TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, ( ) de mayo de 2014
204º y 155º

ASUNTO: AH1B-M-2006-000010
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva

PARTE ACTORA: BFC BANCO FONDO COMUN, C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil de este domicilio, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 22 enero de 2001, bajo el No. 17, Tomo 10-A-Pro, ente resultante de la Fusión por Incorporación autorizada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, según Resolución Número 357-00 de fecha 21 de diciembre de 2000, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.107 de fecha 27 de diciembre de 2000; entre el Banco República, C.A., Banco Universal, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en fecha 16 de julio de 1958, bajo el No. 17, Tomo 23-A, reformados sus Estatutos en varias oportunidades, siendo su última modificación registrada el 16 de marzo de 1998, bajo el No. 65, Tomo 54-A Pro., y Fondo Común Entidad de Ahorro y Préstamo, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 17 de septiembre de 1997, bajo el No. 51, Tomo 1-A-VII, quien a su vez absorbió a La Vivienda Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., según acta inscrita en la mencionada Oficina de Registro Mercantil en fecha 31 de enero de 2000, bajo el No. 38, Tomo 86-A-VII, e igualmente a Del Centro Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., según actas inscrita en la mencionada Oficina de Registro Mercantil, en fecha 31 de julio de 2000, bajo el No. 11, Tomo 114-A-VII, autorizadas también por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, según Resoluciones Números 013.00 y 195.00 de fechas 19 de enero de 2000 y 27 de junio de 2000, respectivamente, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en sus Ediciones Ordinarias Números 36.875 y 36.983 de los días 21 de enero y 29 de junio de 2000, respectivamente, por lo que BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A., BANCO UNIVERSAL, es el Sucesor a Titulo Universal del patrimonio de las Instituciones mencionas; siendo una de sus modificaciones para la reforma integral de sus estatutos sociales según se evidencia en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 15 de junio de 2005, bajo el No. 25, Tomo 70-A-Pro., y cuya última modificación estatutaria para el cambio de denominación social se evidencia en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionista inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 21 de abril de 2006, bajo el No. 46, Tomo 50-A-Pro.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: FERNADO MARTÍNEZ RIVIELLO, JULIO MURILLO OLAIZOLA, ADRIANA MARTÍNEZ VALERO, FERNADO ENRIQUE MARTÍNEZ VALERO, CAROLINA NODA HIDALGO y YSLEYER ARAY, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-1.715.252, V-335.522, V-6.844.520, V-10.515.331, V-12.174.234 y V-4.267.250, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 1.679, 1.194, 33.004, 45.335, 71.541 y 61.634.-

PARTE DEMANDADA: RICOA AGROMARINA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, constituida conforme a documento inscrito en el Registro de Comercio que llevaba la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 6 de octubre de 1972, bajo el No. 109, Tomo 3; reformados sus estatutos con ocasión al cambio de su domicilio a la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, el 2 de julio de 1986, bajo el No. 1, Tomo 229-C; y nuevamente reformados sus estatutos con ocasión al cambio a su actual domicilio en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, el 10 de agosto de 1994, bajo el No. 4, Tomo 5-A, en su carácter de deudora principal, a AGRÍCOLA LA ESPERANZA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 2 de agosto de 2000, bajo el No. 42, Tomo 28-A, en su carácter de avalista y fiadora solidaria; a AGRÍCOLA ARAPUEY, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 10 de febrero de 1998, bajo el No. 15, Tomo 7-A, en su carácter de avalista y fiadora solidaria; a C.A. STÁNDARD SEAFOOD DE VENEZUELA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Zulia, en fecha 27 de noviembre de 1991, bajo el No. 71, Tomo 90-A-Pro, en su carácter de avalista y fiadora solidaria, todas representadas por su Presidente, ciudadano GERMAN ANTONIO DAO MARTÍNEZ, adelante identificados, y a los ciudadanos GERMAN ANTONIO DAO MARTÍNEZ y LUIS ANTONIO DAO MARTÍNEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.256.133 y 6.186.769, en su carácter de avalista y fiadores solidarios.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos apoderados judicial alguno.-

MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.-

I
NARRATIVA

Se inició la presente causa mediante escrito de demanda presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de los Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, presentado en fecha 17 de noviembre de 2006, por los ciudadanos JULIO MURILLO OLAIZOLA, FERNADO MARTÍNEZ RIVIELLO y CAROLINA NODA HIDALGO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-335.522, V-1.715.252 y V-12.174.234, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 1.194, 45.335 y 71.541, quienes actúan con el carácter de apoderados judiciales de BFC BANCO FONDO COMUN, C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil de este domicilio, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 22 enero de 2001, bajo el No. 17, Tomo 10-A-Pro, ente resultante de la Fusión por Incorporación autorizada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, según Resolución Número 357-00 de fecha 21 de diciembre de 2000, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.107 de fecha 27 de diciembre de 2000; entre el Banco República, C.A., Banco Universal, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en fecha 16 de julio de 1958, bajo el No. 17, Tomo 23-A, reformados sus Estatutos en varias oportunidades, siendo su última modificación registrada el 16 de marzo de 1998, bajo el No. 65, Tomo 54-A Pro., y Fondo Común Entidad de Ahorro y Préstamo, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 17 de septiembre de 1997, bajo el No. 51, Tomo 1-A-VII, quien a su vez absorbió a La Vivienda Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., según acta inscrita en la mencionada Oficina de Registro Mercantil en fecha 31 de enero de 2000, bajo el No. 38, Tomo 86-A-VII, e igualmente a Del Centro Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., según actas inscrita en la mencionada Oficina de Registro Mercantil, en fecha 31 de julio de 2000, bajo el No. 11, Tomo 114-A-VII, autorizadas también por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, según Resoluciones Números 013.00 y 195.00 de fechas 19 de enero de 2000 y 27 de junio de 2000, respectivamente, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en sus Ediciones Ordinarias Números 36.875 y 36.983 de los días 21 de enero y 29 de junio de 2000, respectivamente, por lo que BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A., BANCO UNIVERSAL, es el Sucesor a Titulo Universal del patrimonio de las Instituciones mencionas; siendo una de sus modificaciones para la reforma integral de sus estatutos sociales según se evidencia en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 15 de junio de 2005, bajo el No. 25, Tomo 70-A-Pro., y cuya última modificación estatutaria para el cambio de denominación social se evidencia en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionista inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 21 de abril de 2006, bajo el No. 46, Tomo 50-A-Pro, quienes demandan por motivo de Cobro de Bolívares (Procedimiento de Intimación), a RICOA AGROMARINA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, constituida conforme a documento inscrito en el Registro de Comercio que llevaba la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 6 de octubre de 1972, bajo el No. 109, Tomo 3; reformados sus estatutos con ocasión al cambio de su domicilio a la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, el 2 de julio de 1986, bajo el No. 1, Tomo 229-C; y nuevamente reformados sus estatutos con ocasión al cambio a su actual domicilio en Puerto Cumarebo, Estado Falcón, el 10 de agosto de 1994, bajo el No. 4, Tomo 5-A, en su carácter de deudora principal, a AGRÍCOLA LA ESPERANZA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 2 de agosto de 2000, bajo el No. 42, Tomo 28-A, en su carácter de avalista y fiadora solidaria; a AGRÍCOLA ARAPUEY, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 10 de febrero de 1998, bajo el No. 15, Tomo 7-A, en su carácter de avalista y fiadora solidaria; a C.A. STÁNDARD SEAFOOD DE VENEZUELA, sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Zulia, en fecha 27 de noviembre de 1991, bajo el No. 71, Tomo 90-A-Pro, en su carácter de avalista y fiadora solidaria, todas representadas por su Presidente, ciudadano GERMAN ANTONIO DAO MARTÍNEZ, adelante identificados, y a los ciudadanos GERMAN ANTONIO DAO MARTÍNEZ y LUIS ANTONIO DAO MARTÍNEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.256.133 y 6.186.769, en su carácter de avalista y fiadores solidarios; correspondiéndole conocer a éste Tribunal, luego de la distribución de Ley.-
Mediante auto de fecha 23 de enero de 2007, se admitió la demanda, ordenándose la intimación personal de la parte demandada.-
Cumplido como fueron los tramites para agostar la intimación personal de la parte demandada, siendo infructuosos los resultados, la representación judicial de la parte actora, el día 16 de julio de 2007, solicitó se librará cartel de intimación; solicitud que fue acordada en fecha 26 de julio de 2007, librándose cartel de intimación en esa misma fecha; Cartel de intimación que fue retirado por la representación judicial de la parte demandante, el día 19 de septiembre de 2007. Luego, de que se publicó y se fijó el cartel de intimación librado, la representación judicial de la parte demandante, el día 05 de marzo de 2010, solicitó la designación de defensor judicial. Solicitud ésta, que fue acordada mediante providencia del día 19 de marzo de 2010.-
La representación judicial de la parte actora, realizó el día 30 de abril de 2012, diligencia en la cual solicitó se revocará la designación realizada y se nombrará un nuevo defensor judicial para la representación de la parte demandada. Posteriormente, el 5 de mayo de 2011, se dictó auto en el cual se revocó la designación realizada y se procedió a designar un nuevo defensor judicial.-
Siendo la última actuación realizada para impulsar el proceso por la parte demandante, el día 22 de mayo de 2013, fecha en la cual solicitó se señalará un nuevo número de teléfono para ubicar al defensor judicial designado.-

