando se demande la nulidad de una asamblea, considera la Sala que el legitimado pasivo es la sociedad mercantil, como órgano que agrupa a todos los accionistas. En efecto, la teoría del órgano que se aplica a la representación de las sociedades mercantiles tiene su nacimiento en el siglo XIX. Surgió de la teoría de la ficción que trató de explicar la expresión de la voluntad social en ellas. La denominada teoría orgánica entiende a la persona jurídica como una persona real con voluntad colectiva y, desde tal punto de vista, no existe imposibilidad alguna de que pueda actuar o ejercitar su capacidad jurídica por ella misma a través de sus órganos. En tal sentido, nuestro Código de Comercio ha reconocido esa voluntad o poder de decisión que tienen las asambleas en la toma de sus consideraciones dejando a salvo la posibilidad de que cuando un socio muestre su desacuerdo en determinada decisión tomada por la asamblea, pueda objetar la misma (ver artículo 290 del Código de Comercio). Razón por la cual, partiendo de la teoría del órgano que es la asamblea por estar conformada por todos los socios que integran la sociedad como unidad social de sociedades, se concluye, que es suficiente con la citación de la sociedad mercantil demandada por ser ésta la legitimada pasiva. En este sentido, considera esta Sala Constitucional que el criterio que sostuvo la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, atenta contra la tutela judicial eficaz, toda vez que impone el cumplimiento de unas formalidades que no son necesarias según nuestro ordenamiento jurídico, con lo cual contraría los principios de economía y de celeridad que debe regir los procesos y más aun cuando esa circunstancia según se puede apreciar no fue advertida por la propia Sala de Casación Civil cuando conoció en anteriores ocasiones -3 de agosto de 2000 y 12 de diciembre de 2006- de sendos recursos de casación que se produjeron en esta causa, en consecuencia, al haber la empresa Seguros La Previsora C.A., sido citada y contestado la demanda en su contra el 21 de febrero de 1996, quedó a derecho la legitimada pasiva, que no es otra que Seguros La Previsora C.A. Razón por la cual, esta Sala Constitucional considera que la sentencia que dictó el 6 de mayo de 2009, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la cual casó de oficio sin reenvió la sentencia que dictó el 7 de noviembre de 2007 el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y declaró inadmisible la demanda que por nulidad de asamblea interpuso Promociones Olimpo C.A., contra Seguros la Previsora C.A., y anuló el auto de admisión de la demanda, así como todas las actuaciones posteriores a dicho auto, al considerar erradamente que en el caso en cuestión supuestamente existía un litis consorcio necesario pasivo, le ocasionó a Promociones Olimpo C.A., la violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, derechos estos, que esta Sala ha desarrollado ampliamente (ver entre otras sentencia No. 926 del 1 de junio de 2001 caso María de los Ángeles Hernández Villadiego; 708 del 10 de mayo de 2001 caso Juan Adolfo Guevara y otros). En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala declara ha lugar la solicitud de revisión ejercida y, en consecuencia, se anula la sentencia dictada el 6 de mayo de 2009 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se ordena dictar nueva sentencia, en los términos indicados en el presente fallo. Así se decide…” (Resaltado de la Sala de Casación Civil). De acuerdo y a tono con el moderno y actual criterio establecido por la Sala Constitucional, contenido en el extracto del fallo anteriormente citado, el cual consideró que en la demanda por Nulidad de Asamblea, basta accionar contra la empresa, ya que partiendo de la teoría del órgano, que es la asamblea por estar conformada por todos los socios que integran la sociedad como unidad social de sociedades; concluyó dicha Sala que es suficiente con la citación de la sociedad mercantil de la cual emanan las Asambleas impugnadas, por ser ésta la legitimada pasiva. Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, dicho criterio lo aplica este Juzgador al caso de sub examine, siendo que la demanda de Nulidad de Asamblea que nos ocupa, fue interpuesta por el ciudadano GABRIEL JOSÉ GORRÍN GONZÁLEZ, actuando en su condición de accionista de la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., contra el también accionista de dicha Sociedad Mercantil, ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA; cuando lo correcto era que la demanda por Nulidad de Asamblea, fuera propuesta contra la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A, como órgano que agrupa a todos los accionistas, puesto que conteste como ha sido la doctrina patria al afirmar que la asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas en una sociedad mercantil constituye el órgano soberano rector, máximo deliberativo de una persona moral de carácter privado que se denomina sociedad