República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Juzgado Décimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas PARTE SOLICITANTE: José Antonio Vega Escalante y Rosa Elena Díaz, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.803.563 y 3.623.254, respectivamente. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE SOLICITANTE: Narciso Corniel Palacios, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, en ejercicio de la profesión, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 10.254. MOTIVO: Partición y Liquidación Amistosa de la Comunidad Conyugal. En fecha 01.07.2014, se recibió ante la Secretaría de este Tribunal, la solicitud presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, por los ciudadanos José Antonio Vega Escalante y Rosa Elena Díaz, debidamente asistidos por el abogado Narciso Corniel Palacios, por medio de la cual peticionan amistosamente la partición y liquidación de los bienes habidos durante la vigencia del vínculo matrimonial que los unía, contraído por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Capacho del Estado Táchira, el día 17.01.1977, según consta en acta N° 04, el cual fue disuelto por sentencia definitivamente firme dictada en fecha 27.10.2008, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En tal virtud, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la petición formulada por los solicitantes, con base en los razonamientos que se esgrimen a continuación: - I - DE LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA Los ciudadanos José Antonio Vega Escalante y Rosa Elena Díaz, debidamente asistidos por el abogado Narciso Corniel Palacios, en el escrito de solicitud se adjudicaron los bienes habidos durante la existencia de la relación conyugal que los unía, de la manera siguiente: “…Nosotros, Rosa Elena Díaz y José Antonio Vega Escalante, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, divorciados y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-3.623.254 y V-10.803.563, respectivamente, asistidos por Narciso Corniel Palacios, abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 10.254, ante Ud., con el mayor acatamiento ocurrimos para exponer: Mediante sentencia definitivamente firme dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha veintisiete (27) de octubre de Dos Mil Ocho (2.008), quedó disuelto nuestro matrimonio, en razón a lo cual hemos convenido por el presente escrito en liquidar y partir amistosamente dicha comunidad, lo cual hacemos en los términos siguientes: Primero: Un apartamento distinguido con el número y letra tres raya 'B' (N° 3-B), ubicado en el piso tres (3) del Edificio denominado 'Residencias Florida', situado en la Avenida Principal (Avenida Araure) de la Urbanización Chuao, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda; tiene un área aproximada de ciento treinta y seis metros cuadrados (136 M2); consta de las siguientes dependencias: tres (3) dormitorios principales, dos (2) baños principales, un (1) cuarto de servicio con baño, salón, balcón, comedor, cocina, lavadero y pasillo de comunicación entre el salón y los dormitorios; está alinderado así: Norte: Fachada Norte del Edificio; Sur: Fachada Sur del Edificio; Este: Caja de ascensores y núcleo de comunicación vertical (escaleras) y Oeste: Fachada Oeste del Edificio que da hacia la vía de acceso al estacionamiento por el lado oeste del edificio; además le corresponde en propiedad un (1) puesto de estacionamiento ubicado en el área de estacionamiento, un (1) maletero ubicado en la Planta Baja (PB) y una (1) jaula secadora ubicada en la Planta Pent-House (PH) del mismo edificio, distinguidos todos con el mismo número y letra del apartamento en referencia; y le corresponde un porcentaje de condominio de cinco enteros con ochocientas ochenta y dos mil trescientas cincuenta y tres millonésimas por ciento (5.882353%) de los derechos y obligaciones sobre las cosas comunes, de conformidad al correspondiente Documento de Condominio, el cual fue protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda en fecha 22 de marzo de 1.966, bajo el N° 53, Tomo 17, Protocolo Primero. Dicho apartamento lo adquirimos según consta de documento Registrado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha veintiuno (21) de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Uno (1.991), bajo el N° 20, Tomo 14, Protocolo Primero. Lo justipreciamos en un millón quinientos mil bolívares (Bs. 1.500.000,oo). Segundo: Un terreno agreste y de secano signado con el N° 7-90 demarcado con mojones de concreto, situado en el sitio denominado 'Terrazas de Higuerote', Distrito Brión del Estado Miranda, cuyos linderos y medidas son los siguientes: Norte: En veinte y nueve metros con veinte y seis centímetros (29,26 Mts.), con terreno signado con el N° 89; Sur: En veinte y siete metros con veinte y cuatro centímetros (27,24 Mts.), con la Calle Cocotal y Área Verde; Este: En diez y seis metros con ocho centímetros (16,08 Mts.), con terreno signado con el N° 62; y Oeste: En veinte y seis metros con setenta y cinco centímetros (26,75 Mts.), con vía de penetración. Dicho terreno tiene una superficie aproximada de quinientos ochenta y tres metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados (583,39 M2). Dicho terreno y las bienhechurías sobre él construidas las adquirimos según consta de documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro de los Municipios Brión y Buroz del Estado Miranda, Higuerote el veinte (20) de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1.998), bajo el N° 41, Tomo 12, folios 224 al 228 Tercer Trimestre. Valorado en novecientos mil bolívares (Bs. 900.000,oo). Tercero: El cincuenta por ciento del valor de una parcela de terreno y las bienhechurías en ella construidas, situada en la Avenida Intercomunal de la población del Municipio Libertad, Estado Táchira, con los linderos y medidas siguientes: Este: En línea de treinta metros con calle pública; Oeste: En línea de treinta metros (30 Mts.) con terrenos que son o fueron de propiedad municipal; Norte: En línea de veintiún metros (21 Mts.) con terrenos que son o fueron de propiedad municipal y Sur: En línea de veintiún metros (21 Mts.) con Avenida Intercomunal que, de Libertad conduce hacia Independencia. Dicho porcentaje de propiedad sobre el inmueble en referencia nos pertenece según consta de documento registrado en la Oficina de Registro Público de los Municipios Libertad e Independencia del Estado Táchira el día veintitrés (23) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1.997), bajo el N° 10, Tomo 8, Folios 78 al 81, Protocolo Primero; lo valoramos en cien mil bolívares (Bs. 100.000,oo). Cuarto: Parte de un terreno propio ubicado en Independencia, Municipio Independencia del Estado Táchira el cual tiene una extensión superficial de un mil quinientos treinta y un metros cuadrados con diez centímetros cuadrados (1.531,10 Mts.) y situado dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: Con lote de terreno que es o fue de Ana Teresa, viuda de Díaz, mide noventa y cinco metros con ochenta y dos centímetros (95,82 Mts.); Sur: Con lote de terreno N° 7, propiedad de la sucesión de Cleodaldo Quintero, mide ochenta y seis metros con cincuenta y tres centímetros (86,53 Mts.); Este: Con camino carretero que conduce a Alto Crespo, mide dieciséis metros (16 Mts.); y Oeste: Con terrenos del Liceo Ramón Cárdenas, mide diecisiete metros con cincuenta y dos centímetros (17,52 Mts.). Dicho inmueble nos pertenece según consta de documento registrado ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Libertad e Independencia el día veintitrés (23) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1.997), bajo el N° 10, Tomo 8, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre. Está justipreciado en ciento veinte mil bolívares (Bs. 120.000,oo). Quinto: Un vehículo con las siguientes características: Clase: Camioneta; Marca: Toyota; Modelo: Land Cruiser Au.; Tipo: Sport Wagon; Año: 2.001; Color: Plata; Placa: GBP-2N; Serial de Carrocería 8AX11UJ-8019016792; Serial de Motor: 1FZ0464220; Uso: Particular; adquirido por la comunidad según consta de documento de propiedad N° 3357953, de fecha trece (13) de Agosto de Dos Mil Uno (2.001), emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones; y lo justipreciamos en quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,oo). Sexto: Un vehículo con las siguientes características: Marca: Toyota; Clase: Automóvil; Modelo: Corolla Automat.; Año: 1.996; Tipo: Sedan; Placa: DAA-20S; Serial de Carrocería: AE1019822053; Serial del Motor: 4AL168418; Color: Plata; Uso: Particular. Adquirido por la comunidad según consta de Certificado de Registro de Vehículo N° 1167101 de fecha tres (03) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1.996) emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, valorado en cien mil bolívares (Bs. 100.000,oo). El caudal inventariado asciende a la cantidad de tres millones doscientos mil bolívares (Bs. 3.200.000,oo). Hemos convenido formalmente, de mutuo y perfecto acuerdo en liquidar y partir los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio en virtud de haberse dictado la indicada sentencia definitiva de divorcio, en tal sentido se adjudica a la ciudadana Rosa Elena Díaz, los siguientes bienes: Primero: El apartamento distinguido con el número y letra tres raya 'B' (N° 3-B), ubicado en el piso tres (3) del edificio denominado 'Residencias Florida', situado en la Avenida Principal (Avenida Araure) de la Urbanización Chuao, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda. Segundo: El terreno y las bienhechurías sobre él construidas situado en a Avenida Intercomunal de la población del Municipio Libertad, Estado