II
MOTIVA

Vistas las precedentes actuaciones, contenidas en el presente expediente, por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, acuerda hacer las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes (sic.)…”.-

De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.-
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.-
Como lo establece nuestro Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330:
“…El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.-
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”.-

Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:
“…b) La perención se verifica de Derecho, esto es se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
…c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.”.-

En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO), establece:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”.-

Del criterio jurisprudencial previamente transcrito, se reitera nuevamente el hecho de que la Perención de la Instancia constituye una sanción para la parte actora que por negligencia incurre en inactividad y no impulsa el proceso instaurado en el transcurso de un año; por ello acogiendo este Juzgado el criterio contenido en el fallo supra transcrito y aplicándolo al caso sub examine, considera que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, puesto que se evidencia que desde el día 22 de mayo de 2013, fecha en la cual la representación judicial de la parte actora, solicitó se señalará un nuevo número de teléfono para ubicar al defensor judicial designado, hasta la presente fecha, ha transcurrido mas de un (01) año, sin que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso, en consecuencia, no existe actuación alguna realizada por la accionante, dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo in comento. Así Se Establece.-
Finalmente, resulta importante destacar que la Perención de la Instancia opera ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada, por lo que la perención se verifica desde el mismo momento en que ha transcurrido el término prescrito en la ley. En tal sentido, es necesario reiterar que conforme a lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, la institución de la Perención de la Instancia producida por negligencia de la parte demandante en impulsar la continuación del proceso, es una norma de orden público, no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal que la detecte, acarreando como consecuencia la extinción del presente proceso, y así debe ser declarado en la parte dispositiva del presente fallo. Así Se Establece.-
III
DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad la Ley, declara: Perimida La Instancia, en consecuencia, Extinguido El Proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada la especial naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la anterior decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, a los ( ) días del mes de mayo del año dos mil catorce (2014). Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.-
EL JUEZ,
LA SECRETARIA ACC.,
DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ.
ABG. GABRIELA PAREDES VEGAS.
En esta misma fecha, siendo las 2:31 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.-

LA SECRETARIA ACC.,

ABG. GABRIELA PAREDES VEGAS.
AVR/GPV/RB.