REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 17 de marzo de 2014 203º y 155º ASUNTO: AP11-V-2009-000316 PARTE ACTORA: sociedad mercantil TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA, C.A, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Séptimo de la circunscripción judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 3 de octubre de 2001, bajo el Nº 25, Tomo 223-A-VII.- APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: AZAEL SOCORRO MORALES, JOSE MIGUEL AZOCAR ROJAS y JAVIER GARCIA APONTE, titulares de las cedulas de identidad Nº V.-5.815.777, V.-10.869.280 y V.-11.234.445, abogados en ejercicio, venezolanos, mayores de edad e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 20.316, 54.453 y 75.032. Respectivamente.- PARTE DEMANDADA: ciudadano JAIRO ALFONSO FLOREZ GALVIS, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V.-3.008.011. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTA EN AUTOS. MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO -I- Se inicia el presente juicio mediante libelo de demanda presentado en fecha 2 de abril de 2009 por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, por la parte actora, quien demandó por RESOLUCION DE CONTRATO al ciudadano JAIRO ALFONSO FLOREZ GALVIS, anteriormente identificado, y en virtud de la Distribución aleatoria fue asignado a este Juzgado para su conocimiento, sustanciación y decisión.- Mediante auto proferido por este Juzgado en fecha 20 de abril de 2009, se admitió la presente causa ordenándose la citación de la parte demandada a los fines de que compareciera ante este Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes mas ocho (8) días que se le concedieron como termino de la distancia, a fin que diera contestación a la demanda u oponiera las defensas que considerara pertinentes.- Posteriormente en fecha 13 de agosto de 2009, se libro compulsa de citación a la parte demandada y despacho comisionando a un Juzgado de Municipio de la Circunscripción del Estado Zulia a los fines de que dicho Juzgado practicara la citación correspondiente. Ahora bien, en fecha 20 de noviembre de 2010, este Juzgado dejo sin efecto el despacho de comisión y compulsa librados en fecha 13 de agosto de 2009 y ordeno librar una nueva a los fines de lograr la citación personal de la parte demandada.- -II- No apreciando quien suscribe la presente decisión motivo alguno para que su competencia subjetiva se vea comprometida en este proceso, en tal virtud se observa lo siguiente: El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia, en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo; “…la regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”. Así mismo el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; y el artículo 269 eiusdem dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal invocada, provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por cuanto es un modo de extinguir el procedimiento, producido por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad, zozobra y en estado de incertidumbre a las partes en lo concerniente a los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa; es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. Así pues y bajo el mismo contexto, de acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Igualmente debe considerarse en el presente pronunciamiento, que la parte accionante en la presente causa, luego de la fecha 29 de noviembre de 2010, no realizó acto alguno en el procedimiento desde dicha fecha, hasta pasado un año, es por lo que este tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia, por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas para verificar cualquier acto de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE. Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. Por la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Se ordena la notificación de las partes de conformidad con lo previsto en los artículos 251 y 233 ambos del Código de Procedimiento Civil. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 17 días del mes de marzo de 2014. Años 203º y 155º. El Juez, Abg. Carlos A. Rodriguez Rodriguez El Secretario Accidental Abg. Luis Eduardo Rodriguez En esta misma fecha, siendo las 3:22 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario Accidental Abg. Luis Eduardo Rodriguez Asunto: AP11-V-2009-000316 CARR/LERR/m;v