REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En Su Nombre JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 205º y 156º Parte querellante: Jesús Alexander Armas Monasterios, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.021.098. Apoderado Judicial de la parte querellante: Elías Adonay Rodríguez Perales, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 183.690, respectivamente. Organismo querellado: Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. Apoderada Judicial del organismo querellado: Daniela Medina, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 92.943 Motivo: Recurso contencioso administrativo funcionarial con Amparo Cautelar y Medida Cautelar Innominada de suspensión de los efectos. Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado en fecha 1 de Julio de 2014, ante el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, (actuando en sede distribuidora). Realizada la distribución correspondiente por el mencionado Juzgado en fecha 1 del mismo mes y año, correspondió a este Juzgado el conocimiento de la causa, la cual fue recibida en la misma fecha, y distinguida con el Nro. 3639-14. Mediante auto de fecha 2 de julio de 2014, se ordenó corregir la presente demanda, la cual fue consignada en fecha 8 de julio de 2014. En fecha 14 de julio de 2014, mediante sentencia interlocutoria se admitió la presente causa, se declaró improcedente la acción de amparo cautelar y la medida innominada solicitada; se ordenó la consignación del expediente administrativo y se libró la citación y las notificaciones respectivas. La representación de la parte querellante mediante diligencia en fecha 16 de julio de 2014, solicitó la expedición de copias simples. En fecha 17 de julio de 2014, mediante diligencia la representación judicial de la parte querellante, apeló de la sentencia interlocutoria dictada en fecha 14 de julio de 2014, por este Juzgado donde se declaró improcedente la acción de amparo cautelar y la medida innominada solicitada. En fecha 28 de julio de 2014, la representación de la parte querellante mediante diligencia solicitó la expedición de copias simples a los fines que fuera aperturado el Cuaderno Separado contentivo del Recurso de Apelación ejercido. Mediante diligencia de fecha 31 de julio de 2014, la representación de la parte querellante retiró y consignó el juego de copias simples para su debida certificación. En fecha 8 de agosto de 2014, la representación de la parte querellante solicitó la certificación de todas las copias simples para los fines legales subsiguientes. En fecha 8 de octubre de 2014, la representación judicial de la parte querellante solicitó la expedición de copias certificadas y consignó los emolumentos para la práctica de las notificaciones y la citación. En fecha 14 de octubre de 2014, la Juez Temporal Migberth Cella, se abocó al conocimiento de la causa. En fecha 29 de octubre de 2014, el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional dejó constancia de haber practicado la citación y notificaciones respectivas en la presente causa. Mediante diligencia de fecha 8 de diciembre de 2014, la representación judicial de la parte querellante retiró copias certificadas y las consignó ante el Alguacilazgo de este Tribunal para que fueran practicadas las citaciones y notificaciones respectivas. En fecha 16 de diciembre de 2014, el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional dejó constancia de haber practicado las citaciones y notificaciones respectivas. En fecha 18 de febrero de 2015, la Juez Titular Flor Camacho, se abocó al conocimiento de la presente causa, llevándose a cabo la Audiencia Preliminar, conforme a los artículos 103 y 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en la cual dejo constancia de la comparencia de ambas partes y que solicitó la apertura del lapso probatorio. En fecha 13 de abril de 2015, se llevó a cabo la Audiencia Definitiva, conforme al artículo 107 de la Ley eiusdem, en la cual se dejo constancia de la comparecencia de ambas partes y se difirió la publicación del dispositivo del fallo para dentro de los 5 días de despacho siguientes. El 23 de abril de 2015, se dictó el dispositivo del fallo, a través del cual se declaró SIN LUGAR la presente Querella Funcionarial. Cumplidas las formalidades contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pasa este Juzgado a dictar sentencia escrita conforme al artículo 108 de la misma Ley. -I- TÉRMINOS COMO QUEDÓ TRABADA LA LITIS La parte querellante solicitó la nulidad de la decisión acordada por el Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, contenida en el Acto Administrativo de efectos particulares el cual corre inserto en el acta de la sesión ordinaria de ese cuerpo legislativo de fecha 18 de febrero de 2014, contenida en el acto administrativo de efectos particulares donde se ratifica íntegramente lo aprobado en fecha 18 de febrero de 2014, en la minuta de esa misma fecha y aprobado por dicho cuerpo edilicio el 25 de febrero de 2014. Para sustentar su petitorio, la parte querellante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Que en fecha 8 de diciembre de 2013, su representado concurrió al proceso electoral convocado para esa oportunidad como candidato a Concejal Nominal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital por la Circunscripción Número 2 de ese Municipio, conformada por las Parroquias San Juan, Santa Teresa, El Paraíso y Catedral, resultando favorecido con el 72,30%, de los votos escrutados al final de esa jornada, siendo acreditado al día siguiente por la Junta Electoral Municipal como Concejal Nominal Principal Electo por dicho Circuito Electoral. Que para el 12 de diciembre de 2013, fue convocada la Instalación del Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, acto al cual acudió su representado a los fines de prestar juramento solemne y asumir el cargo de Concejal Principal para el cual fue electo por el periodo correspondiente a 4 años. Una vez juramentados y asumido formalmente los Concejales Electos sus respectivos cargos, se procedió a nombrar la Junta Directiva del Concejo Municipal, así como también los Presidentes de cada una de las Comisiones Permanentes que lo conforman, resultando favorecido su representado con la Presidencia de la Comisión Permanente de Salud, lo cual quedó plasmado en Acta Levantada en Sesión de Instalación y Juramentación celebrada el día 12 de diciembre de 2013. Que el 16 de diciembre de 2013, se celebró Sesión Ordinaria convocada para ese día, en la cual entre otras cosas, se aprobó la Minuta de la Sesión del día 12 de diciembre de 2013, ratificándose lo acordado en el Punto OD-1, es decir, el nombramiento que se le hiciere a su representado como Presidente de la Comisión Permanente de Salud. Que su representado encontrándose en pleno ejercicio de sus funciones como Concejal Principal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, cumpliendo a cabalidad todos y cada uno de los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, conduciendo eficazmente la Comisión Permanente de Salud, representando legítimamente a todos y cada uno de los habitantes de la Circunscripción Electoral Número 2, del Municipio Bolivariano Libertador ante el Concejo Municipal, sin que existiere llamado de atención o se encontrare inmerso en falta o amonestación alguna, de las estipuladas taxativamente en el Reglamento de Interior y de Debates del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, sin que existiere procedimiento administrativo alguno en su contra, el pasado día 18 de febrero de 2014, en la Sesión convocada para esa oportunidad, fue incluida para su discusión, a última hora en el Orden del Día, una moción propuesta por el fallecido Concejal Eliécer Otaiza actuando en ese momento en su carácter de Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría y “NO” como Presidente de la Junta Directiva del Concejo Municipal, en la cual planteó “…que se levante parcialmente la Sanción del Acuerdo de Cámara celebrado lunes 16/12/2013, identificado con el Punto OD-1 la designación del Concejal Jesús Armas, como Presidente de la Comisión Permanente de Salud…”, con una motivación nada congruente a lo propuesto, sin que él estampase su rúbrica y sello al pie de la misma, sin siquiera haber sido consignada con suficiente anterioridad a la celebración de la Sesión, conforme al artículo 91 del Reglamento