Táchira. Tercero: Parte de un terreno propio ubicado en Independencia, Municipio Independencia del Estado Táchira. Cuarto: El vehículo de las siguientes características: Marca: Toyota; Clase: Automóvil; Modelo: Corolla Automat.; Año: 1.996; Tipo: Sedan; Placa: DAA-20S; Serial de Carrocería: AE1019822053; Serial del Motor: 4AL168418; Color: Plata; Uso: Particular. A José Antonio Vega Escalante se le adjudica el bien señalado en el ordinal Segundo del inventario constituido por un terreno agreste y de secano, signado con el N° 7-90 y las bienhechurías sobre él construidas, demarcado con mojones de concreto situado en el sitio denominado 'Terrazas de Higuerote', Distrito Brión del Estado Miranda y el bien señalado en el ordinal Quinto del inventario constituido por un vehículo de las siguientes características: Clase: Camioneta; Marca: Toyota; Modelo: Land Cruiser Au.; Tipo: Sport Wagon; Año: 2.001; Color: Plata; Placa: GBP-2N; Serial de Carrocería 8AX11UJ-8019016792; Serial de Motor: 1FZ0464220; Uso: Particular. Damos por concluida la presente partición en la forma y condiciones expresadas, queda definitivamente disuelta la sociedad conyugal que existió entre nosotros, nos hacemos recíproca tradición de los bienes adjudicados y formalmente declaramos que nada tenemos que reclamarnos…”. - II - DE LA COMPETENCIA Pasa a continuación este Tribunal a revisar su competencia para conocer la presente solicitud, conforme a las observaciones siguientes: La competencia consiste en la distribución del poder jurisdiccional entre los distintos Tribunales a los cuales se le asigna el conocimiento de determinados asuntos por disposición expresa de la Ley, cuya vinculación al derecho de defensa se encuentra contemplada en los numerales 3° y 4° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de ella el justiciable es juzgado por su juez natural y competente, como expresión de la garantía de un debido proceso. En tal sentido, el artículo 3° de la Resolución N° 2009-0006, dictada en fecha 18.03.2009, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone: “Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) Conforme a la anterior disposición jurídica, corresponde a los Juzgados de Municipio conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos en material civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, por lo que este Tribunal resulta competente para conocer la presente solicitud no contenciosa. Así se declara. - III - CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Plateada en estos términos la presente solicitud, procede de seguida este Tribunal a pronunciarse respecto a la partición amistosa celebrada entre las partes, previas las consideraciones siguientes: El Matrimonio puede ser considerado como una unión entre un hombre y una mujer que cuenta con un reconocimiento social, cultural y jurídico, ya que tiene por fin fundamental la fundación de un grupo familiar, aunque también para proporcionar un marco de protección mutua o de protección tanto jurídica como económica y emocional de la descendencia. Produce una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges y frente a terceras personas, de los cuales los fundamentales son las obligaciones conyugales, el parentesco, la adquisición de derechos sucesorales y el régimen económico, que encuentran en el Código Civil y demás leyes aplicables su reglamentación. En conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Civil, el matrimonio se disuelve por dos (02) razones fundamentales, las cuales son: a) Por la muerte, debido que ante la desaparición física de uno de los esposos, el vínculo entre ambos deja de existir y de producir efectos jurídicos válidos. b) Por el divorcio, que es el medio utilizado como procedimiento especial destinado a lograr el cese de la relación conyugal. Así pues, el divorcio es la separación y ruptura del matrimonio que se encuentra constituido legalmente entre un hombre y una mujer, la cual puede darse por una causal citada en la ley, que al ser puesta en consideración ante el juez competente en lo civil, tendrá la facultad de declarar disuelto el vínculo matrimonial, mediante sentencia judicial, en donde también se definirá todo lo que haya producido ese matrimonio, facultando además a los cónyuges a contraer nuevo matrimonio luego de pasado el tiempo que establece la ley, así como a liquidar la comunidad de gananciales. Cuando la pareja decide llegar a un acuerdo previo al matrimonio para regular su patrimonio dentro de la vida conyugal, se habla de Capitulaciones Matrimoniales, caso contrario, si no es llevado a cabo este procedimiento, la ley procura un régimen supletorio denominado Comunidad Limitada de Gananciales. Las Capitulaciones Matrimoniales son acuerdos que realiza la pareja próxima a casarse para determinar el tratamiento que será aplicado a sus bienes patrimoniales durante la