REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO DÉCIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS EN FUNCIÓN ITINERANTE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Año 203° y 154º PARTE ACTORA: ciudadano ELÍAS CHINDI, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-16.379.679.- APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Abogados ANTONIO TAUIL SAMAN, ANTONIO JOSÉ TAUIL MUSSO, MÓNICA RUIZ MIRANDA y ZULEIMA HEREIRA AGUILAR, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 7.196, 33.131, 62.843 y 54.324, respectivamente.- PARTE DEMANDADA: ciudadano JUAN JOSÉ MUÑOZ ROMERO, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-9.954.580. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abogada MARTHA ÁVILA BELL, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 58.335.- MOTIVO: DESALOJO (APELACIÓN) EXPEDIENTE: Nº 12-0313. -I- SÍNTESIS DEL PROCESO Se inició por ante el Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el presente proceso que por Desalojo, incoara el ciudadano ELÍAS CHINDI, contra el ciudadano JUAN JOSÉ MUÑOZ ROMERO, el cual fue debidamente admitido en fecha 30 de enero de 2002, ordenando la citación de la parte demandada. En fecha 01 de marzo de 2002, el alguacil del Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ciudadano JULIO ECHEVERRIA, dejó constancia le entrego la compulsa de citación a la esposa de la parte demandada. Mediante diligencia de fecha 06 de marzo de 2002, la Abogada MARTHA ÁVILA, apoderada judicial de la parte demandada, consignó poder y escrito de contestación a la demanda. En fecha 12 de marzo de 2002, el abogado ANTONIO TAUIL SAMAN, apoderado judicial de la parte actora consignó escrito de pruebas constante de 03 folios útiles y 04 anexos. Por auto de fecha 12 de marzo de 2002, el Tribunal admitió las pruebas promovidas por la parte actora. En fechas 15, 18 y 21 de marzo de 2002, se llevó a cabo actos de testigos. Mediante diligencia de fecha 21 de marzo de 2002, el apoderado judicial de la parte actora consignó original de contrato de arrendamiento. En fecha 26 de marzo de 2002, el apoderado judicial de la parte actora consignó escrito de conclusiones constante de 05 folios útiles. En fecha 26 de marzo de 2002, el Tribunal dictó sentencia en la cual declaró sin lugar la demanda. En fecha 02 de abril de 2002, el apoderado judicial de la parte actora apelo de la decisión emitida por el Tribunal. Por auto de fecha 08 de abril de 2002, el Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, oyó dicha apelación en ambos efectos y ordenó remitir el mismo al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En fecha 08 de mayo de 2002, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, da por recibido el presente expediente y y fija el 10º dia despacho a los fines de dictar sentencia. En fecha 31 de mayo de 2002, el abogado ANTONIO TAUIL SAMAN, apoderado judicial de la parte actora consignó escrito constante de 18 folios útiles. Mediante diligencia de fechas 03, 28 de junio y 08 de julio de 2002, la apoderada judicial de la parte actora rechazo lo expuesto por el apoderado de la parte actora y solicito cómputo. Mediante diligencias de fechas 22 de julio de 2002 y 24 de febrero de 2003, los apoderados judiciales de las partes actora y demandada solicitaron sentencia. Por auto de fecha 20 de junio de 2003, se dictó auto en la cual se libró despacho comisión a los fines de la notificación de la parte demandada. Mediante diligencia de fecha 15 de diciembre de 2003, el apoderado judicial de la parte actora se librara oficio complementario. Por auto de fecha 13 de febrero del año 2012, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió la presente causa, en virtud de la Resolución Nº 2011-0062, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de Noviembre de 2011, correspondiendo a este Juzgado el conocimiento de la presente causa. Igualmente en fecha 26 de marzo de 2012, este Tribunal le da entrada al presente expediente. Asimismo en fecha 22 de enero de 2013, se dejó constancia que se dio cumplimiento con las formalidades contenidas en la Resoluciones Nos. 2011-0062 y 2012-0033, de fechas 30 de noviembre de 2011 y 28 de noviembre de 2012, emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, vistas las actas que conforman el presente expediente, este Juzgador pasa a dictar sentencia previa las siguientes consideraciones: -II- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión de la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al instituto procesal que se ha denominado “extinción o decaimiento de la acción”. En tal sentido, ha establecido la Sala Constitucional en sentencia Nº 956 del 1 de junio de 2001 (Caso: Fran Valero González), lo siguiente: “La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que le sentencien, por ello ni incoa un amparo a este fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda. (…) No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella siga vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación? A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de ocurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. (…) De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado en término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción.” De otra parte, observa este Tribunal que la pretensión deducida por el accionante se refiere propiamente a una acción personal, específicamente una (Apelación) Desalojo. Vale decir, que el derecho controvertido está sometido al lapso de prescripción de diez (10) años, establecido en el artículo 1.977 que literalmente establece: “Artículo 1977.- Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley”. De los razonamientos precedentes expuestos, concluye este Juzgador que en este proceso ha decaído el interés del accionante, ya que la última diligencia de parte fue el día 15 de diciembre de 2003, lo que pone de manifiesto el decaimiento de la acción, tras apreciar su inactividad procesal por un lapso superior al del lapso de prescripción del derecho deducido, y así se decide. - III - DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DECAÍDO EL RECURSO DE APELACIÓN. En consecuencia, se declara firme la sentencia dictada en fecha 26 de marzo del año 2002 por el Juzgado Décimo Sexto de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial. Por aplicación analógica de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas en esta decisión. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas en Función Itinerante de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los Veintidós (22) días del mes de enero de dos mil catorce (2014). EL JUEZ, CESAR HUMBERTO BELLO EL SECRETARIO, ENRIQUE GUERRA En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las tres y diez minutos de la tarde (03:10 p.m.).- EL SECRETARIO, ENRIQUE GUERRA Expediente: 12-0313 CHB/EG/Wilmer.