de Interior y de Debates del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital vigente, la moción está fechada en fecha 18 de febrero 2014, y la Sesión Ordinaria de ese mismo día inició a las 10:10 a.m., mal puede considerarse fue inscrita ante la Secretaría Municipal con suficiente antelación al inicio de la Sesión, por cuanto las horas administrativas inician a las 8:30 a.m., y desde ese momento al inicio de la Sesión aludida a las 10:10 a.m., transcurrió un máximo de una hora y media, y no sólo autopostulándose a un cargo que aún no estaba disponible sino también dando por hecho su aprobación mucho antes de que fuere planteado siquiera, en total, obvio y flagrante abuso de autoridad. Que en el transcurso de la Sesión y al iniciarse el tratamiento al Punto denominado Moción incluido en el Orden del día 18 de febrero de 2014, tomó la palabra el occiso Eliézer Otaiza, quien, después de haber esgrimido una serie de alegatos incongruentes, viscerales y contradictorios, totalmente fuera de contexto y para nada enmarcados dentro de las normas legales que rigen la Institución del Concejo Municipal, incorporando en su discurso la necesidad de tomar una “acción política”, en contra de su representado, cuando los mismos son inexistentes en todo el ordenamiento jurídico que rige el poder público legislativo municipal vigente, incurriendo en franco y descarado abuso de autoridad, intentando que la administración pública municipal aludida incurriese en desviación de poder, y actuare totalmente contrario al espíritu parlamentario, mucho antes de que cesara su monólogo y que fuere sometida a votación la Moción por él planteada, nuevamente dio por sentado su aprobación con antelación a su votación, al afirmar que “… a partir de horita él no es Presidente de esa Comisión…”, refiriéndose a su representado. Que una vez culminado el discurso del finado Concejal Eliécer Otaiza, ejerciendo funciones de Presidente del Concejo Municipal, tomó la palabra el concejal Nahum Fernández, quién replanteó la Moción propuesta por el Concejal Eliécer Otaiza, y siguiendo la misma tónica irreverente en contra del ordenamiento jurídico vigente, el referido Concejal expositor hizo énfasis que la Moción aludida fuese aprobada “por decisión unánime”, imponiendo de esa forma una línea política descarada a los parlamentarios presentes e irrespetando el derecho a libre conciencia y convicción de cada uno de ellos. Que el Concejal Nahum Fernández, incluyó en su modificación de forma aberrante, totalmente contrario al ordenamiento jurídico y al espíritu de ese cuerpo legislativo, que “…se desconozca al Concejal Jesús Armas como Concejal del Municipio Bolivariano Libertador, hasta tanto no se reconozca que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros, y está al frente de los destinos de la República y Comandante el Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.”. Al respecto destacó que su representado es una persona sumamente respetuosa del marco jurídico, que transita legalmente el camino de la legalidad, es fiel creyente de las instituciones republicanas consagradas en la Carta Magna y en las Leyes vigentes, y en ningún momento ha desconocido ni desconocerá expresa o tácitamente al Presidente de la República o quien hiciera sus veces, tanto presente como futuros. Seguidamente tomó la palabra el Secretario de la Junta Directiva del Concejo Municipal a los fines de dar lectura a la Moción propuesta con las modificaciones aludidas. Culminada dicha lectura, tomó nuevamente la palabra el hoy difunto Concejal Eliécer Otaiza ejerciendo funciones como Presidente de la Junta Directiva del aludido ente legislativo municipal, sin que fuere aperturado un procedimiento administrativo en contra de su representado a los fines de fijar el contradictorio, sin siquiera concederle el derecho de palabra en la Cámara para que replicara todo lo alegado en su contra, con una rapidez asombrosa fue sometido a consideración por la totalidad de los Concejales presentes, practicándose el escrutinio por fracción política y no por voto nominal como fue propuesto en la modificación de la Moción mencionada, calificándola errónea e ilegalmente como “…aprobado con los votos de los concejales de la fracción del PSUV y Polo Patriótico…”, cuando efectivamente no fue así, sino por el contrario, la Moción fue Negada, ya que la misma no alcanzó la mayoría mínima requerida de las 2/3 partes de la totalidad de los Concejales que conforman dicho cuerpo legislativo unicameral exigidas para levantar o revocar total o parcialmente la sanción o cualquier decisión ya aprobada, esto de conformidad con el artículo 106 del Reglamento de interior y de Debates del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital vigente. Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal vigente, se encuentra conformado por un total de 13 Concejales Principales mas sus Suplentes, los cuales se incorporan única y exclusivamente en ausencia de su Principal, o sea, siempre será un total de 13 Concejales, los que se encuentren presentes en las Sesiones Ordinarias. Que del total de13 Concejales Principales que se encontraban presentes en la Sesión Ordinaria aludida y cuyo quórum se encuentra plasmado al inicio del Acta Levantada, un total de 8 Concejales conforman la Fracción Parlamentaria del PSUV y Polo Patriótico, los cuales, en su conjunto, representan el 61,54% de dicho cuerpo legislativo municipal; y la Fracción Parlamentaria de la MUD, los cuales en su conjunto representan el 38,46% restante de dicho edilicio. Que el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital exigidas como mínimo para levantar o revocar total o parcialmente una Sanción a cualquier decisión ya aprobada, equivale al 66,67% del total de los 13 Concejales que conforman el Concejo Municipal aludido, o sea, dicha mayoría calificada se encuentra representada con el voto favorable de un mínimo de 9 Concejales. Que en el caso en concreto, al haber sido favorecida la Moción viciada de nulidad absoluta con un total de 8 Concejales y no con un mínimo de 9, dicha votación no alcanzó la mayoría mínima exigida por el artículo 106 Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y en consecuencia, no debió catalogarse como Moción aprobada, sino por el contrario, debió dársele el tratamiento estipulado en el último aparte de la norma aludida: “…En caso de que la proposición para levantar o revocar un acto ya aprobado no logre la mayoría exigida, debe entenderse que la proposición ha sido negada.”, y así, solicitó sea declarado. Que de lo anteriormente expuesto en torno a la Sesión Ordinaria del Concejo del Municipio bolivariano Libertador del Distrito Capital, celebrada el pasado 18 de febrero de 2014, consta del Acta levantada en esa oportunidad, cuyo ejemplar de la misma le fue enviada a todos y cada uno de los Concejales que conforman dicho cuerpo legislativo municipal desde la dirección de correo electrónico administrada por la Secretaría Municipal de ese cuerpo edilicio, mientras se desarrollaba la Sesión Ordinaria siguiente, mediante archivo adjunto y vía correo electrónico, el pasado día 25 de febrero de 2014 a las 10:56 a.m., y, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 4 del Decreto Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas vigente. Que en fecha 19 de febrero de 2014, mediante Oficio Número SG-0448-14, suscrito por el Secretario del Concejo Municipal Libertador, se le notificó formalmente a su representado el levantamiento parcial de la sanción al punto OD-01 del acuerdo de Cámara del 16 de diciembre de 2013, en lo atinente única y exclusivamente al nombramiento como Presidente de la Comisión Permanente de Salud a su representado, y adjuntaron a la misma fotocopia simple de la Moción propuesta por el Concejal Eliécer Otaiza actuando como Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría y no como Presidente de la Junta Directiva del Concejo Municipal como señalaron en dicha notificación. Que al inicio de la siguiente Sesión, en fecha 25 de febrero de 2014, al proceder a darle lectura a la Minuta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2014, tomó la palabra el Concejal Jorge Millán, quien planteó a la Cámara entre otras cosas “…que sea corregido y que conste, que esa proposición fuera negada, visto que no alcanzó las dos terceras partes…”, haciendo alusión a la Moción írritamente aprobada. Que