existencia del matrimonio, las cuales se caracterizan por ser: i) Bilaterales, debido a que son realizados por los contrayentes; ii) Accesorias, puesto que no podrán celebrarse de manera independiente al matrimonio, toda vez que si éste no llega a realizarse o es declarado nulo, las capitulaciones no surten efecto alguno; iii) Solemnes, debido a que su instrumentación y debida ejecución requiere del cumplimiento de determinadas formalidades establecidas en la ley; iv) Personalísimas, pues son llevadas a cabo exclusivamente por los contrayentes; v) Inapelablemente anteriores al Matrimonio, ya que deben ser pactadas previa a la celebración del matrimonio; vi) Inmutables, por cuanto no pueden modificarse después de verificarse el casamiento civil. Por otro lado, se encuentra el régimen legal supletorio denominado Comunidad Limitada de Gananciales, que entra en escena cuando los futuros cónyuges no ejercen el derecho que les otorga la ley para elegir su régimen patrimonial matrimonial, supliendo el vacío que podría causar esa falta de escogencia. El artículo 148 del Código Civil, establece: “Artículo 148.- Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio”. Por su parte, el artículo 149 ejúsdem, expresa: “Artículo 149.- Esta comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio; cualquiera estipulación contraria será nula”. Entre tanto, el artículo 156 ibídem, prevé: “Artículo 156.- Son bienes de la comunidad: 1. Los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, a costa del caudal común, bien se haga la adquisición a nombre de la comunidad o al de uno de los cónyuges. 2. Los obtenido por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges. 3. Los frutos, rentas o intereses devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges”. Así, la Comunidad Limitada de Gananciales puede definirse como un género de comunidad restringida, constituido por la propiedad compartida de un conjunto de bienes, que se consideran comunes a ambos cónyuges, representados por las ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el matrimonio, manteniendo esa propiedad al margen de la existencia de bienes propios de cada esposo y se extingue por las causas taxativamente establecidas en la ley. Al respecto, el artículo 173 del Código Civil, contempla: “Artículo 173.- La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se le declare nulo. En este último caso, el cónyuge que hubiere obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales. Si hubiera mala fe de parte de ambos cónyuges, los gananciales corresponderán a los hijos, y sólo en defecto de éstos a los contrayentes. También se disuelve la comunidad por la ausencia declarada y por la quiebra de uno de los cónyuges y por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por este Código. Toda disolución y liquidación voluntaria es nula, salvo lo dispuesto en el artículo 190”. El anterior precepto legal preceptúa las causas de extinción de la comunidad de bienes, cuando precisa que la misma se extingue: 1) Por la disolución del vínculo conyugal. 2) Por la anulación del matrimonio. 3) Por la ausencia declarada de uno de los cónyuges. 4) Por la quiebra de uno de los cónyuges. 5) Por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por la ley. Ahora bien, el vínculo matrimonial contraído entre los ciudadanos José Antonio Vega Escalante y Rosa Elena Díaz, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Capacho del Estado Táchira, el día 17.01.1977, según consta en acta N° 04, fue disuelto por sentencia definitivamente firme dictada en fecha 27.10.2008, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil. En tal sentido, el artículo 186 ejúsdem, puntualiza: “Artículo 186.- Ejecutoria la sentencia que declaró el divorcio, queda disuelto el matrimonio, y cesará la comunidad entre los cónyuges y se procederá a liquidarla. Las partes podrán contraer libremente nuevo matrimonio observándose lo dispuesto en el artículo 57”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) En atención a la anterior disposición jurídica, la comunidad de bienes cesa una vez ejecutoriada la sentencia que disuelve el matrimonio y, por tanto, a partir de ese momento, podrán las partes liquidarla por medio de demanda principal, de conformidad con lo previsto en el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, o por convenio amigable, según lo previsto en el artículo 788 ejúsdem. El artículo 788 del Código de Procedimiento Civil, consagra: “Artículo 788.