TSJ Regiones - Decisión

Mediante escrito consignado en fecha 14 de enero de 2014, ante este Órgano Jurisdiccional (actuando en funciones de distribuidor) por el ciudadano Yran Ramón Zambrano Rivas, titular de la cedula de identidad Nº 6.231.274, actuando en su carácter de Director de la empresa SUPERMERCADO VENIR S.R.L, inscrito en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital en fecha 02 de septiembre de 1988, bajo el Nº 57, tomo 60-A- Sdo., teniendo posteriores modificaciones siendo su ultima inscrita en la misma oficina de registro en fecha 8 de febrero de 2011, bajo el Nº 27, tomo 35-A- Sdo., asistido en este acto por el abogado Virgilio J. Gómez de Sousa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.836, ejerció Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, conjuntamente con Amparo Cautelar y subsidiariamente Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, contra el acta de efectos particulares establecida con el Nº 004584, de fecha 13 de diciembre de 2013, dictada por la Dirección de Gestión General de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital;

El 14 de enero de 2014 previa distribución, correspondió conocer a este Tribunal Superior, el cual lo recibió el mismo día, se le dio entrada en la misma fecha, y se le asignó nomenclatura 2324.

- I -
PUNTO PREVIO
DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA EL TRÁMITE DEL AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR

Como punto previo al pronunciamiento sobre la admisión del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ejercido conjuntamente con Amparo Cautelar, considera este Juzgador necesario verificar el procedimiento a seguir en la tramitación del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad cuando es interpuesto conjuntamente con una Acción de Amparo Cautelar, y al respecto observa que:

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 01124, contenida en Expediente Nº 2011-0499 de fecha 11 de Agosto de 2011, con ponencia de la Magistrada Evelyn Marrero Ortiz, caso: Alexander José Ochoa Rojas, señaló:

“En fecha 16 de junio de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de la misma fecha, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual prevé en su Capítulo V normas de procedimiento para la tramitación de las medidas cautelares.
En efecto, los artículos 103, 104 y 105 del mencionado texto legal, disponen lo siguiente:
[…]
Ahora bien, estima la Sala que el trámite previsto en el artículo 105 antes transcrito no es el más idóneo cuando la medida solicitada sea un amparo cautelar, el cual se fundamenta en la violación de derechos y garantías de rango constitucional por lo que su examen debe realizarse de manera expedita, a los fines de restablecer la situación jurídica infringida sin dilaciones indebidas, conforme al principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este orden de ideas, resulta necesario traer a colación el criterio sostenido por esta Sala en sentencia N° 00402 publicada el 20 de marzo de 2001, caso: Marvin Enrique Sierra Velasco, respecto al procedimiento que debe seguirse en aquellos casos en los cuales se solicite un amparo constitucional conjuntamente con la interposición del recurso contencioso administrativo de nulidad.
En dicho fallo se estableció lo siguiente:
[…]
En conclusión, propuesta la solicitud de amparo constitucional conjuntamente con una acción contencioso-administrativa de nulidad, pasará la Sala, una vez revisada la admisibilidad de la acción principal, a resolver de inmediato sobre la medida cautelar requerida; debiendo abrirse cuaderno separado en el caso de acordarse la misma, para la tramitación de la oposición respectiva, el cual se remitirá junto con la pieza principal, contentiva del recurso de nulidad, al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se continúe la tramitación correspondiente. Así se decide”.
De acuerdo con lo expuesto en la sentencia precedentemente transcrita, a juicio de esta Sala, cuando se interponga un recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con una acción de amparo constitucional, la Sala deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción principal con prescindencia del análisis del requisito relativo a la caducidad del recurso ejercido, cuyo examen, de resultar improcedente el amparo cautelar, corresponderá al Juzgado de Sustanciación.
Asimismo, en caso de decretarse el amparo cautelar y que la contraparte se oponga a éste, deberá seguirse el procedimiento previsto en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se declara.

Así las cosas, este Órgano Jurisdiccional pasa a emitir pronunciamiento en primer lugar sobre la admisión de la acción principal, esto es, del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, con prescindencia del análisis del requisito relativo a la caducidad, para pronunciarse posteriormente sobre la procedencia de la Acción de Amparo Cautelar, y así se declara.

