TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 4 de noviembre de 2.014
204º y 155º

I
ASUNTO: AP11-V-2014-001236
PONENCIA DE LA JUEZ: Sarita Martínez Castrillo.
La DEMANDANTE, ciudadana ADRIANA GABRIELA GARCÍA JASPE, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.916.597, asistida por la abogada AURA JASPE MÉNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 3.842, presentó formal demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario del la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contra los DEMANDADOS, ciudadanos WILLIAM MORALES GIRALDO y SERGIO CABRERA, titulares de las Cédula de Identidad Nros. V-6.318.083 y V-1.878.737, respectivamente, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA
El Tribunal, a los fines de proveer sobre su admisión o no, hace las precisiones pertinentes ajustadas al examen que dictamina los artículos 28 y 29 del Código de Procedimiento Civil, y la Resolución Nº 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, relativas a la competencia por la materia y la cuantía.
LIBELO DE DEMANDA
Del libelo de la demanda, se puede colegir que la parte demandante alega, haber celebrado Contrato de Opción de Compra-Venta sobre un inmueble, constituido por un casa distinguido con el Nº 7, Residencias El Rincón, ubicada en las Parcelas 419 y 420, Calle El Limón, Urbanización La Trinidad, Municipio Baruta, Estado Miranda, según documento autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Sexta, Municipio Libertador del Distrito Capital. Asimismo, afirma haber realizado el pago de Bolívares Trescientos Cuarenta Mil (Bs. 340.000,00)
La ciudadana ADRIANA GABRIELA GARCÍA JASPE presentó demanda contra los ciudadanos WILLIAM MORALES GIRALDO y SERGIO CABRERA, para que sean condenados por el Tribunal, a venderle el inmueble supra identificado, por el precio pactada, es decir, la suma de Ocho Millones de Bolívares (Bs. 8.000.000,00).
Por tal motivo la parte demandante solicitó, la debida citación personal de los demandados, del mismo modo estimó la acción interpuesta, en la cantidad de Cuarenta Mil Bolívares (40.000,00) equivalentes a Trescientas Catorce coma Noventa y Seis Unidades Tributarias (314,96 U.T.).
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Expuesto lo anterior, este Tribunal a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, observa:
La Función Jurisdiccional que detenta el Juez, se circunscribe a la esfera de poderes y atribuciones asignada previamente por la Constitución y las leyes a los Tribunales de la República, siendo la competencia, la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada Juez en concreto.
En este sentido, dentro de los criterios para determinar la competencia del Juez, se encuentra la derivada de la competencia, y en este caso, se atiende a la naturaleza de la relación controvertida, más no al aspecto cualitativo de la misma o al territorio en que el órgano actúa y a la relación que las partes o el objeto de la causa tienen con ese territorio.
De esta manera se tiene que a los fines de que el Juzgador precise su competencia para conocer de una demanda, debe realizar un examen en contraste con el principio de la competencia por el territorio, la cuantía y la materia, y con relación a este segundo supuesto, resulta pertinente traer a colación lo que escribió el ilustre autor COUTURE:
“Es la especificación económica del asunto disputado en juicio, ya sea por el valor de los bienes, el monto del crédito o la estimación ficta de aquel, hecha por la ley o por las partes”. Destacado del Tribunal.
Asimismo, la Enciclopedia Diccionario Jurídico, lo define de la forma siguiente:
“Valor de la materia litigiosa que en ocasiones sirve para determinar la clase de procedimiento a seguir y otras veces determina la posibilidad o no de interposición de recursos.
La cuantía se fijará según el interés económico de la demanda”
Ahora bien, ya esclarecidas las nociones básicas de la competencia por la cuantía, resulta oportuno citar el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, el cual regula la forma de determinarla, en los términos siguientes:
“Artículo 60 La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.
La incompetencia por el valor puede declararse aun de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia.
La incompetencia por el territorio, con excepción de los casos previstos en la última parte del artículo 47, puede oponerse sólo como cuestión previa, como se indica en el artículo 346.
La incompetencia territorial se considerará no opuesta si no se indica el Juez que la parte considera competente. Si la parte contraria se adhiere a esa indicación, la competencia del Juez indicado queda firme y se pasarán los autos al Juez competente, ante el cual continuará el procedimiento en el quinto día después de recibidos los autos.” Destacado del Tribunal.
Del artículo anteriormente transcrito, se desprende que el Juez de oficio puede declarar la incompetencia por el valor de la demanda, en cualquier momento del juicio en primera instancia.
Asimismo, con relación a la regulación de la competencia por la cuantía, valor o estimación de la demanda, es pertinente traer a colación la Resolución Nº 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció lo siguiente:
“Artículo 1°: Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.)
A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto”.
(…).” Destacado del Tribunal.
Ahora bien, de esta Resolución se desprende la modificación en cuanto a los aspectos de la competencia por la materia y cuantía de los Tribunales de Primera Instancia, a nivel nacional, correspondiéndoles en lo que respecta al segundo de los supuestos, el conocimiento de las acciones contenciosas cuya cuantía exceda de Tres Mil Unidades Tributarias (3.000 U.T.), es decir, a partir de Tres Mil Un Unidades Tributarias (3.001 U.T.).
Ahora bien, en el presente caso, se tiene que la demandante, presentó demanda de cumplimiento de contrato, la cual es una acción naturalmente civil, cuya competencia esta atribuida a los Juzgados civiles (Municipios Ordinarios y Ejecutores de Medidas y Primera Instancia), no obstante, se colige que fue estimada en la cantidad de BOLÍVARES CUARENTA MIL (Bs. 40.000,00), equivalentes a Trescientas Catorce coma Noventa y Seis Unidades Tributarias (314,96 U.T.), es decir, inferior a las Tres Mil Unidades Tributarias (3.000 U.T.), establecida como regla de la competencia en razón de la cuantía contenida en la Resolución Nº 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, para que pueda ser conocida por los Juzgados de Primera Instancia, en consecuencia, este Tribunal declara su INCOMPETENCIA POR LA CUANTÍA, y la declina a los Juzgados de Municipios Ordinarios y Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que resulte de la distribución. Así se decide.
Remítase, el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documento de los Juzgados de Municipios Ordinarios y Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una vez vencido el lapso establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
III
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, se declara INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA CUANTÍA, para seguir conociendo de la presente demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, intentada por la ciudadana ADRIANA GABRIELA GARCÍA JASPE, contra los ciudadanos WILLIAM MORALES GIRALDO y SERGIO CABRERA, anteriormente identificados, declinándola en los Juzgados de Municipios Ordinarios y Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Remítase, el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documento de los Juzgados de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una vez vencido el lapso establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la sentencia interlocutoria en el Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los cuatro (4) días del mes de noviembre del año 2014. Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
La Juez

Sarita Martínez Castrillo.
El Secretario

Reinaldo E. Laya Herrera.
En la misma fecha de hoy, cuatro (4) de noviembre de 2014, previo el anuncio de ley, se publicó y registró la anterior sentencia.
El Secretario

Reinaldo E. Laya Herrera.
SMC/RELH/KH