mercantil, siendo que dicha persona jurídica no puede gobernarse a sí misma y debe regirse por los acuerdos societarios, esto es, por la voluntad societaria que se expresa en las decisiones tomadas en un órgano deliberante de la misma persona jurídica, cual es la asamblea de accionistas o de socios, conformada precisamente por los accionistas o por los socios de esa persona jurídica. Esa voluntad societaria es la vida misma de la persona jurídica o moral, siendo sus administradores, gestores, mandatarios u otros agentes, los medios por los cuales se ejecutan las decisiones societarias tomadas en asamblea de accionistas o de socios, estando los mismos, estrictamente limitados a lo que el mandato soberano expresado en la decisión societaria tomada en asamblea les indique. En este orden de ideas, observa quien aquí decide, que efectivamente la acción de nulidad de las decisiones de una asamblea de una compañía anónima, debe ser interpuesta contra la sociedad, que es el ente con personalidad jurídica propia, ya que la legitimación pasiva la tiene la sociedad, por cuanto a ella atañen los acuerdos societarios acogidos en la asamblea que se pretende impugnar, los cuales generan obligaciones que sólo podrían ser exigidas a ella como sociedad; además, en las sociedades anónimas se entiende que los accionistas son personas independientes de la sociedad, no están obligados personalmente entre sí ni frente a terceros; razón por la cual en el presente proceso evidentemente deviene una FALTA DE CUALIDAD PASIVA por parte del ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, para sostener el presente juicio de Nulidad de Asambleas. ASI SE ESTABLECE. Así las cosas, dada la particular circunstancia de que se ha verificado en el caso sub examine la Falta de Cualidad Pasiva de la parte accionada, tras determinar que el ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, quien fue demandado en el presente juicio, no es la persona contra la cual es concedida la pretensión; siendo la legitimación una formalidad esencial para el logro de la justicia, y además por tratarse de un presupuesto de validez del proceso, lo cual nos remite a la admisibilidad de la acción y su carácter de orden público, respecto de lo cual la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia RC.00429, del 30 de julio de 2009, con ponencia del Magistrado, Dr. Luis Antonio Ortiz Hernández, (Exp. N° 2009-0039), manifestó: “…La prohibición de la ley de admitir la demanda, constituye materia de orden público, y el Juez está facultado para declararla de oficio en cualquier estado y grado de la causa cuando verifique su existencia, al estar indefectiblemente ligada a la acción y no a la cuestión de fondo que se debate, dado que extingue la acción y si esta se ha perdido no podrá sentenciarse el fondo, sin importar en qué estado procesal, o en cual momento del juicio se extinguió la acción. Por consiguiente cada vez que el Juez constata que la acción se extinguió, de oficio debe declarar tal situación, ya que el derecho a movilizar a la administración de justicia, en una causa particular, se ha perdido, al no poder existir fallo de fondo, y la extinción de la acción es independiente de los alegatos que se susciten con motivo de la contestación de la demanda, o de los informes… De igual forma el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, y el ordinal 11° del artículo 346 eiusdem, constituyen normas que prevén un supuesto análogo, “si es contrario a la ley, y prohibición de la ley”, dado que dichas normas señalan: Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas: Ordinal 11° La prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta. De donde se desprende con meridiana claridad que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señala que será inadmisible la acción, entre otras causales, si es contraria a alguna disposición expresa de la ley, y el ordinal 11 del artículo 346 eiusdem, señala que se podrá oponer como cuestión previa, la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta. Lo que determina que el Juez podrá declararlo in limine litis, en el momento de pronunciarse sobre la admisión de la demanda o de la acción, pero sí este no lo hace, el demandado podrá así oponerlo como una cuestión previa. Pero no imposibilita al Juez para actuar de oficio, como ya se explicó, al ser materia de orden público y estar indefectiblemente ligada a la acción y no a la cuestión de fondo que se debate, todo lo cual tiene actualmente un gran soporte constitucional, conforme a lo estatuido en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela de los derechos, a la justicia imparcial, equitativa, sin formalismos o reposiciones inútiles; así como el debido proceso y el derecho a la defensa; y un proceso como el instrumento fundamental para la realización de la justicia. (Negrillas y subrayado de la Sala). Así mismo bajo el principio IURA NOVIT CURIA, que la doctrina y jurisprudencia de esta Sala ha establecido