- I I -
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse sobre su competencia para conocer y decidir el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, y al respecto observa que, cuando el Recurso Contencioso Administrativo es ejercido conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar, ésta última se convierte en accesoria de la acción principal, en virtud de lo cual, la competencia para conocer de ambos asuntos será determinada por la competencia para conocer del Recurso Contencioso Administrativo principal.

Así las cosas, observa este Juzgador que, el Artículo 25 numeral 3º de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece que:
“Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -aún Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo- son los competentes para conocer de:
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción…”

Por tanto, y evidenciándose en el caso bajo estudio que el acto administrativo contenido en el acta de efectos particulares establecida con el Nº 004584, emanó de la Dirección de Gestión General de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, autoridad municipal que se encuentra sometida al control jurisdiccional de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (aún denominados Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo), de acuerdo al reparto de competencias establecido por Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Órgano Jurisdiccional se declara COMPETENTE para conocer, en primer grado de jurisdicción, del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ejercido conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar, y así se declara.

En atención a las consideraciones precedentes, este Órgano Jurisdiccional se declara COMPETENTE para conocer, en primer grado de jurisdicción, la presente causa, y así se decide.

- I I I -
DEL AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR SOLICITADA

Siendo la presente acción un Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ejercido conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar, procede este Juzgador a revisar, en primer lugar, los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales en el caso de autos se encuentran satisfechos, por lo que pasa a pronunciarse sobre los requisitos de admisibilidad establecidos en el Artículo 35 eiusdem con abstracción del lapso de caducidad a que se refiere el Artículo 32 de la Ley in commento, y en tan sentido considera que el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad no se encuentra incurso en ninguna de las causales previstas en el señalado artículo, por lo que procede a emitir pronunciamiento respecto a la procedencia de la Acción de Amparo Cautelar solicitada, y así se declara.

Ejerce la representación de la empresa SUPERMERCADO VENIR S.R.L, Acción de Amparo Cautelar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mediante la cual solicita se acuerde el amparo mientras se sustancie y decide el presente recurso de nulidad, con el fin de tener protección cautelar reforzada de los derechos y garantías constitucionales y se suspendan los efectos de la Resolución Nº 004584.

Alega que el fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho quedó debidamente comprobado con las denuncias de derechos constitucionales violados.

Que se violentó su derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto el cierre se produjo de manera inmediata con la emisión del acta en cuestión, sin que conste ninguna actuación previa.

Señala que el acto administrativo contenido en la resolución Nº 004584, emitida por el Director de Control Urbano, es violatorio de normas de rango constitucional, violentando con ella su derecho a la presunción de inocencia.

La representación de la empresa SUPERMERCADO VENIR S.R.L, reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el texto fundamental, conduce a la convicción que por naturaleza de los intereses debatidos debe preservarse in limine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva.

Que la vigencia del acta de paralización de actividades comerciales, para lo cual está autorizada su representada por la referida Alcaldía, produce sin dudas, graves daños patrimoniales a su representada, adicionalmente, el peligro en la demora se manifiesta en el hecho cierto de que la Dirección de Control Urbano con fundamento a la inconstitucional Resolución, procedió al cierre, impidiendo el libre ejercicio pleno de la libertad económica.

En virtud de lo anterior alega la parte recurrente la urgencia del caso y la necesidad de que sean restablecidas de inmediato la situación jurídica infringida, ordenando a la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, la inmediata apertura del establecimiento, así como abstenerse de impedir el ejercicio pleno del derecho al comercio y al trabajo.

Finalmente, solicita en nombre de su representada en virtud de que según su dicho existe clara violación de los derechos constitucionales de su representada derivada del contenido de la resolución en cuestión, ordene de forma inmediata el amparo y suspenda los efectos de la Resolución Nº 004584 de fecha 13 de diciembre de 2013, y se ordene de inmediato el levantamiento de los precintos aplicados a la entrada del establecimiento y se emita orden de apertura al Director de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador.

