REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 14 de enero de 2014 203º y 154º ASUNTO: AP11-O-2014-000003 PRESUNTO AGRAVIADO: Sociedad Mercantil ÓPTICA SOLIDARIA 3000, C. A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 28, Tomo 17-A-Pro. ABOGADO ASISTENTE DEL PRESUNTO AGRAVIADO: abogado José Ángel Dávila Superlano, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 88.761. PRESUNTO AGRAVIANTE: JUZGADO OCTAVO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. TERCERA INTERESADA: Ciudadano HAMID MASSAAD, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-11.917.629. APODERADO DEL TERCERO INTERESADO: No ha constituido apoderado judicial en autos. Motivo: Amparo Constitucional (pronunciamiento en solicitud de medida cautelar innominada). -I- Vista la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano HÉCTOR CARLOS FIDALGO HERRERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-11.070.472, en su condición de Presidente de la Sociedad Mercantil ÓPTICA SOLIDARIA 3000, C.A., debidamente asistido por el abogado José Ángel Dávila Superlano y de la petición contenida en su escrito libelar, concerniente a la medida cautelar innominada solicitada por la parte presuntamente agraviada, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre dicha solicitud en los términos que a continuación se expresan: -II- La parte presuntamente agraviada solicitó la medida cautelar de la manera siguiente: “…Por cuanto la decisión objeto del presente amparo, quedó firme debido a la negativa de su apelación, solicito que a título de medida cautelar se suspenda la ejecución, tomando las medidas del caso para hacer efectiva la suspensión y entre ellas notificando lo conducente a los órganos del Poder Público a cargo de la misma”. El Tribunal considera pertinente establecer los parámetros para decretar medidas innominadas, en este sentido la norma adjetiva exige como requisito de procedencia de las medidas cautelares innominadas, la materialización de los requisitos que en doctrina se ha denominado como periculum in damni, expresado en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: “Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el tribunal podrá autorizar o prohibir ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión”.- (Negrillas del Tribunal). En cuanto al requisito antes mencionado la doctrina patria, mediante el autor Rafael Ortiz Ortiz, ha expresado en su texto Las Medidas Cautelares Innominadas, pág. 48 lo siguiente: “Este temor de daño inminente no es una simple denuncia ni una mera afirmación, sino que debe ser serio, probable, inminente y acreditado con hechos objetivos”.- (Negrillas y subrayado de Tribunal). De tal manera que, según la legislación adjetiva, la cautela innominada procederá cuando exista en el peticionante de la misma el fundado temor, respecto de que su contrario en el debate jurisdiccional pueda ejecutar conductas que le ocasionen eventualmente lesiones graves o de difícil reparación en la esfera de sus derechos, por ello este Tribunal al analizar detenidamente la circunstancias contextuales y fácticas en las que se desenvuelve la presente acción, ha determinado que el temor expresado por el solicitante de la medida se encuentra demostrado, a través de las copias certificadas de las actas que conforman el expediente, así como los requisitos generales de procedencia de las medidas cautelares a que hace referencia el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En el mismo orden de ideas, es preciso señalar que en materia de amparo constitucional, las medidas cautelares pueden ser decretadas siempre teniendo en consideración la magnitud del presunto agravio causado, en razón de ello, atendiendo a lo antes razonado, y la documentación consignada por la parte actora, considera este órgano jurisdiccional que los extremos legales antes analizados se encuentran cubiertos y así se declara. -III- Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (EN SEDE CONSTITUCIONAL), administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ha decidido: Primero: se DECRETA la medida cautelar innominada solicitada por el ciudadano HÉCTOR CARLOS FIDALGO HERRERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-11.070.472, en su condición de Presidente de la Sociedad Mercantil ÓPTICA SOLIDARIA 3000, C.A., debidamente asistido por el abogado José Ángel Dávila Superlano. Segundo: como consecuencia de la anterior declaración se ordena la SUSPENSIÓN de la ejecución de la sentencia emanada del Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictada en el juicio que por Resolución de Contrato de Arrendamiento siguió el ciudadano HAMID MASSAAD, contra Sociedad Mercantil ÓPTICA SOLIDARIA 3000, C.A., en el expediente Nº AP31-V-2013-001320 de la nomenclatura de ese Circuito Judicial, por ello se ordena oficiar a dicho órgano jurisdiccional participándole el presente decreto; Tercero: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza del presente fallo. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los Catorce (14) días del mes de Enero de dos mil catorce (2014). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación. EL JUEZ, DR. JUAN CARLOS VARELA RAMOS. LA SECRETARIA, Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO. En la misma fecha, siendo las 12: 16 horas de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión previo anuncio de ley. LA SECRETARIA, Asunto: AP11-O-2014-000003 JCVR/ DPB/ Iriana.-