la observación realizada por el Concejal Jorge Millán fue obviada y tomó la palabra el Concejal Eliécer Otaiza como Presidente de la Junta Directiva del Concejo Municipal, y con alegatos infundados e impositivos, totalmente contrarios a derecho e incurriendo una vez más en abuso de autoridad, haciendo caso omiso a la intervención citada, propuso ratificar en todos y cada uno de los extremos la Minuta tal cual fue planteada originalmente, ratificando íntegramente lo aprobado en la Sesión anterior por ese cuerpo legislativo municipal, en la cual fue despojada ilegalmente la Presidencia de la Comisión Permanente de Salud a su poderdante. El día 11 de marzo de 2014, a las 9:46 a.m., la Secretaría del Concejo Municipal envió por correo electrónico sin archivo adjunto, Minutas primera y segunda levantadas en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del día 25 de febrero de 2014. Que en fecha 20 de febrero de 2014, la Dirección de Recursos Humanos del Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, libró oficios a todas y cada una de las Comisiones y Direcciones adscritas al Municipio Bolivariano Libertador, informando del cese arbitrario e ilegal en el cargo que venía ostentado su patrocinado en la Comisión permanente de Salud, y, en consecuencia, el día 21 de abril de 2014, fue despojado de los espacios e instrumentos necesarios para ejercer su labor como Concejal, situación que se mantiene actualmente. Destacó que el cargo de concejal se ejerce en tres espacios fundamentales: a) en el seno del Circuito Electoral del cual resultó victorioso, palpando la realidad social de la comunidad que representa y abogar por los residentes del mismo como colectivo, recogiendo de ellos la problemática local que los afecte y plantear posibles soluciones legislativas ante el Concejo Municipal; b) en las Comisiones Permanentes y Especiales, ejerciendo la función legislativa dentro de cada una de las Comisiones Permanentes o Especiales que se creen, participando al menos en una con derecho a voz y voto, así como ejercer el derecho de voz y voto en los asuntos que se discutan en las Sesiones Ordinarias, Especiales, Cabildos Abiertos, y demás figuras de reunión y deliberación que posee ese cuerpo legislativo municipal; y c) en el Parlamento Municipal, ejerciendo el control político sobre el Ejecutivo Municipal y demás órganos que conforman la Administración Pública Municipal. Que con la moción ilegalmente aprobada en el seno del Concejo Municipal como su posterior ratificación, no solo se le cercenó de forma inconcebible el pleno ejercicio del cargo de Concejal a su representado, al despojarlo de la única comisión que él integraba y pidiendo sea desconocido de su carácter de Concejal Principal, sino que también se vulneró de forma indirecta la voluntad popular de la totalidad de los electores que conforman el Circuito Electoral Número 2 del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital que legítima y soberanamente lo eligieron como su representante al Parlamento Municipal con un 72,30%, de los votos escrutados al final de los comicios celebrados el pasado día 8 de diciembre de 2013. De los Actos Administrativos Recurridos y de los Vicios de Legalidad en ellos incurridos. Señaló que la decisión impugnada se encuentra contenida en dos actos administrativos y cuya consecuencia jurídica impuesta a su representado es la misma, no solo en vicios de forma sino también de fondo, por haber sido quebrantadas normas adjetivas y sustantivas de rango legal, afectando la validez tanto de la decisión como de los actos administrativos aludidos de nulidad absoluta; se encuentra contenido en el punto denominado Moción del Acta de la sesión Ordinaria del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, de fecha 18 de febrero de 2014. Que en la moción antes mencionada observó tanto el membrete como el espacio destinado a la rúbrica, que el occiso Concejal Eliécer Otaiza en su momento, planteó a la Cámara Municipal recurrida la Moción impugnada actuando en su carácter de Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría y no como Presidente de la Junta Directiva del Concejo Municipal, ni tampoco actuando como Concejal a título personal. Que esta circunstancia tiene gran trascendencia en cuanto a la validez o no de dicha propuesta, por cuanto es el Presidente de la Junta Directiva, actuando como tal, el único legislador municipal que puede proponer al Concejo Municipal la inclusión de cualquier punto que considere importante discutir en el Orden del Día sin necesidad de inscripción previa, así como de someter cualquier tema a su discusión al inicio o en el desarrollo de la Sesión, requiriéndose para el resto de los Concejales inscriban previamente y con suficiente antelación su propuesta ante la Secretaría de la Junta directiva del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. Que al detallar el orden cronológico del desarrollo de la Sesión y concatenado con la copia fotostática simple de la Moción aludida, evidenció que esa propuesta fue elaborada y consignada ante la Secretaría del Concejo Municipal aludido, el mismo día de la celebración de la Sesión Ordinaria mencionada. Que la Moción impugnada no fue inscrita con suficiente anterioridad al inicio de la Sesión en la cual fue incluida en el Orden del Día, ya que en el intervalo de una hora y cuarenta minutos y concatenado con que se requiere para elaborar una Moción, un tiempo suficiente para idearla, elaborarla, transcribirla, revisarla e inscribirla ante la Secretaría del Concejo Municipal, debido a esto concluyó fácilmente que la misma debió ser consignada a exiguos minutos del inicio de la Sesión Ordinaria del 18 de febrero de 2014, al inicio o en pleno desarrollo de dicha Sesión, y constató que la Moción carece de sello y firma, evidenció la extrema premura con la que se le dio tratamiento a la misma, ratificando lo expuesto. Que al haber sido consignada de esa forma la Moción impugnada, afectó su validez por no haber cumplido los extremos legales consagrados en el numeral 3 del artículo 90, en concordancia con los artículos 91 y 118 del Reglamento de Interior y de Debates de la Gaceta Municipal Número 3386-A, del 29 de marzo de 2011. Que el fundamento de que se exija que las Mociones y Proposiciones sean inscritas ante la Secretaria del Concejo Municipal con suficiente antelación al inicio de la Sesión Ordinaria en la que será considerado, no es solo de forma, sino que garantiza que todos y cada uno de los Concejales estuvieren en pleno conocimiento de la existencia y contenido de esa Moción, para considerarla y prepararse para el eventual debate, y en especial su representado en el caso en concreto, para que pudiere preparar efectivamente su defensa, recabar los elementos probatorios que considere prudente, o al menos, recibir la asesoría de un profesional del Derecho especialista en el área. Que al verificar las atribuciones de la Comisión Permanente de Contraloría y las de su Presidente taxativamente consagradas en el Reglamento Interior y de Debates del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en ninguna de ellas se circunscribe la de plantear una Moción para levantar sanción alguna a un punto previamente aprobado, y al proponerla el difunto Concejal Eliécer Otaiza como Presidente de dicha comisión y no a título personal como Concejal Principal o como Presidente de la Junta Directiva del Concejo Municipal, vicia la misma de nulidad absoluta por haber usurpado funciones que no le competen taxativamente, acorde al artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. No conforme a esto, evidenció claramente que la moción propuesta carece de sello y firma del funcionario público que la propuso, catalogando la misma como inexistente, conforme al numeral 7 del artículo 49 en concordancia con el numeral 8 y el último aparte del artículo 18, ambos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente. Que al analizar el contenido de la moción propuesta, le resultó evidente que la misma se encuentra totalmente apartada de lo taxativamente impuesto por los artículos 49 y 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con el artículo 118 del Reglamento Interior y de Debates del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital vigente, ya que la Moción propuesta por el anterior y finado Presidente de la Comisión Permanente de contraloría se encuentra totalmente