- Lo dispuesto en este Capítulo no coarta el derecho que tienen los interesados para practicar amigablemente la partición; pero si entre los interesados hubieres menores, entredichos o inhabilitados, será necesaria la aprobación del Tribunal competente, según el Código Civil y las leyes especiales”. El anterior precepto legal faculta a toda persona que se encuentre en comunidad de bienes con otra a practicar amigablemente la partición de los mismos, mediante la presentación del escrito que contendrá el acuerdo de voluntades ante la autoridad judicial competente, quien lo aprobará si no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. Tal acuerdo de voluntades realizado por las partes con ocasión a la liquidación de la comunidad de gananciales constituye un contrato, el cual es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico, según lo dispuesto en el artículo 1.133 del Código Civil. En este contexto, el Dr. José Melich Orsini, en su obra “Doctrina General del Contrato”, apunta que el contrato es, pues, un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración, y no sólo es eficaz en lo que se refiere a vínculos de naturaleza personal (de contenido patrimonial o extra-patrimonial) entre las partes, esto es, derechos de créditos (lo que se llama eficacia personal del contrato), sino que también puede afectar el estado de los derechos reales (la llamada eficacia real del contrato). El artículo 1.713 ejúsdem, define: “Artículo 1.713.- La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) Por su parte, el artículo 1.718 ejúsdem, dispone: “Artículo 1.718.- La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada”. En lo que se refiere a la transacción, el procesalista Jaime Guasp, expresa que “…es un verdadero negocio jurídico, puesto que se compone de declaraciones de voluntad privadas que tienden a producir inmediatamente efectos de tal carácter. Y puesto que las declaraciones de voluntad no aparecen la una al lado de la otra, sino la una frente a la otra, puede hablarse de la transacción como de un contrato…”. (Guasp, Jaime. Compendio de Derecho Procesal Civil. Tomo I, página 499) En lo que respecta a la necesidad de homologación del contrato transaccional para que éste adquiera ejecutoriedad, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2212, dictada en fecha 09.11.2001, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, expediente Nº 00-0062, caso: Agustín Rafael Hernández Fuentes, precisó lo siguiente: “…De acuerdo a la doctrina expresada por la Sala, los efectos procesales de la transacción referidos a su ejecutoriedad, no se producen sino a partir de su homologación, por lo que en ausencia de ésta no es posible obtener su cumplimiento. Es claro que la falta de homologación de la transacción no afecta la validez de ésta como contrato, sino su ejecutoriedad, es decir, la posibilidad de ejecutar inmediatamente lo acordado, sin la cual, no es susceptible de ejecución y, por lo tanto, carece de eficacia con respecto a las relaciones jurídicas surgidas como consecuencia de las recíprocas concesiones realizadas por las partes. En suma, la homologación es la confirmación judicial de determinados actos de las partes (en el caso de autos la transacción), para la debida constancia y eficacia, de modo que su ejecutoriedad depende de dicha confirmación…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) En vista de lo anterior, estima este Tribunal que los solicitantes demostraron la disolución del vínculo matrimonial que los unía, conforme se evidencia de las copias certificadas de la sentencia que declaró el divorcio, así como la capacidad requerida para disponer de los bienes objeto de la liquidación, según se desprende de las documentales consignadas en autos que así lo acredita, razón por la que habiéndose corroborado además que el convenio celebrado amistosamente por los peticionantes no versa sobre materias en las cuales estén prohibidas las transacciones, es por lo que debe procederse a su aprobación, en atención a los términos propuestos. Así se declara. - IV - DECISIÓN En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Décimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, imparte la HOMOLOGACIÓN a la solicitud de Partición y Liquidación Amistosa de la Comunidad Conyugal, presentada por los ciudadanos José Antonio Vega Escalante y Rosa Elena Díaz, debidamente asistidos por el abogado Narciso Corniel Palacios, en los mismos términos por ellos expuestos en el convenio explanado en el escrito de solicitud que encabeza las presentes actuaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.713 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, procédase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en aplicación de lo previsto en el artículo 1.718 del Código Civil. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los siete (07) días del mes de julio del año dos mil catorce (2.014).- Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación. El Juez Titular, César Luis González Prato La Secretaria Titular, Grisel del Valle Sánchez Pérez En esta misma fecha, se publicó, registró y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.). La Secretaria Titular, Grisel del Valle Sánchez Pérez CLGP.- Exp. N° AP31-S-2014-005771