- I V -
DE LA PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR SOLICITADA

Admitida preliminarmente como ha sido la acción principal y siendo la oportunidad para emitir pronunciamiento respecto a la procedencia de la Acción de Amparo Cautelar solicitada, este Órgano Jurisdiccional pasa a hacerlo previas las consideraciones siguientes:

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 01124 contenida en Expediente Nº 2011-0499 de fecha 11 de Agosto de 2011, con ponencia de la Magistrado Evelyn Marrero Ortiz, caso: Alexander José Ochoa Rojas, señaló:

“[…]
(…) con relación a la solicitud de medida de amparo cautelar, resulta oportuno señalar que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, aplicable al caso bajo estudio, en sus artículos 103, 104 y 105 establece lo siguiente:
[…]
De las normas transcritas se colige que el juez o jueza contencioso administrativo puede, de oficio o a petición de parte, acordar o decretar las medidas cautelares que estime pertinentes con el objeto de proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos, los intereses públicos y, de esa manera, garantizar la tutela judicial efectiva y restablecer las situaciones jurídicas infringidas.
Así pues, con el objeto de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto recurrido, lo cual podría traducirse en un menoscabo al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; pasa esta Sala a revisar los requisitos de procedencia de la medida de amparo cautelar solicitada por el actor, para lo cual resulta necesario verificar la existencia del fumus boni iuris y del periculum in mora.
En efecto, debe analizarse el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio ocasionado, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de la violación a los derechos constitucionales del accionante.
Igualmente, debe examinarse el periculum in mora, respecto al cual se reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos debe preservarse in límine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.
[…]”

Por lo tanto, en primer término este Órgano Jurisdiccional procede a analizar el cumplimiento del requisito de presunción de buen derecho o fumus bonis iuris y al respecto observa que, el apoderado judicial de la empresa SUPERMERCADO VENIR S.R.L, fundamentó tal requisito en la presunta vulneración de sus derechos constitucionales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues, según afirma, la presunción de buen derecho quedó debidamente comprobado con las denuncias de derechos constitucionales violados, por cuanto el cierre se produjo de manera inmediata con la emisión del acta Nº 005484, sin que se haya iniciado un procedimiento previo.

Expuestos los términos en que el apoderado judicial de la empresa SUPERMERCADO VENIR S.R.L, fundamentó el fumus bonis iuris, considera oportuno este Órgano Jurisdiccional aclarar que, la Acción de Amparo Cautelar es un mecanismo de protección de derechos y garantías constitucionales, razón por la cual para su procedencia debe verificarse la infracción a un derecho de ese rango o jerarquía, no estando permitido al Juez que conoce del mismo analizar normas de rango legal o sublegal para determinar una violación de rango constitucional.

En virtud de lo anterior, evidencia este Juzgador que, el apoderado judicial de la empresa SUPERMERCADO VENIR S.R.L, más que ceñirse a un enfoque constitucional, se refirió a un análisis de violaciones de normas legales, referidas a la inexistencia de un procedimiento administrativo, argumentos éstos que no resultan idóneos en esta clase de acción judicial, puesto que el accionante no aportó con el recurso interpuesto elementos de convicción que permitan demostrar a este Órgano Jurisdiccional alguna violación de un derecho de rango constitucional, sino de supuestas violaciones de disposiciones y normas de rango sublegal, contenidas en la Ordenanza Reguladora de la Actividad de Generación, Almacenamiento, Recolección, Transporte, Transferencia, Aprovechamiento y Tratamiento de los Residuos y Desechos Sólidos en el Municipio Bolivariano Libertador.

Aunado a lo anterior, resulta improcedente que la parte accionante fundamente la procedencia de una Acción de Amparo Cautelar esgrimiendo alegatos que fundamentan la acción principal.

