REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 2 de Julio de 2014 204º y 155º ASUNTO: AP11-V-2013-000722 PARTE DEMANDANTE: OSCAR EMILIO ANTONINI LAVIOSA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-3.399.120. PARTE DEMANDADA: CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL LA LAGUNITA, en la persona de su Presidente, ciudadano VICENTE ORESTE PASSARIELLO SAFAR, quien es venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-11.558.150. APODERADO DEMANDANTE: Héctor Trujillo Trujillo, Gina María De Sousa y Javier Yñiguez Armas, quienes son abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 9.674, 131.048 y 39.163, en ese mismo orden. APODERADOS DEMANDADOS: John M. Johnson Fishel, Carlos Eduardo Cato C., Martha Hernández de Sarratud, Javier E. Machado Álvarez, Andrea Reyes Arvelo y Claudia Agreda Berlioz, abogados en ejercicio e igualmente inscritos en el Inpreabogado bajo los números 74.565, 74.564, 70.376, 163.037, 165.966 y 174.045, respectivamente. MOTIVO: Reposición de la Causa (Sentencia Interlocutoria) - I - Vistas las actuaciones que anteceden, y efectuada como ha sido la revisión a las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal observa que en fecha 22 de abril de 2.014, se dictó auto a través del cual se resolvió lo concerniente a la admisibilidad de las pruebas promovidas por las partes que integran la litis. En la aludida providencia, puede apreciarse que este Tribunal incurrió en un error material e involuntario, al momento de resolver la oposición a las pruebas ejercida por cada una de las partes, así como también, en la oportunidad de pronunciamiento sobre la admisibilidad de las mismas. – II – Ahora bien, con vista a todo lo anteriormente expuesto, quien suscribe considera oportuno destacar la importancia que tiene para el proceso el que los actos procesales se efectúen correctamente, observando las formas y validez de cada acto pues, cualquier falla que ocurra, puede afectar no sólo el acto en sí, sino a los subsiguientes que dependen de aquél. Por lo tanto, la nulidad procesal puede definirse como la desviación del acto que vicia la finalidad para la cual fue establecida por la Ley o cuando no se ha cumplido con las formas procesales esenciales a su validez. En el mismo orden de ideas, la consecuencia de la declaratoria de la nulidad de un acto es la reposición de la causa al estado de que en la misma sentencia señale, pero ésta, por los efectos que produce en los actos consecutivos al acto irrito, y muy especialmente en lo referente a la economía del proceso, por obra de la jurisprudencia, ha ido adquiriendo contornos cada vez más limitados y así se tiene sentado como rasgos característicos de la reposición los siguientes: 1) La reposición de la causa no es un fin, sino un medio para corregir un vicio procesal declarado, cuando no puede subsanarse de otro modo; pero no se declarará la nulidad del acto y la reposición, si éste ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. 2) Con la reposición se corrige la violación de la Ley que produzca un vicio procesal, y no la violación de preceptos legales, que tengan por objeto, no el procedimiento sino la decisión del litigio o de algunas de las cuestiones que lo integran, porque entonces el error alegado, caso de existir, se corrige por la interpretación y aplicación que el Tribunal de alzada dé a las disposiciones legales que se pretenden violadas. 3) La reposición no puede tener por objeto subsanar desaciertos de las partes, sino corregir vicios procesales, faltas del Tribunal que afecten el orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa de éstas y siempre que ese vicio o error y el daño consiguiente, no haya sido subsanado o no pueda subsanarse de otra manera. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha 19 de marzo de 1.998, con ponencia del Magistrado Dr. Héctor Grisanti Luciani). Para el procesalista Arístides Rengel Romberg “...en la cadena del proceso, algunos actos son causalmente dependientes del que le precede, a tal punto que la nulidad de éste, afecta la validez de los actos consecutivos que dependen de él”. Se distinguen así en nuestro sistema los efectos que produce la nulidad de un acto aislado del procedimiento, de aquéllos que produce la nulidad de un acto del cual dependen los que le siguen. La nulidad de los actos consecutivos a un acto irrito, se produce cuando éste, por disposición de la Ley, sea esencial a la validez de aquéllos, o cuando la misma Ley preceptúa especialmente tal nulidad. Se entiende entonces que un acto es esencial a la validez de los que le siguen, cuando éstos son causalmente dependientes de aquél y, por ello, la nulidad del acto que les sirve de base o fundamento los afecta necesariamente. En estos casos se produce la llamada reposición de la causa, esto es, la restitución del proceso al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad, anulándose todo lo actuado desde aquel momento. Ciertamente, en el caso bajo estudio, se produjo un error material involuntario al momento de resolver lo concerniente a la oposición de las pruebas, ejercida por cada una de las partes, así como también, en la oportunidad de pronunciamiento sobre la admisibilidad de las mismas, todo lo cual pudiera generar lesiones al derecho de las partes. Siendo ello así, en aras de garantizar tanto el debido proceso como el derecho a la defensa, consagrados y protegidos por nuestra Carta Fundamental, este Sentenciador, actuando en ejecución directa del mandato conferido en los artículos 12 y 14 del Texto Adjetivo Civil que reconocen al Juez como director del proceso y lo facultan a impulsarlo de oficio hasta su conclusión, haciéndolo avanzar a objeto que pueda cumplirse su propia finalidad dentro del orden jurídico; y, en obsequio a los principios constitucionales del debido proceso, del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera que resulta procedente y ajustado a derecho, decretar la Reposición de la Causa al estado de emitir nuevo pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de las pruebas promovidas por las partes en el presente juicio. De la misma manera, se declara la nulidad del auto de admisión de pruebas dictado en fecha 22 de abril de 2.014, y todas las actuaciones subsiguientes a dicho auto. Así se decide. - III - Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se REPONE LA CAUSA al estado de emitir nuevo pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de las pruebas promovidas por las partes en el presente juicio. En consecuencia, se declara la nulidad del auto de admisión de pruebas dictado en fecha 22 de abril de 2.014, y todas las actuaciones subsiguientes a dicho auto. Así se establece. SEGUNDO: Se ordena la notificación de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 8º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 2 de Julio de 2014. 204º y 155º. El Juez, Dr. César A. Mata Rengifo La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut En esta misma fecha, siendo las 12:47 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut Asunto: AP11-V-2013-000722 CAM/IBG/Lisbeth.-