de la siguiente forma: “...Considera la Sala que se está en presencia del principio IURA NOVIT CURIA, del cual esta Corte ha dicho: “...Conforme al principio admitido IURA NOVIT CURIA, los jueces pueden, si no suplir hechos no alegados por éstos, si elaborar argumentos de derecho para fundamentar su decisión, pues a ello se contrae su deber jurisdiccional. Aplicar el derecho alegado o no por las partes, a los hechos que sí lo deben ser siempre por éstas”. “...Ahora bien, según la enseñanza derivada del magisterio del insigne Piero Calamandrei, “el principio ‘IURA NOVIT CURIA’, en virtud del cual el Juez, en la aplicación del derecho al hecho, está desvinculado de la iniciativa de las partes, desaparece en este juicio de casación, en el cual la Corte no es libre para plantearse de oficio todas las cuestiones de derecho que pudiera plantearse en relación con la parte dispositiva de la sentencia denunciada, sino que tiene que mantenerse rígidamente (sin la libertad de indagaciones que tiene el reichsgerischdt alemán con su revisionspraxis) dentro de los limites de aquella única cuestión en la cual el recurrente ha indicado la sede específica del denunciado error iuris”. (Casación Civil; Ejea, Buenos Aires, 1959, pp. 56 y 57). (Sentencia del 30 de abril de 1969, G.F. Nº 64, Pág. 470, reiterada en decisión de fecha 9 de octubre de 1996, en el juicio de Maritza Denis Lugo contra el Banco de Venezuela C.A., expediente Nº 94-795, sentencia Nº 331, y ratificada en fallo de fecha 12 de agosto de 1998, en el juicio de José Daniel Mijoba en contra de Hatel Jesús Mijoba Juárez., expediente Nº 97-338, sentencia Nº 686). El Juez de la recurrida estaba facultado expresamente para declarar la inadmisibilidad de la acción o demanda, si consideraba que existía una norma expresa de la ley, que prohibía su admisión, lo que sería equivalente, a si es contraria a alguna disposición expresa de la ley. Adicionalmente, el artículo 11 de nuestra Ley Procesal Civil es del tenor siguiente: “En materia civil el Juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes…” Ahora bien, el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil). Esto es lo que conocemos como el principio de conducción judicial, principio este que, concatenado con lo dispuesto en el artículo 11 antes señalado, le permite al Juez revisar, sin que se requiera el impulso de las partes, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, así como también le permite al Juez actuar de oficio cuando evidencie que la acción del demandante ha caducado; que contiene la acumulación prohibida prevista en el artículo 78 de la Ley Civil Adjetiva; que la controversia planteada produjo los efectos de la cosa juzgada; cuando evidencie que para hacer valer una pretensión determinada se invocaron razones distintas a las que la ley señala para su procedencia, o cuando acredite que hay una imposibilidad de la ley de admitir la acción propuesta; asuntos estos previstos en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, susceptibles también de ser opuestos por la parte demandada como cuestiones previas. Es necesario que estén dados todos los presupuestos procesales para que nazca la obligación del Juez de ejercer su función jurisdiccional y pueda resolver el caso planteado. Por ello, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso y verificar así el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los mismos. En el mismo sentido se pronunció la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en sentencia N° 779, del 10 de abril del 2002, caso: Materiales MCL, C.A., expediente 01-0464, en la que estableció: “…Visto lo antes expuesto, aprecia esta Sala que, mediante la acción interpuesta, la ciudadana LILA ROSA GONZÁLEZ DE PÉREZ cuestionó la valoración del juez de la alzada, dado que en su solicitud de tutela constitucional expuso los razonamientos que –en su criterio- debieron darse en el caso bajo examen, tomando además en consideración que el juzgador se extralimitó en sus funciones al declarar inadmisible la demanda, por “inepta acumulación de pretensiones”, sin que la misma haya sido alegada por la parte demandada durante el proceso. Al efecto, esta Sala considera necesario precisar que, de acuerdo con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. No obstante, este principio ya se anticipa en el artículo 11 eiusdem, donde como excepción al principio del impulso procesal, se permite actuar al Juez de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no lo soliciten las partes. Ahora bien, la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante en los casos en que la acción haya caducado, o respecto a la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no se satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta. En tal sentido, considera esta Sala que si nuestro ordenamiento jurídico establece que la relación jurídica procesal debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte la válida constitución de