inmotivada, ya que en ella no se exponen de forma alguna los motivos o razones por las cuales el Presidente de dicha Comisión consideró que es importante, oportuno y trascendente para los designios del Municipio que dicha propuesta sea discutida en esa oportunidad, y por qué ella no podía aguardar a ser incluida en el Orden del Día de las o las Sesiones subsiguientes; así como tampoco menciona las normas de derecho en las cuales basa su propuesta, limitándose únicamente a señalar la norma que se refiere al trámite que debe seguirse para levantar la sanción, más en ningún momento invoca la norma u normas que, según él, infringió su patrocinado y conllevan a la consecuencia jurídica por él solicitada fuere impuesta por ese cuerpo legislativo. Que contrario a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente, la Moción propuesta y antes transcrita, el Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, persigue la creación de una sanción no contemplada previamente en le Reglamento Interior y de Debates de ese cuerpo legislativo, no prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como tampoco en ninguna otra norma adjetiva o sustantiva que rige la materia y, peor aún, que dicha sanción propuesta para su creación por vía de un acto administrativo sea impuesta directa e inmediatamente a un Concejal Principal en pleno ejercicio de sus funciones y perfectamente individualizado mediante el mismo acto administrativo que creó írritamente la sanción. Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente, al encontrarse la Moción propuesta objeto de éste análisis jurídico dentro del supuesto de hecho de las normas previamente invocadas, la misma se encuentra viciada de nulidad absoluta, no solo por carecer de sello y firma, por haber sido propuesta por un funcionario manifiestamente incompetente y por haber sido inscrita ante la Secretaría del Concejo Municipal de forma extemporánea por atrasado; sino también por incurrir en el vicio de inmotivación administrativa, por pretender crear una falta administrativa grave que acarrea una “sanción política” mediante un acto administrativo, e imponer dicha “sanción política” de forma retroactiva a su representado en el mismo acto administrativo que írritamente le dio nacimiento, violando con ello el Principio de Legalidad Administrativa y el Principio de Reserva Legal, y así pidió sea declarado por este Tribunal. En cuanto a la discusión de la Moción ilegalmente propuesta. Que una vez que fue leída por el Secretario de la Junta Directiva del aludido parlamento municipal, tomó la palabra el occiso Concejal Eliécer Otaiza, ejerciendo funciones de Presidente de la Junta Directiva, quien expuso extensamente y por más de 10 minutos, pretendiendo justificar lo injustificable y contrariando lo consagrado en el artículo 117 del Reglamento Interior y de Debates de ese Concejo Municipal, de forma totalmente incongruente, en nada concatenada con la Moción por él planteada, con alegatos ilegales e incurriendo en flagrante abuso de autoridad. Evidenció de la intervención del occiso Concejal Eliécer Otaiza, que la misma careció absolutamente de elementos probatorios, sin la existencia de un procedimiento administrativo alguno y la total inexistencia de “sanción política” alguna en el ordenamiento jurídico venezolano vigente o derogado, fue modificada la Moción principalmente propuesta. Que durante el desarrollo de la discusión de la Moción, se le cercenó a su representado el ejercicio de su Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria y prácticamente se le cercenó a gran parte de los parlamentarios presentes en esa Sesión, convirtiéndose esa discusión en un cuasi monólogo liderado por el occiso Concejal Eliécer Otaiza, dándose un tratamiento totalmente inquisitivo con una velocidad abismal, y decidiendo en total y absoluta ausencia de un procedimiento y elementos probatorios algunos. En cuanto a la consideración y votación de la Moción ilegalmente propuesta. Que tomó la palabra el Presidente de la Junta Directiva del Concejo Municipal, el finado Concejal Eliécer Otaiza, totalmente contrario a lo estipulado en el ordenamiento jurídico vigente, de manera expresa sometió a votación la Moción propuesta. Que adicionalmente a todo denunciado previamente, la votación y escrutinio se efectuó por Fracción Parlamentaria y no de forma uninominal, no vislumbró a simple vista si se alcanzó la mayoría calificada o no requerida para aprobar la Moción propuesta. Recalcó que el Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del distrito Capital está integrado por un total de 13 Concejales Principales más sus respectivos suplentes, los cuales se incorporan única y exclusivamente en ausencia del Principal; la fracción del PSUV y Polo Patriótico está conformada por un total de 8 Concejales Principales, equivalente esto al 61,54%, y la fracción parlamentaria de la MUD, está conformada por un total de 5 Concejales Principales, equivalente esto al 38,46% restante. Que como el contenido y fin esencial de la Moción no era otro sino perseguir el levantamiento parcial de la sanción a la decisión aprobada en el punto OD-1 de la Sesión Ordinaria del aludido Concejo Municipal celebrada en fecha 16 de diciembre de 2013, el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates vigente, establece que, a tal efecto, se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de los Concejales Principales, esto es, el equivalente al 66,67%, de ellos, y encontrándose su representado dicho porcentaje en un mínimo de 9 Concejales, cantidad ésta de votos idéntica y mínima exigida para alcanzar la mayoría calificada requerida por la norma invocada y considerar aprobado el punto sometido a escrutinio. Que de lo anterior expuesto le resultó evidente que la propuesta sometida a discusión y catalogada como aprobada es totalmente errónea e ilegal, ya que la fracción del PSUV y Polo Patriótico cuenta con un máximo de 8 votos, careciendo mínimo de 1 voto para alcanzar la mayoría calificada requerida en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates vigente, y en consecuencia, suponiendo que todos y cada uno de los Concejales que integran la fracción del PSUV y del Polo Patriótico, hayan votado a favor de la Moción propuesta, necesitarían 1 voto más para alcanzar la mayoría calificada, por ello debió aplicársele la consecuencia jurídica estipulada en el último aparte de la mencionada norma legal. El Acto Administrativo contenido en el punto denominado Consideraciones de la Minuta correspondiente a la Sesión Ordinaria del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, de fecha 18 de febrero de 2014, discutida al inicio de la Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2014, donde se ratificó íntegramente la Moción írritamente aprobada. Que al culminar la lectura de la minuta, tomó la palabra del Concejal Jorge Millán, quien propuso se efectuaran varia correcciones a la misma, a los fines de salvaguardar la legalidad de lo allí estampado, haciendo mención no solo a la forma en que debió votarse la moción, sino también al tipo de voto emitido por los Concejales Principales de la fracción parlamentaria de la MUD, ya que, según él, fue “negado” y no “salvado”, como fue plasmado en el Acta y en la Minuta. Aún cuando estos son elementos de forma y no de fondo, afectan igualmente la validez del acto administrativo recurrido por las razones antes expuestas, así como también se cercenó la opinión de cada uno de los Concejales que no fue plasmada en el Acta respectiva, como evidenció que no fue asentada. Que a los vicios de forma parcialmente denunciados por el Concejal aludido, él se refirió igualmente a uno de los vicios de fondo materializados a la hora del escrutinio y de considerar aprobada la Moción aquí impugnada, el cual afecta directamente la validez del acto. Recalcó una vez más, que el Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, está conformado por 13 Concejales Principales con sus respectivos suplentes, los cuales se incorporaran única y exclusivamente cuando exista la ausencia del Principal. Que el contenido y fin esencial de la Moción no es otro sino perseguir el levantamiento parcial de la sanción a la decisión aprobada en el punto OD-1 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada en fecha 16 de diciembre de 2013, el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates vigente, establece