TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DECIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, veintiocho (28) de octubre de dos mil catorce (2014)
204° y 155°
ASUNTO: AP21-S-2014-003489

OFERENTE: KIMBERLY-CLARK VENEZUELA, C.A. (ANTES VENEKIM, C.A.), inscrita originalmente ante el Registro Mercantil de la Circunscripción del Estado Aragua, el 12 de junio de 1992, bajo el Nº 67, Tomo 487-A, posteriormente domiciliada en la ciudad de caracas, según inscripción efectuada ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 08 de marzo de 1999, bajo el Nº 56, Tomo 289-A-Qto.
APODERADOS JUDICIALES DEL OFERENTE: XAMIRA GOYA TORRES Y OTROS, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el número: 124.444.
OFERIDO: WILFREDO RIVERO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio e identificado con la cédula de identidad número 16.976.167.
MOTIVO: OFERTA REAL DE PAGO.

Se inicia el presente procedimiento mediante Oferta real de pago realizada por la sociedad KIMBERLY-CLARK VENEZUELA, C.A., a favor del ciudadano WILFREDO RIVERO, la cual fue presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos en fecha 17 de septiembre de 2014, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, quien dio por recibido el expediente en fecha 22 de septiembre de 2014, pronunciándose sobre su admisión mediante auto de esa misma fecha.

Establecido la anterior secuencia procesal, se evidencia de las actas procesales que mediante diligencia de fecha 16 de octubre de 2014, la parte Oferente la sociedad KIMBERLY-CLARK VENEZUELA, C.A., a través de su apoderada judicial, la abogada XAMIRA GOYA TORRES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 124.444, y el ciudadano WILFREDO RIVERO, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de la identidad número 16.976.167, en su condición de Oferida, debidamente asistido por la abogada JHOSELYN RODRIGUEZ, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 130.774, presentaron acuerdo transaccional, en el cual ambas partes decidieron poner fin al presente asunto mediante los mecanismos de autocomposición procesal.

Ahora bien, este Juzgado observa que cursa al folio veintiocho (28) del escrito presentado, que la parte oferida declara expresamente: (…desiste de todos y cada una de los procedimientos de carácter laboral o de cualquier otro tipo, judiciales o administrativos…) Al respecto, este Tribunal expresa lo siguiente:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la irrenunciabilidad de los derechos laborales, en los siguientes términos:

“Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: (omissis)

2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”

Igualmente, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales, señalando:

“En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras.
Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.

En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo en sede administrativa o judicial garantizarán que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.”

En este orden de ideas, en sentencia N° 425 de fecha 10 de mayo de 2005, la Sala de Casación Social caso “Dulce Suárez contra la Alcaldía del Municipio Sucre, Sabana Mendoza del Estado Trujillo”, señalo:

Ahora bien, en cuanto al desistimiento cabe señalar la sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 11 de agosto de 1993, ratificada el 24 abril de 1998, en la que se dejó sentado:
“Ahora bien, en cuanto el desistimiento, como acto de autocomposición procesal en la materia que se examina, la Sala estima que nada obsta para que el trabajador pueda desistir en un proceso laboral, siempre y cuando tal acto revista todos los requisitos necesarios para tenerse como válido y además no implique una renuncia a la acción que ostenta el trabajador como actor, pues esto implicaría que éste último no pudiese eventualmente reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que indudablemente sí atenta al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador.’
‘En efecto, puede el trabajador desistir del proceso mediante el cual reclama derechos que éste pretende, pero lo que ciertamente resulta inadmisible es que el trabajador desista de su acción y al mismo tiempo de su pretensión, pues ello se constituye en una renuncia evidente a sus derechos, y por tanto equivale a ignorar la protección especialísima que se comenta, y la cual se destina a resguardar los derechos del trabajador, frente a los actos del patrono; de admitirse lo anterior, sería desmejorar al trabajador en cuanto a sus derechos adquiridos se refiere, lo cual no es el espíritu y razón que sobre esta materia tuvo el legislador.” (Subrayado de la Sala).
Observa esta Sala de Casación Social, como así quedó sentado en la decisión anteriormente transcrita, la cual acoge, que puede el trabajador desistir del proceso, pero no de la acción y de su pretensión, pues esto implicaría una renuncia a sus derechos y por ende constituye una desmejora en cuanto a los derechos adquiridos. (…)”

Establecido el anterior criterio, esta Juzgadora tiene como nula la disposición del desistimiento de la acción.