la relación procesal o la haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Por ello, para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los presupuestos procesales. Así, contrariamente a lo alegado por la accionante, la falta de oposición por el demandado de las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso, verifique en cualquier estado de la causa, incluso en la alzada, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa, no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso. Así pues, con independencia de cualquier consideración acerca de los razonamientos del Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta acerca de la existencia o no de una inepta acumulación de pretensiones y del carácter de orden público que ostenta la prohibición contenida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, debe esta Sala reiterar que, la valoración forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes -si bien deben ajustarse a la Constitución y las leyes al resolver una controversia- disponen de un amplio margen de apreciación del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales…” Dicho lo anterior, es menester señalar que el Juez de la recurrida actuó conforme a derecho, por cuanto forma parte de la activad oficiosa del Juez, revisar en cualquier estado y grado del proceso la conformidad en los requisitos de admisión de la demanda y declarar la inadmisibilidad de la misma –de la demanda-, por cualquiera de los motivos establecidos en la ley, pues el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad constituye materia de orden público. A este respecto, es necesario mencionar lo decidido por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en fallo N° 1618 del 18 de abril de 2004, caso: Industria Hospitalaria de Venezuela 2943, C.A., expediente N° 03-2946, que estableció: “...Ahora bien, la sentencia impugnada por la accionante fue dictada en la fase ejecutiva del proceso de estimación e intimación de honorarios, en virtud de haber finalizado la etapa declarativa como consecuencia de su falta de impugnación del derecho reclamado y por haberse acogido a la retasa de los montos intimados. En tal sentido, se ha dicho que el juzgado de retasa sólo podrá pronunciarse sobre el quantum de los emolumentos, no sobre la procedencia del cobro de los mismos, ni sobre su carácter judicial o extrajudicial, ya que esta cuestión debe ser dirimida por el juez de la causa en la fase declarativa del juicio de intimación de honorarios. No obstante lo anterior, la Sala estima que el rol del juez como director del proceso no se agota con este pronunciamiento, porque de existir circunstancias que hagan presumir la inadmisibilidad de la pretensión, como la misma está estrechamente vinculada con la constitución válida del proceso, debe ser analizada, incluso en la fase ejecutiva. En el caso en cuestión se denunció la inepta acumulación de pretensiones, porque en el juicio de intimación y estimación de honorarios iniciado por los abogados Alexis José Balza Meza, María Elena Meza de Balza y Elizabeth Bravo Márquez contra la accionante se reclamaron honorarios judiciales y extrajudiciales, los cuales tienen un procedimiento distinto, cuya acumulación está prohibida por el legislador para mantener la unidad del proceso. En la sentencia consultada se indica que esta circunstancia debió exponerse al juez de la causa principal y no al Juez de Retasa; pero la Sala considera que éste último, quien igualmente es director del proceso, sin necesidad de que la inepta acumulación haya sido denunciada, debió declararla. La Sala, en otras oportunidades (cfr. sentencia nº 779/2002 del 10 de abril) ha señalado que el juez, de conformidad con los artículos 11 y 14 del Código de Procedimiento Civil, es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión; dicha conducción judicial que no se circunscribe sólo al establecimiento de las condiciones formales del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin instancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales o en la existencia del derecho de acción en el demandante. En efecto, si el proceso es una relación jurídica, el mismo debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, y sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte su válida constitución o lo haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Se insiste que para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, con la advertencia de los vicios en que haya incurrido el demandante respecto de la satisfacción de los presupuestos procesales y la falta de oposición por el demandado de las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil o de cualquier otro mecanismo de defensa de cuestiones procesales, no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso, verifique en cualquier estado y grado de la causa –v.g.: en la ejecución o en la alzada-, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa, no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso. La