que se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de los Concejales Principales equivalente esto al 66,67% de ellos, o sea, un mínimo de 9 Concejales votando a favor de la propuesta para alcanzar la mayoría calificada requerida por la norma invocada. Que tal como alegó el Concejal Jorge Millán en la oportunidad legal a tal efecto, resultó evidente que la propuesta sometida a discusión y catalogada como aprobada es totalmente errónea e ilegal, ya que la fracción del PSUV y Polo Patriótico cuenta con un máximo de 8 Concejales Principales, careciendo de 1 voto para alcanzar la mayoría calificada requerida por el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates, y en consecuencia, suponiendo que todos y cada uno de los Concejales que integran la fracción del PSUV y Polo Patriótico hayan votado a favor de la Moción propuesta, necesitaron de 1 voto más para alcanzar la mayoría calificada, por ello debió aplicársele la consecuencia jurídica estipulada en el último aparte de la mencionada norma legal, que en caso de que la proposición para levantar o revocar un acto ya aprobado no logre la mayoría exigida, debe entenderse que la proposición ha sido negada, y no debió haberse catalogado como aprobada, y así solicitó que sea decidido. Observó en cuanto a la votación de la referida Minuta, que tomó la palabra el anterior Presidente del Concejo Municipal a los fines de dar respuesta a lo expuesto por el Concejal Jorge Millán, quien taxativamente y totalmente apartado de la legalidad que debe regir todas las actuaciones de los funcionarios públicos, haciendo caso omiso a lo consagrado en el último aparte del artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates, incurriendo en abuso de autoridad; y que inmediatamente sin permitir intervención alguna manifestó que habían quedado aprobadas con las observaciones del Concejal Eliécer Otaiza, quedando ratificado en la Minuta aludida un Acto Administrativo inconstitucional e ilegal, afectando no solo a un funcionario público sino a un cúmulo de electores que lo eligieron para que los representara en ese cuerpo legislativo. Por último solicitó que el presente recurso sea declarado Con Lugar. Por otra parte en la oportunidad procesal correspondiente, la abogada DANIELA MEDINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.943, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, dio contestación a la presente querella en los siguientes términos: Como punto previo solicitó a este Tribunal la declaratoria de la caducidad de la acción, de conformidad con el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en virtud que transcurrió más de tres meses, en vista que la Notificación del Acto fue en fecha 19 de febrero de 2014, y la querella fue interpuesta el 7 de julio de 2014. Que el lapso de caducidad, transcurre fatalmente y no es susceptible de interrupción, ni suspensión, cuyo vencimiento ocasiona la extinción de la acción para el reclamo del derecho que se pretende hacer valer. Que en caso que su petición de caducidad no sea declarada por este Tribunal, pasa a dar respuesta al presente recurso contencioso administrativo funcionarial en los siguientes términos. Niega, rechaza y contradice en todas y cada uno de sus partes los alegatos esgrimidos por el querellante en su escrito libelar por las razones de hecho y de derecho que expuso a continuación: Que el hoy querellante alegó que el Acto Administrativo es ilegal por cuanto la moción propuesta se encontraba viciada formalmente por no cumplir con el requisito de estar previamente firmada, conforme al numeral 7 del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Que en referencia a tal alegato, señaló que en la Sesión de la Cámara efectuada el 18 de febrero de 2014, la Minuta objeto de discusión en esta demanda, cumple con todos los requisitos exigidos en el mencionado artículo, ya que posee quien solicita el punto de moción que fue el Presidente del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, su fundamentación en los hechos acaecidos para la fecha en la ciudad de Caracas, la falta de reconocimiento del Presidente Nicolás Maduro, incurriendo asimismo en incongruencia, ya que al no reconocer la legitimidad del Gobierno que lidera el Presidente de la República, pone en tela de juicio su propia elección como Concejal del Municipio Libertador, por no reconocer el sistema electoral que rige la materia. Igualmente la minuta contiene firma autógrafa y sello. Que el hoy querellante igualmente alegó que el proponente de la moción impugnada, al actuar como Presidente de la comisión Permanente de Contraloría, actúa extralimitándose en sus funciones taxativamente previstas en el numeral 6 del artículo 20, 26 y 27 del Reglamento Interior y de Debates. Que dicho alegato está claramente especificado al comienzo de la Sesión y en la minuta que el proponente de la Moción es para ese entonces el ciudadano Eliécer Otaiza, quien era el Presidente del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, y quien ejercía las funciones estipuladas en el artículo 8 del Reglamento Interior y de Debates, y en consecuencia solicita que se deseche tal alegato, motivo por el cual niega, rechaza y contradice el mismo. Alegó que la Moción propuesta, es contraria a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente, ya que persigue la creación de una sanción no contemplada previamente en el Reglamento Interior y de Debates. Indicó que la Moción al solicitar “que se levante parcialmente la Sanción del Acuerdo de Cámara celebrado el lunes 16 de diciembre de 2013, identificado con el punto OD-1, la designación del Concejal Jesús Armas, como Presidente de la Comisión Permanente de Salud…”, no se pretende otra cosa sino la revocatoria del cargo aludido, siendo claramente una Sanción Administrativa y no una destitución, por ser este cargo inherente y de exclusivo ejercicio a los Concejales, cuyo carácter deviene exclusivamente del sufragio popular. Que igualmente la representación de la parte querellante indicó de una manera repetitiva, extensa y confusa que el contenido de la Moción es la destitución de un Concejal en la Comisión que integre, y el desconocimiento de un Concejal legítimamente electo como tal. Que el argumento planteado anteriormente igualmente lo niega, rechaza y contradice, en virtud que en la Moción del día 18 de febrero de 2014 y posteriormente ratificada en fecha 25 de febrero de 2014, en ningún momento se le quitó la cualidad de Concejal del Concejo Bolivariano del Municipio Libertador, como pretende confundir el accionante a este Juzgado, ya que el mismo sigue actuando en sus funciones de concejal, asistiendo a las sesiones de Cámara Municipal y percibiendo el pago por concepto de dieta que reciben los Concejales. Resaltó que en la ya mencionada Sesión lo que se levantó fue la designación del hoy querellante como Presidente de la Comisión Permanente de Salud, todo esto de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates, es decir, así como fueron elegidos por la mayoría de votos de los Concejales, la mayoría de votos de los Concejales pueden retirar de la Presidencia de la Comisión, tal y como se refleja en el acto de Instalación y Juramentación del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, siendo las 4:20 p.m., el cual establece en la parte de “El Presidente: OK, ya escuchadas las postulaciones, vamos al acto de votación. Levantar la mano los concejales y concejalas que están de acuerdo con la designación y las propuestas hechas, después de la reunión que tuvieron los jefes de fracciones, levantar la mano para decidir, aprobado, queda totalmente designado esto, levantarse por favor y pasar acá los que fueron elegidos, pónganse de pie por favor y pasar al frente…” Que de lo antes expuesto evidenció que la Moción en discusión está ajustada a derecho, aunado al hecho que se basa en los artículos 7 y 21 del Reglamento Interior y de Debates. Que por último el querellante alegó que el tramite al debate de la moción planteada, se dio de franca, descarada y aberrante violación a todos los derechos legales inherentes a su representado en todo proceso administrativo, con ausencia absoluta de elementos probatorios, son la existencia de procedimiento administrativo alguno y la total inexistencia de sanción política alguna en el ordenamiento jurídico Venezolano vigente o derogado, afectando de inconstitucional e ilegal