REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas Caracas, Tres (03) de Febrero de dos mil Catorce 2014 Año 203º y 154º N°.DE EXPEDIENTE: AP21-S-2013-003208 PARTE OFERENTE: MICROSOFT VENEZUELA, S.A., registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N°:56, Tomo: 1-A-Pro, de fecha 09-01-1991. APODERADOS DE LA PARTE OFERENTE: LUIS ALFREDO ARAQUE BENZO, MANUEL REYNA, PEDRO SOSA, MARIA DEL PILAR ANEAS DE VISO, EMILIO PETTIER, PEDRO LUIS PLANCHART, BLAS RIVERO, ROSHERMARI VARGAS, RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, GONZALO PONTE-DAVILA STOLK, SIMON JURADO-BLANCO SANDOVAL, LEOPOLDO BRANDT GRATEROL, FREDERICK CABRERA, LUIS ALFREDO ARAQUE TOLEDO, MARIANA RENDON, ALFREDO ALMANDOZ, JOSE ANTONIO ELIAZ, MARTA MARTINI NATHALY DEMEA, INGRID GARCIA PACHECO, GABRIEL RUAN y ELINA POU, abogados inscritos en el IPSA bajo los Nos: 7.869,15.033, 18.183, 15.106, 14.829, 24.563, 29.700, 57.465, 5.688, 66.371, 76.855, 30.969, 70.526, 81.690, 93.741, 73.080, 72.558, 75.728, 118.295, 35.266, 8.933 y 29.272. PARTE OFERIDADA: SARA CRISTINA LINARES CASTILLO, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N°: V-15.170.604. APODERADOS DE LA PARTE OFERIDA: NO CONSTITUIDO MOTIVO: OFERTA REAL DE PAGO. Visto el acuerdo transaccional de fecha Veintisiete (27) de Noviembre de 2013, suscrito por la ciudadana SARA QUISTINA LINARES CASTILLO, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N°: V-15.170.604, en su carácter de parte OFERIDA, en la presente causa, debidamente asistida por la ciudadana, NANCY ZAMBRANO, abogada inscrita en el IPSA bajo el N°:178.245, y por la parte OFERENTE en la presente causa, empresa MICROSOFT VENEZUELA, S.A., registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N°:56, Tomo: 1-A-Pro, de fecha 09-01-1991, debidamente representada por su apoderado judicial, el ciudadano SIMON JURADO-BLANCO SANDOVAL, abogado inscrito en el IPSA bajo el N°:76.855, tal como consta de poder que cursa en los autos, y presentado ante la URDD de este Circuito Judicial del Trabajo; por un monto de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE BOLIVARES CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.164.187,83 Cts), el cual fue debidamente aceptado y recibido por la parte Oferida, la ciudadana SARA QUISTINA LINARES CASTILLO, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N°: V-15.170.604, con la finalidad de poner fin al presente procedimiento, solicitando a este Juzgado que conoce en fase de Sustanciación su correspondiente Homologación, dándole efecto de cosa juzgada. Ahora bien, la referida transacción constituye un finiquito total y definitivo de las pretensiones deducidas, así como por cualquier otro derecho que eventualmente pudiera tener el actor por otros conceptos. En este orden de ideas, corresponde a este Tribunal verificar los términos del mencionado acuerdo de las partes, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 19 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo y artículos 10 y 11 del Reglamento de dicha Ley, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente. Pues bien, examinados los términos de la transacción, se evidencia que la parte actora, actuó debidamente representada por su abogado, cumpliéndose con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso; que en la manifestación escrita del acuerdo actuó en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno y, que el escrito presentado por ante este Tribunal en la fecha mencionada, se encuentra debidamente circunstanciado en cuanto a la motivación de la transacción y derechos comprendidos. Este Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, después de revisar exhaustivamente dicho escrito, así como el poder que cursa inserto a los folios (05) al (07), del presente asunto, en el cual se acredita el carácter del apoderado judicial de la parte oferente, y sus facultades expresa para desistir y transigir en el presente juicio. Así mismo comprobando por este Juzgador, que el referido escrito transaccional cumple con los requisitos exigidos en el artículo 19 de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES, al no vulnerar derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público, le imparte su HOMOLOGACIÓN en cada uno de los términos expuestos, ya que cumple con los requisitos exigidos para su validez y eficacia, dándole efectos de cosa juzgada, pero CON EXCEPCIÓN, en lo que respecta a lo señalado por la parte Oferida en la CLAUSULA QUINTA del referido escrito de transacción, atinente