En consecuencia, para determinar la vulneración de los derechos de la empresa SUPERMERCADO VENIR S.R.L, referidos a la defensa, debido proceso, presunción de inocencia, trabajo, libertad económica, y a la propiedad, los cuales, según señaló en su recurso, se vulneraron al fundamentarse el acta de clausura temporal únicamente en una prueba indiciaria, extraprocedimental, carente de valor probatorio, imponiéndole sanciones sin demostrar efectivamente la comisión de los hechos que se le imputaban, omitiéndose el procedimiento administrativo, sin permitírsele alegar o probar lo que considerare pertinente y necesario, habría que analizar normas de rango infraconstitucional esgrimidas y alegadas por la misma parte actora, lo que no le está permitido al Juez en sede constitucional, por lo que quien aquí Juzga considera que tal requisito del fumus bonis iuris no se encuentra satisfecho, y así se declara.

Por tanto, visto que el apoderado judicial de la empresa SUPERMERCADO VENIR S.R.L, no logró acreditar ante este Órgano Jurisdiccional el fumus bonis iuris, se declara IMPROCEDENTE la Acción de Amparo Constitucional Cautelar solicitada, y así se decide.

- V -
DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Declarada como ha sido IMPROCEDENTE la Acción de Amparo Cautelar este Órgano Jurisdiccional pasa a emitir pronunciamiento sobre la causal de inadmisibilidad establecida en el Artículo 35 numeral 1º de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así las cosas, una vez revisada la causal de inadmisibildad contenida en el Artículo 32 eiusdem, relativa a la caducidad de la acción, y constatado por este Juzgador que el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ha sido ejercido en tiempo hábil, ADMITE el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, y así se declara.

En atención a las consideraciones precedentes, este Órgano Jurisdiccional ADMITE el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, y así se decide.

- V I -
DECISIÓN

En merito de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

- COMPETENTE para conocer y decidir en primera instancia el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ejercido conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar y subsidiariamente Medida Cautelar de Suspensión de Efectos interpuesto por el ciudadano Yran Ramón Zambrano Rivas, titular de la cedula de identidad Nº 6.231.274, actuando en su carácter de Director de la empresa SUPERMERCADO VENIR S.R.L, inscrito en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital en fecha 02 de septiembre de 1988, bajo el Nº 57, tomo 60-A- Sdo., teniendo posteriores modificaciones siendo su ultima inscrita en la misma oficina de registro en fecha 8 de febrero de 2011, bajo el Nº 27, tomo 35-A- Sdo., asistido en este acto por el abogado Virgilio J. Gómez de Sousa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.836, contra el acta de efectos particulares establecida con el Nº 004584, de fecha 13 de diciembre de 2013, dictada por la Dirección de Gestión General de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital;
- IMPROCEDENTE la Acción de Amparo Constitucional Cautelar;
- ADMITE el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad;
- ORDENA abrir cuaderno separado a los fines del pronunciamiento sobre la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos;
- ORDENA la notificación del Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, del Sindico Procurador del Municipio Libertador del Distrito Capital, del Director de Control Urbano adscrita a la Gestión General de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital y al Fiscal General de la República, a tenor de lo establecido en el Artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, solicitando el Expediente Administrativo de la empresa SUPERMERCADO VENIR S.R.L, advirtiéndole que deberá ser consignado dentro de los 10 días hábiles siguientes a que conste en autos la práctica de las notificaciones ordenadas y que su omisión o retardo podrá acarrear la sanción de multa establecida en el Artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y advirtiendo que, dentro de los 05 días de despacho siguientes a que conste en autos la práctica de las notificaciones ordenadas, este Órgano Jurisdiccional fijará la oportunidad para la audiencia de juicio, la cual será celebrada dentro de los 20 días de despacho siguientes. Asimismo se deja constancia que una vez consignados por la parte recurrente los fotostatos requeridos se procederá a librar los respectivos oficios de notificación.

Publíquese y regístrese. Notifíquese a las partes.

Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, en Caracas el Diecisiete (17) de Enero de Dos Mil Catorce (2014).
EL JUEZ

Abg. JOSÉ VALENTIN TORRES
LA SECRETARIA

Abg. LISBETH BASTARDO

En esta misma fecha 17-01-2014, siendo las Tres post meridiem (03:00 p.m), se publicó y registró la anterior Sentencia.
LA SECRETARIA

Abg. LISBETH BASTARDO

Exp. 2324
JVTR/LV/mgr.-
Sentencia Interlocutoria