dicho debate y lo allí decidido. Que niega, rechaza y contradice tal alegato, en virtud que quedó demostrado por la actuación plasmada en dicha moción que el hoy querellante no reconocía la Legalidad de la Presidencia del ciudadano Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual si está establecido en el Código Penal en su artículo 147. Por la razones de hecho y de derecho expuestas anteriormente solicitó a este Tribunal sea declarado Sin Lugar, el presente Recurso Contencioso Funcionarial. -II- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Se observa que el objeto principal de la presente querella, lo constituye la pretendida de nulidad del Acto Administrativo de efectos particulares de fecha 18 de febrero de 2014, plasmada en la Minuta de fecha 25 de febrero de 2014, mediante la cual el Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital aprobó la Moción de revocatoria del nombramiento del hoy querellante como Presidente de la Comisión Permanente de Salud. Como punto previo este Tribunal debe emitir pronunciamiento sobre la caducidad de la acción planteada por la apoderada judicial de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en su escrito de contestación, en virtud que a su parecer el lapso para interponer el recurso que hoy se decide, había transcurrido con creces para el momento de incoar la acción toda vez que la notificación del Acto hoy impugnado fue en fecha 19 de febrero de 2014 y la presente demanda fue propuesta en fecha 7 de julio de 2014; lo que evidenció que habían transcurrido más de los tres meses que contempla la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 94, para poder interponer la presente demanda. Ahora bien, debemos recordar que la Jurisprudencia y la doctrina han sido contestes al señalar que la figura de caducidad es un término fatal para el accionante, dentro del cual se debe realizar la actividad que la Ley previno para ello, es decir, interponer formalmente la acción con la pretensión que mediante ella se hace valer, si esto no ocurre la acción sería caduca y se extingue al igual que la pretensión, por tanto la acción debe ser ejercida en un lapso especifico y determinado por la Ley, en caso de no incoarse en dicho tiempo la acción deviene en Inadmisible y la tutela jurídica del estado invocada por el accionante no tiene lugar debido a que se ejerce después de vencido el lapso. Las razones de la creación de la figura de caducidad es para garantizar la seguridad jurídica, para lo cual se establece un límite temporal a los efectos de hacer valer derechos y acciones, la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado los extinguen, la caducidad es creada por mandato legal y es un plazo que no admite interrupción, relajación ni suspensión, el mismo transcurre fatalmente y su vencimiento implica la extinción de la acción para ejercer el derecho que se pretende hacer valer, por lo que tal acción debe ser interpuesta antes de su vencimiento. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 18 de abril de 2013, expediente Nº AP42-R-2013-000331 (caso: Livia Elena Oliveros Rosas contra Instituto Nacional de Tierras), estableció lo siguiente: “…Ahora bien, visto que el argumento principal en la presente causa se centra en un tema procesal como lo es la caducidad, este Órgano Jurisdiccional estima necesario apuntar que los lapsos procesales que son establecidos legalmente y aplicados en los procesos jurisdiccionales, son elementos temporales ordenadores del proceso, esenciales al mismo y de eminente orden público, por lo que respecta a esa institución, debe señalar que la misma deviene en razón de haber transcurrido un lapso fijado por el legislador para hacer valer un derecho, lapso que transcurre fatalmente y no es susceptible de interrupción, ni de suspensión tal y como ya ha sido precisado. En efecto, la finalidad del lapso de caducidad es la materialización de la seguridad jurídica y el aseguramiento que tras el transcurso del lapso que establece la ley, se extinga el derecho de toda persona al ejercicio de la acción que el ordenamiento jurídico le autorice; ello para evitar que acciones judiciales puedan proponerse indefinidamente en el tiempo, lo cual, obviamente incidiría negativamente en la seguridad jurídica. Es por ello que el recurrente o justiciable, una vez habilitado para acudir al Órgano Jurisdiccional, deberá proponer su recurso judicial en tiempo hábil, esto es, antes de la consumación del lapso de caducidad que dispuso la Ley…” (Negrillas de este Juzgado). De la sentencia anteriormente mencionada se evidencia que los lapsos procesales son establecidos legalmente y aplicados en los procesos jurisdiccionales, son elementos temporales ordenadores del proceso, fundamentales para el mismo y de eminente orden público, deviene del fenecimiento de un lapso fijado por el legislador para hacer valer un derecho, el cual transcurre fatalmente y no es susceptible de interrupción, ni de suspensión, ello con la finalidad evitar que acciones judiciales puedan proponerse indefinidamente en el tiempo, lo cual, obviamente incidiría negativamente en la seguridad jurídica. Es por ello que la recurrente, una vez habilitado para acudir al Órgano Jurisdiccional, deberá proponer su recurso judicial en tiempo hábil, esto es, antes de la consumación del lapso de caducidad que dispuso la Ley. Así pues, a los fines de resolver el punto previo planteado por la apoderada judicial de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, se hace necesario analizar la notificación referida; al respecto se observa que riela en el expediente principal al folio 84, notificación signada con nomenclatura SG-0448-14, en la cual se lee: “República Bolivariana de Venezuela Distrito Capital Concejo del Municipio Bolivariano Libertador Caracas, 19 de febrero de 2014. Secretaría Municipal Gobierno de las Comunidades SG-0448-14 Ciudadano Concejal JESÚS ARMAS Concejo del Municipio Bolivariano Libertador Reciba un saludo Bolivariano, Socialista y Chavista Me es grato dirigirme a usted, en la oportunidad de comunicarle que en Sesión Ordinaria celebrada por este Concejo el día martes 18.02.2014, previa consideración del contenido de una Moción presentada por el Concejal Eliézer Otaiza, Presidente de este Ayuntamiento Capitalino; mediante la cual solicita como en efecto lo hace, que se levanta parcialmente la Sanción del Acuerdo de Cámara celebrada el lunes 16/12/2013, identificado con el Punto OD-01, su designación como Presidente de la Comisión Permanente de Salud y en su defecto se nombra al Concejal ELIÉZER OTAIZA, para que lo sustituya, todo esto de acuerdo a lo prescrito en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates Vigente. Asimismo, se aprobó bajo votación nominal de la mayoría calificada de este Cuerpo Edilicio, una proposición en torno al caso, hecha por el Concejal Nahúm Fernández, en la cual solicita que a partir del día lunes 24.02.2014, sea el May. (EJNB) ELIÉZER OTAIZA, Presidente de la Comisión Permanente en referencia. (…)” De la notificación parcialmente transcrita anteriormente, se evidencia que en la misma se le hace saber al Concejal Jesús Armas, que en la Sesión Ordinaria de fecha 18 de febrero de 2014, fue aprobada bajo votación proposición realizada por el occiso Concejal Eliézer Otaiza, de levantar parcialmente la Sanción del Acuerdo de Cámara de fecha 16 de diciembre de 2013, mediante la cual se designó al querellante como Presidente de la Comisión Permanente de Salud y que desde el 24 de febrero de 2014, sería el Concejal Eliézer Otaiza el Presidente de la Comisión Permanente de Salud, en la misma se evidencia que el Concejal Jesús Armas se dio por notificado de dicha decisión en fecha 21 de febrero de 2014. Debemos recordar que las notificaciones de los Actos Administrativos para producir sus efectos, deben llenar los extremos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 73: “Artículo 73.- Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, personales y directos, debiendo contener la notificación el texto íntegro del acto, e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse (…)” Así mismo, el artículo 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece: “Artículo 74.