a que desiste de cualquier reclamo o procedimiento judicial o administrativo de naturaleza que laboral, así como contra cualquier otra persona natural o jurídica relacionada, directa o indirectamente, con MICROSOFT VENEZUELA, S.A., sus filiales, sucursales, contratistas o relacionadas tanto en Venezuela como en el exterior, así como contra sus dueños, directivos, representante, abogados (internos o externos) y dependientes, así como terceros relacionados con MICROSOFT VENEZUELA, S.A. Por lo que este Juzgador niega la homologación con respecto a este punto, por ser improcedente por ser contrario a derecho, en virtud de que el trabajador puede desistir del procedimiento, más no de la acción, todo ello de conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores consagrado en los artículos 19 de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES, 10 del Reglamento de dicha Ley, así como en el numeral 2° del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera que, el trabajador no puede desistir de la acción y, menos aún, puede ser homologada dicha solicitud, ya que la misma representaría una renuncia a los derechos adquiridos por el mismo, los cuales son irrenunciables, conforme al criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 10 de mayo de 2005, en el juicio por prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoado por la ciudadana DULCE ELENA EL QUZA SUÁREZ, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE SABANA DE MENDOZA DEL ESTADO TRUJILLO, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, en la cual estableció: “ (…) Observa esta Sala de Casación Social, como así quedó sentado en la decisión anteriormente transcrita, la cual acoge, que puede el trabajador desistir del proceso, pero no de la acción y de su pretensión, pues esto implicaría una renuncia a sus derechos y por ende constituye una desmejora en cuanto a los derechos adquiridos. (…) Ahora bien, considera esta Sala de Casación Social, que al estar los derechos laborales amparados en normas constitucionales, legales y en el presente caso por la contratación colectiva del Municipio Sucre del Estado Trujillo, y al ser los mismos irrenunciables, la homologación del desistimiento de la acción en la presente causa por parte del sentenciador superior no está ajustado a derecho, pues como antes se indicó, en el mismo se está desistiendo además de la acción, del procedimiento. Por tanto, al haberse efectuado en estos términos dicho acto de autocomposición procesal y haberlo homologado el Juzgador de alzada no debe tenerse como válido, pues, no puede el trabajador reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que a todas luces atenta contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador.(…) “ (Subrayado de este Juzgado) Criterio que este Juzgador comparte y aplica al presente caso. Por otra parte, este Juzgador tiene atribuida exclusivamente competencia en materia laboral, por lo que, no puede proveer sobre la renuncia de acciones ajenas a la misma. Así se establece. DECISIÓN Por las motivaciones que anteceden, este Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1°) HOMOLOGADA la transacción celebrada por las partes en la presente causa, en los términos precedentemente señalados. No hay condenatoria en costas conforme al parágrafo único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 2°) Se ordena la notificación de las partes de la presente decisión, por lo que se deja constancia que el lapso para ejercer recursos en contra de la presente decisión, comenzará a correr a partir del día siguiente a que conste en los autos la última notificación de las partes- Líbrese boletas de notificación a las partes. Así se establece. 3º). En consecuencia una vez vencido el lapso de cinco (05) días para recurrir la presente decisión, este Juzgado dará por terminado el presente procedimiento y se ordena el cierre y archivo del expediente. Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en la misma ciudad, a los Tres (03) días del mes de Febrero de dos mil Catorce (2014). Año 203º de la Independencia y 154º de la Federación. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN Y DEJESE COPIA. Igualmente se ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/. CÚMPLASE. El Juez _____________________ Abg. Orlando Antonio Magallanes Pérez. El Secretario. _____________________ Abg. Eric Aponte. En la misma fecha, se dictó, registró, consignó y publicó la anterior decisión. El Secretario. _____________________ Abg. Eric Aponte.