Siendo así, esta Juzgadora pasa a pronunciarse sobre el referido acuerdo transaccional, señalando que la Oferta Real de Pago es un mecanismo que si bien es admisible en el proceso laboral, tiene un tratamiento por vía de jurisprudencial, distinto al precisado en la ley adjetiva procesal civil, ello por cuanto si bien el patrono puede ofrecer el pago de prestaciones sociales a un trabajador a través de este mecanismo, ello no lo libera de la obligación de pago de otros conceptos que bien pueden reclamarse por la vía ordinaria laboral, toda vez que dicha oferta real de pago no puede generar una violación al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. (vid., sentencia número 1685, de fecha 24 de octubre de 2006, caso: José Ignacio Soler Monge contra Preparados Alimenticios Internacionales, C.A. y número 486 del 15 de marzo de 2007, emanadas de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia)

Por otro lado, debe señalarse que la Ley Orgánica Procesal Laboral no dispone de un procedimiento específico para el trámite de las ofertas reales de pago, por lo cual y en atención a lo dispuesto en el artículo 11 de dicha Ley adjetiva Procesal, debe aplicarse el procedimiento previsto en los artículos 819 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con la debida interpretación que al respecto ha establecido la Sala Social del Tribunal Supremo, a través de inveterada jurisprudencia, donde ha señalado que la consecuencia jurídica del procedimiento de oferta real, no será, como sí lo es en materia civil, la liberación del acreedor de la obligación, pues puede el trabajador recibir el monto ofertado, sin que esto se entienda como abandono del derecho que tiene de reclamar posteriormente las diferencias que puedan originarse. (vid. Sentencia de fecha 15 de marzo de 2007, en el procedimiento de oferta real de pago presentada por la empresa Laboratorio Policlínica San Felipe c.a., a favor de Marianela Jordan; y sentencia de fecha número 1685, de fecha 24 de octubre de 2006, emanadas de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia).

Finalmente, y también a través de reiterada jurisprudencia, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia ha dispuesto que no es contrario a derecho la posibilidad de la suscripción de acuerdos transaccionales en procedimientos de Oferta Real de pago (vid. Sentencia número 727 del 29 de junio de 2011, emanada de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia), dado que es uno de los mecanismos de auto composición procesal expresamente dispuestos tanto por vía constitucional (artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) como por vía legal (artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), todo en el marco del artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras.

Establecido lo anterior y visto el contenido del acuerdo transaccional suscrito entre las partes, evidencia esta Juzgadora la cualidad de los suscribientes, esto es del oferente a través de su apoderada judicial quien actuó en los términos del instrumento poder consignado a los folios 08 al 16 del expediente, y de la Oferida, ciudadano Wilfredo Rivero, quien compareció personalmente y debidamente asistido por abogado, entendiendo esta Juzgadora que tenía pleno conocimiento del contenido y alcance del documento suscrito; evidenciándose del contenido del mismo, que las partes luego de una exposición circunstanciada de los argumentos relativos a la relación de trabajo que los vinculara y luego de recíprocas concesiones, convinieron en el pago de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON 75/100 (Bs. 547.631,75), cuyo pago fue realizado mediante cheque Nº 26113379, correspondiente al código de cuenta Nº 0105-0100-88-1100062491, del Banco Mercantil, a nombre del ciudadano Rivero Salerno Wilfredo José, de fecha 13 de octubre de 2014, por la cantidad de Bs. 547.631,75; todo por los conceptos establecidos por la oferente en su oferta real de pago.

Planteada así la situación este Tribunal revisado el contenido del documento suscrito, observada la debida asistencia y representación jurídica y la relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos, al no encontrarse vulnerados derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, es por le imparte la debida HOMOLOGACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.713 y 1.718, del Código Civil y 255 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en los términos del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y los Trabajadores. En consecuencia se da por concluido el proceso, contentivo de la Oferta Real de Pago realizada por la sociedad KIMBERLY-CLARK VENEZUELA, C.A., a favor del ciudadano WILFREDO RIVERO, plenamente identificados en autos. Así se decide.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil catorce (2.014). – Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

Abg. KEYU ABREU LEONETT
LA JUEZ
Abg. OSCAR CASTILLO
EL SECRETARIO

Expediente: AP21-S-2014-003489