- Las notificaciones que no llenen todas las menciones señaladas en el artículo anterior se considerarán defectuosas y no producirán ningún efecto. (…)” Estos artículos establecen taxativamente los elementos que deben contener las notificaciones de los actos administrativos que causen lesión al administrado para que las mismas surtan los efectos legales correspondientes, estos son: el texto íntegro del acto, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse; asimismo, el legislador ha previsto que en los casos que las notificaciones no llenen los extremos mencionados anteriormente las mismas no surtirán efecto alguno y se tendrán como notificaciones defectuosas. Visto lo anterior este Juzgado observa que la notificación signada con la nomenclatura SG-0448-14, dirigido al Concejal Jesús Armas, emanado de la Secretaría Municipal, mediante el cual se le notificó la probación por el voto de la mayoría calificada de los Concejales, de la Moción presentada por el Concejal Eliézer Otaiza en la Sesión Ordinaria del día 18 de febrero de 2014; no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para que la misma sea perfecta y surta los efectos legales correspondientes, como lo sería el debatido en este punto previo, referido a la caducidad para interponer la presente acción. Visto que dicha notificación se considera como defectuosa y no produce efecto alguno, este Tribunal desecha el punto previo planteado por la Apoderada Judicial del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. Así se decide. La parte querellante alega que el acto administrativo hoy impugnado acarrea la nulidad por la incompetencia del ex Concejal Eliézer Otaiza, ya que extralimitó sus funciones debido a que propone la Moción hoy impugnada como Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría y no como el Presidente de la Junta Directiva, viciando de nulidad absoluta la moción propuesta, ya que el Presidente de la Junta Directiva es el único que puede proponer al Concejo Municipal la inclusión de cualquier punto a debatirse sin necesidad previa de la inscripción. La apoderada judicial de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, arguyó que al comienzo de la Sesión y en la minuta, quedó especificado claramente que el proponente de la Moción era para ese entonces el ciudadano Eliézer Otaiza quien era el Presidente del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, ejerciendo las funciones establecidas en el Reglamento Interior y de Debates. El Reglamento Interior y de Debates, en su artículo 8, establece las atribuciones y funciones del Presidente o Presidenta y así indica: “Atribuciones y Funciones del Presidente o Presidenta Artículo 8.- Son deberes y atribuciones de la Presidenta o Presidente: 1. Convocar y dirigir las Sesiones del Concejo Municipal y ejercer la representación del mismo. 2. Dirigir el debate y los demás aspectos relacionados con el funcionamiento del Concejo Municipal y de sus órganos, cuando no estén atribuidos expresamente. 3. Convocar a los Suplentes de los Concejales o Concejalas en el orden de su elección. (…omissis…)” Del artículo parcialmente transcrito, se observa que entre las funciones y atribuciones del Presidente del Concejo se encuentran las de convocar, dirigir y representar las Sesiones del Concejo Municipal; dirigir el debate y los aspectos relacionados con el funcionamiento del Concejo Municipal y de sus órganos cuando los mismos no se encuentren expresamente atribuidos; convocar a los suplentes de los Concejales en el orden en que fueron elegidos; entre otras. Riela al folio 79, Minuta de la Sesión Ordinaria, celebrada el día 18 de febrero de 2014, en la cual se establece: “(…) MOCIÓN MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL ELIÉZER OTAIZA, PRESIDENTE DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR LA CUAL DICE LO SIGUIENTE: “QUE SE LEVANTA PARCIALMENTE LA SANCIÓN DEL ACUERDO DE CÁMARA CELEBRADO EL LUNES 16-12-2013, IDENTIFICADO CON EL PUNTO OD-1 LA DESIGNACIÓN DEL CONCEJAL JESUS ARMAS COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y EN SU DEFECTO SE NOMBRA AL CONCEJAL ELIÉZER OTAIZA PARA QUE LO SUSTITUYA; TODO ESTO DE ACUERDO A LO PRESCRITO ENEL ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO INTERIOR Y DE DEBATES VIGENTE(…)” De lo anteriormente transcrito se observa que la moción propuesta el día 18 de febrero de 2014, en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, fue realizada por el ex Concejal Eliézer Otaiza, actuando como el Presidente del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. Visto lo anterior se observa que el ciudadano Eliézer Otaiza, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones como Presidente del Concejo Municipal, lideró la Sesión Ordinaria del 18 de febrero de 2014, y propuso la Moción de levantar parcialmente la sanción impuesta al Concejal Jesús Armas, mediante la cual se le designó como Presidente de la Comisión Permanente de Salud, actuando en su carácter de Presidente del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, ejerciendo sus funciones apegado a la normativa legal, por lo este Juzgador no observa la extralimitación de funciones denunciada por la parte demandante, motivo por el cual se desecha tal argumento. Así se decide. La parte querellante alega que la Moción propuesta, presenta un vicio formal por el incumplimiento de los requisitos del artículo 49, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que la misma no posee la firma del interesado que la propuso. La representación judicial del organismo querellado, esgrimió que la Moción propuesta por el ex Concejal Eliécer Otaiza, cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece los requisitos que deberá contener el escrito cuando los procedimientos sean “iniciados por solicitud de persona interesada”, esto así: “Artículo 49: Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar: 1. El Organismo al cual está dirigido. 2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte. 3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes. 4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud. 5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso. 6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias. 7. La firma de los interesados” El artículo transcrito establece expresamente los requisitos que deben contener los escritos que presenten los interesados ante la administración al momento de solicitar el inicio de un procedimiento administrativo, identificación del organismo al cual se dirige, identificación del interesado y en caso de tener presentante la identificación del mismo con nombres, apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte; la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes; los hechos y pedimentos correspondientes con sus respectivas razones que expresen con toda claridad la materia objeto de la solicitud; si el escrito estuviere acompañado de anexos hacer una referencia de los mismos, cualquier otra circunstancia exigidas por las normas legales o reglamentarias y la firma de los interesados. Empero el caso concreto se trata de una Moción presentada por el Presidente del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, el ex Concejal Eliézer Otaiza; mediante la cual propuso levantar parcialmente la sanción al Concejal Jesús Armas donde se designó como Presidente de la Comisión Permanente de Salud, siendo esto así la norma invocada no encuentra aplicabilidad razón por la cual, este Juzgado desecha tal argumento. Así se decide. La parte querellante denuncia el vicio de inmotivación, que afecta la Moción propuesta, por violar lo establecido en el numeral 4 del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por una total inmotivación e incongruencia de los hechos narrados. Recordemos que el vicio de inmotivación se configura cuando no es posible conocer los motivos del acto y sus fundamentos legales, o cuando los motivos del acto se destruyen entre sí, por ser contrarios o contradictorios. La insuficiente motivación de los actos administrativos, sólo da lugar a su nulidad cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en que se apoyó el Órgano Administrativo para dictar la decisión, pero no cuando, a pesar de su sucinta motivación, permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por la Administración. Ahora bien, se observa que la parte actora insiste en fundamentar el vicio de inmotivación en el numeral 4 del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual hace referencia a los requisitos que deben contener la solicitud de apertura del procedimiento