Sala admite que, en condiciones de normalidad, en la etapa de admisión de la demanda, el juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales; pero si ello no ocurre deberá ser verificado en cualquier estado y grado de la causa. En efecto, en la presente causa, como el juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones, pues en el libelo se indicó que “en el desarrollo del proceso y hasta la fecha que estuvimos acreditados como Apoderados Judiciales de la Empresa, realizamos una ‘gran cantidad de actuaciones’ (...) tampoco descartamos las múltiples reuniones que sostuvimos con los socios y la Apoderada Judicial” (folios 500-501), el Juez de Retasa debía declararla, aun cuando no hubiese sido opuesta por la parte demandada. Si bien es cierto que el legislador patrio le dio a las partes la facultad de alegar distintas causales de inadmisibilidad de la demanda, ya referidas en este fallo, como cuestión previa, el anterior criterio jurisprudencial es claro al señalar que en la etapa de admisión de la demanda, el Juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales, y declararlo de oficio, aún sin intervención de los sujetos demandados. Lo anterior está concatenado con el principio constitucional consagrado en el artículo 26 de nuestra actual y vigente Carta Magna cuando consagra que “…el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” De manera que la actividad del Juez no puede estar sujeta a que la parte demandada eventualmente alegue la causal de inadmisibilidad de la acción, cuando desde el inicio éste ha advertido de la existencia del vicio, más aún cuando tal desatino puede ser declarado en cualquier estado y grado del proceso.” La cita jurisprudencial antes transcrita, recoge el criterio de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, que establece la posibilidad de que el juez, de oficio y en cualquier estado y grado de la causa, declare la inadmisibilidad de la demanda por contrariar una disposición expresa de la ley, el cual acoge este Juzgador y lo aplica al caso de marras, a tenor de lo previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil; siendo que en el caso que nos ocupa existe una FALTA DE CUALIDAD PASIVA, en lo que respecta al ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, que por representar materia de orden público como ya antes fue expuesto, que es esgrimible en cualquier estado y grado del proceso, la cual puede ser alegada por la parte o ser determinada de oficio por el Juez. Aunado a ello, la legitimidad se encuentra íntimamente vinculada a la pretensión y responde a principios consagrados constitucionalmente, por lo que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia, permitiendo al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca contención sino entre aquellas partes en la cuales ciertamente exista un interés jurídico susceptible de tutela judicial, por ello en obsequio a los principios de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en garantía del derecho a la defensa, conforme a los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, forzosamente deberá declararse INADMISIBLE la presente demanda por NULIDAD DE ASAMBLEA, con la consecuente nulidad del auto de admisión dictado en fecha 09 de diciembre de 2013, así como todas las actuaciones posteriores; y así se hará expresamente en la parte Dispositiva del presente fallo. ASI SE DECIDE. III DISPOSITIVA Por las razones y consideraciones que anteceden, este Juzgado Undécimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en Sede Constitucional y administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: INADMISIBLE la presente demanda por NULIDAD DE ASAMBLEA, incoada por el ciudadano GABRIEL JOSÉ GORRÍN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-15.832.790; actuando en su carácter de accionista de la Sociedad Mercantil GENERADORES SCHNEEMAN, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, en fecha 08 de marzo de 2010, bajo el Nro. 15, Tomo 40-A, de los Libros llevados por esa oficina de Registro; en virtud de la FALTA DE CUALIDAD PASIVA del ciudadano EDUARDO ENRIQUE MULLER ARTEAGA, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-13.284.626; para sostener el presente juicio. SEGUNDO: En consecuencia, se declara la NULIDAD del auto de admisión dictado en fecha 09 de diciembre de 2013, así como todas las actuaciones posteriores. TERCERO: Se ordena la notificación a las partes del presente fallo a tenor de lo previsto en el artículo 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Undécimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación. EL JUEZ, LA SECRETARIA, Dr. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ. ABG. GABRIELA PAREDES. En esta misma fecha, siendo las, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las 02:42 pm, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. LA SECRETARIA, ABG. GABRIELA PAREDES.- ASUNTO: AP11-M-2013-000817. AVR/GP/as.