REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 29 de julio de 2014
204º y 155º

ASUNTO: AH14-V-2006-000170
PARTE ACTORA: sociedad mercantil INMOBILIARIA FUTURO C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 6 de diciembre de 1999, bajo el Nº 41, Tomo 372-A-Qto; y su ultima modificación efectuada en fecha 25 de agosto de 2003, bajo el Nº 29, Tomo 800 A.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ZORAIDA ZERPA URBINA, titular de la cedula de identidad Nº V.-7.682.817, abogado en ejercicio inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 30.141.-
PARTE DEMANDADA: ciudadano SILVESTRE ALBERTO DO REIS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V.-6.254.505.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: GONZALO DELGADO MATOS, titular de la cedula de identidad Nº V.-4.080.988, abogado en ejercicio inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 27.665.-
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES.-

PRIMERO: La presente causa se inicia por demanda consignada por ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial y en virtud de la distribución aleatoria correspondiente, fue asignado para su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-
Posteriormente, el día 13 de junio de 2006, este Tribunal dictó auto mediante el cual ADMITE la pretensión de COBRO DE BOLIVARES y ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el presente juicio, el ciudadano SILVESTRE ALBERTO DO REIS, previamente identificada.-
Subsiguientemente, en fecha 10 de octubre de 2006, comparece ante este Juzgado la parte demandada, debidamente asistido de abogado y consigna escrito de contestación, en el cual negó, rechazó y contradijo la demanda incoada en su contra.-
Ahora bien, en fecha 13 de marzo de 2007, este Tribunal ordenó agregar a los autos y se ordeno la notificación de las partes que conforman el presente juicio, y una vez constara en autos las notificaciones correspondientes, se emitiría pronunciamiento en cuanto a las mismas, de conformidad a lo establecido en el articulo 398 del Código de Procedimiento Civil.-
En fecha 2 de mayo de 2008, este Despacho Judicial dictó auto mediante el cual admitió las pruebas promovidas por la representación judicial de la parte actora en el presente juicio, por no ser manifiestamente ilegales, ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva; En virtud de que el mencionado auto fue dictado fuera del lapso legal correspondiente, este Juzgado ordenó la notificación de las partes.-
Posteriormente en fecha 20 de junio de 2008, el ciudadano ANGFEL VARGAS RODRIGUEZ, quien fuera designado Juez Temporal de este Juzgado, se avocó al conocimiento de la presente causa y ordenó la notificación de las partes de conformidad a lo establecido en los artículos 14, 90 y 233 del Código de Procedimiento Civil.-
Ahora bien, en fecha 20 de octubre de 2008, comparece ante este Juzgado la representación judicial de la parte actora, y consigna escrito en el cual se da por notificada del auto dictado por este Despacho Judicial en fecha 20 de junio de 2008.-

SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:
“Artículo 267.-Toda instancia se extingue por el transcurso de un año si haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...).”

De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y,
b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.
Ahora bien, quien aquí decide no aprecia motivo alguno para que su competencia subjetiva se vea comprometida en este proceso, en tal virtud se observa lo siguiente:
El Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda hasta la sentencia definitiva de fondo; “…la regla general en materia de perención expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”.

Así mismo, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”.

En las disposiciones antes transcritas el término instancia es utilizado como impulso; el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal invocada, provocando su extinción.

La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por cuanto es un modo de extinguir el procedimiento producido por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente manteniendo en intranquilidad, zozobra y en estado de incertidumbre a las partes en lo concerniente a los derechos privados.

Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa; es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.

Así pues y bajo el mismo contexto, de acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso.

En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Así mismo debe considerarse en el presente pronunciamiento, que la parte accionante en la presente causa no realizó actuación procesal alguna desde el día 20 de octubre de 2008, por lo que ha transcurrido mas de un año, tiempo superior al establecido por el legislador para que proceda la perención, es por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia, por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora para realizar las diligencias relativas para verificar cualquier acto de impulso o gestión del proceso que interrumpiera dicha perención. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE.

TERCERO: Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 29 días del mes de julio de 2014. Años 204º y 155º.

El Juez,

Abg. Carlos A. Rodriguez Rodriguez
El Secretario

Abg. Luis Eduardo Rodriguez

En esta misma fecha, siendo las 10:22 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
El Secretario

Abg. Luis Eduardo Rodriguez

Asunto: AH14-V-2006-000170
CARR/LERR/mv