REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 8 de Julio de 2014 204º y 155º ASUNTO: AP11-M-2014-000082 Visto el escrito suscrito en fecha 16 de junio de 2014, por una parte, por la sociedad mercantil Cauchos Driverstone C. A., representada por su director, ciudadano: Carlos José Lucena Sequera, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.148.295 conjuntamente con el ciudadano Heriberto Rui Pinto Terra Boa, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.148.295, asistidos por el abogado Miguel Porras, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 162.354, parte demandada, y por la otra, el abogado Lisandro Meza, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 154.986, actuando en su carácter de apoderado judicial de Mercantil C. A., Banco Universal, parte demandante, en el juicio que por Cobro de Bolívares sigue Mercantil C. A., Banco Universal contra la sociedad mercantil Cauchos Driverstone C. A., mediante la cual suscriben, transacción judicial con la finalidad de dar por terminado el presente juicio que cursa por ante este Despacho, bajo el expediente distinguido con el número AP11-M-2014-000082. Vista igualmente la diligencia presentada en fecha 07 de los corrientes, por el abogado José Lisandro Meza, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 154.986, quien actúa en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual consigna en un folio útil, autorización del ciudadano Paolo Rigio Cammarano, titular de la Cédula de Identidad Nro 6.819.144, representante judicial Suplente de Mercantil C. A., Banco Universal, para suscribir la transacción, supra mencionada.- El Tribunal a los fines de pronunciarse sobre la transacción celebrada en fecha 16 de junio de 2014, y siendo la oportunidad para ello, considera: Ahora bien, dispone el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución.” En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia emanada de la Sala Constitucional, de fecha 06 de julio de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera R., establece lo que a continuación se transcribe: “Respecto del auto de homologación, viene a ser la resolución judicial que –previa verificación de la capacidad de las partes para transigir, así como la disponibilidad de la materia para ello –dota de ejecutoriedad al contrato en cuestión, esto es, la facultad de las partes de solicitar al órgano jurisdiccional competente su cumplimiento. Desde esta doble perspectiva, emerge que los autos de homologación son impugnables por la vía de apelación (…), siendo que tal recurso debe atender únicamente a la ilegalidad propia del acto de auto composición procesal, ergo, a la incapacidad de las partes que los celebraron y/o la indisponibilidad de la materia transigida (…). Empero, lo antedicho no desvirtúa la naturaleza de la transacción como contrato, de forma tal que confirmado el auto de homologación por el juez de alzada, la vía para enervar los efectos de la transacción es el juicio de nulidad…” De la lectura de la sentencia transcrita de forma parcial, se desprenden las condiciones que el juez debe verificar para homologar una transacción celebrada por las partes en un proceso judicial, las cuales son la capacidad de las partes y la disponibilidad de la materia para ser objeto de una transacción Asimismo establece el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa.” De la lectura de la sentencia transcrita de forma parcial, se desprenden las condiciones que el juez debe verificar para homologar una transacción celebrada por las partes en un proceso judicial, las cuales son la capacidad de las partes y la disponibilidad de la materia para ser objeto de una transacción. En el caso que nos ocupa, consta en autos que, la sociedad mercantil Cauchos Driverstone C. A., representada por su director, ciudadano: Carlos José Lucena Sequera, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.148.295 conjuntamente con el ciudadano Heriberto Rui Pinto Terra Boa, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.148.295, tienen facultad para transigir, asistidos por el abogado Miguel Porras, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 162.354, parte demandada, y el abogado Lisandro Meza, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 154.986, actuando en su carácter de apoderado judicial de Mercantil C. A., Banco Universal, parte demandante, autorizado por el ciudadano Paolo Rigio Cammarano, titular de la Cédula de Identidad Nro 6.819.144, representante judicial Suplente de Mercantil C. A., Banco Universal, para suscribir la transacción realizada, tal como se evidencia en autos, es por lo que, el Tribunal considera que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, por cuanto no existe evidencia en las actas procesales de que pudiera lesionarse derechos e intereses de terceros diferentes a las partes que celebran la presente Transacción, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara, HOMOLOGADA la transacción celebrada por las partes en fecha 16 de junio de 2014, en los términos señalados por éstas, por cuanto la misma versa sobre la controversia planteada en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES, el cual fue interpuesto por Mercantil C. A., Banco Universal contra Cauchos Driverstone C. A., signado con el Expediente N° AP11-M-2014-000082, de la nomenclatura llevada por este Circuito Judicial, por no ser contraria a derecho o alguna disposición expresa de la Ley y versa sobre derechos disponibles. Asimismo se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme lo establece el Artículo 255 del Código de Procedimiento Civil. Se ordena expedir por Secretaría copias certificadas de la transacción así como del presente auto que lo homologa, conforme a lo establecido en el Artículo 112 Ejusdem. EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZÀLEZ.- El SECRETARIO, JONATHAN MORALES En esta misma fecha, siendo las ______, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario Abg. Jonathan Morales Asunto: AP11-M-2014-000082 Asistente que realizó la actuación: Jaime.