administrativo solicitado por los interesados, sin embargo tal como se analizo anteriormente la norma en la cual fundamentó su denuncia el querellante no aplica al caso en concreto, razón por la cual este Tribunal desecha el vicio de inmotivación. Así se decide. Sin embargo en atención a la tutela judicial efectiva este Tribunal resolverá el asunto en base al contenido del vicio de inmotivación, para lo cual se hace necesario analizar el acto cuestionado. Riela a los folios 261 al 265 del expediente principal la Moción plasmada en la Minuta de la Sesión Ordinaria, de fecha 18 de febrero de 2015, propuesta por el Concejal Eliézer Otaiza, en su carácter de Presidente del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, mediante la cual propone que sea parcialmente levantada la sanción del Acuerdo de Cámara celebrado en fecha 16 de diciembre de 2013, en el punto OD-1 referido a la designación del Concejal Jesús Armas como Presidente de la Comisión Permanente de Salud y en su defecto se nombrara al Concejal Eliézer Otaiza para que lo sustituya de acuerdo a lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates Vigente; fundamentando su moción en los hechos acontecidos en la ciudad de Caracas para esa fecha, donde se evidenció la presencia del Concejal Jesús Armas liderando la marcha en una aptitud de desobediencia, ilegítima al proceso político, ya que el Concejal Jesús Armas desconoció que la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela residía en el ciudadano Presidente Nicolás Maduro, pudiendo recaer sobre el Concejal Armas la pena establecida en el artículo 147 del Código Penal por irrespetar al Presidente de la República, que al no reconocer la legitimidad del Gobierno, no reconocía la legitimidad del Concejo del cual forma parte, ya que el Concejal seguía haciendo llamados a guarimba, y lo más grave preparaba un plan de guarimba para los hospitales, siendo el Concejal Jesús Armas el Presidente de la Comisión Permanente de Salud, resultaba inaceptable dicho acto del Concejal y debido a estos motivos solicitaba se levantara la sanción OD-1, mediante la cual el Concejal Jesús Armas fue designado como Presidente de la Comisión Permanente de Salud. Se observa que la Moción propuesta por el ex Concejal Eliézer Otaiza, actuando en su carácter de Presidente del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, contiene los motivos, razones, supuestos de hecho y fundamentos legales apreciados por el Presidente del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, en razón de ello, se desecha el vicio de inmotivación alegado por la parte recurrente, por ser manifiestamente infundado. Así se decide. La representación judicial de la parte querellante denunció el desconocimiento y contradicción del artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, debido a que el objeto de la Moción propuesta fue la creación de una sanción no contemplada en el Reglamento Interior y de Debates del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. La apoderada judicial de la Alcaldía del Municipio Libertador, arguyó que la Moción propuesta en fecha 18 de febrero de 2014 y ratificada en fecha 25 de febrero de 2014, en ningún momento le quitó la cualidad de Concejal, ya que el mismo sigue ejerciendo funciones de Concejal del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, asistiendo a la Sesiones de Cámara Municipal y percibiendo el pago por concepto de dieta que reciben los Concejales, ya que en la moción propuesta solo se solicitó se levantara la designación del Concejal Jesús Armas como Presidente de la Comisión Permanente de Salud, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento de Interior y de Debates, que así como la mayoría de votos de los Concejales lo designó en la Presidencia de la Comisión, la mayoría de votos de los Concejales lo puede retirar de la Presidencia de la Comisión. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, respecto a las sanciones de los actos administrativos establece: “Artículo 10.- Ningún acto administrativo podrá crear sanciones, ni modificar las que hubieran sido establecidas en las leyes, crear impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo dentro de los límites determinados por la ley.” Del artículo transcrito anteriormente se aprecia que los actos administrativos no podrán crear sanciones ni modificar las que se encuentren establecidas en las leyes, así como tampoco podrán crear impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo de los límites determinados por la Ley. El artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, en cuanto a la revocatoria de decisiones, establece que el Concejo Municipal podrá levantar o revocar total o parcialmente la sanción a cualquier decisión ya aprobada. Al analizar la Moción propuesta por el ex Concejal Eliézer Otaiza, en su carácter de Presidente del Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria de fecha 18 de febrero de 2014, que cursa al folio 79 del expediente se observa: “(…) MOCIÓN MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL ELIÉZER OTAIZA, PRESIDENTE DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR LA CUAL DICE LO SIGUIENTE: “QUE SE LEVANTA PARCIALMENTE LA SANCIÓN DEL ACUERDO DE CÁMARA CELEBRADO EL LUNES 16-12-2013, IDENTIFICADO CON EL PUNTO OD-1 LA DESIGNACIÓN DEL CONCEJAL JESUS ARMAS COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y EN SU DEFECTO SE NOMBRA AL CONCEJAL ELIÉZER OTAIZA PARA QUE LO SUSTITUYA; TODO ESTO DE ACUERDO A LO PRESCRITO ENEL ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO INTERIOR Y DE DEBATES VIGENTE(…)” De la Moción transcrita parcialmente, se desprende que el Concejal Eliézer Otaiza solicitó fuera levantada parcialmente la sanción del Acuerdo de Cámara, de fecha 16 de diciembre de 2013, designado con el punto OD-1, mediante el cual se designó al Concejal Jesús Armas como Presidente de la Comisión Permanente de Salud. Este Órgano Jurisdiccional observa que la Moción propuesta en fecha 18 de febrero de 2014, no contraria el espíritu del artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que dicha sanción se encuentra prevista en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador, por lo tanto se desecha el argumento expuesto por la parte querellante. La parte querellante pretende la nulidad del acto por incumplir con la respectiva aprobación de las dos terceras (2/3) partes de los Concejales para sancionar la propuesta aplicada directamente a un Concejal Principal en pleno ejercicio de sus funciones. En cuanto a la votación por parte de los Concejales para la aprobación de la Moción antes mencionada, se evidencia que cursa al folio 265, del expediente, minuta de la Sesión Ordinaria celebrada en fecha 18 de febrero de 2014, cuando el ex Concejal Eliézer Otaiza, actuando en su carácter de Presidente del Concejo Municipal, procede a realizar la Votación Uninominal, con relación a la Moción presentada para levantar la designación del Concejal Jesús Armas como Presidente de la Comisión Permanente de Salud, resultando de dicha votación 8 votos favorables y 5 votos negados, razón por la cual este Juzgador evidencia que se obtuvo la mayoría simple de los votos, siendo esto así, se desecha tal alegato. Así se decide. Establecido lo anterior, desechados como han sido los argumentos invocados por la parte querellante, este Tribunal declara Sin Lugar el presente recurso contencioso funcionarial. Así se decide. -III- DECISIÓN En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el presente Recurso Contencioso Funcionarial, interpuesta por el profesional del derecho ELÍAS ADONAY RODRÍGUEZ PERALES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 183.690, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JESÚS ALEXANDER ARMAS MONASTERIOS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-18.021.098, contra el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. Publíquese, regístrese, comuníquese y notifíquese al Síndico Procurador del Municipio Bolivariano Libertador. Dada firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en Caracas a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación. LA JUEZ, FLOR CAMACHO. LA SECRETARIA TEMPORAL, MARY CARMEN CHIRINOS. En esta misma fecha, siendo las tres y veinte post meridiem (03:20 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA TEMPORAL, MARY CARMEN CHIRINOS. Exp. Nro. 3639-14/FC/MCH/JFA